¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros! ¿Pero qué pasa con Marta Higueras?

Vamos ya camino de los cuatro años de gobierno del cambio en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando celebrábamos en Las Vistillas que por fin echábamos a la derecha de Madrid, sólo unos pocos incautos creían que esto era el inicio de la revolución. Pero sí esperábamos cambios de calado, sobre todo en nuestros Servicios Sociales. ¿Y qué ha pasado?

Pues que los Servicios Sociales que dependen del Ayuntamiento están al borde del colapso. Más allá de afinidades ideológicas, la realidad es esta. Empezaron incumpliendo su promesa de recuperar los servicios públicos para la gestión directa (no Manuela, los programas electorales no son meras sugerencias, son un compromiso político y ético). De hecho, en el Área de Equidad ni se permite el debate sobre remunicipalización. Y este empecinamiento en defender un modelo de gestión neoliberal ha llevado a que bajo el gobierno de Ahora Madrid, la mayor parte de los servicios sociales externalizados (casi todos los recursos) hayan caído bajo la "gestión" de fondos buitre. Es el caso de Samur Social, controlado por Corpfin Capital tras el parapeto de Grupo 5.

Las decisiones políticas de Marta Higueras (máxima responsable del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) han mantenido a sus profesionales privatizados en la más absoluta precariedad. Y obviamente a las personas atendidas, cuyas vidas siguen dependiendo de las "leyes del mercado".

Y lo poco público que queda, tampoco va bien. Ahí está el Centro de Acogida San Isidro, con funcionarios que llevan 20 años con los complementos salariales congelados. O el nuevo "Plan de mejora de Servicios Sociales", que básicamente significa reducir el tiempo de atención por usuario para atender a más gente al día (lo de la calidad ya tal, aquí lo que importan son las estadísticas) y que las profesionales pierdan el control de sus agendas, que serán centralizadas (¿y externalizado el asunto?). Ni la derecha más rancia se hubiera atrevido a meter el fordismo como modelo de Trabajo Social. El próximo martes 27 desde las 12 estaremos en la concentración apoyando a las trabajadoras sociales municipales frente al Palacio Cibeles (c/ Montalbán) contra este escandaloso atropello.

Si todo esto fuera poco, además tenemos la situación de los refugiados y de las familias deshauciadas, a quienes el Departamento de Samur Social y Atención a Personas sin Hogar está echando de sus pensiones y demás recursos, dejándolas en la puta calle, fuerza pública y dejación de funciones del gobierno central mediante. La plantilla de Samur Social ha dado la voz de alarma.

Por todo esto y mucho más (los recursos dependientes de otras administraciones están igual de mal) además del 27, tenemos otra cita el 1 de diciembre en Callao, en defensa de unos Servicios Sociales públicos y de calidad. El Candelero ha entrevistado a la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad. Escúchalo aquí

25N: ¡Basta de machismo y opresión!

Manifestación contra el racismo institucional

Denuncian a dos educadores por maltrato y vejaciones a niños de 1 a 3 años

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander está investigando una denuncia presentada por supuesto maltrato a menores en el Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia (Santander). El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) afirma que no tiene constancia de que se haya producido ningún maltrato o vejación a menores en el centro y asegura que ningun juez les ha comunicado que se esté investigando.

IU ha dado a conocer hoy esta denuncia, que habrían planteado trabajadores del comedor escolar, y fuentes judiciales han confirmado a Efe que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital está investigando. El juez ya ha tomado declaración a varios testigos pero todavía quedan pruebas por practicar antes de concluir la instrucción.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, se dirige contra dos educadores por lo que se considera actos de maltrato y vejaciones a menores de entre uno y tres años. Se relatan actuaciones de variada naturaleza, entre ellas, que los denunciados cogían fuertemente a los niños, los zarandeaban y los reñían y gritaban «de forma desproporcionada».

En la denuncia también se señala que en el comedor, si alguno de los menores no comían como los educadores esperaban, los sujetaban «fuertemente» de la cabeza para introducirles «de forma rápida y repetida» varias cucharadas, lo que les provocaba vómitos, según el relato que se hace de los hechos. Y se añade que también se propinaba golpes a los niños para que comieran.

La denuncia destaca que se puso todo ello en conocimiento de la dirección del centro, que hubo reuniones del personal para abordar este asunto, y que al final hubo «presiones» a los empleados testigos de los hechos y que se intentaron «tapar» para que no trascendieran.

Izquierda Unida de Cantabria ha desvelado este martes la existencia de la denuncia judicial por «maltrato» y «vejaciones» a niños de cero a tres años. El portavoz de IU y concejal en Santander, Miguel Saro, ha afirmado que los hechos se denunciaron «hace casi un año» y se pusieron en conocimiento de la directora del Icass, Felisa Lois, «quien a día de hoy no ha emitido ningún tipo de respuesta al conflicto grave abierto» y no hizo «nada» para prevenirlo y evitarlo.

El portavoz de IU ha lamentado «la falta de protocolos de actuación» y ha considerado que «es necesario intervenir cuanto antes para disponer de herramientas que permitan actuar» en estas situaciones.

Este edil, abogado de profesión, ha indicado que la denuncia se presentó hace unos «meses» -este mismo año- contra «varios» trabajadores del centro por supuestos «maltratos» y «vejaciones» a pequeños atendidos en estas instalaciones, cometidos en distintos días en el transcurso de actividades cotidianas, como la alimentación.

Además, el portavoz de IU ha censurado la «pésima» gestión de ciertos datos de los menores, como imágenes, de las que habrían hecho uso trabajadores del centro.

La directora general del Icass, Felisa Lois, se ha mostrado «sorprendida e indignada» ante las acusaciones de IU Cantabria y ha destacado que «en política no puede servir todo». Por ello ha advertido de que «se está generando una alarma social que no se ha contrastado» y que «eso es muy grave».

Ha insistido en que ni ella, ni el Icass tienen conocimiento de que haya «una denuncia tan grave como ésta, que pone en entredicho la atención que prestan los profesionales del CAPI hacia los menores».

Además, la directora del Icass ha manifestado que «siempre que se ha detectado la más mínima incidencia relacionada con el servicio, se ha reaccionado rápidamente y se han puesto en marcha los mecanismos con los que cuenta la Administración para darles solución de manera inmediata y para que no interfieran en la calidad del servicio».

En este sentido, Lois ha manifestado que en el Icass «se ha tenido conocimiento de una serie de incidencias laborales, entre trabajadores, relacionadas con el funcionamiento diario del centro«. «Ante esas situaciones laborales, el Icass ya está actuando, y se ha solicitado una auditoría a la Inspección de Servicios Generales para que evalúe la distribución de funciones de los trabajadores del CAPI», ha explicado.

La directora general del Icass ha querido aclarar que las incidencias detectadas «no están relacionadas con las manifestaciones realizadas hoy por Izquierda Unida» y ha mostrado la disposición del instituto, como en todos los casos, a colaborar en todo momento con la justicia.

eldiariomontañes

Mena Wellcome. Madrid, caso paradigmático

Mena: menor extranjero no acompañado. Así se llama oficialmente a los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. La ley (y el sentido común) dicta que deben ser atendidos como niños en situación de desamparo. Sin embargo, las distintas administraciones tratan de "quitarse el marrón", incluso mandado a estos chavales a otras comunidades autónomas de forma clandestina.

Y cuando superan todas las trabas, como la determinación de su edad (una batalla continua para evitar el limbo jurídico que significa ser "mayor de edad" para el sistema de protección de menores, pero "menor de edad" para las demás administraciones e instituciones), se encuentran con todas las carencias del sistema de protección de menores. Pero aquí no acaban los problemas. ¿Qué ocurre cuando cumplen la mayoría de edad?

Pues que son expulsados de los centros de protección de menores (muchas veces sin la documentación en regla, vulnerándose de nuevo la ley desde las propias administraciones). Abandonados a su suerte, en la calle con una mano delante y otra detrás. Ante el escándalo, el Ayuntamiento de Madrid ofrece sus servicios: la red de atención a personas sin hogar. Una red también privatizada y colapsada (las listas de espera son eternas para quien duerme en la puta calle). Lo mismo se hace con refugiados políticos, familias desahuciadas, etc. Se está llenando de "menas" el Centro de Acogida Luis Vives (el menos inadecuado de toda la red, pero que también tiene sus cosillas).

Madrid, caso paradigmático de cómo se afronta la migración infantil en nuestro país. Pero también paradigma del compromiso social con los más vulnerables. Ahí tenemos la labor incansable de las compañeras de la Fundación Raíces, el Banco Obrero Solidario de Alimentos, San Carlos Borromeo, Hortaleza Boxing Crew, y un largo etc. Incluso la plantilla del centro de Hortaleza está denunciando la situación.

Por un lado tenemos vulneración de derechos, abandono y maltrato institucional, junto a una campaña racista de criminalización de, no lo olvidemos, niños y niñas desamparadas. Pero por el otro, tenemos la creciente contestación social y la solidaridad del pueblo madrileño. Las espadas siguen en alto. Pero a los "mena" se les acaba el tiempo.