Concentración en Barcelona para exigir la readmisión del compañero despedido por Aldeas Infantiles

Llamamiento de la familia de Alfon

Represión sindical en Aldeas Infantiles SOS

Una vez más nos vemos obligados a denunciar las prácticas laborales abusivas de las empresas del sector de protección de menores. En esta ocasión se trata Aldeas Infantiles SOS,  que ha despedido a un trabajador de uno de sus centros por reivindicar sus derechos. Una vez más vemos a una supuesta ong actuando como el más rastrero de los patrones. Y es que eso es lo que son, patrones con ánimo de lucro que obtienen suculentos negocios gracias a la privatización de los servicios sociales. Todo nuestro apoyo a David y nuestra más enérgica repulsa tanto a las medidas represivas como a las prácticas laborales de Aldeas Infantiles. A continuación publicamos una carta del propio compañero despedido, publicada en Abusos Patronales

"Me llamo David y tengo 37 años. Soy un profesional de la educación social desde hace 12 años, además de sexólogo, monitor de tiempo libre, educador ambiental y estudiante de psicología.

Entré a trabajar en Aldeas Infantiles SOS el 12 de septiembre de 2012 con mucha ilusión y tras superar tres entrevistas de trabajo. Pero nada más comenzar mi labor profesional en el proyecto «Integración y Deporte» y como centro de trabajo el Centre Obert de Sant Adrià de Besòs, noté cómo la entidad incumplía una serie de obligaciones laborales, provocando graves consecuencias para profesionales, familias y chavales con quienes trabajamos.

¿A qué no tenemos derecho?
-A revisiones médicas,
-Evaluaciones de riesgos psicosociales,
-Vacaciones proporcionales y que no sean en agosto,
-Pluses por coordinación,
-Proporcionalidad entre días trabajados y libres.

¿Qué otras normativas laborales incumple Aldeas Infantiles?
-Nos obliga a llevar a cabo funciones no propias de nuestro contrato o categoría,
-Nos obliga a trabajar gratis y horas extras, prohibidas expresamente por convenio,
-Así que hemos superado la jornada anual máxima en más de 50 horas y
-Nos ha contratado a tres profesionales en fraude de ley (por ej., son contratos por obra y servicio determinado, pero luego nuestro trabajo sobrepasa, con las tareas realizadas, ese tipo de contratación. Igualmente, una compañera, a la que tenían que haber pasado a indefinida al cabo de dos años, por convenio, la mantienen igual).

Traté de dialogar con la entidad, pero además de no querer solucionar nada, tratar de engañarme diciendo que el convenio ya no tenía vigencia y que yo estaba equivocado en todo lo que reclamaba, Aldeas Infantiles comenzó a difundir rumores en el centro de que me iba a despedir. Me afilié a CNT-AIT y después de cuatro meses esperando la respuesta que me prometió en septiembre de 2013 el director territorial de la ONG, hube de denunciar a Inspección de Trabajo.

Inspección de Trabajo apareció en el centro el martes 4 de febrero de 2014. El 5, Aldeas Infantiles me citó a una reunión para el viernes 7 de febrero, día que me despidió.

¿Qué resolución ha dictado Inspección de Trabajo? Obliga a Aldeas Infantiles a corregir una serie de deficiencias que yo denuncié.

¿Qué sucedió en el acto de conciliación previo al juicio? Aldeas Infantiles me ofreció el despido improcedente y una indemnización, para deshacerse de mí, obviamente.

¿Qué busco yo? Mi readmisión, mi vuelta al trabajo; que Aldeas Infantiles rectifique sus mentiras y engaños a las familias y niños sobre mi profesionalidad. Que esta ONG, que presume de Observatorio Ético respete los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

En la página de Facebook «Que Aldeas Infantiles readmita a David en su puesto de trabajo» hay información más extensa sobre mi caso y las acciones que está llevando a cabo el sindicato.

Gracias."

Movilizaciones en defensa del derecho a huelga y la libertad sindical el 9 de julio

CCOO y UGT, tras el éxito de las movilizaciones en Madrid, Navarra y Galicia, llaman a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el país para el próximo miércoles 9 de julio dentro de la campaña "No nos van a callar" que han puesto en marcha los sindicatos en respuesta a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical.

Para CCOO y UGT, se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga, que durante más de treinta y cinco años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia. Casi 300 sindicalistas están sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de 8 años de cárcel, tan solo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.

Según denuncian los sindicatos, se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse y de presentar la imagen del derecho a huelga como si fuese una práctica delictiva.

Por ello, ambas organizaciones se han dirigido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con el objetivo de que se cambie el Código Penal y reponer de esta manera los derechos fundamentales que se están socavando.

Pincha en el enlace para ver Relación de actos convocados

Otro insulto de Cospedal a la ciudadanía

Al principio no nos lo podíamos creer, nos parecía una broma. ¿Podía una administración pública sacar un cartel así? Después vimos como el tuit del que salía este panfleto era de una cuenta de la propia Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y como muchos de vosotros/as nos hemos echado las manos a la cabeza.
Primero de todo por la elaboración de dicho panfleto, más propio de un partido político en el fragor de una campaña electoral, que de una administración pública que representa a todos/as
Y segundo por lo que dice en el fondo y en la forma.
Leedla con atención. Habla de Cospedal, no del Gobierno de Castilla la Mancha, parece ser que Cospedal es Castilla la Mancha.
A lo que vamos, viene a decir que Cospedal está preocupada y procurará que ningún niño pase necesidad en Castilla la Mancha, pero que eso quizás no pueda llevarse a cabo debido a que en Ciudad Real se construyó un aeropuerto innecesario.
Vamos que si nuestras familias no ven cubiertas sus necesidades básicas… naranjas traigo, herencia recibida.
Produce no ya sonrojo, sino vergüenza ajena, cuando los/as profesionales de los Servicios Sociales de la Región tanto en activo, como los/as miles de profesionales despedidos/as por el Plan de Destrucción de los Servicios Sociales puesto en marcha por Cospedal y Echaniz; vemos estas frases.
Los/as que somos testigos en primera línea de trabajo, bregando con situaciones de extrema necesidad viendo como la Junta paraliza, ralentiza, eterniza los Ingresos Mínimos de Solidaridad o las Ayudas de Emergencia, y tenemos que buscar alternativas, muchas veces en la caridad y en la beneficencia; ahora vemos que la Junta en lugar de intentar dar respuesta real y eficaz a este drama, nos sale con este panfleto , en el que se habla no de los/as profesionales, de la ciudadanía; no, se habla de que Cospedal, cual Evita Perón desde el balcón de su cigarral , ama a los niños castellano manchegos y los quiere alimentar, pero por culpa de las pistas vacías de un aeropuerto de Ciudad Real quizás no pueda hacerlo.
Produciría risa, sino estuviésemos siendo testigos a diario de los dramas familiares que se nos presentan en los Servicios Sociales
No nos extenderemos más, ya el Colegio de Trabajo Social de Castilla la Mancha ha documentado con datos objetivos, como Castilla la Mancha es la Región que menos ayuda a las familias (https://drive.google.com/file/d/0B1KA31QAkbqNdTZtdVFKNHVfWWs/edit?usp=sharing) . Y como nuestro IMS es el peor dotado y distributivo de España (https://drive.google.com/file/d/0B1KA31QAkbqNZjg4SnpIdExzeDA/edit?usp=sharing)
Pues esto tenemos amigos/as. Frotaros los ojos, y ya sabéis, en caso de riesgo grave de algún niño de nuestra tierra, recordarles que la culpa es de “Los aviones de Ciudad Real” y ya veréis como estos se van más tranquilos a casa.

AB Defensa de los Servicios Sociales

 

Concentración de apoyo a La Casika

Acto sindical contra la criminalización de tus derechos

Movilizaciones el 30 de junio contra la represión sindical

CCOO, UGT e CIG denuncian que, conforme se agravan as políticas de recorte e agresión contra os dereitos das clases populares, asístese tamén á reiterada criminalización da resposta social, especialmente a de carácter sindical. Actualmente, numerosos traballadores e traballadoras en todo o estado, tamén en Galicia, foron sometidas a xuízo, nalgúns casos con condenas que implican o ingreso no cárcere. Por esta razón, convocan mobilizacións en toda Galicia para o vindeiro día 30.

CCOO, UGT e CIG lembran que defender os dereitos da clase traballadora non é delito

Os sindicatos critican que mentres o poder actúa con dureza contra a clase traballadora, a Fiscalía e os tribunais manteñen unha actitude de total pasividade diante dos empresarios e empresarias que ameazan, coaccionan e vulneran todos os días os dereitos dos seus empregados e empregadas. Para CCOO, CIG  e UGT, o Goberno do PP é o culpable desta situación e chamarán a toda a clase traballadora e o pobo galego a responder contra esta inxustiza.

MANIFESTACIÓNS:
— A CORUÑA: saída ás 20 h da Casa do Mar e remate na Delegación do Goberno
— FERROL: saída ás 20 h da praza de España e remate na praza de Armas
— LUGO: saída ás 20 h do edificio sindical e remate na Subdelegación do Goberno
— OURENSE: saída ás 20 h da praza do Concello e remate na Subdelegación do Goberno
— VIGO: saída ás 20 h da Vía Norte e remate no Museo de Arte Contemporánea (na rúa do Príncipe)

CONCENTRACIÓNS:
— SANTIAGO DE COMPOSTELA: ás 20 h na praza de Galicia
— RIBEIRA: ás 20 h na praza do Concello
— VIVEIRO: ás 12:30 h diante dos Xulgados
— MONFORTE DE LEMOS: ás 20 h dos Xulgados
— PONTEVEDRA: ás 20:30 h na praza da Peregrina
— VILAGARCÍA DE AROUSA: ás 20:30 h diante da Casa do Mar

Concentraciones contra la represión

Informe sobre destrucción de empleo en el sector de Servicios Sociales

Los compañeros de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han elaborado un necesario informe sobre la situación del sector de Servicios Sociales. Las principales conclusiones son las siguientes:

• Entre 2010 y 2013 se destruyeron 56700 puestos de trabajo (un 11,7% del volumen total, un porcentaje un 2,7% superior a la tasa media de destrucción de empleo en el conjunto de la economía)
• El empleo en los servicios sociales muestra una precariedad superior a la media del total nacional con una  tasa de temporalidad 3 puntos superior a la media del conjunto de sectores y una tasa de parcialidad en los contratos 9,3 puntos superior a la media.
• El salario medio en servicios sociales es un 28% inferior al salario medio en España
• Mientras se destruye empleo un ritmo vertiginoso, han aumentado las empresas dedicadas al sector.

Esta lamentable situación está directamente relacionada con dos factores: 

• No hay convenio sectorial estatal
• Alto grado de privatización (el 78,2% de los trabajadores del sector prestan sus servicios en empresas privadas).

Puedes leer el informe completo pinchando aquí

Concentración contra la LOMCE y el cierre de centros públicos

Concentración contra la represión sindical en Triodos Bank

El pasado viernes 6 de junio, nuestra compañera Silvia, elegida el día anterior Secretaria General de la Sección Sindical Estatal de CCOO en Triodos Bank, fue fulminantemente despedida, en cuanto la Empresa supo que estaba recogiendo firmas para presentarse a las Elecciones Sindicales. Triodos Bank carece de representación legal de los trabajadores.

Concentración frente a Triodos Bank por la readmisión de Silvia

c/ José de Echegaray, 5-7, Parque Empresarial Las Rozas (Madrid)

martes 24 de junio, a las 12:00 h

Cuando la Dirección de Recursos Humanos de Triodos Bank tuvo conocimiento de que se iba a convocar Elecciones Sindicales, comenzó a indagar entre la plantilla para intentar obstaculizarlas, lejos de la normalidad que vivimos en el Sector Financiero, y en contradicción con los valores éticos en los que dice basarse Triodos Bank.

La Dirección manifestó la incomodidad que le supondría el tener que negociar numerosos aspectos de las relaciones laborales, o que se pudieran denunciar legalmente determinadas actuaciones e imposiciones unilaterales por parte de la Empresa.

El jueves 5 de Junio por la tarde tuvo lugar la asamblea de afiliadas y afiliados de CCOO en Triodos Bank para constituir su Sección Sindical, donde se eligió por unanimidad como Secretaria General a nuestra compañera Silvia.

Al día siguiente, viernes 6 de Junio, la recién elegida Secretaria General es despedida con una carta en la que, sin concreción alguna, se le imputan falsas acusaciones: trabajo ineficiente, deslealtad, falta de compañerismo. No había existido ninguna comunicación previa por parte de sus superiores en este sentido. ¿Es éste el comportamiento de un Banco pretendidamente ético?

De la noche a la mañana pierde la confianza del Banco. Hasta la misma mañana del despido, el buzón de correo electrónico de Silvia recibía información desde Holanda relativa a operaciones de inversores del Banco, y dos semanas antes estaba dando formación a sus compañeros sobre el producto de inversión comúnmente llamado CDA.

Este despido ilustra de forma nítida la gestión de los recursos humanos en una línea diametralmente opuesta a los principios éticos que el Banco dice defender y que constituyen el eje vertebrador de su política comercial.

La Dirección de Triodos olvida que la falta de respeto a los derechos de sus propios empleados dinamita la exigible coherencia en una Entidad que vende en el mercado su compromiso con principios que se desvelan como más estéticos que éticos.

Exigimos la inmediata readmisión de nuestra compañera Silvia, Secretaria General de nuestra Sección Sindical en Triodos Bank.

CCOO

Más información sobre Triodos Bank en centrosdemenores.com

Tokata y Fuga. Criminalización de la infancia

En esta edición de Tokata y Fuga hablamos con Julio Rubio, autor de Decimocuarto asalto. La adolescencia golpeada, sobre cómo la institucionalización de los niños conflictivos sirve como elemento de control y criminalización de la infancia marcando un camino: marginación, desamparo, tutela institucional, centros terapeúticos, centros de reforma, cárcel… donde la reinserción ya no es imposible, es una mentira deliberada. Nos hacemos eco de las últimas noticias sobre la frontera sur (Melilla) y Abderrahim nos habla de como los estados de España y Marruecos colaboran en el mantenimiento de la frontera de la Europa fortaleza. Nos informa también sobre la situación actual de los presos palestinos. Comentamos el libro Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, balance de la lucha contra los vuelos de la vergüenza.

Puedes escucharlo aquí

¡Somos estudiantes, no mano de obra gratuita! El IES Montevil de Gijón obliga a los estudiantes a limpiar bajo amenaza de sanción

Desde el Sindicato de Estudiantes queremos denunciar la lamentable actuación que por parte de la dirección del IES Montevil de Gijón se está llevando a cabo, obligando a los estudiantes a limpiar el patio bajo amenaza de sanción. Evidentemente, aunque el centro argumenta que se trata de una campaña de concienciación sobre el medio ambiente, lo ocurre en realidad es que no hay recursos suficientes para tener todo el personal necesario para realizar las tareas de limpieza y quieren suplirlo con el trabajo gratuito de los estudiantes.

 Dos de nuestras afiliadas se han negado a limpiar y por ello han sido sancionadas con tres días de expulsión. Por si esto fuera poco, la Consejería de Educación también se ha posicionado avalando las sanciones ¡un escándalo completo! Por todo esto, llamamos a los padres, profesores, estudiantes y trabajadores en general a protestar contra estas medidas, exigir que se retiren las sanciones y que se acabe con esta situación en la que los estudiantes son obligados a limpiar. ¡Eso no es ningún programa pedagógico, es trabajo gratuito para encubrir la falta de recursos!

Pedimos a todos los padres, profesores y estudiantes que defendemos una escuela pública de calidad, que llaméis tanto al IES Montevil como a la Consejería de Educación de Asturias para protestar por este atropello y pedir que se retiren inmediatamente las sanciones.

Teléfono IES Montevil 985 991 015

Teléfono Consejería de Educación de Asturias 985 10 55 00 (preguntar por el inspector responsable del IES Montevil de Gijón)

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La APDHA denuncia la explotación laboral en prisión

Un problema casi desconocido que no ha sido objeto de análisis con anterioridad, según explican los miembros de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía.

12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (el estado español, excepto Cataluña) según los últimos datos oficiales publicados[1] por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar.

Entre los años 2006 al 2011 el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el año 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos.

Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo en invernadero; o están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios: cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería… propios de cualquier prisión.

Según la página web de Instituciones Penitenciarias “La actividad laboral remunerada de los internos e internas en prisión se considera una relación laboral de carácter especial por el Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de marzo), y cuenta con las prestaciones sociales correspondientes a cualquier otro trabajo por cuenta ajena. Todos estos internos se encuentran afiliados al régimen general de la Seguridad Social y las retribuciones están referenciadas al Salario Mínimo Interprofesional”[2].

Dicha información es errónea y demuestra el gran desconocimiento de los derechos laborales, pues el Estatuto de los Trabajadores no es del año 1980; fue derogado y sustituido el 24 de marzo de 1995 por el Real Decreto Legislativo 1/95. Ello da cuenta de en qué año está anclada la institución penitenciaria. Por otra parte, las retribuciones no tienen referencia alguna al salario mínimo. Teóricamente, las retribuciones oscilan los 2,59 y 3,77 euros de un operario base, que pueden subir en algunos puestos de la categoría superior a 4,39 y 4,51, lejos del salario mínimo de 645,30 euros.

Pero en la práctica los presos trabajadores señalan que cobran en algunos casos poco más de 0,50 euros la hora, toda vez que trabajan más horas de las que se reflejan en nómina (afirman que en muchos casos solo se refleja una cuarta parte de las horas realmente realizadas). En ocasiones se paga por número de productos realizados, sin que los presos conozcan el sistema de determinación y control del mismo. No se abonan las horas extras ni las pagas extraordinarias. No se disfrutan las vacaciones ni, en muchos casos, el día y medio de descanso ininterrumpido.

Algunos presos nos señalan que trabajan hasta 70 horas semanales, siete días seguidos y uno de descanso. Según afirman, en cocina se está en el puesto de trabajo desde las 7 hasta las 20 horas, con una hora para comer, siete días seguidos y uno de descanso; en confección industrial trabajan 7 horas, 5 días a la semana; y en lavandería 6,5 horas al día durante 5 días.

Pero es que, además, trabajar en prisión es antieconómico. Si bien pueden percibir un sueldo pequeño, entre 80 y 300 euros, al salir de prisión, por haber cotizado, no pueden disfrutar del subsidio por excarcelación -426 euros mensuales hasta 18 meses-, frente a la prestación por desempleo que ronda, si llega, a los 100 euros. Se hace pues preciso que el estado modifique este absurdo legal para que quien trabaje no salga perjudicado. Debería darse la opción de elegir entre percibir la prestación por desempleo o el subsidio por excarcelación a los presos trabajadores.

Para colmo, el trabajo realizado dentro de prisión queda reflejado en el informe de vida laboral, de manera que la persona presa queda marcada como exconvincto ante posibles empleadores.

La APDHA ha constado en numerosas ocasiones cómo los presos son cesados en sus puestos sin seguir la legislación vigente. En algunas ocasiones en que hemos podido acompañar a presos, distintos Juzgados de lo Social han declarado ilegales los ceses de los trabajadores privados de libertad, ya sea por falta de motivación o por ser incierto el fin de la obra o servicio. Algunas sentencias han considerado de aplicación el salario mínimo vigente.

Pero denunciar a prisión no es fácil, pues al desconocimiento de los presos se suma que el responsable del trabajo en el centro penitenciario es el director, por lo que se temen represalias por el ejercicio de acciones judiciales laborales. La APDHA ha requerido en alguna ocasión a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para investigar está explotación, pero nos hemos encontrado una negativa como respuesta. Instamos a la Inspección a que actúe con carácter inmediato.

Es urgente también que los sindicatos se decidan a defender los derechos de los trabajadores más indefensos. La prisión es la única empresa del estado español en la que, a pesar del número tan importante de trabajadores, no actúa ningún sindicato para defender a los trabajadores.

Kaosenlared

Air Europa, Clece y la Conferencia Episcopal: negocios y doctrina en los CIE

MADRID // Alrededor de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se está gestando un negocio del que se benefician empresas y organizaciones sociales, según denuncian los colectivos que trabajan por el cierre de estos centros de estancia temporal de inmigrantes sin papeles.

La compañía aérea Air Europa es la que centra la mayoría de críticas tras firmar un convenio con el Gobierno español para extraditar a inmigrantes. Según el acuerdo, Air Europa cobrará 24 millones de euros por encargarse de los vuelos de deportación durante el periodo 2013-2015.

Desde la campaña estatal por el cierre de los CIE denuncian que el Ministerio del Interior, en colaboración con Air Europa, “promueve redadas racistas para llenar los ‘vuelos de la vergüenza’ desde los Centros de Internamiento a otros países”.

De hecho, desde la campaña se ha publicado un vídeo en el que un ciudadano guineano narra cómo son los dos intentos de deportación que sufrió:

http://m.youtube.com/results?q=justicia%20alfredo%20deportaciones&sm=3

El caso de Air Europa es uno más del entramado de empresas que ofrecen servicios alrededor de la gestión de los CIE. El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento para estos centros. En él se abre la puerta a que sean las organizaciones no gubernamentales las que “organicen y gestionen la asistencia sanitaria, social y cultural”, según explicó el propio ministro del Interior.

El Ministerio dedicará destinará 5,5 millones de euros más a convenios y contratos con asociaciones y a mejoras de los centros. Para los miembros de la campaña por el cierre de los CIE,”este reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social”.

En este sentido, recuerdan que ya hay servicios como los de limpieza y mantenimiento que están externalizados a a empresa Clece, propiedad de Florentino Pérez. También está externalizado el servicio de cocina, en este caso a la empresa Albie.

Además, el Ministerio de Interior publicó en mayo la licitación del contrato de asistencia sanitaria en todos los CIEs del territorio. El servicio, una vez adjudicado a una empresa del sector sanitario, arrancará en agosto de este mismo año. El precio máximo estipulado por el Gobierno es de 735.500 euros por seis meses, prorrogables a otros seis (1.471.000 al año), e incluye los servicios de un médico y un enfermero en cada uno de los nueve centros en funcionamiento (Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Tarifa). En total, el servicio implica la contratación de los servicios de 18 personas, pero no todos ellos trabajarán a jornada completa.

Y ahora, la iglesia católica

Esta misma semana el Ministerio del Interior ha firmado con la Conferencia Episcopal un acuerdo para “garantizar la asistencia religiosa” en los CIE. La iglesia católica será la encargada de los gastos derivados de su labor de adoctrinamiento y el Gobierno le facilitará “el lugar adecuado para la celebración de los actos de culto y demás actividades propias de la asistencia religiosa”.

En el acuerdo se establece que se celebrarán misas los domingos, así como en días de festividad cristiana y “potestativamente” cualquier otro día. Incluye también “la visita a los internos, recepción en su despacho por parte del responsable encargado de la atención pastoral y respuesta a los que deseen hacer alguna consulta o plantear sus dudas o problemas religiosos”, según anunció la Conferencia Episcopal en un comunicado.

La Marea

15J Día contra los CIE

Hay acciones convocadas en numerosas ciudades. Más información pinchando aquí

¡Basta de agresiones fascistas!¡Basta de impunidad!

Con la unidad de la izquierda que lucha les pararemos los pies

En los últimos meses desde el Sindicato de Estudiantes hemos venido denunciando el incremento de las agresiones por parte de grupos de extrema derecha contra actos públicos, locales y casetas populares de organizaciones de la izquierda. La impunidad con la que estos elementos han actuado atacando, intimidando, persiguiendo y acosando a activistas de la izquierda y los movimientos sociales ha sido total. Contrariamente a como aparece en algunos medios, estos grupos no son organizaciones estudiantiles sino tapaderas que las bandas fascistas utilizan para desatar su violencia contra los que luchamos por la enseñanza pública y los derechos de la juventud.

Las catorce huelgas generales convocadas por el Sindicato de Estudiantes y la respuesta masiva de millones de jóvenes en las calles contra los planes de destrucción de la educación pública que el ministro Wert ha impuesto de manera autoritaria, han colocado a nuestra organización en el punto de mira de estos elementos fascistas.

El 17 de Febrero de este año, el Sindicato de Estudiantes celebraba en la Universidad Autónoma de Madrid un acto en contra de los desahucios y de apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cuando la sala estaba llena de jóvenes, un grupo de quince fascistas encapuchados y con el rostro cubierto intentó acceder a la sala de manera violenta. Gracias a la reacción de los compañeros del SE la agresión fascista, que podía haber tenido consecuencias muy graves, fue frustrada en gran medida. Pocas semanas después, el 2 de Abril, un ataque similar se repetía en un acto en defensa de la memoria histórica organizado en la Universidad Complutense por la Red de Apoyo a la Querella Argentina y en el que participábamos como ponentes. La respuesta inmediata de los asistentes logró impedir que la agresión fuera a mayores, aunque varios compañeros presentaron partes hospitalarios por los golpes sufridos.

Estas dos agresiones son sólo un botón de muestra, de los asaltos, palizas, golpes y amenazas contra activistas de izquierda, estudiantiles y de los movimientos sociales. No hace tanto un grupo de fascistas intentaba reventar un acto de IU en la universidad de Zaragoza, asaltaban sus casetas en las fiestas de San Fernando de Henares, o dirigentes de la formación, como Enrique Santiago, sufrían una agresión en un mitin de cierre de campaña electoral en la que le rompieron varios dedos de una mano. Hace dos semanas una banda fascista propinaba una paliza a jóvenes de izquierda en la plaza mayor de Valladolid y hoy mismo hemos conocido la aparición de pintadas de carácter fascista contra el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias.

Tras haber denunciado públicamente esta escalada de agresiones fascistas, y ante los negativos resultados de las denuncias que habíamos cursado ante instancias policiales, exigimos una reunión con la delegación de gobierno en Madrid el pasado mes de abril. En la reunión mantenida con la delegada de gobierno, Cristina Cifuentes, desgranamos todas las acciones de estas bandas y la impunidad con la que actuaban ante la pasividad de los responsables políticos y policiales del PP. Tras este encuentro denunciamos ante la fiscalía la campaña de acoso, amenazas y agresiones por parte de la extrema derecha de la que el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones y colectivos viene siendo víctima.

Desde el Sindicato de Estudiantes sabemos que la única forma de acabar con las agresiones de los grupos de extrema derecha es con la movilización masiva de la juventud y los trabajadores, y la denuncia pública de todos sus ataques. Por este motivo, y tras haber tenido conocimiento de que en el día de hoy se han producido diversas detenciones de miembros de estas bandas fascistas nos reafirmamos en que la lucha en las calles en defensa de un futuro digno y de nuestros derechos democráticos es la única vía para garantizarlos. Estas detenciones son fruto de la movilización social, de la indignación con la impunidad con las que actúan estas bandas, pero son completamente insuficientes. No nos conformamos con detenciones. Hace falta frenar a las bandas fascistas, que se alimentan de las políticas reaccionarias que desde el gobierno del PP se imponen a la población y de la crisis del capitalismo. Para desenmascarar su demagogia y su violencia necesitamos oponerles la movilización masiva y nuestra unidad, la unidad de la izquierda que lucha, de los movimientos sociales, de las Mareas y de todos aquellos que estamos comprometidos con la justicia social.

Sindicato de Estudiantes

No nos van a callar

Denuncian abusos sexuales a menores en centros de detención fronterizos en EEUU

Los Fresnos, Texas—El diario Houston Chronicle denunció que niños inmigrantes, que se encuentran en centros de detención de una zona rural en la frontera de Texas con México, fueron abusados sexualmente por los trabajadores del lugar.

Una cantidad sin precedentes de niños y adolescentes que están ilegalmente en Estados Unidos sin sus padres o un tutor van a parar a una red de centros de detención del gobierno federal de la que se habla muy poco.

Se espera que este año 60 mil niños vayan a parar a esos centros, casi diez veces los 6 mil 560 del 2011, según cifras del gobierno.

Los menores son alojados en más de 90 refugios, casas temporales y centros de detención que han sido aprobados por los estados, que el gobierno describe como "sitios seguros". La mayoría de los muchachos son bien tratados.

Pero una investigación del Houston Chronicle comprobó que muchos jóvenes son víctimas de abusos por parte de las personas que se supone los deben proteger.

El sistema no ha sido capaz de castigar a los responsables a pesar de una ley federal por la cual cualquier contacto sexual con un detenido es un delito que puede recibir hasta 15 años de cárcel, según la investigación.

Se desconoce el alcance de los abusos físicos y sexuales en los centros de detención. La Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR), organismo federal responsable del cuidado de los menores, no tiene un sistema que permita seguir paso a paso el proceso de investigación, desde la denuncia hasta el desenlace.

Pero por primera vez, en respuesta a una solicitud hecha por el Chronicle al amparo de la ley de libertad de información, el gobierno difundió copias de 101 "informes de incidentes significativos" ocurridos entre marzo del 2011 y marzo del 2013 con denuncias de abusos por parte del personal.

Muchos menores denunciaron haber tenido algún contacto sexual —desde un beso hasta toqueteos indeseados y relaciones sexuales— con personal de centros de detención en Texas, Florida, Nueva York e Illinois, según documentos del gobierno nacional.

Ningún empleado de refugios ha sido procesado bajo una ley del 2008 que considera un delito cualquier contacto sexual con alguien bajo la custodia de la ORR.

Niños bajo la custodia de la ORR en Texas fueron maltratados mientras dormían y hostigados sexualmente por el personal en la última década, de acuerdo con investigaciones policiales y de organismos estatales. Los empujaron, patearon, golpearon y amenazaron con ser deportados si denunciaban los abusos, indicaron los investigadores.

Por ley, el gobierno trata a los menores de otros países, con excepción de México, que no están acompañados distinto a los adultos. En lugar de enviarlos a centros de detención del servicio de inmigración son entregados a la ORR, que los aloja generalmente en refugios avalados por el estado. El 90 por ciento son entregados luego a parientes u otros patrocinadores de Estados Unidos mientras se ventilan sus casos