"El dinero de los menores tutelados se lo quedan gestores que administran el hambre ajena"

Podría decirse que Enrique Martínez Reguera tiene 67 hijos. Entre ellos hay historias de éxito y fracaso con un denominador común: todos tuvieron una oportunidad gracias a él. La vida ha dado muchas vueltas desde que Enrique decidió consagrar su hogar y su vida a cuidar a niños desfavorecidos, en situación de calle, conflictivos, huérfanos, nacionales y extranjeros. A sus 83 años, él se mantiene crítico y activo, pero es consciente de que, aunque quisiera, hoy el sistema no le permitiría ayudar como lo hizo.

La historia de Enrique permite entender cómo ha cambiado la suerte de los menores de edad que por una razón u otra están bajo tutela del Estado. A su juicio y tras más de 50 años de experiencia -y rebeldía- en la materia, el trato de las instituciones hacia los niños que están solos se ha ido deshumanizado y mercantilizado. Desde el franquismo, cuando el monopolio asistencial estaba en manos de Falange y Auxilio Social, el sistema se ha transformado en una especie de “negocio en el que no priman los más vulnerables”, asegura.

Corrían los años 70. Por entonces el maestro Enrique compaginaba la dirección del Colegio Mayor Universitario Pio XII con sus estudios de filosofía y psicología. Pero hacía tiempo que en su fuero interno sentía ganas de trabajar con chavales vulnerables. Pasó de las palabras a los hechos en el barrio chabolista de La Celsa, por entonces uno de los puntos más conflictivos y damnificados por la droga de Madrid, del que ya solo queda el recuerdo (fue demolido en 1999). Allí se ofreció para ayudar en el colegio público. Poco a poco fue labrándose la confianza y el reconocimiento de las familias payas y gitanas que allí sobrevivían. Rápidamente las Juntas de Protección de Menores, entes provinciales que se encargaban de las labores de tutela, se fijaron en su capacidad para trabajar y organizar excursiones, partidos de fútbol y otras actividades en aquel entorno difícil.

A pesar de las limitaciones, en aquella época el sistema era más flexible y cercano, “y eso que de origen esto era una cosa absolutamente falangista”, recuerda. A Enrique primero le propusieron cuidar en su casa a niños internados y rebeldes. Aceptó y, casi de inmediato, comprobó que con paciencia, hogar y cariño; los pequeños se transformaban.

El trabajo de Enrique llegó a oídos de un juez de menores, y este le propuso cuidar también a niños de reformatorio. Enrique aceptó, pero estableció la condición de que en su casa, por entonces un piso de Vallecas (Madrid). Era él quien establecía las normas, requisito que hoy las instituciones públicas no admitirían. Probaron y el resultado fue un éxito. Le decían que aquellos eran niños “peligrosísimos”, pero la situación nunca se desbordó. Pronto fueron surgiendo nuevos grupos y hogares de acogida para niños con situaciones similares a las de los “hijos” de Enrique.

Después de la Transición, la Democracia. “Recuerdo que la gente que estaba en estos temas decía ‘¿y ahora qué van a hacer con todos los de Falange y Auxilio Social?", rememora.

La trampa

Llegaron los años 80, y con ellos la heroína y los cambios en la legislación de menores. Los chicos de Enrique empezaron a engancharse. Por su casa pasaron “chiquillos muy conocidos en la época” -por su historial de robos- como El Guille, El Gasolina y El Mosque, interpretado por Luis Martínez en el filme Perros callejeros. “Sentían que nadie estaba con ellos en la vida, pero en cuanto veían que alguien se ponía de su parte, empezaban a cambiar”, explica. Aquellos chavales llegaban “totalmente rotos”, pero él veía en ellos “gente prodigiosa”. No pocos murieron de sobredosis, en medio de tiroteos, enfermos de sida o en accidentes de moto. “Un mes de enero enterramos a diez niños de en torno a 15 años. Me desanimé mucho, pensé que ya no podía soportarlo más”.

A esos días difíciles se le sumaron turbulencias en materia legal. Hasta ese momento, “las instituciones habían reconocido nuestra labor, jueces, fiscales y Juntas de Protección nos lo ponían fácil”, asegura Enrique. El Gobierno de Adolfo Suárez empezó a ensayar el Estatuto del Menor, promulgado una década después bajo el nombre de Ley de Protección Jurídica del Menor. “Esa ley puso todo en manos de la administración de las Comunidades Autónomas”, explica.

Enrique y otras personas con experiencia en el cuidado de niños desfavorecidos participaron en la elaboración del Estatuto del Menor. Durante un año acudieron de forma regular al Ministerio de Justicia. Pero aquel esfuerzo fue en vano: el gobierno de Felipe González hizo caso omiso de sus recomendaciones y lo sometió a los dictados de Interpol, similares para todos los países de la Unión Europea. Años después, el Gobierno socialista promovió la implantación de esa misma ley entre los países de América Latina -“en Argentina y Brasil incluso utilizaron los mismos carteles de propaganda que aquí sobre el estatuto del menor”-, pero esa es otra historia.

El "negocio" de los niños conflictivos

La atención a niños en situaciones difíciles “se convirtió en un tremendo negocio”, un asunto rentable para políticos, empresas y organizaciones supuestamente no lucrativas, sostiene Enrique. “Se han ido creando intereses, se han multiplicado las organizaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas que se dedican a este asunto, y todas tienen intereses”.

A Enrique y otras personas en su situación les impusieron la firma de un convenio con 17 puntos. Enrique los aceptó todos, menos tres. En primer lugar, se le exigía tener un número fijo de plazas, pero él prefería supeditar esa cifra a la situación en casa. "A veces, con seis niños se podía estar bien, otras veces con tres niños ya era difícil", se explica. En segundo lugar, se le obligaba a expulsar a los chavales al cumplir 16 o 18 años, pero Enrique pedía supeditar la decisión al "momento en el que el niño encuentre una salida”.

Por último, el punto más delicado: le explicaron que él tendría todos los deberes de padre, pero los derechos sobre el niño recaerían sobre un funcionario ajeno a su casa y a la vida del menor. “Si asumo los deberes de un padre, necesito los derechos de un padre para representar a los nenes si van a la comisaría, al juzgado, al hospital o a la escuela”.

Acusaciones de secuestro de niños

Enrique se declaró en rebeldía. No acató las exigencias y amenazaron con expulsarle de su casa y denunciarle por secuestro de niños, pero su buena fama y el apoyo de la Coordinadora de Barrios lo impidieron. Enrique siguió ayudando, pero tuvo que hacerlo en condiciones más precarias, sin apoyo económico del Estado. En los 90, mientras él proseguía con su labor, el Gobierno aprobó también dos normas esenciales en esta historia. La primera, la Ley Penal de Menores, que determina que a los niños no se les detiene, sino que se les “retiene”; no se les interroga, sino que se les “explora”.

Ninguna de las dos figuras está contemplada en el ordenamiento jurídico, por lo que su interpretación es “libre” -y no siempre la más favorable al menor-. La segunda, el Decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. A juicio de Enrique, se trata de una norma “perversa” porque “suplanta la pedagogía por el derecho penal”. “La esencia de la pedagogía es la comunión de intereses entre padres, educadores e hijos; se suprime eso y se sustituye por derecho penal: los educadores se convierten en vigilantes”.

El negocio

"Lo que ha fallado es la legislación, que ha permitido y promovido todo esto. Curiosamente, la sociedad lo ha aceptado plenamente, yo creo que por ignorancia”. Actualmente el Estado paga a las Comunidades Autónomas más de 3.000 euros por cada niño bajo tutela. Al mismo tiempo, los Centros de Menores registran algunos de los sucesos más vejatorios del presente, con ejemplos como el Centro de Menores de Hortaleza (Madrid), conocido por sus casos de malos tratos y suicidios, o el de La Purísima (Melilla), en el que un educador fue detenido por apuñalar a un menor, entre otros problemas.

A ojos de Enrique, el principal problema está en que “prevalecen los intereses económicos”. La legislación española concede a jueces y fiscales de menores la potestad para intervenir ante casos de abandono o maltrato, por ejemplo. Sin embargo, debido a que no siempre la Justicia actúa con rapidez, las Comunidades Autónomas tienen autoridad para decidir qué hacer con estos niños y jóvenes menores de edad. “Deberían asistir y después poner esa autoridad en manos de los jueces, pero la ponen en manos de fundaciones, organizaciones, empresas públicas y privadas con notorio afán de lucro”, opina Enrique en alusión a la gestión autonómica. “Estos niños no necesitan encierros inútiles, sino papeles que reconozcan su existencia legal (…) Los niños son materia de consumo de todas estas instituciones”, sentencia.

Otro de los problemas que enfrentan estos menores reside en la doble función de la Fiscalía de Menores, contemplada en la Ley de Protección Jurídica del Menor. La Fiscalía se encarga de defender los intereses de los niños, al mismo tiempo que ejerce de parte acusadora. Tras varias décadas implicado en el cuidado de niños y jóvenes desfavorecidos, Enrique afirma que el talante del fiscal de menores resulta determinante en estos casos, para bien y para mal. A veces la suerte está de parte del menor, opina Enrique, y cita el caso del fiscal Félix Pantoja, “un hombre entrañable muy interesado por los niños, que defendía sus intereses”. Como ejemplo contrapuesto, menciona el idilio de 13 familias a las que conoció recientemente en Mallorca y que han perdido la custodia de sus hijos. “Estas familias tachaban las decisiones del fiscal de mafiosas, le tenían pánico, y yo no puedo dar esa opinión, pero creo que en el Estado alguien tiene que investigar. ¿Y si fuera cierto lo que dicen esas familias?”, concluye.

Cada cierto tiempo, los medios se hacen eco de imágenes que muestran el estado de hacinamiento y desprotección de niños y jóvenes bajo tutela del Estado, a pesar de los recursos públicos que se destinan a los centros de menores, tanto gastos fijos como gastos variables en función del número de niños atendidos. “Puedo estar equivocado”, reconoce Enrique, antes de afirmar que esta aparente contradicción “se debe fundamentalmente a que los recursos que el Estado dice que dedica a los niños, en realidad terminan engrosando los intereses de estos gestores y empresas que administran el hambre ajena”. La otra cara de esta moneda la componen numerosas personas y grupos anónimos que trabajan al margen de los cauces oficiales, sin visibilidad mediática y sin apoyo del Estado.

La historia no termina

Enrique sigue viviendo en el mismo piso de Moratalaz por el que han pasado sus 67 hijos, que de vez en cuando le visitan solos o acompañados “incluso de nietos y biznietos”. Es autor de varios libros, uno de ellos de reciente actualización, Por si llegas a leernos, querido Walter (Editorial Popular), sobre la desesperada y kafkiana batalla legal de unos padres cameruneses a los que el Gobierno de Cantabria les quitó la custodia de su hijo por error, y que llevan nueve años sin poder verle.

La casa de Enrique es un pequeño museo repleto de recuerdos de Brasil y cuadros que ha pintado a lo largo de los años. Pronto espera encontrar un lugar en el que exponerlos ante el público, una ocasión que quiere aprovechar para reunir a su particular familia. “Estoy muy contento con la aventura que he vivido”, concluye Enrique, consciente de que la aventura no ha terminado.

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* Este reportaje forma parte de la serie Radiografía de los menores migrantes, elaborada por Público en colaboración con PorCausa.

Vota contra el fascismo

Este domingo nos jugamos mucho. Estas elecciones pueden llevar al gobierno a la extrema derecha, ya sin camuflaje constitucionalista. Por eso es más importante que nunca no quedarse en casa.

Pero no basta con votar, la lucha de clases no se dirime en el Parlamento, sino en la calle. Aislados somos carne de cañón, pero organizados somos imparables. En las urnas y en las calles, ¡derrotar al bloque reaccionario!

El caso Andreas y la Psiquiatría

Andreas murió de meningitis tras estar 75 horas atada en psiquiatría. Un terrible suceso que vuelve a poner de manifiesto que muchas cosas fallan en nuestra atención psiquiátrica. Una joven acude repetidamente a su centro de salud donde le diagnostican  reiteradamente amigdalitis. Cada vez peor, acude a Urgencias, donde vuelven a diagnosticarle amigdalitis, pero incluyen en el informe los "antecedentes" de salud mental familiares. Vuelve al hospital, y termina ingresada en Psiquiatría, falleciendo cuatro días después atada a la cama, por una meningitis que nadie diagnosticó.

La familia ha denunciado a los médicos participantes en el caso, y esperamos que se depuren penalmente las responsabilidades que obviamente existen. Pero este caso pone de relieve lo que muchos colectivos llevan décadas denunciando. Que una vez se te etiqueta como "enfermo mental", tus derechos más básicos pueden ser fácilmente conculcados. Sólo eso puede explicar que una persona sin ningún trastorno mental ingrese voluntariamente, y cuando manifieste que se quiere ir, termine atada a la cama hasta su muerte.

También queda demostrado que todos los controles establecidos supuestamente para evitar abusos no son más que trámites burocráticos a modo de disclaimers legales. Todo el mundo certifica lo que ha sentenciado el primero.

Todo nuestro apoyo y afecto a la familia de Andreas.  Hay que seguir luchando por unos servicios de Salud Mental públicos dignos, suficientemente dotados y democráticos. Encerrando ni se educa ni se sana. Normalmente se hacen otras cosas, más vinculadas al orden público que a la salud.

Mujeres encarceladas. Análisis crítico y feminista

Concentración de apoyo a Miguel Roldán

El Estado te puede expropiar los hijos

La privacidad familiar ocasiona el que a su sombra se puedan producir abusos. Constantemente nos llegan noticias de niños golpeados, abandonados, desatendidos por sus familias. Lo ideal sería que parientes, amigos o vecinos ayudaran a resolver el problema, pero eso no suele ocurrir por desconocimiento o indiferencia, porque hace tiempo que la política acabó con lo que había de tejido social. Será inevitable pues, que en tales casos intervenga el Estado.

Pero una intervención buena en su intención se puede volver perversa por el procedimiento empleado. La Ley de Protección Jurídica del Menor es el procedimiento empleado. Regula que la Administración pueda invadir la privacidad familiar so pretexto del “interés superior del menor”, propiciando unos procedimientos infinitamente peores que los males que trata de corregir. En realidad es una Ley de Des-protección Jurídica de la familia, un torpedo en la línea de flotación de la dignidad y privacidad familiar.

Como resultado se oye decir con frecuencia que “las Comunidades Autónomas roban niños”. Eso no es cierto sino peor, porque lo hacen a cobijo de la mencionada Ley. Los “arrebatan”, los “expropian” como quien embarga un cachivache. Os imagináis el cataclismo interior de un niño de tres o cinco años, a quien sus papás dejaron muy de mañana en la guardería, y de repente aparecen dos sujetos desconocidos que se llevan a la criatura, sin explicación o contándole que los papás enfermaron o que son peligrosos o cualquier otra milonga. Tratad de imaginar las vivencias del pequeño y tratad de imaginar que le ocurriese a vuestro hijo. Si el chaval oyó alguna vez la palabra “secuestro” ¿podrá dudar de lo que le está ocurriendo?

“Pero” eso ocurre bajo la supervisión de jueces y fiscales: apariencia garantista mendaz por inconsistente y fácil de burlar, porque la ejercen sobre una labor que la mencionada Ley encomienda a las Comunidades Autónomas y éstas a su vez la encomiendan a supuestos técnicos, ONGs, Fundaciones y a Empresas con notorio afán de lucro. Intereses mil subvencionados en los que se extravía el Interés Superior del Menor.

Ya de entrada, cómo podríamos confiar en la gestión de Comunidades Autónomas que están siendo incapaces de evitar que, bajo su jurisdicción y responsabilidad, año tras año centenares de niños estén pasando hambruna, durmiendo a la intemperie o esnifando pegamento. Según datos oficiales recientes 2´4 millones de niños en nuestro país viven en la pobreza. De éstos, 630.000 se encuentran en situación de pobreza extrema. Cáritas e infinidad de otras entidades todos los años se lo vienen advirtiendo. Por eso las Comunidades Autónomas necesitan protagonizar el rol acusador para no protagonizar el rol culpable.

Por otra parte, se trataría de ofrecer a esos niños algo mejor que lo que le ofrecen los padres que lo estén haciendo mal. Lo cual es imposible, porque no se trata de lo que una institución quiera ofrecer sino de lo que el niño necesita; y lo que el niño necesita es una buena crianza, que no es labor profesional ni institucional sino parental e íntima. Implicación de la que la Administración se escuda proclamando la “distancia óptima” profesional.

A los niños nunca les sobra tener padres; les sobran sus carencias o deterioros. Cuando un niño necesita ayuda es evidente que su familia necesita ayuda; lo que el niño no necesita es que le arrebaten lo único que le va a durar, porque la Institución al cumplir la mayoría de edad los deja en la calle, pero en peor situación: desarraigados y resentidos.

Y para mayor inri vivimos bajo unos gobiernos servilmente sometidos a los dictados financieros, con lo cual, la supuesta bienintencionada expropiación de hijos se ha convertido en un descomunal negocio: cuando un niño es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de sus padres son colonizados por un ejército de interventores profesionales subvencionados: hemos transitado de la sociedad de consumo a una sociedad de consumidores y consumidos en la que muchos viven de administrar los padecimientos ajenos. Inevitable secuela de una legislación aberrante que deshumaniza y embrutece a los que la aplican. A parte de lo que cada cual en su fuero interno se proponga ser o hacer ¿qué son los supuestos “técnicos” de los que habla la Ley? sino comisarios políticos en el más puro estilo bolchevique.

Si el Estado aplica al cuidado de estos niños un sustancioso presupuesto, un mínimo de 3.000 euros/mes  por niño expropiado ¿qué otro provecho de semejante gasto podría sacar?: El que toda la aparente labor social se convierta en un sistema policiaco de control omnímodo e impune. Los supuestos técnicos, los trabajadores sociales y otros profesionales, adquieren así un poder que da grima. Se podrán filtrar donde ni la policía puede hacerlo sin una orden judicial. Cúidate de pedirles ayuda porque sus informes podrán servir para arrebatarte los hijos.

Si ni el niño ni su familia reciben esos dineros que el Estado dice asignarles ¿a dónde van tales subsidios?: a la multitud de gestores de expropiaciones y acogimientos. ¡Qué negocio tan sofisticado, de aspecto tan discreto y altruista! Probablemente ni los que lo realizan lo vivencien como tráfico de niños, pero no por ello deja de ser una atrocidad. Recientemente conocí una madre a quien le habían arrebatado tres hijos. La ONG que los acoge recibe 9.000 euros al mes por cuidar a esas tres criaturas. ¿Os imagináis lo que cualquier familia y su vecindario podrían hacer recibiendo 9.000 euros cada mes? Recientemente di una conferencia en Palma de Mallorca. Entre los que asistieron había 14 madres/padres a quienes habían arrebatado sus hijos. Como almas heridas hablaban de “mafias”, sin tapujos. No me parece honesto ignorar sus relatos y reclamaciones escudándose en la frase “esos papás algo habrán hecho”.

Por algo se están inventando las “familias profesionales” de acogida; porque al voluntariado no se le paga y goza de tener opinión; pero a los “profesionales” sí, se les paga, y a cambio se les puede exigir docilidad.

En una sociedad normal, sana, los chiquillos viven a costa de sus papás mientras son menores; pero los que legislan se están inventando la cuadratura del círculo, un voluntariado-asalariado, el mundo al revés: papás asalariados “por acoger niños”. Y como los niños no son tontos y saben que el que paga manda, pues ¡a mandar!

Llegados a este punto me parece urgente una advertencia política: Cuándo estaremos dispuestos a enterarnos de que la dicotomía derecha/izquierda falleció de ancianidad hace más de medio siglo. China por ejemplo exhibe un comunismo y un capitalismo, de lo más unánimes.

Quienes están legislando sobre Menores tal vez se imaginen ser de derechas o izquierdas, pero en realidad son de lo más unánimes. En Mallorca por ejemplo incluso los de Podemos ya han opinado que en asuntos de Menores “los técnicos están más preparados que los jueces”, lo cual aunque pudiera ser cierto no debiera ahorrarnos garantías jurídicas.

De la anécdota que sigue, hablando de unanimidad, doy fe en primera persona:

De 1976 a 1979, Landelino Lavilla fue Ministro de Justicia del Gobierno de Adolfo Suárez. Decidió que algunos entendidos elaborasen un “Estatuto del Menor”, una legislación especial para proteger a la infancia. Y se desvivió en hacer propaganda de lo democrático que iba a ser. Pero cuando lo llevó al parlamento al Estatuto del Menor le habían cambiado hasta los entresijos y le llamaron Ley de Protección Jurídica del Menor. “Derechas” e “Izquierdas” de entonces, Alianza Popular, el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español y demás grupos parlamentarios, la aprobaron con entusiasmo unánime, sin formular una sola pregunta ni poner una sola objeción.

No podía ser de otro modo porque la Ley de Protección Jurídica del Menor la había redactado la Interpol en Schengen para toda Europa y ya estaba aprobada antes de ir al Parlamento.

Sospecho que por el tono de algunos de estos párrafos no faltará quien les atribuya excesivo apasionamiento; será si consideran más importante guardar la compostura y las buenas maneras que el que te arrebaten los hijos.

Enrique Martínez Reguera

No hay democracia sin derecho a decidir

8M Huelga General Feminista

El Estado español se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Seguimos teniendo mayor dificultad para acceder al mercado laboral (el 60% de la población inactiva es femenina) y cuando lo hacemos, cobramos menos, de media un 23% menos que nuestros compañeros (diferencia que va en aumento). Esta brecha salarial de género se debe a varios factores. Los sectores más feminizados tienen peores convenios o directamente no se les aplica ninguno (dos de cada tres trabajadores pobres son mujeres), y la parcialidad y temporalidad en la contratación también se ceba en nosotras: el 74% de los contratos a jornada parcial y el 67% de los contratos temporales. 

La brecha salarial se perpetúa, conllevando una desigualdad en las pensiones. La menor cotización y los efectos de los parones en la vida laboral por motivos familiares (el 84% de las excedencias por cuidado de hijos fueron solicitadas por mujeres) terminan afectando, de manera que sólo el 37% de las mujeres percibe una pensión por jubilación frente al 62% de los hombres. Además, las que cobran pensión perciben de media un 38% menos que los hombres.     
              

¡Basta de precariedad y salarios de miseria!

Por otro lado, los roles de género impuestos por la sociedad patriarcal, y sobretodo el desmantelamiento de los servicios públicos y la política de recortes y austeridad, recayendo mayoritariamente en las mujeres las tareas de cuidados, han agravado y profundizado esta desigualdad y opresión. En 2019 las mujeres seguimos siendo las encargadas de los cuidados a terceros, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Los sectores vinculados a los cuidados (SAD, Geriatría, Intervención Social, atención a la Diversidad) son fundamentalmente femeninos (el 85% somos mujeres). Sólo nos supera en grado de feminización el sector del Empleo Doméstico.    

Sufrimos una clara discriminación de género por dedicarnos laboralmente a los Servicios Sociales. Los datos son claros. Para acabar con la brecha salarial de género, es imprescindible que los sueldos de sectores como el nuestro, el de los Servicios Sociales, predominantemente femenino, se equiparen al alza con los sueldos existentes en otros sectores, y que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT dejen de firmar Convenios Colectivos que perpetúan la precariedad y los bajos salarios, como ha ocurrido con el nuevo Convenio de atención a la discapacidad.           

La igualdad se conquista luchando en las calles. Es necesaria una acción sindical combativa para imponer verdaderos Planes de Igualdad en todas las empresas, y que la lucha por los derechos de la mujer trabajadora no se reduzca a meras acciones o planes simbólicos de cara a lavar la cara de los mismos empresarios que nos explotan y perpetúan esta desigualdad. Por eso es necesario recuperar un sindicalismo de clase y combativo, que nos permita, luchando junto a nuestros compañeros, arrancar mejoras salariales, estabilidad en el empleo, y verdaderas medidas de conciliación en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Este es el único camino, y no la política de gestos vacíos que practican los dirigentes sindicales cada 8 de marzo, para volver al día siguiente a la política de paz social y de constantes cesiones ante empresarios y empresarias. 

Solo así evitaremos, por ejemplo, que las evaluaciones de riesgo y los planes de prevención en nuestro sector sean un mero paripé, afectándonos especialmente a las mujeres. Algo que lleva, en la práctica, a que en muchas ocasiones conseguir la baja por riesgo durante el embarazo suponga una lucha titánica para la trabajadora (además del riesgo de quedar estigmatizada por la empresa). Exigimos que en dichas situaciones se reconozca automáticamente en cuanto la trabajadora comunique el riesgo existente. 

Existe una realidad completamente invisibilizada, tratada como un tabú: la violencia machista que sufrimos en el ejercicio de nuestras funciones en el puesto de trabajo, ejercida por usuarios pero también por otros trabajadores. Esta violencia va desde insultos sexistas y ninguneo por nuestra condición de mujeres, hasta situaciones de acoso por razón de género y agresión sexual. Por regla general, estas situaciones se minimizan e incluso se ocultan. Es intolerable. Se debe ser dar visibilidad a esta realidad, incluirla en las evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención, y conformarse Comités Mixtos de trabajadoras y trabajadores que impidan con contundencia este tipo de actuaciones y agresiones machistas. 

Más hechos y menos palabras. El 8 de marzo, ¡huelga general de 24 horas!

Hay razones más que de sobra para paralizar los centros de trabajo y secundar la HUELGA GENERAL de 24 horas el próximo 8 de Marzo, inundando las calles en centenares de manifestaciones convocadas a lo largo y ancho de todo el Estado. Sin embargo, de nuevo, como el año pasado, los dirigentes de CCOO y UGT plantean convocar paros parciales de dos horas, probablemente muchos de ellos acordados con las propias empresas. ¡Ese no es el 8 de marzo que queremos! ¡Queremos un 8 de marzo de huelga, lucha y reivindicación! 

Un 8 de Marzo para enfrentar en las calles, con contundencia, a esa derecha reaccionaria y franquista conformada por VOX, el PP y Ciudadanos, que quieren hacernos retroceder en todos nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. La CGT ya ha convocado formalmente, junto a otros sindicatos, Huelga General de 24 horas para el 8 de marzo. Algunos sectores en CCOO, como la Federación de Enseñanza o Intervención Social Madrid también han planteado ya la convocatoria de huelga general, así como el Sindicato de Estudiantes, llamando a las y los estudiantes en institutos y universidades de todo el Estado a paralizar las aulas. ¡Este es el camino! ¡Solo así derrotaremos a la derecha y a la reacción! ¡Y solo así acabaremos con la violencia machista y la austeridad capitalista! ¡Todas y todos a la huelga y a las manifestaciones!    

Unión de Plataformas Servicios Sociales y Diversidad 

¿Qué fue de? Jose Ignacio Arias Moreno

Este abogado con presencia y aires de inspector franquista, fue durante años el perro guardián de la fundación. Su principal labor era amedrentar a las plantillas controlando el departamento de RRHH como si de un campo de concentración se tratara.

Incluso llevó de la mano a los pocos trabajadores que se presentaron en los juzgados tras la campaña de demandas que emprendieron, en uno de los espectáculos que más asco-pena e hilaridad nos han provocado en estos años de lucha contra O´Belen. Resulta patético ver a un grupo de trabajadores arrastrar su dignidad por el fango en defensa del honor del patrón. Incluso más que los balbuceos incoherentes de Emilio Pinto en televisión tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo.

Sí, es el señoro de la corbata

Como ocurre muchas veces, al final resulta que el manijero es más facha que el terrateniente. Jose Ignacio también hizo sus pinitos en la política, como candidato en 2004 al Senado por el PADE (Partido Demócrata Español), una escisión por la derecha del PP, motivada por el "giro al centro" emprendido por Jose María Aznar. ¿Habrá mandado ya el curriculum a Vox, como Carmen Balfagón?

¿A qué se dedica en la actualidad? La respuesta es tenebrosa. Es el responsable del Área de Menores de la Fundación Salud y Comunidad. ¿Además de los centros, también se hizo cargo de sus directivos cuando desapareció O´Belen? ¿Cambiarlo todo para que no cambie nada?

Toda entera para tí, Martínez el Facha 

 

Las instituciones contra la infancia

Samur Social en lucha

Concentraciones feministas contra el bloque fascista

Manifestación contra la crueldad carcelaria

Se ha convocado una manifestación para apoyar desde este lado de los muros a lxs presxs en lucha. Entre el 10 y el 25 de este mes están en huelga de hambre. Es la tercera huelga convocada, tras las realizadas en mayo y octubre. Simplemente piden respeto por los Derechos Humanos. Estos son los 12 puntos que reivindican, a los que han decidido sumar el Decálogo Sanidad en Prisión (elaborado por la APDHA).

1ª) Exigimos el fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la impunidad de los carceleros en su práctica en todas las cárceles del Estado español, con la creación de mecanismos de control y garantía de que no van a volver a producirse, y de procedimientos de vigilancia y prevención totalmente independientes de las administraciones estatales. Que los juzgados tramiten todas las denuncias, que el médico forense examine inmediatamente a los denunciantes y que se mantenga fuera del contacto con la población reclusa a todxs lxs carcelerxs que hayan sido denunciadxs por malos tratos, tato inhumano, vejatorio, tortura, abuso de poder o exceso de rigor de obra o de palabra.

2ª) La erradicación de los FIES, abolición del llamado “régimen especial” de castigo y cierre absoluto de los departamentos de aislamiento, porque conducen a la persona presa que los sufre a estados vegetativos, anulando y destruyendo su personalidad a través de la sumisión y las privaciones de todo tipo: sensorial, cultural, relacional, afectiva… Porque sirven para reprimir y silenciar cualquier tipo de reivindicación, apartándonos del resto de la población reclusa con la excusa de que ejercemos en ellos la influencia de nuestro sentir libertario, para así poder pisotearnos, dividirnos al antojo de la “institución”, degradarnos física, psíquica y moralmente, anular nuestros derechos fundamentales y suprimirnos como seres humanos.

3ª) El fin de la dispersión de presxs. Exigimos que cada presx pueda cumplir sus condenas en sus comunidades de origen o allá donde se encuentre su entorno afectivo. Y, por supuesto, para evitar que nuestras amistades y familias se arriesguen a sufrir accidentes de tráfico, muy frecuentes por venir desde cientos de kilómetros para vernos 40 minutos de mierda  tras un cristal

4ª) Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a IIPP, sino que sean independientes de ellas, para que lxs presxs reciban los mismos tratamientos que la gente de la calle;  para evitar la práctica de la “vista gorda” en los partes de lesiones por torturas, palizas y malos tratos y que se manipulen los informes clínicos, falseándolos; y para evitar etiquetas de “sobredosis”, “ahorcamientos”, etc. a los presxs asesinadxs en las cárceles del Estado español ¡Basta ya de impunidad y complicidad corporativista entre médicos carceleros y carceleros!

5ª) Exigimos la aplicación inmediata de los arts. 104.4 y 196 RP a todxs lxs enfermxs crónicxs, sin que exista el requerimiento de que entren en fase terminal. En una fase media ya deberían ser excarcelados para poder ser tratados y cuidados dignamente, cosa imposible dentro de las cárceles. ¿Qué justicia permite morir a seres humanos como están muriendo muchxs compñerxs presxs? ¿Acaso no merecen vivir sus últimos días con su entorno afectivo?

6ª) Respecto a lxs enfermxs mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Nosotrxs, como presxs en lucha, nos comprometemos a velar por todxs ellxs. No permitiremos que se les torture ni que se haga negocio con ellxs.

7ª) Exigimos que los “programas” con metadona, tratamientos psiquiátricos, etc. vayan acompañados de grupos de apoyo, psicólogos, terapeutas, etc. independientes de las II PP, con el único fin de que sirvan para dejar las drogas, no para sustituir las adicciones de lxs presxs por adicciones a drogas legales que les llevan a depender del Estado. Consideramos el mal uso de estos “programas”, sin apoyo, tortura continuada.

8ª) Exigimos que haya apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por lxs compañerxs muertxs en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman “democracia” hasta el día de hoy. Exigimos la publicación en los medios de manipulación de masas, mal llamados “medios de comunicación nacionales”, del total de esas muertes con el fin de que la sociedad comprenda lo que están subvencionando con sus impuestos. Y que lxs responsables de todas las muertes de nuestrxs compañerxs sean juzgados por lo que han hecho. ¡¡Ni olvido ni perdón por las muertes en las cárceles del Estado español!!

9ª) Queremos que las estructuras carcelarias abran sus aulas, talleres, gimnasios, etc., accesos formativos y culturales a lxs presxs que tachan de “irrecuperables” y que las unidades docentes nos impartan clases como al resto de presxs. ¿Qué justicia permite la privación del derecho a la cultura? Se llenan la boca de palabras grandilocuentes como “reinserción”, “rehabilitación”, etc., pero sus cárceles  fomentan la prisionización, la degradación humana, el deterioro de la salud, la drogadicción, el desarraigo social y familiar…

10ª) Exigimos que los “módulos de respeto” no sean utilizados como escaparates, para pasear a los visitantes ¿Por qué no los pasean por las celdas de castigo o por los “módulos conflictivos”? Exigimos que no se utilicen como se hace ahora estos “módulos de respeto” para chantajear a lxs chavalxs con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradarles moralmente y esclavizarles.

11ª) Exigimos que se deje de cachear integralmente a las familias y amistades visitantes y que se deje de utilizar rayos X para revisar a lxs presxs. Y que se pueda comunicar por cualquier vía con amistades sin ninguna limitación ni requisito burocrático.

12ª) Exigimos a los juzgados, fuerzas de seguridad del Estado y represrxs varixs que no criminalicen la solidaridad entre personas. Lxs presxs y lxs grupos de apoyo a presxs somos unx. Si lxs tocáis a ellxs nos tocáis a nosotrxs."

Hortaleza con valores

El racismo, la xenofobia, el odio, la violencia contra el diferente... va calando en las personas más sencillas de los barrios.

En Hortaleza, la problemática que ha causado la mala gestión del centro de menores de Hortaleza, ha generado en las redes sociales un tsunami de insultos, ruido, desprecios, “gritos”, racismo no solo hacia los niños y chicos de la calle que mal viven en el barrio, sino también a absolutamente todos y todas las adolescentes de ese centro, estigmatizados, etiquetados, juzgados y pre-juzgados. Ante esto Ana crea una página de facebook "Hortaleza con Valores" un espacio no tóxico, de solidaridad, de encuentro, donde el tema de estos chicos y chicas pueda ser tratado desde el respeto.

A partir de ahí Ana se va involucrando más en la vida de estos muchachos que viven en la calle. Así en la entrevista nos cuenta su experiencia personal y su descubrir de la problemática del Sistema de Protección, el desamparo, el conocer a estos niños, el encuentro con una realidad escondida, tapada, olvidada.

Escúchalo en Los Sonidos de mi Barrio

Movilizaciones por un trato digno a nuestros mayores

¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros! ¿Pero qué pasa con Marta Higueras?

Vamos ya camino de los cuatro años de gobierno del cambio en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando celebrábamos en Las Vistillas que por fin echábamos a la derecha de Madrid, sólo unos pocos incautos creían que esto era el inicio de la revolución. Pero sí esperábamos cambios de calado, sobre todo en nuestros Servicios Sociales. ¿Y qué ha pasado?

Pues que los Servicios Sociales que dependen del Ayuntamiento están al borde del colapso. Más allá de afinidades ideológicas, la realidad es esta. Empezaron incumpliendo su promesa de recuperar los servicios públicos para la gestión directa (no Manuela, los programas electorales no son meras sugerencias, son un compromiso político y ético). De hecho, en el Área de Equidad ni se permite el debate sobre remunicipalización. Y este empecinamiento en defender un modelo de gestión neoliberal ha llevado a que bajo el gobierno de Ahora Madrid, la mayor parte de los servicios sociales externalizados (casi todos los recursos) hayan caído bajo la "gestión" de fondos buitre. Es el caso de Samur Social, controlado por Corpfin Capital tras el parapeto de Grupo 5.

Las decisiones políticas de Marta Higueras (máxima responsable del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) han mantenido a sus profesionales privatizados en la más absoluta precariedad. Y obviamente a las personas atendidas, cuyas vidas siguen dependiendo de las "leyes del mercado".

Y lo poco público que queda, tampoco va bien. Ahí está el Centro de Acogida San Isidro, con funcionarios que llevan 20 años con los complementos salariales congelados. O el nuevo "Plan de mejora de Servicios Sociales", que básicamente significa reducir el tiempo de atención por usuario para atender a más gente al día (lo de la calidad ya tal, aquí lo que importan son las estadísticas) y que las profesionales pierdan el control de sus agendas, que serán centralizadas (¿y externalizado el asunto?). Ni la derecha más rancia se hubiera atrevido a meter el fordismo como modelo de Trabajo Social. El próximo martes 27 desde las 12 estaremos en la concentración apoyando a las trabajadoras sociales municipales frente al Palacio Cibeles (c/ Montalbán) contra este escandaloso atropello.

Si todo esto fuera poco, además tenemos la situación de los refugiados y de las familias deshauciadas, a quienes el Departamento de Samur Social y Atención a Personas sin Hogar está echando de sus pensiones y demás recursos, dejándolas en la puta calle, fuerza pública y dejación de funciones del gobierno central mediante. La plantilla de Samur Social ha dado la voz de alarma.

Por todo esto y mucho más (los recursos dependientes de otras administraciones están igual de mal) además del 27, tenemos otra cita el 1 de diciembre en Callao, en defensa de unos Servicios Sociales públicos y de calidad. El Candelero ha entrevistado a la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad. Escúchalo aquí

25N: ¡Basta de machismo y opresión!

Manifestación contra el racismo institucional

Denuncian a dos educadores por maltrato y vejaciones a niños de 1 a 3 años

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander está investigando una denuncia presentada por supuesto maltrato a menores en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia (Santander). El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) afirma que no tiene constancia de que se haya producido ningún maltrato o vejación a menores en el centro y asegura que ningun juez les ha comunicado que se esté investigando.

IU ha dado a conocer hoy esta denuncia, que habrían planteado trabajadores del comedor escolar, y fuentes judiciales han confirmado a Efe que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital está investigando. El juez ya ha tomado declaración a varios testigos pero todavía quedan pruebas por practicar antes de concluir la instrucción.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se dirige contra dos educadores por lo que se considera actos de maltrato y vejaciones a menores de entre uno y tres años. Se relatan actuaciones de variada naturaleza, entre ellas, que los denunciados cogían fuertemente a los niños, los zarandeaban y los reñían y gritaban «de forma desproporcionada».

En la denuncia también se señala que en el comedor, si alguno de los menores no comían como los educadores esperaban, los sujetaban «fuertemente» de la cabeza para introducirles «de forma rápida y repetida» varias cucharadas, lo que les provocaba vómitos, según el relato que se hace de los hechos. Y se añade que también se propinaba golpes a los niños para que comieran.

La denuncia destaca que se puso todo ello en conocimiento de la dirección del centro, que hubo reuniones del personal para abordar este asunto, y que al final hubo «presiones» a los empleados testigos de los hechos y que se intentaron «tapar» para que no trascendieran.

Izquierda Unida de Cantabria ha desvelado este martes la existencia de la denuncia judicial por «maltrato» y «vejaciones» a niños de cero a tres años. El portavoz de IU y concejal en Santander, Miguel Saro, ha afirmado que los hechos se denunciaron «hace casi un año» y se pusieron en conocimiento de la directora del Icass, Felisa Lois, «quien a día de hoy no ha emitido ningún tipo de respuesta al conflicto grave abierto» y no hizo «nada» para prevenirlo y evitarlo.

El portavoz de IU ha lamentado «la falta de protocolos de actuación» y ha considerado que «es necesario intervenir cuanto antes para disponer de herramientas que permitan actuar» en estas situaciones.

Este edil, abogado de profesión, ha indicado que la denuncia se presentó hace unos «meses» -este mismo año- contra «varios» trabajadores del centro por supuestos «maltratos» y «vejaciones» a pequeños atendidos en estas instalaciones, cometidos en distintos días en el transcurso de actividades cotidianas, como la alimentación.

Además, el portavoz de IU ha censurado la «pésima» gestión de ciertos datos de los menores, como imágenes, de las que habrían hecho uso trabajadores del centro.

La directora general del Icass, Felisa Lois, se ha mostrado «sorprendida e indignada» ante las acusaciones de IU Cantabria y ha destacado que «en política no puede servir todo». Por ello ha advertido de que «se está generando una alarma social que no se ha contrastado» y que «eso es muy grave».

Ha insistido en que ni ella, ni el Icass tienen conocimiento de que haya «una denuncia tan grave como ésta, que pone en entredicho la atención que prestan los profesionales del CAPI hacia los menores».

Además, la directora del Icass ha manifestado que «siempre que se ha detectado la más mínima incidencia relacionada con el servicio, se ha reaccionado rápidamente y se han puesto en marcha los mecanismos con los que cuenta la Administración para darles solución de manera inmediata y para que no interfieran en la calidad del servicio».

En este sentido, Lois ha manifestado que en el Icass «se ha tenido conocimiento de una serie de incidencias laborales, entre trabajadores, relacionadas con el funcionamiento diario del centro«. «Ante esas situaciones laborales, el Icass ya está actuando, y se ha solicitado una auditoría a la Inspección de Servicios Generales para que evalúe la distribución de funciones de los trabajadores del CAPI», ha explicado.

La directora general del Icass ha querido aclarar que las incidencias detectadas «no están relacionadas con las manifestaciones realizadas hoy por Izquierda Unida» y ha mostrado la disposición del instituto, como en todos los casos, a colaborar en todo momento con la justicia.

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