En
la noche del martes y en la mañana de este miércoles varios menores han
sufrido situaciones de riesgo, llegando en algún momento a peligrar su
integridad física. Así lo denuncia en un comunicado Educadores en Lucha
explicando que en la jornada de ayer fue necesaria la presencia de
numerosas patrullas policiales, bomberos y ambulancias del 061. Esta
mañana se ha repetido una situación similar de nuevo con un menor
solicitando la presencia de policía, que finalmente no ha intervenido.
Desde el colectivo, que
lleva cerca de dos años en huelga, vienen denunciando públicamente la
desprotección que vive el Centro de Observación y Acogida (COA) de
Zaragoza. “A nuestro juicio, esta situación es responsabilidad del caos
organizativo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la
entidad catalana, Intress, que gestiona el centro desde octubre de 2015.
El objetivo ha sido acabar con un colectivo de educadores sin tener en
cuenta la repercusión en los menores. Compañeros veteranos de dilatada
experiencia se han quedado en la calle, otros han abandonado sus puestos
y otros tantos han estado temporalmente de baja por ansiedad y estrés.
Pero las principales víctimas son los menores en protección cuya
atención es precaria hasta el punto de peligrar su integridad física.
Por otra parte, existen también numerosos menores que no protagonizan
estas situaciones de riesgo pero tienen que convivir con ellas día a día
en un centro a donde llegan para que la Administración en teoría les
proteja”, recalcan.
Las y los educadores del
COA permanecen en huelga desde octubre de 2014 al comprobar que el nuevo
concurso conllevaba un peligroso recorte económico que provocaba un
grave perjuicio a la atención a los menores y una precarización en las
condiciones laborales de las y los educadores.
Durante todo este período
sus reivindicaciones han sido muy simples, mantener las mismas
condiciones de atención a las y los menores del anterior concurso
(idéntico número de educadores por turno, no traspasar gastos básicos de
los menores como salud, vestimenta o material escolar a la empresa
privada…) e idénticas condiciones laborales para todo el equipo
educativo (mismo sueldo y horas de trabajo). La única novedad era
solicitar un maestro para todos aquellos niños y niñas escolarizadas que
están en el centro y que por distintos motivos no pueden acudir a sus
colegios. “Asimismo, tras las represalias de Intress, también hemos
solicitado la reincorporación de los educadores veteranos que se han
quedado en la calle”, subrayan.
A este respecto, expresan:
“Nuestras reivindicaciones son mínimas porque pedimos mantener la ya
precarias condiciones que tenían menores y educadores. Pero es que estos
menores lo que deberían tener en el centro es un aula de informática,
un gimnasio, una sala de psicomotricidad, un psicólogo, una enfermera y
otros profesionales necesarios. Resulta que los menores del Centro de
Reforma de Juslibol sí disponen de este tipo de instalaciones y
profesionales, ciertamente porque también los merecen. Lo que no sabemos
es por qué no los tienen los menores en protección. ¿No interesan? ¿No
dan votos? ¿Es normal que en nuestro centro tengamos dos ordenadores muy
viejos sin conexión a internet para todos los menores y en las Cortes
se pueda pagar el internet particular a los diputados”.
Para Educadores en Lucha,
“la principal responsabilidad de esta situación es de la consejera Broto
y del director del IASS, Joaquín Santos, quienes han permitido que
Intress gestione el centro con una desorganización, que se ha acentuado
en los últimos meses cuando se ha desautorizado a los coordinadores
veteranos del centro”. En este sentido indican: “Es un descontrol, la
entidad no presenta ningún proyecto educativo, pero sí que desea
implantar turnos fijos para represaliar a educadores díscolos, suponemos
que con el visto bueno del IASS. Al centro acuden numerosos
profesionales nuevos sin ninguna experiencia en este tipo de recurso, ni
ninguna formación por parte de Intress. Es un caos general que están
pagando los menores y que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo
sin que se le ponga freno de inmediato”.
Tras sus últimas denuncias públicas,
“el Gobierno de Aragón ha tratado de desacreditarlas culpando a los
profesionales del COA, amparándose en la privacidad de los menores,
tratando de normalizar las situaciones agresivas, incluso mintiendo,
como el director del IASS quien llegó a manifestar públicamente a los
medios que en Aragón todos los menores en protección disponían de plazas
en centros adaptados a sus necesidades especiales”, critican. De este
modo aseguran que la pasada semana “fuentes del Gobierno de Lambán
manifestaron que se había normalizado la situación en el COA al haber
reforzado el personal de seguridad”.
“Es vergonzoso que digan
que todo está controlado porque hay dos compañeros de seguridad, a las
pruebas nos remitimos de que esto no ha sido así. Esto es un problema
estructural, ha sido la demolición de un proyecto y equipo educativo a
conciencia por parte del IASS e Intress. No se cubren las necesidades de
los menores con más personal de seguridad, sino con más educadores,
profesionales especializados o herramientas educativas como las salas de
informática y psicomotricidad. Esto los saben todos los profesionales
que trabajan en el servicio de menores. Sin embargo, la excusa del IASS
es que están muy preocupados porque tiene una comisión evaluativa de
expertos desde mayo. Es vergonzoso que la consejera esté informada por
nuestros escritos por registro desde que comenzó el año y digan que en
mayo están evaluando unos expertos, que no se han puesto en contacto con
ningún miembro del colectivo conformado por educadores de base que
trabajan día a día en el centro”, concluyen.
Cabe recordar que el pasado
viernes, 29 de julio, los representantes laborales del equipo educativo
del Centro de Observación y Acogida (COA) presentaron una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por “las irregularidades de Intress”, que gestiona el centro desde octubre de 2015.
