Esta entidad fue de las pioneras en la gestión de los llamados centros
terapéuticos de protección de menores, en realidad una especie de cárceles
donde se recluye a niños supuestamente afectados por trastornos del
comportamiento. Gracias al caudal de dinero público que este tipo de empresas
saquea a través de la privatización de los servicios sociales, O´Belen fue
ampliando el negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma,
programas de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.
En el 2009 durísimos informes de Amnistía Internacional y del Defensor
del Pueblo confirmaban lo que numerosos colectivos llevaban años denunciando:
en los centros terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos
humanos (“apreciamos irregularidades y
vulneración de los derechos de los menores, a los que se medica sin respetar
las prescripciones de la Ley de autonomía del paciente, y son sancionados
desproporcionada y arbitrariamente”).
Especialmente duro con O´Belen, el informe del Defensor del Pueblo
demostraba que en sus centros se utilizan celdas de aislamiento, prohibido
explícitamente por la ONU (“un solo
instante de permanencia en el interior de esas salas permite aseverar que
atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino
también contra los más elementales sentimientos de humanidad”), se abusa de
psicofármacos (“atiborrar de pastillas a
los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional
en lugar de implicación con el tratamiento”), se producen agresiones
físicas (“las contenciones se realizan
varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada”)
y humillaciones de todo tipo (“se
realizan registros con desnudos integrales sin justificación…se encubren
prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a dos niños
uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar”).
Desgraciadamente, debido a estas condiciones propiciadas por la privatización
de este tipo de centros, al menos tres niños de entre 12 y 14 años han perdido
la vida bajo custodia de O´Belen. Finalmente, gracias a la presión social
varios de sus centros fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio
obligado a dimitir.
El negocio resurge de la mano del PP
Tras el cierre de sus centros parecía que se les acababa el chollo
(llegaban a recibir hasta 6900 euros mensuales por plaza). Pero con la llegada
de su nuevo presidente, el psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la
reaccionaria periodista Isabel San Sebastián, adalid del “todo es ETA”), y del
PP al gobierno de Castilla-La Mancha, el dinero público vuelve a correr por las
cuentas de O´Belen.
Primero, la Junta concedió la reapertura de uno de sus centros
clausurados en Azuqueca de Henares, reconvertido en centro de internamiento
psiquiátrico infanto-juvenil. Y ahora todo parece indicar (aunque no está
confirmado) que va a concertar con esta empresa un nuevo centro de primera
acogida de menores y un centro de día para jóvenes y adolescentes, también en
Azuqueca. Por otro lado, la dirección general de Familias, Menores y Promoción
Social ha anunciado la creación de un macrocentro de reforma que será
gestionado privadamente vía concierto (y todo hace pensar que la entidad
beneficiaria será O´Belen, ya que incluso el anuncio de la licitación se hizo
en presencia de su presidente). Según la Junta, el concierto superará
ampliamente los 7 millones. Mientras despide a miles de profesores, recorta
salvajemente en servicios sociales y deja en la indigencia a cientos de jóvenes
ex tutelados al suprimir el Programa de Autonomía Personal (dejando en la calle
a sus educadores de referencia de paso), el gobierno de Cospedal plantea
promocionar socialmente a familias y menores ¡construyendo una cárcel para
niños! que además nace privatizada.
Y para redondear la jugada, O´Belen ha creado junto al Ayuntamiento de
Chiloeches (gobernado por el PP) una fundación que se encargará de gestionar
una residencia de ancianos financiada con los fondos europeos destinados al
desarrollo rural.
Nada de esto resulta extraño si tenemos en cuenta que José Ignacio
Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta es hermano de
Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación
es presidida por Javier Sebastián, también presidente de O´Belen. Tampoco
parece casualidad que este psiquiatra sea firme partidario de la utilización de
psicofármacos desde edades muy tempranas, ya que sus congresos los patrocinan
empresas farmacéuticas como Lilly y Jansen-Cilag. Un ejemplo más del
funcionamiento corrupto del capitalismo y sus representantes políticos. Las
privatizaciones únicamente sirven para trasvasar dinero público a manos
privadas, afectando tanto al servicio prestado como a los trabajadores del
sector. El PP está utilizando su poder político para repartirse los servicios
públicos entre familiares y amigos. Como es el caso de los procesos de
privatización de la sanidad, que está teniendo como principal beneficiaria a
Capio Sanidad (controlada por CVC Partners Capital, una SICAV con sede en un
paraíso fiscal), para quien trabajan Teresa Echániz como subdirectora de
investigación, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.
No podemos consentirlo. Los trabajadores
de la sanidad pública madrileña están marcando el camino. Los sindicatos de
clase tenemos la responsabilidad de unificar todas las mareas y extender la
lucha al conjunto de la sociedad. Porque la privatización pervierte en origen
la función de la educación, la sanidad y los servicios sociales, pasando a ser
su objetivo el lucro empresarial. Unas condiciones de vida dignas para nuestra
clase pasan por conseguir que estos servicios sean de titularidad y gestión
pública, democráticos y de calidad.
*Los textos en cursiva son extractos del
discurso en el Senado de Enrique Mújica como Defensor del Pueblo, presentando
el informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta.
