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 especialmente los de menor edad “debido a la vuelta de dos menores más 
mayores que regresaron al centro tras sus fallidos reingresos 
familiares”.
El colectivo advertía de que estos niños “convivían diariamente con 
conductas disruptivas y delictivas” que “sobrepasan con mucho la 
capacidad de control de un centro abierto de protección como es el COA”.
 Pese a la gravedad y urgencia de los hechos, “ni el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) ni la Consejería de Ciudadanía y Derechos 
Sociales han implementado ninguna medida para solventar esta flagrante 
situación de desprotección y maltrato institucional que no hace sino 
empeorar”, denuncia Educadores en Lucha.
Después de más de un mes conviviendo con esta situación, durante esta
 semana “algunos de los niños y niñas de menor edad del COA han 
compartido o imitado algunos de sus comportamientos: robos con fuerza en
 comercios, amedrentamiento y amenazas a los trabajadores del centro, 
consumo de cannabis y alcohol, amenazas, insultos y agresiones de 
diversa intensidad”, alerta el colectivo.
En este sentido, las y los portavoces de Educadores en Lucha insisten
 en que “esta denuncia pública no pretende criminalizar a estos menores,
 sino todo lo contrario”. “Queremos incidir en que son víctimas de un 
sistema de protección de menores deficiente y carente de recursos 
adecuados para estos jóvenes. Son casos que se repiten con asiduidad en 
el COA, menores ‘aparcados’ que van sumando denuncias hasta entrar en el
 centro de Reforma con una medida muy larga, algo que posiblemente jamás
 hubiera sucedido si hubieran estado en un centro acorde a sus 
necesidades”, añaden.
Tanto el Justicia de Aragón como Educadores en Lucha llevan meses 
alertando de que el actual acuerdo marco es a todas luces insuficiente 
para que estos menores obtengan las plazas en recursos apropiados como 
tienen derecho. A juicio de Educadores en Lucha, lo más grave, es que 
“lejos de ayudar a estos dos menores o a otros en similares situaciones,
 se condena además a otros menores a convivir con este tipo de 
situaciones de riesgo”. Del mismo modo inciden en que las situaciones 
que se viven en el COA se viven igualmente en el resto de centros de 
protección de menores de Aragón, “donde se repite la inadecuación de los
 perfiles ingresados, la saturación de plazas e incluso la presencia de 
jóvenes ya adultos en centros de menores a los que el sistema de menores
 es incapaz de ofrecer una alternativa cumplidos los años”.
“Silencio de la consejera Broto”
El colectivo Educadores en Lucha asiste “atónito” al “silencio” y la 
“inacción” de los responsables políticos del sistema de protección de 
menores de Aragón: la consejera Broto y el director del IASS. “Y es que 
con la consejera Broto ya llueve sobre mojado en el absoluto olvido y 
desprecio a la situación de menores y educadores en el COA”, lamentan.
“Siendo oposición, denunció contundentemente al PP de Rudi por el 
concurso del COA y firmó un compromiso con los educadores para resolver 
este conflicto político. Sin embargo, una vez en el poder firmó la 
adjudicación sin atender a las argumentaciones o denuncias de los 
educadores. Asimismo se comprometió a implementar medidas para mejorar 
la atención de los menores y a seguir ‘al milímetro’” la gestión del 
centro, sin embargo a día de hoy, no ha hecho ni una cosa ni la otra. 
Los menores siguen con las mismas carencias que marcaba el concurso que 
ella denunciaba y no ha respondido a ninguno de los numerosos escritos 
de denuncia que le hemos enviado por registro”, concluyen.
