La de los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza no
es una huelga cualquiera. Con ella no pretenden ganar más dinero,
conseguir mejores contratos o aumentar sus días de descanso. Solo buscan
garantizar la seguridad de los alrededor de 300 niños y niñas que cada
año pasan por el centro. Lograr que la Administración “les trate como
personas y no como mercancía”.
Por eso pervive una
huelga que se inició allá por el 1 de noviembre de 2014. El motivo por
el que la mantienen es otro ejemplo más de la miríada de sinrazones que
acompañan a este proceso: el Gobierno de Aragón decretó unos servicios
mínimos para la huelga del 100 %. Sin embargo, al Instituto de Trabajo
Social y de Servicios Sociales (Intress), empresa adjudicataria del COA,
se le autoriza, en el pliego de condiciones, a establecer unas
condiciones laborales menores a lo que marca ese 100 %, ergo, como
asegura el coordinador del COA, Javier Itxaso: “Trabajamos más con la
huelga que sin ella. La mantenemos para mantener el servicio”.
La situación actual dibuja un lóbrego panorama. Desde
que Intress se hizo cargo se han contratado 24 educadores sustitutos,
“gente que trabaja una semana, tres días y que no recibe ningún tipo de
formación. Una persona me llegó a decir que qué tenía que hacer para no
molestar”, apunta Itxaso. Trabajan tres personas en el turno de mañana,
tres en el de tarde y dos de noche. Los cuadrantes para todo el año ya
están hechos, pero la empresa está introduciendo modificaciones que
provocan, por ejemplo, que en un turno estén tres educadores sin
experiencia.
A los que más protestan, dice el
coordinador, se les pone en noche o fin de semana, “es una represalia y
un intento de estratificar a los trabajadores”. Para más inri,
actualmente atienden a 26 menores, cuando el número máximo de plazas es
de 24. Han interpuesto tres demandas por despido nulo, tras echar a tres
educadores que llevaban tres y cuatro años empalmando contratos de
sustitución; alegan que esos contratos “eran fraudulentos e indefinidos
de hecho”. Y también cuatro denuncias ante la Inspección de Trabajo.
Todo esto está provocando un significativo aumento del absentismo
laboral, con bajas por estrés y excedencias voluntarias y, sobre todo,
afecta muy negativamente al funcionamiento.
En este
centro, señala el coordinador, hay menores con problemas de salud
mental, de agresividad, maltratados, discapacitados; que precisan de una
atención casi personalizada. Sin remilgos, habla de “maltrato
institucional”, porque “no puedes coger a un niño para darle protección y
meterlo en un centro en el que va a sufrir abusos. No puede ser que
aquí sufran cosas peores que las que viven en sus casas”. Sin ambages,
afirma que ahora mismo no pueden “garantizar la seguridad de los
menores”.
Son muchos los capítulos que han pasado
para llegar a este postrero episodio. Para entenderlo, merece la pena
echar la vista atrás.
Jornada organizada por los educadores en mayo de 2015. Foto: Juan Manzanara.
La historia
Aunque la huelga comenzó en
noviembre de 2014, las protestas vienen de atrás. En 2003 existían el
COA 1 (menores de 6 a 14 años) y el COA 2 (de 15 a 18). El Gobierno de
Aragón, entonces socialista, decidió externalizar el segundo y se lo
adjudicó a la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM). En
junio de 2008 también se privatizó el COA 1 y, del mismo modo, FAIM fue
la adjudicataria. Desde septiembre de ese mismo año, ambos centros
comparten ubicación y gestión a efectos legales, aunque manteniendo la
separación para la atención a los menores.
Ya por esa
época los educadores mostraban con asiduidad sus discrepancias alegando
que no eran personal suficiente. No denunciaban (ni denuncian) solo el
funcionamiento del COA, sino “todo el sistema de protección de menores
en la Comunidad, que es deficitario”.
Como dice
Murphy, “todo es susceptible de empeorar”. Y así fue. El 3 de octubre de
2014, el Gobierno de Aragón (PP) sacó los pliegos de las condiciones
del concurso “con una notable precarización”. Solo FAIM se presentó,
reduciendo en su oferta un 7 % el presupuesto, pero finalmente renunció,
quedando oficialmente desierto el 22 de enero de 2015, cuando los
trabajadores ya llevaban casi tres meses de huelga.
Parón que vino impelido por las condiciones del concurso. En concreto,
sus peticiones principales eran dos: que se estableciera un ratio mínimo
de educadores por turno y que los gastos de los menores fueran
atendidos por la Administración. Este segundo no es un aspecto fútil a
tenor de las cifras.
Hasta ese momento, el Gobierno
de Aragón financiaba los gastos de los niños y niñas derivados de la
compra de ropa, farmacia, desplazamientos, material escolar, óptica,
dentista, peluquería… Que ascendían, según el entonces consejero de
Sanidad, Ricardo Oliván, a 28.000 euros anuales. Según los educadores, a
61.684. Pero con el nuevo pliego de condiciones, era la empresa
adjudicataria la que debía hacerse cargo de los mismos.
Durante el mes de febrero, y hasta la cita electoral del 24 de mayo,
apuntan los educadores, el PP negocio “a escondidas” con distintas
empresas. Pasaron los comicios y todo parecía quedar en manos del
partido que se hiciera con el poder en la Comunidad. Pero cinco días
antes de que Javier Lambán (PSOE) tomara posesión de su cargo como
presidente de Aragón, los populares (en funciones) adjudicaron el contrato a Intress.
Tras el relevo de poder, la nueva consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales, Mariví Broto (PSOE), se encontró con un trámite administrativo
casi finalizado, a falta de una firma que, finalmente, puso el nuevo
director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS),
Joaquín Santos.
Los educadores recuerdan que Broto
fue muy beligerante por este asunto contra el PP cuando estaba en la
oposición, pero cuando accedió al cargo alegó que el proceso estaba tan
sumamente avanzado, que echarlo para atrás habría supuesto “ incurrir en prevaricación”. Por tanto, lo rubricó, pero eso sí, so promesa de “ inspeccionarlo al milímetro”.
Cambió el interlocutor, pero no las quejas. Tampoco varió, según los
educadores, el nulo nivel de atención: “Nos reunimos un par de veces,
pero no llegamos a ningún acuerdo. En los periodos electorales tenemos
algún contacto y muestran cierto interés, después dejamos de tener
noticias”.
Aducen estos que existen fórmulas legales
para revertir la situación. Por ejemplo, realizar una declaración de
lesividad del interés público, derivada de la “peligrosidad para los
chavales del contrato firmado”. Otra opción, afirma Itxaso, es una
adenda al contrato.
La relación con el Ejecutivo autonómico es, cuando menos, distante. Pero… ¿y con la empresa?
Itxaso lo resume rápidamente: “Se sentaron en la mesa con nosotros una
vez, nos dijeron que si no desconvocábamos la huelga no iban a negociar,
y se levantaron”.
