viernes, 23 de mayo de 2014

El enfoque del "Diálogo Abierto"


Os dejamos un post extraído devadetrastorns.blogspot.com.es
Por lo general tratamos de elaborar nuestras propias entradas sobre temas y noticias, pero esta nos ha parecido especialmente esclarecedora y además ofrece una gran cantidad de enlaces. Mandamos un agradecimiento telemático a quien la haya elaborado.
Hace poco etiquetada publicó el post Psicosis sin medicación en Finlandia en el que se comentaba la experiencia finlandesa, con un link a un video(subtitulado en español) en el que sus protagonistas describen la iniciativa del ‘Diálogo Abierto’.
La similitud con los planteamientos de Loren R. Mosher para el proyecto ‘Soteria‘ resulta evidente, pero parece ir más allá. Lo encontré muy atractivo, así que realicé una búsqueda con las palabras “Jaakko Seikkula Birgitta Alakare” (nombres de los creadores). Encontré mucha documentación en alemán, bastante en inglés y una en español, de la que extraigo este post. La mayor fuente es la web ‘diálogos productivos‘ (muy interesante pero no especialmente para temas de psiquiatría). En su biblioteca virtual, ordenada por autores, hay varias publicaciones de Seikkula (una en español y el resto en inglés).
El enfoque del “Diálogo Abierto”, por Jaakko Seikkula, Birgitta Alakare y Jukka Aaltonen (resumen)

En la década de 1980, el Proyecto Nacional Finlandés sobre Esquizofrenia inició un ambicioso estudio con el fin de mejorar la atención prestada a las personas que padecen graves enfermedades mentales. Dentro de este marco, Alanen y sus colaboradores desarrollaron en la ciudad de Turku el Enfoque Adaptado a las Necesidades, que ponía el acento en:
1) la rapidez de la primera intervención;
2) la planificación del tratamiento a fin de resolver las necesidades de cada paciente y familia, cambiantes y específicas de cada caso;
3) la atención en la actitud terapéutica adoptada tanto en la fase del examen como en la del tratamiento;
4) la consideración del tratamiento como un proceso continuo en el que se integran diferentes métodos terapéuticos;
y 5) el control continuo de los progresos y resultados del tratamiento.

Nuestro grupo, que trabajó con ese Enfoque Adaptado a las Necesidades en la provincia finlandesa de Laponia Occidental, desarrolló otra innovación a la que denominamos Diálogo Abierto (DA)Este modelo de intervención organiza el tratamiento psicoterapéutico de todos los pacientes dentro de sus respectivos sistemas de apoyo, y atiende a las formas de comunicación utilizadas dentro de las unidades de tratamiento compuestas por el equipo móvil de intervención en crisis, los pacientes y sus respectivas redes sociales . Pudimos comprobar que el hecho de facilitar las formas dialógicas de comunicación dentro de los sistemas de tratamiento constituye un enfoque eficaz.

El surgimiento del nuevo enfoque se produjo a comienzos de la década de 1980, época en que se estableció el Proyecto Nacional Finlandés sobre Esquizofrenia. A mediados de la década siguiente, ya había sido organizado el tratamiento psicoterapéutico para todos los pacientes dentro de sus respectivos sistemas sociales de apoyo. En la actualidad, las cinco clínicas de salud mental que trabajan con pacientes ambulatorios, así como el hospital de Keropudas con sus treinta camas para enfermos agudos, cuentan con equipos móviles de intervención en crisis que proceden en forma específica en cada caso. Todos los miembros del personal pueden ser convocados para participar en estos equipos de acuerdo con las necesidades. Con tal objeto, entre 1989 y 1998 se impartió a la totalidad del personal (tanto de internación como de consultorios externos), que suma alrededor de cien profesionales, un programa de formación en terapia familiar de tres años de duración o bien alguna otra formación en psicoterapia. El 75% de dicho personal obtuvo el título de psicoterapeuta de acuerdo con las leyes correspondientes de Finlandia.
Ante una crisis psiquiátrica, se sigue siempre un mismo procedimiento independientemente del diagnóstico específico. Si existe un interrogante sobre la posibilidad de un tratamiento con internación hospitalaria, la clínica de crisis dependiente del hospital convoca a una “reunión de tratamiento” especial, que en el caso de las internaciones voluntarias se realiza antes de tomar la decisión de internar al paciente, o en el caso de las compulsivas durante el primer día posterior a su internación. En dicha reunión se constituye un equipo “a medida”, compuesto por personal de internación y ambulatorio. Normalmente el equipo consta de dos o tres miembros del plantel (p. ej., un psiquiatra de la clínica de crisis, un psicólogo de la clínica para enfermos mentales ambulatorios correspondiente a la localidad en que reside el paciente, y una enfermera que trabaja en alguna de las salas del hospital) y toma a su cargo toda la secuencia del tratamiento, ya sea que el paciente se encuentre en su casa o en el hospital, y con independencia de la duración prevista del tratamiento. En otros tipos de crisis, cuando no se prevé que haya necesidad de una internación, las clínicas ambulatorias de salud mental regionales asumen la responsabilidad de organizar un equipo específico para cada caso, invitando a tal fin a miembros de distintos organismos vinculados al paciente. Por ejemplo, para pacientes que son atendidos por varios organismos, el equipo puede constar de una enfermera de la clínica ambulatoria, un trabajador social de la oficina de asistencia social y un psicólogo de la clínica de orientación infantil. Los principios que rigen esta organización ya han arraigado en toda la red pública de atención social y asistencial de la provincia. Más aun, este mismo concepto es aplicado en otras situaciones que no constituyen crisis psiquiátricas o sociales, como la organización de la información procedente de distintas clases de situaciones postraumáticas.

A partir de distintos programas de investigación y de psicoterapia, se establecieron
los siete principios fundamentales siguientes para el tratamiento:
(1) Ayuda inmediata. Las unidades participantes realizan la primera entrevista dentro de las veinticuatro horas del primer contacto establecido por el paciente, un familiar de éste o el organismo que lo ha derivado. Además, se establece un servicio de crisis durante las veinticuatro horas. Uno de los propósitos de esta respuesta inmediata es impedir la internación en el mayor número de casos posibles. El paciente psicótico participa desde las primeras entrevistas, cuando su cuadro reviste máxima intensidad.
(2) Perspectiva de la red social. Tanto el paciente como sus familiares y otros miembros claves de su red social son siempre invitados a las primeras entrevistas con el fin de movilizar todo el apoyo para el paciente y la familia. Esos otros miembros de la red pueden ser representantes de otras entidades (incluidos organismos de empleo del Estado y agencias de seguros públicos de salud cuya tarea consiste en apoyar la rehabilitación profesional), compañeros de trabajo o el jefe del paciente en el lugar en que trabaja, amigos o vecinos.
(3) Flexibilidad y movilidad. Esto se garantiza adaptando el tratamiento a las necesidades específicas y cambiantes de cada caso mediante los métodos terapéuticos más apropiados. Si la familia da su conformidad, las reuniones de tratamiento se realizan en el hogar del paciente.
(4) Responsabilidad. La persona que tomó contacto con la familia es la responsable de organizar la primera reunión. En esa reunión se adopta la decisión sobre el tratamiento que se llevará a cabo y el equipo se hace cargo de éste en su totalidad.
(5) Continuidad psicológica. El equipo asume la responsabilidad del tratamiento durante todo el tiempo que sea necesario y tanto en el marco de internación como en el ambulatorio. Los representantes de la red social del paciente participan en las reuniones de tratamiento durante todo el transcurso de este último, incluso cuando se aplican otros métodos terapéuticos. Puede suponerse que el proceso de un cuadro psicótico agudo ha de durar entre dos y tres años. En el estudio que hemos realizado, el 65% de los tratamientos se interrumpieron al final del segundo año.
(6) Tolerancia de la incertidumbre. Esta tolerancia se fortalece edificando un sentimiento de confianza respecto del proceso conjunto. En las crisis psicóticas, para generar una adecuada sensación de seguridad es menester reunirse todos los días, al menos durante los 10-12 primeros días. Luego de ello, las reuniones se organizan periódicamente según los deseos expresados por la familia. Por lo general no se establece en la etapa de crisis ningún contrato terapéutico detallado, sino que en cada reunión se discute si habrá una próxima reunión, y en caso afirmativo, cuándo se la efectuará. De este modo se evitan las conclusiones prematuras y las decisiones de tratamiento equivocadas. Por ejemplo, el uso de neurolépticos no se prescribe en la primera reunión, sino que su conveniencia se conversa por lo menos durante tres reuniones antes de ponerla en práctica.
(7) Dialogismo. El acento está puesto en primer lugar en la promoción del diálogo y, en segundo lugar, en lograr un cambio en el paciente o la familia. Se entiende que el diálogo cumple las veces de un foro a través del cual los pacientes y sus familias pueden obtener un mayor protagonismo respecto de su propia vida analizando sus problemas. En el ámbito en que actúan los que participan en dicho diálogo se gesta una nueva comprensión.
Los dos últimos principios han sido establecidos como hosting guidelines desde 1994-96. El foro principal de la interacción terapéutica es la reunión de tratamiento, en la cual los que tienen mayor participación en el problema examinan junto con el paciente todas las cuestiones asociadas al problema actual. Los planes y las decisiones administrativas también requieren que estén todos presentes. De acuerdo con Alanen, la reunión de tratamiento cumple tres funciones:
1) reunir información sobre el problema;
2) construir un plan de tratamiento y adoptar todas las decisiones necesarias sobre la base del diagnóstico formulado en la conversación;
y 3) generar un diálogo psicoterapéutico.
En líneas generales, el foco está puesto en fortalecer el aspecto adulto del paciente y normalizar la
situación, en vez de estarlo en la conducta regresiva. El punto de partida del tratamiento es el lenguaje utilizado por la familia, vale decir, la forma en que ésta ha designado el problema del paciente en su propio lenguaje. El equipo de tratamiento adapta su lenguaje a cada caso según la necesidad. Los problemas se consideran construcciones sociales que son reformuladas en cada conversación. Cada uno de los presentes habla con su propia voz y, como ha puntualizado Anderson,la escucha cobra mayor importancia que la manera de intervenir. En el caso de un paciente psicótico parece fundamental aceptar sus alucinaciones o ideas delirantes como una voz entre muchas otras. Al principio no se las cuestiona, pero se le solicita al paciente que agregue lo más que pueda acerca de tales experiencias. Los miembros del equipo pueden luego comentar entre sí lo que han oído, a manera de un conversación /discusión /intercambio reflexivo, mientras la familia los escucha. La conversación terapéutica se asemeja a la descripta por Anderson y Goolishian, Penn, y Andersen.

Si bien la importancia otorgada al diálogo es un elemento nuevo en la psicoterapia, sus orígenes se remontan a la historia de la Grecia antigua. Platón, entre otros, consideraba la individualidad o self como una construcción social. En sus primeros textos, describía a Sócrates, en especial, como alguien capaz de ayudar a sus interlocutores a generar la verdad en el transcurso de un diálogo; su misión no era encontrar las respuestas.

Se han realizado varios estudios de investigación-acción a fin de evaluar la eficacia del modelo y desarrollarlo

En lo que sigue nos referiremos a los estudio más recientes relacionados con los proyectos del primer episodio de pacientes psicóticos.
Aaltonen y Seikkula dirigieron un proyecto de investigación del sistema de tratamiento vigente en la década de 1980 comparado con el vigente en la década de 1990, a fin de discernir los elementos diferenciantes fundamentales entre el tratamiento tradicional centrado en el hospital y el nuevo tratamiento del DA. La muestra considerada estaba compuesta de todos los pacientes con un primer episodio psicótico que solicitaron atención psiquiátrica entre 1985 y 1994. La parte principal del estudio consistió en un análisis cualitativo de los procesos, y una de las conclusiones de este análisis fueron los siete principios de tratamiento básicos antes descriptos. Este estudio permitió analizar la variación en la incidencia de problemas psicóticos en la provincia de Laponia Occidental.
La incidencia de la esquizofrenia era allí extremadamente alta: a mediados de la década del ochenta había, en promedio, 35 pacientes esquizofrénicos nuevos cada 100.000 habitantes. Gracias al desarrollo del nuevo sistema de tratamiento familiar centrado en la red, a mediados de la década del noventa había disminuido a 7 por 100.000. El estudio sugería que la disminución en la incidencia de esquizofrenia (diagnosticada mediante el DSM-III-R) se vinculaba con el desarrollo del nuevo tipo de tratamiento, ya que la proporción de esquizofrénicos en el total de pacientes psicóticos se redujo del 42% al 22%. Al mismo tiempo, aumentó la incidencia de episodios psicóticos breves, en tanto que en otras categorías diagnósticas no hubo cambios significativos. Esta disminución en la incidencia de la esquizofrenia estaba avalada además por el hecho de que dejaron de aparecer nuevos pacientes esquizofrénicos crónicos en el hospital psiquiátrico.
Notas:
-Los subrayados son míos.
-He suprimido referencias (en cualquier caso debería consultarse documento original completo, del que se extraído este resumen – Nota PV: hemos corregido y actualizado el enlace el 25/01/2014

miércoles, 21 de mayo de 2014

¡Todos a las concentraciones contra el encarcelamiento de cuatro trabajadores!

1846629Oleada represiva contra los trabajadores en Galicia 
“Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder”
En el momento de escribir esta nota, 4 trabajadores pueden entrar en prisión. Su único delito ha sido haber participado en una huelga. Se trata de Tamara y Ana, trabajadoras de instalaciones deportivas de Pontevedra y de Carlos y Serafín, trabajadores del transporte de Vigo.
Ambos conflictos laborales ocurrieron en fechas distintas, pero la brutalidad represiva desatada contra los cuatro compañeros tiene muchos puntos en común.
Tamara y Ana participaron en la huelga de 2010 de instalaciones deportivas, exigiendo un convenio propio. Durante la huelga fue derramada pintura en una piscina y, aunque nadie fue acusado ni identificado, estas dos compañeras, participantes en el piquete informativo, fueron juzgadas y condenadas.
Dos años antes, en 2008, Carlos y Serafín se dirigían a una asamblea durante la huelga provincial del trasporte, cuando fueron identificados por la policía. Fueron condenados por un delito contra “la libertad de los trabajadores”.
En ambos casos, la fiscalía actuó con autentica rabia contra los trabajadores, demostrando que está firmemente al servicio del Partido Popular y de los empresarios
tamara_y_anaTamara y Ana fueron inicialmente sancionadas con seis meses de cárcel. Pero a la Fiscalía esto no le pareció suficiente y presentó un recurso solicitando la pena máxima de tres años de prisión; petición que fue aceptada por  la Audiencia Provincial. Ahora, las compañeras podrían entrar en prisión si la petición de indulto realizada es rechazada.
En el caso de Carlos y Serafín la Fiscalía actuó con el mismo odio de clase. El juzgado número 1 de Vigo primero, y la audiencia provincial después, condenaron a 3 años de prisión a estos compañeros, por lo que su entrada en la cárcel era inminente. Los sindicatos hicieron entonces una petición de indulto para los dos trabajadores. El clamor social en la comarca de Vigo obligó al Juzgado a suspender la ejecución de la sentencia hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto. Sin embargo, la Fiscalía, deseosa, al parecer, de ver a huelguistas entre rejas, recurrió esta decisión.
20142004201020ManiIndultoVigoOleada represiva ante la respuesta de la clase trabajadora
La entrada en prisión de estos cuatro compañeros y compañeras es una posibilidad más que real, si la movilización social no lo impide.
En el último período estamos sufriendo un incremento de la política represiva del Gobierno, en todos los terrenos. Petición de cárcel para cientos de trabajadores (como los 8 de Airbús, de Madrid), represión policial, endurecimiento de las leyes, control de internet…La burguesía ha lanzado una guerra unilateral contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y cuando ésta se defiende, lanza contra ella toda su artillería represiva, amparándose en leyes que cada vez se parecen más a las del franquismo. Leyes que, desde luego, no son neutrales.Tal y como afirma Suso Suixo, Secretario Xeral de la CIG, el  Código Penal “está claramente orientado a favorecer los intereses de una clase, la burguesía, frente a clase trabajadora”
De hecho, por si la legalidad burguesa no fuese suficiente para intentar frenar la respuesta de los trabajadores, el Gobierno y los empresarios no le hacen ascos a otro tipo de medidas: La CIG acaba de denunciar la práctica de firmas falsas en denuncias policiales contra trabajadores. Tal y como recoge el Diario de Pontevedra, una multa de 1.200 euros contra un sindicalista tuvo que ser retirada “por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras advertir varias «irregularidades» en los análisis practicados por un perito caligráfico del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este no pudo descartar que se tratase de firmas «ficticias» realizadas por una tercera persona, lo que motivó la anulación de la sanción” (Diario de Pontevedra, 21/05/2014)
¡Todos a las concentraciones de mañana jueves!
20142520022520092520Manifa2520Carlos2520Serafin252_002Para mañana, jueves 22, los tres sindicatos mayoritarios, CC.OO, CIG y UGT, han convocado concentraciones por la mañana en seis ciudades gallegas contra la represión sindical y exigiendo el indulto para los cuatro trabajadores y trabajadoras condenados. Es evidente que el peligro al que nos enfrentamos los trabajadores va a ir a más y exigirá medidas mucho más contundentes.
Estos dos casos han despertado una enorme solidaridad. Ha habido multitud de acciones de apoyo, incluyendo manifestaciones con miles de personas, en las que se coreaba a todo pulmón “Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder” [No puede ser, no puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder]. La disposición de la juventud y la clase trabajadora a hacer frente a la represión está fuera de duda. Lo que necesitamos para poder desplegar toda esa combatividad es un plan de acción muy contundente, que realmente obligue a los capitalistas y a su gobierno a frenar su escalada represiva. Los jóvenes y los trabajadores nos jugamos muchísimo.
1837128-Pancarta_no_Primeiro_de_Maio_apioando_a_Tamara_e_Ana___Foto__Diego_Torrado_Version3Tras la manifestación de mañana sería imprescindible que los tres sindicatos, actuando como hasta ahora en unidad de acción-lo que es un enorme paso adelante-, elaboren un calendario de movilizaciones ascendente. El siguiente paso podría ser una nueva jornada de movilizaciones, pero esta vez por la tarde, y en las 7 ciudades, inundando de propaganda previamente las calles, y organizando asambleas de delegados para discutir cómo hacer frente a la represión. Si los cargos contra estos compañeros no son retirados es necesario empezar a preparar paros, comenzando por los sectores en los que trabajan los represaliados y preparando el terreno para acciones más contundentes.
La represión no va a frenar la respuesta de la clase trabajadora!!
CITAS DE LAS CONCENTRACIONES DE MAÑANA
A Coruña: ás 12 h diante da Delegación do Goberno
Ferrol: ás 12 h diante do edificio da Xunta
Compostela: ás 11:30 h diante da sede da Xunta (San Caetano)
Lugo: ás 12 h diante da Subdelegación do Goberno
Ourense: ás 12 h diante da Subdelegación do Goberno
Pontevedra: ás 11 h diante da Audiencia Provincia

lunes, 19 de mayo de 2014

O´Belen y los cursos de formación

Estos días está desarrollándose en Sigüenza y Tendilla (provincia de Guadalajara) el curso “Formación Integral para Emprendedores”, organizado por ADEL y FADETA e impartido por la Fundación O´Belen. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, financiado con dinero público a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Los co-directores del curso son integrantes del equipo de gerencia de O´Belen. Se trata de Carlos Moreno Cámara (gerente), Roberto Diñeiro López (director económico) y José Ignacio Arias Moreno (director jurídico). Con estos señores al frente, es de esperar que el momento cumbre del curso sea la lección de cómo llevar a la quiebra a una entidad que vive del dinero público, su más reciente éxito empresarial (ver La Fundación O´Belen, en concurso de acreedores).

Resulta llamativo comprobar como mucho liberal de pro gusta de lo que Esperanza Aguirre llamó mamandurrias. En el curriculum de Carlos Moreno se destaca que “emprender es la actividad que más le apasiona”. Sin embargo lo más destacado de su trayectoria personal es haber sido concejal del PP en Sigüenza, diputado en la Diputación de Guadalajara, director general de Asispa Servicios Auxiliares (empresa creada por O´Belen, cuyos principales clientes son distintas administraciones públicas a través de la privatización de todo tipo de servicios) y gerente de O´Belen (financiada en más del 90% con dinero público). ¡Qué trepidante manera de emprender!

Pero el mentado curso no es el único que imparte O´Belen. De hecho, han creado una Plataforma de Formación, “para compartir nuestros conocimientos y experiencias”. Por supuesto, se trata de Formación Continua Bonificada, financiada por la Fundación Tripartita (más dinero público).
La formación continua es útil y necesaria, e incluso imprescindible en sectores como el de la intervención social. Pero de la formación continua a la tomadura de pelo sólo hay un paso, como demuestran los chanchulleos que se están conociendo (como el caso del fraude en los cursos de la patronal madrileña).

Y echando un vistazo a la oferta formativa de O´Belen, nos quedamos atónitos. Destaca su serie de cursos monográficos: Atención a menores toxicómanos; Atención para delincuentes contra la libertad sexual; Educadores en materia de salud mental infanto-juvenil; Inserción social y laboral con jóvenes; Menores con trastorno de conducta en centros de protección; Violencia intrafamiliar. Rimbombantes títulos propios de cursos de postgrado para cursos online de 10 horas de duración. En el mejor de los casos, estos “cursos monográficos” podrían servir para satisfacer la curiosidad de mentes inquietas ajenas al sector, pero jamás podrán considerarse formación específica para mejorar la capacitación profesional de quienes trabajamos con menores en situación de riesgo. Aunque visto lo que ocurre en otras empresas, es de sospechar que tienen una clientela cautiva en sus propios trabajadores. En nuestra opinión, estos cursos son una burla. Carcajadas financiadas con el dinero de todos, no se nos olvide.

Ante lo dicho, esta Plataforma de Formación parece otro intento más de expandir el negocio. Intención que no es nueva. En 2006 O´Belen montó Aspira Servicios Auxiliares. Un ejemplo de sus negocios es la prestación de servicios de jardinería para la Diputación de Guadalajara, tras la externalización de los mismos.

Y en 2010, O´Belen constituyó junto al Ayuntamiento de Chiloeches la Fundación para el Bienestar de las Personas Mayores de Chiloeches. Con la colaboración de FADETA, pretender construir y gestionar un Centro Integrador de Servicios Sociales para Personas Mayores, que al parecer estará compuesto por una residencia geriátrica, un centro de día y un tanatorio (como metáfora de sus pretensiones no tiene precio). Y aunque este nuevo proyecto solidario parece que no termina de arrancar, ya han conseguido la cesión de una parcela de 8000 metros. Por supuesto, la intención es que la Junta convenie las plazas.

¿Qué es FADETA?

Como vemos, cada vez aparecen más colaboraciones entre O´Belen y FADETA, a pesar de la nefasta trayectoria de la empresa capitaneada actualmente por Javier San Sebastián. Pero ¿qué es FADETA? Se trata de un Grupo de Desarrollo Rural, que actúa en el ámbito de la provincia de Guadalajara. Por resumir, es una entidad dedicada a cazar subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (que financia el curso que abre este artículo y del que se espera una subvención de 1,5 millones de euros para el proyecto de Chiloeches). Veamos quién dirige FADETA.

Su presidente es Aurelio González Montejano, alcalde de Mondéjar hasta 2011 y actualmente concejal en la oposición por el Grupo por Mondéjar. Es un empresario inmobiliario y del sector de las corredurías de seguros. Su vicepresideta primera es Amparo de los Ángeles Castell, apoderada de una empresa dedicada a la extracción de materiales para la construcción. Como vicepresidente segundo nos encontramos con Santos López Tabernero, teniente de alcalde de Fuentelencina y miembro de la Diputación de Guadalajara por el PSOE. Su secretaria es Montserrat Rivas de la Torre, alcaldesa de Fuentenovilla por el PP. Y su tesorero (¡qué gran cargo!) es Fernando Brihuega García, consejero de Inversiones Castilla La Mancha S.A., empresa inmobiliaria y constructora especializada en la construcción y explotación de residencias geriátricas. ¡Qué casualidad!
Su gerente es Jesús Ortega Molina, alcalde de Alocén por la Agrupación de Electores de Alocén. Y por último, como técnico de desarrollo local figura Ángel Román Escamilla, ex alcalde de Sacedón por el PP y miembro del patronato de la Fundación Caja Castilla La Mancha. No es necesario decir nada más sobre FADETA. Todo atado y bien atado en la Alcarria.

Cospedal, tras alabar la gran labor de los Grupos de Desarrollo Rural (como FADETA), ha anunciado la creación de un programa pionero para jóvenes, especialmente centrado en la formación y financiado por los fondos europeos FEDER. ¿Estos cursos de formación terminará regando las áridas cuentas de O´Belen? Al fin y al cabo, tienen experiencia en la materia, ¿verdad?


Todo esto no es más que un reflejo del funcionamiento real de la democracia burguesa. Desde la Unión Europea hasta el más pequeño de los pueblos. ¡Basta ya! Tenemos que acabar con estos entramados y con quienes les dan cobertura desde las administraciones públicas. El próximo 25 de mayo tenemos la posibilidad de empezar a poner freno a todas estas tropelías. Hay organizarse y luchar, pero si les echamos de las instituciones, será más fácil. ¡Para botarles, hay que votar!

domingo, 18 de mayo de 2014

Teatro Foro Gritos Silenciados

Una obra que quiere mostrar las violencias invisibles entre chavales y educadores que viven cotidianamente la realidad de los centros de menores. Una propuesta teatral que busca abrir el diálogo con el público, que pasará a ser protagonista de la obra en la búsqueda de posibles soluciones. El proyecto ha sido realizado íntegramente por jóvenes tutelados.

Jueves 22 de mayo, a las 19:30 horas,
Intermediae Matadero Madrid
Calle Chopera, 14
Entrada libre previa reserva:
info@3social.org




martes, 13 de mayo de 2014

Stop Tortura

Nueva campaña de la organización para los dos próximos años: #StopTortura
Amnistía Internacional ha acusado a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos de acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura.

"En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la presentación de Stop Tortura, la última campaña global de la organización para combatir la tortura y otros malos tratos en el mundo moderno.

"La tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificar la tortura so pretexto de la seguridad nacional erosiona los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años."

Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En lo que va de 2014, Amnistía Internacional ha observado que al menos 79 de ellos (más de la mitad de los Estados parte de la Convención que investiga Amnistía Internacional) siguen torturando. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja. El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor.

En algunos de estos países la tortura es habitual y sistemática. En otros, Amnistía Internacional sólo ha documentado casos aislados y excepcionales. La organización considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable.

La campaña Stop Tortura se inicia con la publicación del documento "30 años de promesas incumplidas" que ofrece una perspectiva general del uso de la tortura en el mundo actual.

El estudio detalla diversas técnicas de tortura —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales— que se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes, rivales políticos y otros.

Como parte de la campaña, Amnistía Internacional encargó una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según la encuesta, casi la mitad (el 44%) de las personas encuestadas —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturadas si son detenidas en su país.

La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.

"Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra la tortura, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas circunstancias. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenir la tortura", afirmó Caroline Holme, directora de la empresa encargada del estudio, GlobeScan.

Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.

La lucha global de Amnistía Internacional contra la tortura continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada esta práctica y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.

  • En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes. Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.

  • La justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura de Filipinas. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos "por diversión". Según los informes, los policías hacían girar una "rueda de la tortura" para decidir cómo torturaban a los detenidos. Las informaciones de los medios de comunicación desembocaron en una investigación interna y algunos agentes fueron cesados, pero Amnistía Internacional pide una investigación exhaustiva e imparcial que haga que los policías implicados sean juzgados por los tribunales. La mayoría de los actos de tortura cometidos por la policía siguen sin denunciarse y los supervivientes de la tortura continúan sufriendo en silencio.

  • En Marruecos y Sáhara Occidental, las autoridades rara vez investigan las denuncias de tortura. Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass a Marruecos a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde Aarrass dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Ali Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa "confesión". Sus denuncias de tortura nunca se han investigado.

  • En Nigeria, la policía y el ejército usan la tortura de forma habitual. Cuando Moses Akatugba fue detenido por los soldados tenía 16 años. Según su testimonio, lo golpearon y le dispararon en la mano. Luego fue entregado a la policía, que lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Moses dice que lo torturaron para que firmara una "confesión" en la que reconocía haber participado en un robo. La denuncia de que había confesado como consecuencia de la tortura nunca se investigó exhaustivamente. En noviembre de 2013, después de ocho años esperando sentencia, Moses fue condenado a muerte.

  • En Uzbekistán, la tortura está generalizada, pero pocos torturadores responden alguna vez de sus actos ante la justicia. El país está cerrado para Amnistía Internacional. Dilorom Abdukadirova estuvo cinco años en el exilio después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en una protesta a la que asistió. A su regreso a Uzbekistán, la detuvieron, le prohibieron ver a su familia y la acusaron de intentar derrocar al gobierno. Durante su juicio, tenía un aspecto demacrado y hematomas en la cara. Su familia está convencida de que la habían torturado.

A partir de hoy, Amnistía Internacional lanza tres ciberacciones a través de su plataforma actuaconamnistia.org por los casos de Claudia Medina (México)Ali Aarrass (Marruecos) Moses Akatugba (Nigeria) dirigidas a sus respectivos Gobiernos.

"Hace treinta años, Amnistía Internacional encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. Se han hecho muchos avances desde entonces, pero resulta descorazonador que hoy sigamos necesitando una campaña mundial para garantizar que esas promesas se cumplen”, concluyó Salil Shetty.

La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades
Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura.Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas de tortura siguen desprotegidas” ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España.

  • En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
  • El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio.
  • Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.
  • Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.
  • España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso del marroquí Ali Aarrass. El kazajo Aleksandr Pavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
  • Sin embargo, hace pocas semanas, la Audiencia Nacional sí ha negado la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han “prescrito”. Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.


Concierto contra la represión


lunes, 12 de mayo de 2014

Trabajadores sociales contratados por un fondo investigan a personas con aviso de desahucio

Se hacen llamar mediadores sociales, y convencen al afectado para entrar en su casa, sacar fotos de la vivienda y quedarse con una copia de su documentación personal

Es una denuncia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Estas visitas son frecuentes y consiguen entrar en su casa para amedrentarles", explica una de las portavoces.

La visita la realiza una persona que se identifica como "mediador social" con la excusa de buscar una solución al desahucio del inquilino, así consiguen que el afectado les abra la puerta. Estas personas están contratadas por uno de los fondos privados que han comprado las viviendas protegidas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que se acercan a perfiles vulnerables que se encuentran desesperados.

Susana vive en Leganés adquirió una vivienda social por tener una discapacidad y ser familia numerosa. Soltera, tiene 5 hijos, denuncia que entraron en su casa y que no volvió a saber nada más. "Me dijo que era una trabajadora social y le abrí la puerta. Me preguntó sobre mi situación económica y personal. Sacó fotos de mi casa por si había algo roto. Además, también fotografió mi DNI, el libro de familia y el certificado de minusvalía", denuncia.

Nada de ayudas
Explica que no se volvieron a poner en contacto con ella: "Después no he sabido nada de la mediadora, tampoco me ha llamado, ni me ha ofrecido una solución". Fuentes del gestor privado propietario de los pisos sociales reconocen la existencia de estos mediadores pero recalcan que su intención es social, dar apoyo a los inquilinos que atraviesan una situación delicada.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca explica que este no es un caso aislado. "Estas visitas son frecuentes y no tenemos constancia de que hayan encontrado una solución a nadie", dice Feli, portavoz de la PAH. "Es una forma de intromisión en la vida personal, además tiene un claro objetivo: amedrentar a la gente y asustarla. Les llegan a decir que dejen las llaves, para no tener que hacer frente a la policía", continúa. Desconocen cuál es el objetivo real de esta visita: "Les ayuda a conocer cómo está la vivienda por dentro para preparar el día del desahucio o para agilizar la entrada de un nuevo inquilino".





jueves, 8 de mayo de 2014

Apartado del servicio el personal del centro de menores de Corralejo por presuntos malos tratos

El Cabildo de Fuerteventura ordenó a la empresa que gestiona el Centro de Menores de Corralejo que apartara al personal que venía trabajando con los niños ingresados en el citado Hogar tras tener conocimiento de la investigación abierta por la Fiscalía sobre casos de malos tratos a los pequeños. Además, se ha conocido que entre los castigos a los que eran sometidos los menores destaca las duchas de agua fría, incluso en los meses de invierno.
Así se desprende del testimonio de los trabajadores denunciantes ante los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP ) y en los informes y comparecencias ante la empresa Arasti Barca encargada de la gestión del citado Centro. Por otra parte, la Policía investiga también la filtración del atestado policial sobre el caso.
El Cabildo de Fuerteventura dispone de cuatro centros de menores en la isla: uno de Corralejo, dos en Puerto del Rosario y otro en Gran Tarajal donde se acoge a más de una treintena de niños en situación de riesgo y proceden en su mayoría de familias destructuradas. En el Hogar del municipio de La Oliva se encuentran ingresados unos diez pequeños.
La situación sobre las malas practicas en el cuidado de los menores fue denunciado por tres trabajadores cuando formaban parte de la plantilla de la empresa y muchos meses antes de su despido. Tras comprobar que no se adoptaban las medidas necesarias para poner fin a los malos tratos decidieron acudir a la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario

miércoles, 7 de mayo de 2014

El fiscal investiga casos de malos tratos en el centro de menores Corralejo

La Fiscalía de Menores investiga presuntos malos tratos a niños en el Centro de Menores de Corralejo tras la denuncia de algunas extrabajadoras. La gestión del citado piso tutelado la viene ejecutando desde hace dos años la empresa burgalesa Arasti Barca Ma y Ma SCV tras haberle sido adjudicado por el Cabildo de Fuerteventura la concesión del servicio. Los menores, cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias, que a su vez ha delegado la protección de los mismos en la institución insular, se encuentran en situación de riesgo y proceden en su mayoría de familias destructuradas.
La comunicación de despido de una trabajadora del citado centro acusada por la empresa, entre otras cuestiones, por haber grabado con su móvil algunas escenas de los menores en el interior del piso, levantó el caso. La empleada, a la que posteriormente se unieron otras versiones de compañeras en la misma dirección, coincidieron a la hora de identificar las malas practicas que se vienen aplicando con los menores: gritos, tirones de oreja, empujones, cachetones, tirones de brazos o insultos.
Esta situación generó que la empresa convocara a toda la plantilla del Centro de Menores de Corralejo a una reunión en uno de los establecimientos de la capital, sancionándolos posteriormente tras reconocer los propios trabajadores que su comportamiento con los menores no era el correcto, aunque nunca lo comunicaron por escrito a sus superiores. Tras la sanción impuesta a la plantilla el ambiente laboral se volvió enrarecido entre los propios compañeros con numerosas tensiones durante los turnos de trabajo. Además, según aseguran algunos trabajadores, la situación llegó a afectar la calidad asistencial de los niños. También, la relación entre los trabajadores y la empresa quedó muy distante.

La directora del citado centro, María Fabiola Valdivia Cabrera compareció voluntariamente en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Puerto del Rosario para poner en conocimiento los hechos ahora conocidos públicamente. El atestado policial número 1834/14 recoge que " fue entre los meses de abril y mayo de 2013 cuando conoció el posible maltrato al comunicar el despido a la trabajadora M. J. G. B. en unión de la subdirectora de la empresa Pilar del Monte", señaló Valdivia. Además, añade en sede policial, que " la trabajadora indicó que tenía en su terminal de móvil los hechos que estaba comunicando. Después de estas afirmaciones, Pilar del Monte, le comenta que no van a despedir a María Josefa".

¡Basta de represión!

Tamara y Ana son el último caso de trabajadoras que pueden acabar en la cárcel por exigir sus derechos. En febrero de 2010 durante una huelga por la negociación del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas de Galicia las dos trabajadoras fueron acusadas de derramar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños. A pesar de que en el momento de los sucesos nadie fue identificado como causante de manchar el agua de la piscina, las dos trabajadoras han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra a tres años y un día de cárcel por atentar contra los derechos de los trabajadores al considerar que manchar la piscina con pintura buscaba amedrentar al resto de trabajadores que no secundaban la huelga. La condena ha sido denunciada por CCOO, que considera la sentencia completamente desproporcionada e injusta, sobre todo al considerar que la condena impuesta en primera instancia antes del recurso de las trabajadores fue de seis meses de prisión.
Las condenas a trabajadores por situaciones acaecidas en protestas laborales o huelgas son habituales en nuestro país. Históricamente han sido muchos los obreros que han pasado por la cárcel por este tipo de sucesos. Uno de los casos más conocidos es el de dos sindicalistas de los astilleros Naval Gijón. En 2007, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala fueron detenidos y llevados a prisión para cumplir una condena de tres años que se les impuso tras una denuncia del Ayuntamiento de Gijón, que presidía la alcaldesa del PSOE, Paz Fernández Felgueroso. Los dos sindicalistas ingresaron en la prisión de Villabona tras ser declarados culpables de haber roto el cajetín de una cámara de tráfico que enfocaba al interior de los astilleros.
En el mes de abril de 2013, Laura Gómez, secretaria de Organización de la CGT en Barcelona, ingresó en prisión de manera provisional por quemar una caja de cartón con billetes simulados frente a la Bolsa de Barcelona. El juez decretó esta medida por considerar que la sindicalista podía reincidir y por existir riesgo de fuga. Tras 23 días en prisión Laura Gómez salió de la cárcel de mujeres de Wad-Ras gracias al pago de la fianza de 6.000 euros que se hizo mediante una colecta en el sindicato. Laura Gómez está a la espera de juicio y tiene prohibido participar en manifestaciones.
Como dijo Morala tras salir del juzgado, la mayoría de estas sentencias se realiza para asustar a los trabajadores. Las peticiones de penas en los últimos años buscan un efecto disuasorio que limite las protestas, además de provocar un efecto de criminalización en la sociedad al asociar las huelgas con disturbios y penas de cárcel. Las penas que la fiscalía y la administración pidieron a los detenidos por sucesos ocasionados en la huelga del 29-M van en esta dirección. Tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, declaró que perseguirían con contundencia los actos violentos que ocurrieron durante la huelga. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, además de La Caixa como acusación particular, llegaron a pedir 5,5 años de cárcel a cuatro jóvenes de Poblenou por volcar un contenedor.
El pasado mes de marzo la jueza suspendió el ingreso en prisión de dos trabajadores de Vigo que fueron condenados a tres años de prisión a la espera de que se resuelva la petición del indulto. La condena se efectuó por la rotura de un cristal de un camión durante la celebración de un piquete informativo en el año 2008. Es precisamente un indulto lo que se pide para las dos trabajadores condenadas en Pontevedra por arrojar pintura a una piscina. La condena impuesta a Tamara y Alba ha desatado una sucesión de apoyos ciudadanos que en una campaña de firmas online exigen al ministro de Justicia el indulto inmediato de ambas.

martes, 6 de mayo de 2014

Retroceso histórico en el sector de la Discapacidad

El sector de la Discapacidad está sufriendo un retroceso histórico por los brutales recortes sociales. Esteban Barreto, presidente del comité de empresa por CCOO en la Residencia con Centro Ocupacional Nuestra Señora del Camino de Madrid, nos explica en esta entrevista cómo una parte importante de los delegados sindicales, afiliados y trabajadores en general se están enfrentando a los ataques y cuáles son sus demandas y propuestas para revertir esta situación.
El Militante.— ¿Cómo afecta al sector los recortes en el gasto social que aplican las distintas administraciones?
Esteban Barreto.—La Diversidad Funcional o Discapacidad debería considerarse “zona catastrófica” en nuestro país. El derrumbe del llamado Estado del bienestar está dejando en la cuneta a los más débiles. La Ley de Dependencia ha muerto antes de nacer, los dependientes ven reducida la ayuda que reciben, las administraciones deben al sector más de 300 millones de euros, a lo que hay que sumar que miles de dependientes han perdido su empleo con el inicio de la crisis.
La figura del cuidador no profesional es un recurso que la Ley de Dependencia reconoce desde 2006, y por esta puerta se está “colando” la implantación de un modelo asistencial incapaz de resolver cuestiones de carácter social y psicológico, como el de la integración, el de la autoestima, etc.
Los recortes en el gasto social están haciendo estragos, habiéndose reducido un 15% las prestaciones económicas a los familiares cuidadores. Además, se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios/as hasta 2015. Las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran un panorama tremendo: se ha dejado de atender a 2.588 grandes dependientes cada mes, de manera que, al finalizar el año 2014 habrá sólo 340.000 frente a los 433.290 atendidos en octubre de 2011.
EM.— Explícanos los aspectos más destacables del nuevo “Acuerdo Marco” para el sector que han impuesto las patronales.
EB.— El nuevo modelo de concertación, aprobado el 9 de septiembre de 2013, supone una reducción de la aportación al precio de cada plaza en más de un 15%, lo cual traerá peor calidad en el sector y la derivación de costes económicos a las familias. También trae un importante derrumbe del modelo de integración social, convirtiéndolo en otro puramente asistencial y benéfico, lo que conlleva la exclusión social de los usuarios. De igual forma, supone más sobrecarga de trabajo para los profesionales del sector por el incremento de la ratio, modificaciones sustanciales de horarios para los trabajadores, los cuales deben cubrir más demanda a igual salario, una alarmante pérdida de empleo y un agresivo proceso de reconversión en el sector
.EM.— ¿Cuál está siendo la respuesta de los sindicatos?
EB.— Nosotros hemos trabajado rompiendo con el inmovilismo y demandando la unidad de acción sindical entre los dos sindicatos más representativos del sector (FREM-CCOO y FETE-UGT) con el objetivo de organizar una respuesta firme y contundente. Gracias a la organización de los delegados sindicales, afiliados y trabajadores hemos conseguido que las direcciones sindicales se hayan visto obligadas a convocar movilizaciones. Destacan las concentraciones del 3 de diciembre de 2013 en la Puerta del Sol y del 5 de abril en la Consejería de Familias y Asuntos Sociales.
Sin embargo, seguimos luchando por cambiar radicalmente la política que tratan de imponer los dirigentes de nuestros sindicatos. Estos insisten en la idea de que somos débiles y de que, además, debemos hacer frente único con la patronal mayoritaria del sector. Nos han manifestado que “dado que estamos en un sector poco aglutinado, sin fuerza, atomizado y con bajas tablas salariales para mantener una lucha, deberíamos evitar cualquier enfrentamiento directo con las patronales, máxime cuando tenemos que ser responsables en estos momentos de recortes sociales”. Dicha idea es falsa y lleva implícito que le corresponde a la patronal y a los empresarios de lo social el papel dirigente, mientras que a no-sotros nos corresponde jugar un papel sin fuerza, el cual no llega ni a secundario, donde no debemos exceder en nuestras reivindicaciones a AEDIS y FEACEM (las patronales del sector).
Nosotros hemos reivindicado la independencia del sindicato frente las patronales. Conquistar unas buenas condiciones laborales y un buen servicio es incompatible con la dinámica de trasvases de fondos públicos mediante conciertos económicos a gerentes privados. Luchamos por desenmascarar la mentira del “sin ánimo de lucro” y porque nuestras organizaciones la denuncien de forma contundente.
EM.— ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones y qué acciones tenéis previsto realizar?
EB.— Las necesidades tienen que cubrirse bajo un modelo de titularidad pública, gestionado públicamente y con proyectos municipalizados. Por ello, mediante un método combativo y de acción, trabajamos por seguir forjando la unidad en la lucha en la calle entre usuarios, familiares y trabajadores. Por ejemplo, vamos a seguir con las mesas populares en las plazas, donde ya hemos recogido 16.125 firmas, y acudiendo a los centros de trabajo con nuestro material para contactar con más familias, trabajadores y delegados de personal.

Todas estas tareas deben prepararnos para la convocatoria de la esperada huelga general a la que estén llamados todos los trabajadores de los servicios sociales; tenemos los mismos problemas, las mismas reivindicaciones y servicios sociales somos todos. Esta es la batalla en la que estamos invirtiendo más energía, organizar y fortalecer un movimiento desde abajo, desde la base, para obligar a las direcciones de nuestros sindicatos a que den un giro de 180 grados y emprendan de forma decidida el camino de la lucha. A la vez, también estamos preparados para, si estos dirigentes no están dispuestos, conseguir reemplazarlos por otros que expresen realmente las aspiraciones de los trabajadores del sector y estén a la altura de las circunstancias.

domingo, 4 de mayo de 2014

Sólo por estar solos

La Fundación Raíces y la Fundación Abogacía Española han denunciado este miércoles las supuestas malas prácticas de la Comunidad de Madrid en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados, lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales, y ha cargado contra la Fiscalía General del Estado por no dar validez a los documentos expedidos por sus países de procedencia. Así lo ha denunciado la presidenta de esta fundación, Lourdes Reyzabal, durante la presentación del informe Sólo por estar solo, en el que se analizan numerosos expedientes con presuntas prácticas irregulares de las administraciones españolas, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid por ser el epicentro de la mayoría de los casos. En el caso de Madrid, esta fundación denunció en febrero de 2010 la situación de 17 menores de origen subsahariano que, estando bajo la protección de la Comunidad, habían sido expulsados del sistema de protección y denunciados por falsedad documental.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha estado presente en la presentación, dado que el informe es fruto del acuerdo suscrito entre la Fundación Abogacía Española y la Fundación Raíces, y ha destacado que estos chicos "no volverán a estar solos". Los más de 300 expedientes sobre los que se pronuncia el documento han sido analizados por la abogada Carmen Mola.

Conflictos en la determinación de edad 

Fundación Raíces continúa con el trabajo emprendido por el abogado Nacho de la Mata, quien atendió a más de 200 menores inmigrantes no acompañados, de los que al menos una treintena fueron por conflictos en la determinación de la edad. De la Mata logró sentencias históricas, como la que obligo a España a readmitir a un menor marroquí que había sido repatriado, así como las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocieron el derecho de los menores a defenderse ante los tribunales incluso en contra de las decisiones de sus tutores.
El informe Sólo por estar solo se refiere a la situación que afrontan estos menores, como Munir o Mamadou -presentes en la presentación-, al ser expulsados por poner en tela de juicio sus pasaportes o partidas de nacimiento. "El objetivo de este informe es poder documentar lo que llevamos defendiendo desde 2009 y poder cambiar lo que está ocurriendo a nivel administrativo y a nivel de las Administraciones españolas para devolver la cordura que falta en este asunto", ha destacado la presidenta de la fundación y ha criticado que esto solo pase con casos de menores que viven solos.
Así, ha subrayado que las malas prácticas en las que se incurre hacen que se excluya a los menores del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones del resto de menores en situación de desamparo y les condena a vivir en la calle, como el caso de unos de los chicos presentes en la presentación. La abogada Carmen Mola ha cargado contra la Fiscalía General del Estado al denunciar que de forma sistemática no da validez a pasaportes y partidas de nacimiento de ciudadanos de Marruecos o de África subsahariana cuando son menores de edad que llegan solos, a pesar de que estos son expedidos por embajadas y consulados de sus países.
En el informe, se habla de que el Instituto Madrileño del Menor y Familia ha dejado de aplicar las normas que deben guiar su actuación con respecto a los menores que tutela. Y señala que hasta 2009, la Comunidad sometió a menores a pruebas oseométricas en clínicas privadas, en lugar de hacerlo dentro del sistema de salud pública. Además, expone que la actuación de la Comunidad de Madrid "no quedó solo en eso, sino que fue más allá, pues en ciertos casos llegó denunciar la falsificación documental ante la jurisdicción penal de menores al no coincidir sus pruebas médicas con la documentación oficial que portaba.

Quieren encarcelar a otros tres sindicalistas de UGT

Estamos viviendo una oleada represiva sin precedentes desde la caída de la dictadura franquista. A la caza de brujas que sufren los movimientos sociales y a la brutalidad policial, se le suma la represión sindical. Ahora, la fiscalía pide tres años de cárcel a tres sindicalistas de UGT por participar en los piquetes de la última huelga general. Se suman así a los 8 de Airbus (para los que se piden ocho años de cárcel), a Carlos y Serafín y los numerosos sindicalistas del SAT encausados. No podemos permanecer impasibles ante estos ataques a nuestras libertades y derechos fundamentales. ¡La lucha es el único camino!

A continuación reproducimos el comunicado de FES-UGT de Vigo.

TRES MÁS A LOS QUE QUIEREN ENCARCELAR

El próximo martes, día 6 de mayo, a las 10:00 horas, en el Juzgado Penal nº1 de Vigo, en el edificio nuevo, se celebrará un juicio en el que el fiscal pide 3 años de cárcel para nuestro Secretario General Santos Sánchez Alonso, y otros dos compañeros, Enrique Rial y Fran Comesaña. Supuestamente por impedir el desarrollo normal de la actividad de los trabajadores de rondas de la empresa Securitas, en la última huelga general. Casualmente coincide que la jueza que determinará el fallo del juicio es la misma que condenó a los compañeros Carlos y Serafín a tres años de cárcel.

Estamos asistiendo a una agresión directa a nuestros derechos, apoyada por los juzgados, criminalizando todo tipo de respuesta social y singularmente de carácter sindical. Pretenden que no demandemos una mejora de nuestras condiciones de vida y laborales o denunciemos los continuos abusos e injusticias que la clase trabajadora padecemos. Tres años de cárcel por dirigirse a trabajadores que ocupan puestos de trabajo de huelguistas que, en un tanto por ciento muy elevado, son a consecuencia del carácter de obligatoriedad que la patronal impone a muchos trabajadores.

LA RESPUESTA TIENE QUE SER FIRME
¡TE ESPERAMOS!