7 de julio: Manifestación en recuerdo de Ramón Barrios

Por todxs lxs chavalxs que mueren en los centros de menores
Domingo 7 de julio de 2013, 18h.
Metro Ciudad de los Ángeles
El segundo fin de semana, una psicóloga del centro acudió a casa de sus familiares a darles la noticia de su muerte. Parada cardio-respiratoria. ¿El motivo de la parada? No se sabe, estaba nervioso, le aplicaron una contención y murió. Fue en el tanatorio, cuando el maquillaje desaparecía, cuando aparecieron los signos de una paliza.
Aparentemente la realidad de estas cárceles para niños/as ha cambiado significativamente desde que hace unos años vieran la luz una serie de casos de malos tratos y muertes, muy comentados en los medios de comunicación. Sin embargo, el que los carceleros/as tengan más cuidado en los métodos de “contención”, el que los jueces de menores hagan visitas de “control” a los centros (generalmente, como en el caso del centro de menores de Valladolid (Zambrana), previo aviso al director/a del centro) no ha cambiado que nuestros chavales/as sigan encerrados/as, cumpliendo condenas en cárceles y sometidos/as a la autoridad, y la impunidad, de quienes se encargan de mantenerles encerrados/as, reeducándoles. Por eso queremos recordar con esta manifestación a Ramón, porque su muerte no fue simplemente un “exceso” en la aplicación de unos métodos, ni un fallo en la ejecución de la ley de responsabilidad penal de menores, es decir una ley de enjuiciamiento criminal de niños y adolescentes menores de 18 años, fue la consecuencia lógica de una sociedad que encierra sus problemas, que mira para otro lado para no ver que existen personas, y entre ellas niños/as, que viven privados/as de libertad. Recordar a Ramón, es recordar que todavía existen muchos chavales y chavalas encerradas, que el Estado nos quita la capacidad y la posibilidad de gestionar nuestra vida y nuestros conflictos y después nos encierra. Y encierra a nuestros hijos/as, hermanos/as, compañeros/as, nietos/as, etc. arrebatándoles sus vínculos, sus afectos, sus lugares, su vida.
No creemos en sus leyes, no creemos en su Justicia. La respuesta a los problemas de nuestros chavales/as es la respuesta a nuestros propios problemas, a los problemas de nuestros barrios y pueblos. Y su solución no es, ni puede ser, en ningún caso la cárcel. La cárcel es la solución para los intereses del Poder. La cárcel, también las de niños/as, profundiza en el desarraigo, genera sufrimiento y muerte y perpetúa la marginación y la exclusión.
Quieren barrer los conflictos de esta sociedad debajo de la alfombra para que no se vean, para borrarlos. Para que no nos dé por pensar cuál es el verdadero problema y cómo lo queremos solucionar, nosotros/as mismos. Les encantaría que nadie oyera hablar de Ramón, que nadie supiera que a un chaval de 19 años que estaba cumpliendo una condena en una cárcel le mataron a golpes. Nosotros/as no lo vamos a permitir, seguiremos luchando contra ellos/as, contra sus cárceles y contra su sociedad. Por Ramón, por nosotros/as y por todos/as los/as demás.

CONVOCAN: Asamblea Contra los Centros de Menores Cerrados, Coordinadora de Barrios 

Nuevo gerente del IMFM a la fuga: cinco directores en dos años

El Nuevo Director Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, Don Guillermo García-Cortes, ha presentado su dimisión voluntaria e irrevocable a solo tres meses de haber tomado posesión de su cargo. Con el nombramiento de la nueva Directora en el BOCM este pasado viernes día 14, Doña María José Barrero García, ya son cinco las personas responsables que han pasado por el organismo madrileño al que se le presupone que tienen que salvaguardar los derechos de los menores y las familias.

La renuncia irrevocable del Gerente efímero, juez para más detalles, sin duda se debe a la irresponsable gestión del IMFM hasta las fechas, donde aparte del caos administrativo, la vulneración de los derechos de la Infancia campaban a su anchas. Hacerse cargo de este organismo madrileño le hubiese supuesto asumir las responsabilidades de lo que allí sucedía, y cualquier magistrado con algo de cordura sabe perfectamente que esto podría sentenciar de por vida su carrera judicial. Por lo que no es de extrañar la espantada dada, viniendo a confirmar las denuncias realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que en la presente Legislatura ha evidenciado cualquier tipo de irregularidades en lo que un principio se llamó Instituto Madrileño de Atención la Infancia, para nombrase posteriormente Instituto Madrileño del Menor y la Familia, y por ultimo denominarse Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, contemplando como etimológicamente el fin con el que fue creado ha pasado a ser el último de la cola en la denominación, cuestión nada baladí que evidencia de forma sintomática lo que en este organismo ha venido sucediendo 

Hemos denunciado por activa y pasiva que en la actualidad no se están atendiendo buena parte las denuncias de los trabajadores sociales ante las situaciones de abandono y desamparo de los menores en la Comunidad de Madrid desde junio del 2011, desde que el Señor Salvador Victoria aterrizó en la Consejería de Asuntos Sociales, y aun en el presente permanece esa orden no escrita. Solo se están atendiendo en su gran mayoría los ingresos en las residencias de primera acogida de los casos judicializados y los que lleva la policía, donde no queda otra opción que la de actuar. Existe una Tabla en la Memoria del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor del 2011 que muestra de forma clara e inequívoca que los ingresos se dividieron por dos a partir de esa fecha; hecho absolutamente inexplicable; teniendo en cuenta que la actual situación de crisis y aumento de los índices de pobreza afectan de forma brutal a las familias, aumentando de forma exponencial la vulnerabilidad de las niñas y los niños, tal como indican los informes de organizaciones de tanta relevancia como UNICEF o Save the Children.

Pero por si no tuvieran suficiente crédito los hechos anteriormente mencionados, de forma reciente pudimos escuchar en unas Jornadas de Familia e Infancia a la Presidenta de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid pronunciarse en el mismo sentido.

¿Y a qué obedece esto? Pues a una cuestión absolutamente escalofriante, la económica, cuantos menos niños haya en las residencias, menos gastos para la Comunidad de Madrid.

Siendo esto un suma y sigue en el caos y desbarajuste del IMFM, con los retrasos de más de dos meses en la entrega de las acreditaciones a familias numerosas, que afectó a 187.000 familias madrileñas, ocasionándoles gravísimos perjuicios económicos, en las matriculaciones de colegios, adquisición de abono trasporte, cuotas de guardería, adquisición de viviendas y una larga serie de beneficios a los que no pudieron acceder debido al caos del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.

También más de cuatro meses de retraso para la adopción internacional al no impartir en el IMFM unos cursos absolutamente imprescindibles para acceder al siguiente paso en el proceso internacional. Se les venció el contrato con quienes impartían las escuelas en diciembre y no sacaron la licitación a concurso hasta febrero y no entregaron el contrato hasta mayo, con una ineptitud que hace época.

Luego, han desaparecido la mayoría de los Puntos de Encuentro Familiares, dejando a cientos de familias con medidas judiciales literalmente tiradas en la calle, realizando ellos mismos por su cuenta y sobre todo riesgo la entrega y recogida de las y los menores, habiendo existido entre sus progenitores medidas cautelares de ordenes de alejamiento. 

Por otro lado, no han ejecutado el 100% del presupuesto a otras organizaciones sin fines de lucro, por poner un ejemplo a Mensajeros de la Paz no le han renovado en contrato a mas de 15 pisos tutelados, y a finales de junio le cierran el ultimo que tenían de los 30 que estaban a su cargo desde los años 70, al igual que con otras ONGs. Aunque como no podía ser de otra manera los convenios con entidades religiosas solo han dejado de ejecutar un 0,05 %.

El Consejo de la Infancia no se reúne desde el año 2006. Han desparecido el apoyo a familias con necesidades especiales y plazas para adolescentes en centros residenciales. El II Plan de Apoyo a las familias madrileñas, uno de los pocos compromisos del Partido Popular en su programa electoral con las familias, ni se le espera ni tenemos constancia real.

A los menores inmigrantes que están en las residencias de acogida a cargo del IMFM no les dan ninguna solución a su estatus legal y cuando cumplen la mayoría de edad y salen de los centros de protección, literalmente les está esperando la policía para internarlos en los CIEs y expulsarlos del País. Los educadores denuncian que es absolutamente injusto que con la preparación que les dan a las y los menores en los centros, cuando estos cumplen la mayoría de edad se hacen muy pocos programas de seguimientos para su integración social, habiendo desaparecido muchos de ellos, quedando casi a título testimonial el programa JUNCO y pocos más. La pregunta es, que siendo la Comunidad de Madrid los tutores legales, que padres cuando sus hijos cumplen 18 años y un día les dan una patada y los ponen en la puerta de la calle.

Las familias de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, como Galehi, denuncian retrasos más que maliciosos e injustificados en sus solicitudes de acogimiento y adopciones, y por mas que se pide cual es el tiempo medio en que a una familia homoparental se le concede la guarda o tutela, en contraposición del resto de la familias, la respuesta nunca llega.

Los educadores piden más cursos de capacitación, así como el Sindicato UGT de formación especializada.

Habiendo un ejemplo que clama al cielo, el de las y los trabajadores de la Residencia de Primera Infancia "La Casa de los Niños" que son contratados con los requisitos de cualquier educador y toda su formación, pero nadie les dice que es una residencia especializada con niños y niñas muchos de ellos con patología bastantes severas, el 25 % según su pediatra, y hasta el 50% con otro tipo de patologías. Los educadores tienen que aprender sobre la marcha como atenderlos, incluso en cuidados paliativos. La formación es de aquí te pillo y te digo, como mucho un curso al año.

Todas estas situaciones no son sino que un ejemplo de otras tantas del caos, malfuncionamiento y situaciones que vulneran cualquier principio de protección de los derechos las niñas y los niños, siempre los grandes perjudicados, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 39 de la Constitución Española, que ampara la protección integral y asistencia de los niños, y la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Ante tales hechos no es de extrañar que Don Guillermo García-Cortes haya presentado su dimisión apenas a los tres meses de haber sido nombrado para este cargo. El desaparecido Gerente afirmaba en su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, primera y última comparecencia, que "No había recibido ninguna indicación de cómo llevar la Comisión de Tutela del Menor, ni que tampoco lo consentiría". Posiblemente hoy sus palabras cobran más sentido que nunca, con las de una persona coherente que quiso presidir el organismo que tiene que defender los derechos de la infancia, y que pocas opciones le dejaron encima de la mesa para hacer realidad el fin que se proponía acometer. 

Carla Antonelli /Diputada Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid

Responsable de los temas de Familias y Menores

Marcha por el empleo

Reforma de la administración local: daños sociales y escaso ahorro

Extraído de La Marea


Gráfico que muestra la evolución de la deuda pública española.

EDUARDO GARZÓN  |  21/06/2013  |  5

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)    Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)    Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y comoaseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el gráfico con el que se abre el artículo, se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español.

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

(Eduardo Garzón es autor del blog Saque de esquina)

Condena a España por separar a una hija de su madre por falta de recursos

Estrasburgo ordena indemnizar a la progenitora con 30.000 euros porque ni los servicios sociales ni los jueces pusieron medios para que se reagruparan. Manuel Altozano Madrid 18 JUN 2013 - 21:55 CEt

No hubo violencia ni maltrato físico o psíquico hacia la niña. Tampoco fue víctima de abusos sexuales y jamás se ha constatado ningún déficit afectivo o de salud de la menor ni un desequilibrio psíquico por parte de sus padres. Pese a ello, los servicios sociales de la Junta de Andalucía separaron a Cristeta M. S., una jornalera de La Porrosa (Chiclana de Segura, Jaén), de su hija de tres años. Se la arrebataron el 23 de agosto de 2005 tras presentarse con ella en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y un alojamiento”. Después la trasladaron a un centro de acogida y, sucesivamente, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.

Tras ocho años en que Cristeta no ha podido ver a su hija, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón y ha declarado que la madre fue privada injustamente de todo contacto con ella, lo que vulnera su derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo le ha concedido una indemnización de 30.188 por las graves faltas de diligencias de la Junta y de los jueces españoles al considerar que debieron poner los medios para que madre e hija volvieran a estar juntas. El tribunal asegura que las autoridades españolas han contribuido “de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar” entre Cristeta y su hija, a la que vio por última vez el 27 de septiembre de 2005. Ahora, la menor tiene ya 11 años y hace casi ocho que vive con su familia de acogida, lo que hace la situación “muy difícilmente reversible”, según los magistrados.

Acudió 17 veces al centro de acogida sin saber que la niña no estaba allí

La sentencia relata el calvario de esta mujer que, desde que le quitaron a su hija y la privaron de visitarla, no ha dejado de luchar por que se la devuelvan y los intentos desesperados de Cristeta por volver a ver a la menor sin que nadie la escuchara. Tras serle arrebatada, la madre fue informada de que la niña, ya bajo tutela de la Junta, fue alojada en un centro de acogida de Granada, pero poco tiempo después, fue trasladada a otro de Loja (a 58 kilómetros de esa capital) sin que nadie dijera nada a la progenitora, que había pedido que la llevaran a una instalación más cercana a su domicilio, en la provincia de Jaén. Ese desconocimiento provocó que Cristeta se presentara hasta 17 veces en el centro de acogida de Granada sin saber que la niña ya no se encontraba allí.

La trabajadora social encargada del caso justificó la retirada de la tutela y su traslado al centro por “la actitud incorrecta, irrespetuosa, violenta y agresiva de la madre”, que según un informe del 4 de octubre de 2005, “había intentado herirse y tuvo que ser conducida al hospital cuando fue separada de su hija”. Ese documento relataba igualmente que durante las tres únicas veces que se le permitió visitar a su hija, Cristeta se quejó de que el centro no trataba correctamente a la menor, a la que hablaba “de forma compulsiva e incoherente”. La funcionaria estimaba en su informe que esas visitas “perturbaban la estabilidad y la evolución” de la niña, por lo que propuso que se suspendieran, algo que la Junta solicitó formalmente al juez.

La abogada de Cristeta, María José López Góngora, recuerda cómo ese informe sirvió a la Junta y a los jueces para desestimar todas las peticiones de la madre. Esos argumentos fueron los que se utilizaron para declarar el desamparo de la niña, suspender las visitas de la madre y entregar a la menor a una familia en acogimiento previo a la adopción, desoyendo en cada caso los argumentos de la progenitora.

España pudo auxiliar a Cristeta cuando pidió ayuda, según el tribunal

Sin embargo, Estrasburgo considera que la única razón por la que la privaron de su hija fue su situación de indigencia, “sin que se tuviera en cuenta su evolución posterior”. El problema era “una carencia material que las autoridades españolas habrían podido compensar con la ayuda de otros medios que no fueran la separación total de la familia”. “El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales que recabar la tutela de la menor”, mantienen los magistrados que recuerdan que los servicios sociales deben “ayudar a las personas en dificultades, guiarlas en sus trámites y aconsejarlas sobre las diferentes ayudas disponibles o cómo conseguir alojamientos sociales”, justo la asistencia que Cristeta había solicitado el día que la privaron de su hija.

De padre guineano y madre española, esta mujer de unos 40 años vive en la finca de su abuela junto a sus otros dos hijos y otros familiares. Cristeta trabaja regularmente como jornalera para la Junta de Andalucía, una actividad que alterna cada año con los viajes a Francia para la vendimia. Ha sido allí donde ha recibido la noticia de que la separación forzada de su hija fue injusta. Una decisión que le otorga una indemnización, pero que, previsiblemente, no se la devolverá.

Entrevista a Dani, del grupo de menores de ASAPA

La entrevista a Dani, del grupo de menores de la ASAPA (Asociación de seguimiento y apoyo a las presas y presos de Aragón) nos expone la cruda realidad del nuevo acuerdo marco en Aragón sobre centros de menores. La infancia encarcelada se mercantiliza. La privatización de los centros de menores avanza un paso más con más precarización, menos presupuesto y peor trato. El encierro es un negocio que demuestra que las cárceles no sirven, las de menores tampoco.

Escucha la entrevista en El Acratador.

Concierto contra los centros de menores

18-J: Huelga de profesores y estudiantes en Aragón

STEA, CCOO, UGT, CSI-F, CGT y Sindicato de Estudiantes convocan huelga general de profesores y estudiantes en Aragón el próximo 18 de junio.

El gobierno del PP, en menos de un año y medio, ha demostrado con sus leyes y declaraciones que está exclusivamente al servicio de los grandes poderes financieros, los especuladores, los corruptos y los grandes empresarios. No les importa acabar con derechos que nuestros padres y abuelos conquistaron con mucho sufrimiento en las calles, como la sanidad y educación públicas. Es más, pretenden aprovecharse de ello para convertirlos en un negocio y, en el caso de la educación pública, en una fuente de adoctrinamiento al servicio de los obispos. En Aragón, al igual que en el resto del estado, pretenden proseguir sus ataques, y para ello han anunciado el aumento de una hora lectiva para los profesores de secundaria, con lo que en dos años habrán sido tres horas más por semana, que los profesores tienen que retirar de la preparación de las clases, la atención a la diversidad o la coordinación. Además, entre eliminación de plazas fijas y la no renovación de interinos por el aumento de horario lectivo, estas medidas supondrán 800 profesores menos al curso que viene.

Más información aquí

15J, día contra los CIEs

Manifestaciones en defensa de la educación pública

Para dar continuidad a la movilización del 9 de mayo, desde el sindicato de Estudiantes y la Plataforma Estatal en Defensa de la Enseñanza Pública (integrada por nosotros, los sindicatos de profesores y la CEAPA), hemos convocado manifestaciones en todo el Estado el próximo jueves 27 de Junio. Tenemos que dejar claro que quien cierra el curso académico no es el autoritarismo del Partido Popular, sino la movilización activa de profesores, madres, padres y estudiantes volviendo a inundar las calles en defensa de la escuela pública y por un futuro digno para la juventud.

Las protestas masivas de estos años, la rebelión social que estamos viviendo en las calles, es el camino para acabar con esta ofensiva de la derecha. Nuestras reivindicaciones, por las que millones de jóvenes nos hemos movilizado desde los primeros días de este curso, siguen tan vigentes como entonces, es por eso que una vez más llamamos a todos los profesores, madres, padres y estudiantes a participar masivamente en las manifestaciones del 27 de Junio. Así mismo volvemos a remarcar que para fortalecer la respuesta desde el primer día de curso es necesario fortalecer el movimiento estudiantil, con un programa combativo, democrático y anticapitalista, organizando el Sindicato de Estudiantes en todos los centros de estudio donde nos sea posible.

Gijón: El refuerzo del salario social deja a un centro de menores sin un educador

L. PALACIOS «Desvestir un santo para vestir otro». El comité de empresa de Bienestar Social ha denunciado el traslado de un educador del centro de menores Villapaz de Gijón con el objetivo de reforzar y agilizar el pago del salario social, con la consecuencia de que «un grupo de media docena de menores de entre 9 y 11 años se han quedado sin tutor», toda vez que el Principado no ha cubierto la plaza.

La presidenta del comité, Belén Quiroga, alertaba ayer sobre «el perjuicio que se está ocasionando a los niños», acostumbrados a contar siempre con el mismo educador y que ahora «van rotando por los diferentes profesionales, que han tenido que reorganizar sus turnos de trabajo para llegar a todos los alumnos».

A ello se añade que están a punto de comenzar las vacaciones estivales, y «antes se cubrían todas las plazas vacantes por este motivo; ahora no, y con un educador menos», advierte Belén Quiroga. Por ello, reclaman a la consejera, Esther Díaz, que tome cartas en el asunto.

Un centenar de casos contra la retirada de tutelas sobre los menores

Extraído de Diagonal

“El servicio de menores defiende los valores y costumbres que el Estado considera importantes, los de las clases acomodadas“, explica Javier Martín, psicólogo del servicio de menores de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta de Galiza, para quien los servicios de protección del menor llevan a cabo una labor de “fiscalización” y “control” que afecta principalmente a “las clases desheredadas, los marginales, los que están fuera de los circuitos normales del poder”.

Desde su trabajo cotidiano, este técnico de la administración observa que el sistema no busca intervenir en las familias, sino que, “en lo que invierte los recursos es en intentar separar a los niños de sus padres” y, así, “se gasta dinero en los centros; se les paga a los acogedores… y no se aplica ese dinero a las familias “. Un buen número de casos llegados a DIAGONAL en los últimos dos años de trabajo sobre menores respaldan esta intuición, casos de padres que aman a sus hijos y quieren cuidarlos, pero pierden su tutela y la guarda de los mismos al solicitar ayuda a la administración por motivos diversos. Es también una opinión compartida por profesionales del sector. Para Martín, esto es posible porque el sistema de protección es “un sistema extrajudicial, sin garantías jurídicas para los afectados”. Desde 1987 la decisión de declarar el desamparo dejó de estar en manos de jueces y son los técnicos quienes “evalúan, juzgan y sentencian”, apunta Martín.

Son precisamente un centenar de casos de este tipo los ya recopilados por la asociación en defensa de los menores y sus familias Aprodeme, que prepara una demanda contra el sistema de protección del menor que sigue avanzando. Debido a las dificultades de muchas familias para asumir los gastos del proceso –cien euros por caso– Francisco Cárdenas, padre catalán afectado y promotor de la iniciativa, se propone hacer un crowdfunding que, a su vez, le permita hacer un documental sobre esta dura realidad.

Técnicos como pseudojueces

Ferdinand Kome y Monike Mbakong, a quienes el Servicio de Protección del Menor del Gobierno de Cantabria retiró a su hijo por presunto maltrato tras varios ingresos hospitalarios que despertaron las alarmas, fueron absueltos en un juicio penal a mediados del mes de marzo. Una vez que el caso llegó a los tribunales, más de tres años después de la declaración de desamparo, la jueza Elvira Brualla consideró que no había pruebas de un maltrato que los servicios sociales daban por hecho, pues el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Dávila, y varios técnicos, explica Kome, les dijeron en diversas ocasiones que “nunca” recuperarían a su hijo.

El menor sigue, a sus ocho años, separado de sus padres biológicos, en una familia de acogida, y por espacio de tiempo indefinido, ya que sólo el juicio civil, que aún no tiene fecha, les puede devolver la tutela y guarda. Los testimonios de vecinos, educadores, profesores y psicólogos que la familia ofreció una y otra vez al Servicio de Protección del Menor nunca fueron escuchados. Para Martín, “no se buscan pruebas para defender a la gente, sino al contrario” porque “el fin no es apoyar, sino buscar otra familia”. El hijo de Kome y Mbakong, que estuvo a punto de ser adoptado, es una prueba de ello. Se calcula que de los niños acogidos, tan sólo entre un 10% y un 15% vuelve con sus padres alguna vez. Del total de niños tutelados, en torno a un 15% son adoptados, pero el resto pasa una media de seis o siete años acogidos o internados, esto es, institucionalizados.

El sistema de protección tiende a separar a los niños antes que intervenir en las familias

María Giraldez, abogada especializada en Derecho de Familia y Protección de menores de Giménez-Salinas, un despacho que ha llevado diversos casos de este tipo, coincide con Martín en señalar otro de los puntos negros del sistema de protección del menor, la falta de imparcialidad en este tipo de procesos, y la carencia de alguien que arbitre. Sólo llegado el juicio –civil en la mayoría de casos , y antes el penal, si hay indicios de delito–, se pueden impugnar las acusaciones, y esto implica una considerable dilación en los plazos, pues los casos pueden tardar años en llegar a los juzgados, más si hay cargos penales. Para Martín el sistema inviste a los técnicos de una cualidad de “pseudojueces” y “se combina la arbitrariedad de los juicios diagnósticos con la capacidad punitiva de las sanciones penales”.Kome, camerunés, cree que “los Servicios Sociales no entendieron que nosotros no somos de aquí, que tenemos la idea de educar y cuidar a los niños de allí”, con lo que apunta a un sesgo racista en los técnicos que los trataron. Entre las razones para acusarles de maltrato, se hallaba el suministro de aceite de palma al niño un día que se encontraba mal, lo cual fue planteado en los juicios civil y penal como intento de envenenamiento cuando en Camerún es práctica habitual. Por fortuna, la jueza no lo dio por válido.

Los ‘informes sobre informes’ que el Servicio de Protección emitió no fueron suficientes en esta ocasión. Sin embargo, Martín señala que “en torno al 80% de las decisiones se toman en base a informes que otros hacen” en los que suelen abundar “valores subjetivos, que dependen del técnico que los firme” y que “buscan un fin que es la adopción” para lo que “se buscan las pruebas que confirmen lo que los técnicos dicen”.

La ‘negligencia’ de ser pobre

A Pilar del Castillo le quitaron a los dos menores de sus cuatro hijos por ir a solicitar ayuda económica al Servicio de Menores del Institut Mallorquí d’Afers Socials. El impago del alquiler tras la pérdida por embarazo de un trabajo que los servicios sociales le habían conseguido supuso el comienzo de su via crucis. Su causa está incluida en la denuncia de Aprodeme, en la que Cárdenas señala que abundan los casos de este tipo. Tenían cuatro años el uno y 17 meses el otro.

“Trapichean con ellos”, denuncia Del Castillo, “primero en familia de acogida, a quien pagan, luego pasaron a una casa de acogida privada, que llevaban una monjas que cobraban 3.000 euros mensuales por cada niño, y por último el acogimiento familiar preadoptivo”. Y es que entidades como O’Belen, la reina del negocio con menores, se lucran con el acogimiento en todas sus formas. A Del Castillo le duele que se empleara dinero en separarla de sus hijos pero no en paliar su situación. Hoy día tiene trabajo, pero no a sus hijos. En su caso, como en tantos otros, los servicios sociales no quisieron dar a los niños a la familia extensa (abuelos, tías, etc.). Es otra de las cuestiones subrayadas por Javier Martín en su libro “Protección del menor, un sistema en crisis”: se tiende a considerar, sin base científica, que la familia extensa está “contaminada”, y no se les acepta pese a que en un 93% de los casos quieren colaborar. En Catalunya, desde junio de 2012, el proyecto piloto “Mi familia me acoge” de la Generalitat impulsa las acogidas en familias extensas, porque es la medida que “mejores resultados da”, explicaba el director general de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat, Josep Lluís Ortuño. Otros muchos profesionales coinciden en la idoneidad de este tipo de medida que, sin embargo, se aplica escasamente.

Otro de los puntos negros del sistema es señalado por Giraldez: la ausencia de derecho a la justicia gratuita en el procedimiento administrativo. Paralelo al civil y al penal –este último, en caso de que lo haya–, es “el día a día del menor”, señala, y aunque la mayoría de los padres no toman parte en él por falta de asesoría, a juicio de Giráldez es muy recomendable estar presente, ya que esto permite, por ejemplo, acceder a una vista del expediente que aporta valiosa información, y velar por la proporcionalidad de las medidas.

Aprodeme se enfrenta, David contra Goliat, a un sistema del que, señala Martín, además, “se deriva un entramado económico y organizativo que resulta un negocio lucrativo”.

Maltrato institucional

Separadas víctima de abuso y maltrato

M., cuyo caso recogió Save the children en el informe La justicia española frente al abuso sexual infantil, denunció a su marido por malos tratos cuando su hija tenía tres meses. A los seis meses, se suspendió la orden de alejamiento: ambas tenían que seguir viendo al padre. Pasados tres años, salió el juicio, y la acusación de maltrato no prosperó. Tras varias visitas al padre, aparecieron indicios de abuso sexual en la niña, que el hospital denunció y animó a denunciar a M. Ella decidió entonces pedir ayuda al servicio del menor. “Ahí es donde meto la pata”, explica. Le recomiendan, y acepta, renunciar “temporalmente” a la tutela, y la guarda pasa a su madre. Como menores interpreta sus denuncias como “conflicto parental”, algo que puede suponer no ver a su hija, M. decidió dejar de denunciar para no correr ese riesgo.

Juicio ganado por desamparo sin motivo

A Luis Alberto Hidalgo y María Carina Pujalto los servicios sociales cántabros les retiraron a su hijo hace año y medio, pero el 15 de marzo el juicio civil ha establecido que les sea devuelto. La declaración de desamparo se produjo un año y medio después de que los padres tuvieran desavenencias conyugales y “sin fundamento alguno”, explica Hidalgo. Además, cuando la jueza estableció como medida cautelar visitas al niño, los servicios sociales lo enviaron a Zaragoza. Durante todo este tiempo los padres han acudido sin descanso al Servicio del Menor a denunciar su situación exhibiendo la misma en carteles y han creado la asociación de protección infantil ASPI. Ahora esperan el cumplimiento de la sentencia y, una vez recuperen a su hijo, piensan pedir compensación por daños y perjuicios al Gobierno de Cantabria.

16-J: movilizaciones por una Europa más social y democrática

LLevamos tres años de políticas antidéficit y de fuertes recortes sociales, y los resultados no pueden ser más desalentadores: varios países de la UE están en quiebra económica, el paro no deja de crecer, el modelo social cada día más debilitado, los derechos sociales bajo mínimos, la democracia comunitaria sigue siendo una asignatura pendiente, la unión política una quimera, y la llamada “gobernanza económica” no deja de ser una propuesta imaginaria si no hay armonización fiscal y herramientas comunes de política económica y social. Todo ello, con Europa instalada en la recesión económica.

Y si los resultados en las economías europeas son malos, en España son dramáticos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido con entusiasmo las recetas de la Unión Europea y de radical contención del déficit, y ha sido la inmensa mayoría de la sociedad española, especialmente los sectores más desfavorecidos, los que han pagado y pagan las consecuencias: 6,2 millones de personas en paro, 2 millones de hogares con todos sus miembros en el desempleo, un aumento de la pobreza hasta el 27% de la población que aboca a la exclusión social a sectores amplios de la misma, y una tasa de paro entre los jóvenes ya cerca al 60%. Sin olvidar el acusado deterioro de los servicios públicos y del Estado de bienestar, la eliminación de derechos y la creciente desigualdad que estas políticas están generando en la sociedad española.

Por eso, la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte CCOO y UGT, ha convocado una semana de movilización social y democrática en el mes de junio para reclamar una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para reactivar la economía y la creación de empleo. En España, será el 16 de junio y tendrán lugar manifestaciones en las principales ciudades del país para exigir una Europa más social y democrática.

12 de junio: Huelga General en Ferrol, Eume y Ortegal

En la mañana del pasado 27 de Mayo, miembros de CNT, CIG, CCOO, UGT y USTG, entregaron en el registro de las oficinas de la Xunta la convocatoria de huelga general en las comarcas de Ferrol, Eume, y Ortegal. La fecha escogida para este dia de lucha obrera fue el 12 de junio, afectando a todos los sectores productivos de las tres comarcas.

Con un porcentaje escandaloso de paro en la comarca que llega al 32%, un 10% más que el promedio de Galicia, con uno de los mejores astilleros del mundo y con una mano de obra de lo más cualificada, pero sin un solo barco que comenzar a construir en las gradas; con los polígonos industriales comidos por las malas hierbas y la vorágine especulativa; con la emigración como el menos oscuro de los futuros; la clase obrera de Ferrol y entre ella la C.N.T. vuelve a decir una vez más que no, que de ninguna forma, que no hay lugar para la resignación y que continúa la lucha por nuestros derechos, como se hizo siempre, con la huelga como herramienta, con la unidad en la calle y en los piquetes, como se hizo en los principios del siglo XX, como se continuó haciendo en marzo del 72 y como se continúa haciendo hoy en día.

SOV CNT FERROL

"Pasabas horas atada y amordazada a una silla o en un banco al sol, te hacías todo encima"

Extraído de RTVE

"Si te resistes puedes acabar atado en una silla o en el banco al sol todo el día, si aún te resistes te amordazan, con papel de embalar adhesivo, y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO".

Éste es el estremecedor testimonio de Aránzazu y Esteban, ahora mayores de edad, y de una tercera menor, recogido por Amnistía Internacional en su informe Si vuelvo, ¡me mato! sobre los menores internados en centros de protección terapeúticos en España, en el que denuncia abusos, medicación forzada y malos tratos después de analizar la situación en Madrid, Cataluña y Andalucía.

La primera vez que Aránzazu Celdrán Osorio pisó un centro de menores tenía 18 meses. La llevó su abuela porque sus padres, que eran toxicómanos, no podían atenderla. Ahora tiene 19 años.

Esta joven ha relatado a Amnistía Internacional como la castigaban atándola y amordazándola en una silla. Si se resistía era peor: "entonces, te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te hacías todo encima. No sabes quién eres, pierdes la cabeza...A veces es mejor no resistirse porque te pueden atar entre ocho personas y te hacen más daño".

Atada a una cama

Sara Casas Hernández tiene ahora 25 años. Cuando ingresó por desamparo junto a sus dos hermanos pequeños en un centro catalán tan sólo tenía seis años. Como otros jóvenes ha relatado a AI que fue sometida a medicación forzosa.

"En el centro pasé días atada a una silla, con una mordaza. Sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a una cama, donde, además, me pinchaban y me pasaba al menos tres días con los ojos vueltos".

Sara ha explicado a AI que pasó todos estos años en los centros de menores "con tranquilizantes a punta pala".

Psicofármacos en comida y bebida

El informe de Amnistía, calificado de "exagerado" en algunos aspectos por el Defensor del Pueblo andaluz, recoge también testimonios de los internos y de los propios educadores denunciando el suministro de medicamentos sin ningún tipo de control y conocimiento de los menores.

AI recoge el relato de uno de los jóvenes que asegura que "se le obligaba a ingerir medicamentos cuyos efectos le desagradaban, sin recibir explicaciones suficientes acerca del diagnóstico que justifica dicha medicación". Si se negaba, era castigado.

Según menores y educadores, en ocasiones los psicofármacos se mezclan con las comidas y bebidas. Un joven de 15 años ingresado en un centro de Cádiz cuanta, según recoge el informe, "que después de beber un vaso de leche con chocolate a veces no podía ni levantarse de la silla".

Amnistía muestra su preocupación por la existencia de máquinas en estos centros que trituran los medicamentos para echarlos en la comida.

"Si preguntas qué medicamentos son, no te informan 'tú no tienes por qué saberlo'. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención", coinciden varios testimonios.

Maltrato físico y verbal

"Yo no sabía ni qué eran los derechos humanos, no sabía que lo que allí pasaba no se podía hacer, atarte a un banco y pincharte, hacerte cargar piedras con las manos atadas a una carretilla, triturarte la medicación, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte, tratarte a golpes, castigarte. Nunca supe qué medicación tomaba hasta que con 16 años me llevaron a urgencias al hospital (...) Cuando nos pegaban, nos prohibían las visitas para que no vieran los 'moraos". Es el testimonio de Esteban, que ahora cuenta con 18 años.

El informe recoge varios relatos de contenciones físicas: "Una vez un vigilante me agarro del cuello y me tiró al suelo (...) donde había restos de cristales y me corté en la frente".

"A un compañero le fracturaron el cráneo (...) le dieron con la cabeza en el radiador, dejándole lleno de chichones. No le llevaron al médico, aunque él se quejaba mucho del golpe en la cabeza".

Registro con desnudos integrales

El informe Si vuelvo, ¡me mato! recoge el testimonio de María Herguedas, educadora en el año 2008 en el centro Picón del Jarama, en una denuncia ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia:

"Los registros consistían en llevarlas a un cuarto, hacerlas quedarse en bragas y sujetador, hacerlas bajarse las bragas y obligarlas a hacer sentadillas, mínimo tres".

Un menor de 15 años relata como al "ingresar en el centro de protección de Cádiz" fue sometido a "un registro que incluía la introducción del dedo del educador en el ano".

Amnistía denuncia que, según los menores, tanto los vigilantes como los educadores del sexo opuesto pueden exigirles desnudos integrales. "Cuando me ducho hay un educador mirando. Dos educadoras han entrado también en la ducha estando yo completamente desnudo".

8J: Marcha contra la impunidad financiera

La marcha tendrá como punto de salida la calle Velázquez, 66 (sede de la Asociación Española de Banca). Como motivo de protesta se realizará una parada en el Ayuntamiento de Madrid y otra en el Banco de España. La marcha terminará su recorrido en la Audiencia Nacional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid junto con otros colectivos, convocamos una gran marcha ciudadana a través del siguiente manifiesto:

Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras.

Desde el estallido de la crisis centenares miles de millones de euros públicos han sido destinados al rescate de las entidades financieras, mientras sus propietarios han tomado constantes decisiones con el objetivo de incrementar su capital y enriquecerse aún más a costa de los derechos fundamentales de las grandes mayorías sociales. Los poderes públicos han cargado la factura de las entidades financieras al conjunto de la población en forma de salvajes recortes sociales y en privatización de bienes colectivos. Se están recortando servicios públicos tan básicos que limitan nuestro derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, y se han ensañado con los sectores más vulnerables: personas pensionistas, paradas, precarias, dependientes, jóvenes, mujeres, migrantes.

Además, centenares de miles de viviendas están siendo acumuladas por las entidades financieras en clamorosa comisión del delito consistente en acaparar un bien de primera necesidad con la finalidad de alterar artificialmente el precio de las cosas.

Cuatrocientas mil ejecuciones hipotecarias han sido realizadas desde que estalló la crisis. Las hipotecas basura fueron creadas por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria. La comercialización de hipotecas se ha mostrado altamente perjudicial y ha seguido una práctica generalizada que no podemos denominar nada más que como una estafa sistemática. Las entidades financieras engañaron acerca de los verdaderos riesgos que corrían las personas al firmar una hipoteca. Comercializaron productos financieros altamente tóxicos con el dramático resultado de centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, desahucios y deudas perpetuas, basados en una norma declarada ilegal por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. La estafa hipotecaria y las ejecuciones hipotecarias masivas tienen gravísimas consecuencias para las personas que se han concretado en una violación sistemática de los derechos humanos.

La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha evidenciado que existen responsables políticos y administrativos de la no trasposición a la normativa española de la Directiva Europea 93-13 en grave perjuicio para los deudores habitacionales con el resultado de centenares de miles de ejecuciones y desahucios ilegales realizadas por los Tribunales a instancia de las entidades financieras. Cientos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos exigen se depuren responsabilidades. La actividad del capital financiero ha sido criminalmente responsable de la situación actual mientras resulta clamorosa la inacción de los poderes públicos – Ministerio del interior, Fiscalía y Judicatura – o más allá, sus actuaciones en defensa directa de sus intereses. Criminalizando, por contra, la práctica política de resistencia de los colectivos que se oponen a esta actividad especulativa.

Después de la recogida de más de un 1.400.000 firmas, las Cortes han consumado el rechazo a la Iniciativa Legislativa Popular que planteaba la moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. A pesar de todo, la mayoría de la sociedad sigue apoyando las propuestas contenidas en la ILP. Hicimos una propuesta de mínimos, una propuesta de emergencia social, y la rechazaron.

Ante este recorte de derechos y de libertades hacemos una llamada al conjunto de la sociedad civil a ponerse en marcha contra la estafa hipotecaria y la impunidad financiera. La lucha continua. No vamos a permanecer parad@s.

Seguimos adelante, Subimos las apuestas, por el derecho a la vivienda para tod@s, contra la impunidad financiera y contra la estafa hipotecaria.

¡¡Sí se puede!!

DSM-V, o cómo empezó nuestra "enfermedad mental"

 Este año 2013, se espera la aparición del nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-V, que por lo que se conoce de su borrador, amenaza con una redacción más pobre e inconsistente que los anteriores, lo que supone una mayor patologización y medicalización de la población.

Asamblea de Majaras | Periódico CNT

¿Pero qué es el Manual Diagnóstico y Estadístico?

Se trata de una convención acordada por un grupo de psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), que recopila síntomas constitutivos de alguna "enfermedad mental" o "trastorno". En un marco de apariencia científica, psiquiatras de la corriente dominante cognitivo-conductual, formando 13 grupos de trabajo, se ponen de acuerdo en hacer una relación de hipotéticas enfermedades y revisión de las ya existentes y otras, como si fueran videntes, que están por venir. 

¿Quiénes están detrás de este manual?

Si nos atenemos a quien paga los congresos psiquiátricos en lugares paradisíacos, a todo lujo y carísimos regalos, tendríamos que afirmar sin lugar a dudas que quienes financian e inspiran la creación de nuevas "enfermedades mentales" y el mantenimiento de las antiguas, son las multinacionales farmacéuticas que ya disponen de tratamientos para los "trastornos" que van a llegar.

Con el DSM-V las casi 300 patologías del manual anterior (DSM-IV), que suponía que la mitad de la población americana estuviera enferma, se multiplican de tal manera que lo difícil será encontrar una persona "sana". La utilización de estos manuales diagnósticos, supone el abandono total del estudio de patologías en psiquiatría, de manera que los diagnósticos se realizarán a través de la elección en un extenso catálogo de síntomas del padecimiento, en el que nadie estará libre de "enfermedad" y se dispondrá de una extensa gama química farmacéutica para su tratamiento. Puede parecer exageración, pero si tenemos en cuenta que el entorno de la psiquiatría es uno de los más conservadores, debería de iluminarse alguna alarma cuando el jefe de psiquiatría infantil de Ginebra, François Ansermet, comenta irónicamente que "en el futuro, ¿habrá que curar a los normales"?

Sería hasta cómico de no ser por el drama cotidiano para muchas personas y sus familiares a quienes se les niegan otras alternativas. La psiquiatría no pretende incidir en el contexto social y/o familiar, sino modificar y anular químicamente voluntades y síntomas aunque el dolor psicológico germine por dentro.

Con el DSM-V se ha reconocido que, no sólo se incrementan las tasas de trastornos mentales con nuevos diagnósticos y con umbrales más bajos, sino que debido a las graves imprecisiones, se podrán crear "decenas de millones" de "falsos positivos" con "la rúbrica de enfermedad mental" y con el peligro de ser medicados, con fármacos devastadores, de por vida.El DSM-V está planteado con tal insensibilidad, que no contempla posibilidad de mal uso o la interpretación como sucede entre jueces y la ley.

Por otra parte, incluye en su redactado una serie de diagnósticos tan absurdos como problemáticos. Aquí enumeramos sólo algunos:

 - Síndrome de riesgo de psicosis. Supone que, debido a la alta tasa de "falsos positivos", "cientos de miles de adolescentes y jóvenes adultos recibirían una prescripción de antipsicóticos atípicos". La identificación temprana y su tratamiento, es un riesgo peligrosamente prematuro, pues los antipsicóticos reducen las expectativas de vida.

 - Trastorno disfuncional del carácter con disforia. Hace referencia a la psiquiatrización de lo que conocemos popularmente como "mala leche".

 - Trastorno cognitivo menor. Se refiere a alteraciones cognitivas que habitualmente aparecen a partir de los 50 años, convirtiendo esta etapa de la vida, en un inicio patológico.

 - Trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. El DSM-V, no sólo aumenta la tasa de este hipotético trastorno, sino que pretende utilizar un generalizado abuso de medicaciones estimulantes en una población especialmente vulnerable.

 - Trastorno de atracones. Los millones de personas que se dan atracones una vez a la semana, pueden tener, de repente, un trastorno mental estigmatizante y cuyo tratamiento es de dudosa eficacia.

 - Trastorno mixto ansioso depresivo. Convierte comportamientos habituales de la población en síntomas poco específicos, psiquiatrizando reacciones normales de la vida por las que todas hemos pasado.

 - Pedohebefilia. Distorsiona la pedofilia con la pederastia, convirtiendo el abuso de menores en enfermedad y propiciando el  abuso de la psiquiatría por el sistema penal.  

 - Trastorno de espectro de autismo. Se unifican los llamados autismos sin atender a las causas, incorporando clasificaciones diagnósticas ajenas a ellos, como el denominado síndrome de Asperger, y toda la estigmatización que conlleva.

 - El trastorno de la identidad sexual pasa a ser disforia de género. No se reconoce como enfermedad, pero sí necesitada de tratamiento ya que lleva asociada un alto riesgo de sufrimiento, sin reconocer que la angustia o incapacidad es causada por el binarismo sexual cerrado que no permite otras experiencias a las asignadas en el nacimiento como sexo.

 - Desaparece la categoría de trastornos sexuales, pero mantienen como desórdenes la pedofilia, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, la eyaculación precoz o el exhibicionismo y los recolocan entre los capítulos disfunciones sexuales y desórdenes parafílicos.

-         En los desórdenes parafílicos encontramos el desorden travestista que se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente al tener fantasías travestis. Se patologizan las fantasías y no la inexistencia de cauces que permitan expresarlas. En la parte de los trastornos coercitivos parafílicos, se corre el grave riesgo que penalidad y sanidad se confundan y trastoquen.

Entre las cuestiones que se han expresado que aparecen en este nuevo DSM, también se encuentra la eliminación de la distinción entre "abuso" y "dependencia" de sustancias, ampliando la nueva categoría de "adicción" que reemplazaría a ambas.

También se psiquiatriza la llamada hipersexualidad, así como las "adicciones conductuales" permitiendo medicalizar comportamientos y elecciones de vida como por ejemplo, las "adicciones" a los videojuegos, al sexo, a comprar, etc…

Otro de los diagnósticos que se comenta que aparecía en el borrador y del que no se habla demasiado en medios sanitarios, es el del "trastorno de oposición desafiante" que se enmarcaría dentro de los trastornos de conducta y que además de servir como otra forma más de control social de aquella población que "cuestiona la autoridad", se sumaría al trastorno disocial y al negativista desafiante, cubriendo así todo el espectro de "edades de la rebeldía". Si la represión policial y judicial no es suficiente como elemento disuasorio y coercitivo para la rebeldía, quizá un tratamiento psiquiátrico sea más efectivo.

Entre las cuestiones más preocupantes de este DSM-V, encontramos la medicalización del duelo normal, de manera que tras un suceso de pérdida importante para una persona, el estado de ánimo depresivo, la falta de apetito o de concentración, el insomnio, o la pérdida de interés por las actividades, pueden ser calificadas como "enfermedad mental". En los tiempos de precariedad que corren, con esta medicalización, los únicos beneficiarios exclusivos serán las multinacionales farmacéuticas.

Las orientaciones más influyentes de la psiquiatría siempre han sido instrumento para el control social y el sostenimiento del sistema, y en estos momentos se le exije una mayor efectividad. La industria farmacéutica que se orienta al ámbito psiquiátrico, lleva tiempo investigando, con la excusa de la curación de enfermedades, la anulación de voluntades y los cambios conductuales. Por eso no sorprende que el electroshock, haya recuperado la actividad de antaño a través de diferentes formas de estimulación magnética y la lobotomía se realice por medio de sustancias químicas. Si a todo esto le sumamos olimpíadas, fútbol o tele basura, ya tenemos democracia para 40 años más.