El Sector de Intervención Social de
Comisiones Obreras de Madrid, alza una vez más la voz para denunciar la
precaria situación del sector y de sus profesionales, con un convenio
vigente desde el 3 de julio de 2015, el convenio estatal de Acción e
Intervención Social, que se incumple sistemáticamente, lo que reduce la
calidad de los servicios públicos.
Un convenio que empresas, fundaciones y asociaciones se permiten el lujo
de incumplir, condenando a sus profesionales a condiciones miserables, sin
ningún sentimiento de vergüenza o malestar por no cumplir con la
legalidad vigente, presentándose como “pobrecitas” víctimas, aduciendo
que las partidas presupuestarias PÚBLICAS, de los recursos PÚBLICOS que
gestionan – de las cuales llevan años beneficiándose y lucrándose - no
les permiten asumir los pseudo-dignos salarios del Convenio de
Intervención Social y los derechos sociales que el nuevo texto
reconoce a las trabajadoras y trabajadores del sector.
¿Qué conlleva esto? Pues la continuidad en la precarización laboral
instaurada y avalada por los diferentes gobiernos autonómicos y
municipales madrileños de los últimos años, sin más pretensiones que el
enriquecimiento y el empoderamiento, con dinero público, de las
diferentes empresas, fundaciones y asociaciones del sector, en las
cuales de manera directa o indirecta ha participado la clase política
dirigente.
Y todo ¿a costa de qué? Pues de lo de siempre, de reducir la calidad de
los servicios públicos (externalizados una vez más), abusar de la
contratación temporal, de la inestabilidad e inseguridad de las
plantillas, de los exiguos salarios –a veces recortados-… presionando,
intimidando, incluso coaccionando, a profesionales y a sus
representantes sindicales, en definitiva, atentando contra los derechos
de las trabajadoras y trabajadores del sector, de la población a la que
atienden (muy vulnerable, en situación o riesgo de exclusión social) y
de la ciudadanía en general, pues son las aportaciones tributarias de
todas y todos las que mantienen este sistema de mediobienestar.
Como no podía ser de otra manera, desde Comisiones Obreras llevamos años
luchando y denunciando esta situación y no pararemos de hacerlo,
apostando como solución a esta lacra por la GESTIÓN PÚBLICA de los
servicios sociales de intervención social, que son servicios públicos,
servicios de todas las personas, que pagamos todas y que deben
repercutir de forma beneficiosa, legal y justa en el conjunto de la
sociedad, y no en el lucrativo negocio en el que se ha convertido para
algunas y algunos la intervención social.
Es un desafío de presente, y de futuro, en cuyo recorrido defendemos y
defenderemos el cumplimiento de los convenios colectivos, la
dignificación de las condiciones laborales, el mantenimiento del empleo,
y el compromiso que las administraciones que externalizan servicios
deben tener con la forma en que se gestionan (articulando sistemas de
defensa y protección también de las plantillas que los ejecutan,
renunciando a los concursos tipo subasta, estableciendo cláusulas
sociales, vigilando el cumplimiento del contrato…).
Y como en Comisiones Obreras no nos escondemos, ponemos nombre y
apellidos, a algunas de estas organizaciones que con sus malas
prácticas están expoliando el sector y a sus trabajadoras
y trabajadores: ASISPA (con sus distintas caras: asociación, fundación,
UTEs…), GRUPO 5 (también con sus varios CIF), LAKOMA (en sus formas
de UTEs y asociación), ATICA, AEVIA, TRAMA, SPS…
