La Marcha del Cambio

DSM-5: un instrumento de poder corporativo sin credibilidad científica que va contra la ética y el sentido común

En su imprescindible texto “Anatomía de una epidemia: píldoras mágicas, medicamentos psiquiátricos y el increíble crecimiento de la enfermedad mental en América”, Robert Whitaker describe al DSM como el instrumento fundamental del complejo médico-industrial que procuró la aparición, de lo que el autor denomina, la ideología de la psiquiatría biológica, y que ha sido el paradigma que ha permitido la invasión de la normalidad por la enfermedad mental y el sobretratamiento sin límites de los trastornos emocionales, con los consiguientes devastadores efectos secundarios: sufrimiento innecesario, etiquetado, cronificación, dependencia y gasto social y sanitario.

La psiquiatría como profesión se encontraba en franca decadencia a finales de los años 70 en EE.UU debido a varios factores. El primero de ellos fue la aparición del movimiento denominado anti-psiquiatría cuyo máximo representante era el profesor de la Univesidad Estatal de Nueva York, Thomas Szasz y su libro “El mito de la enfermedad mental”. En este libro, Szasz defendía que las enfermedades psiquiátricas no eran problemas médicos sino etiquetas aplicadas a personas con problemas existenciales o simplemente no adaptadas a las normas sociales convencionales; los psiquiatras tenían más que ver, decía el autor, con los sacerdotes o la policía que con los médicos.

El movimiento de la anti-psiquiatría contó con el apoyo de intelectuales como Foucault que denunciaban que esta disciplina médica era en realidad un instrumento de control social; la enfermedad mental sería, desde este punto de vista, una “sana” reacción contra una sociedad enferma y opresiva. Es la visión que se popularizó con la película “Alguien voló sobre el nido del cuco” que ganó varios Oscar en 1975.

El segundo de los problemas a los que se tenía que enfrentar la psiquiatría como profesión era la creciente competencia de psicólogos y consejeros. Los terapeutas no médicos ofrecían mejores precios y, como consecuencia, se llevaban a los pacientes y forzaban el decrecimiento de los honorarios médicos.

En la década de los 70, la guerra entre la emergente psiquiatría biológica, apoyada por la industria farmacéutica, y el establishment, todavía en parte freudiano, se estaba decantando hacia una visión más holística y menos fármaco-dependiente de la enfermedad mental. Una tercera escuela de psiquiatras, la denominada “psiquiatría social”, también defendía estrategias no farmacológicas contra los trastornos mentales, convencida de que eran las condiciones sociales y medioambientales las que debían ser modificadas.

A finales de los años 70, los líderes de la American Psychiatric Asociación (APA) hablaban claramente de una “lucha por la supervivencia” de una debilitada psiquiatría acosada por el movimiento anti-psiquiátrico, la competencia de los terapeutas no médicos y las diferencias internas de las distintas escuelas. Otro factor también jugaba en contra: los nuevos medicamentos introducidos 20 años antes, neurolépticos, antidepresivos y benzodiacepinas, no estaban mostrando los beneficios a largo plazo esperados y comenzaban a tener muy mala prensa. El New York Times hablaba de “asesinato espiritual” y un informe del senado norteamericano denunciaba su capacidad adictiva y como convertían a los pacientes en “zombies emocionales”. Las cifras de consumo de medicamentos psiquiátricos durante la década de los 70 disminuyó un 40%. en EE.UU.

Ante esta preocupante situación “profesional”, una gran parte de los psiquiatras tenían claro que la mejor manera de salir de esta crisis era aprovechando la ventaja competitiva que tenían los médicos sobre otros terapeutas: su capacidad de prescribir. El futuro de la profesión pasaba inevitablemente por encasillar definitivamente los trastornos mentales dentro de las enfermedades médicas para lo que era necesario: (1) reforzar las débiles evidencias existentes hasta ese momento a favor de una explicación biológica de la enfermedad mental, (2) mejorar su diagnóstico (hasta entonces fundamentalmente narrativo y basado en conceptos muy amplios y ambiguos) generando clasificaciones objetivas basadas en criterios clínicos y (3) apoyar claramente el enfoque farmacológico en el tratamiento de la enfermedad mental. Es lo que los representantes de la APA llamaron”un vigoroso esfuerzo por remedicalizar la psiquiatría”. La enfermedad mental tenía que ser vista como una enfermedad orgánica, vinculándola a un modelo médico que, en la visión popular, estaba basado en verdades científicas.

En 1974, la APA encargó al psiquiatra biologicista de la Universidad de Columbia, Robert Spitzer, revisar el DSM-II publicado en 1967 y basado todavía en las ambiguas categorías freudianas como la neurosis. Spitzer prometió que el DSM-III serviría para “defender el modelo médico aplicado a las enfermedades mentales”. El nuevo manual, como dijo el presidente de la APA en 1977, Jack Weinberg, “dejaría claro que la psiquiatría es una especialidad médica”. En 1980 aparece el DSM-III con 265 diagnósticos distintos. Había nacido la Biblia de la psiquiatría biológica que arrinconaba definitivamente la antigua psiquiatría psicoanalítica basada en teorías especulativas y los nuevos enfoques sociales.

Sin embargo, a pesar del barniz científico con el que nació, no existían hechos que sustentaran las clasificaciones diagnósticas propuestas por el DSM-III . Las bases biológicas de la enfermedad mental permanecían (y permanecen) desconocidas y los criterios diagnósticos se basaban (y se basan) en consensos profesionales más que en evidencias científicas. Como denunciaban otros profesionales de la salud mental, el DSM-III parecía más un documento político de los psiquiatras que un sistema de clasificación de enfermedades científicamente fundado. A pesar de las críticas de falta de rigor, el DSM-III se convirtió en el arma definitiva de la psiquiatría biológica contra la escuela psicoanalítica o las corrientes sociales y anti-psiquiatricas, y convirtió a la APA en la asociación profesional con más poder del mundo por su capacidad de influencia.

La APA fue la primera asociación científica que adoptó estrategias de marketing para venderse. En 1981 crearon su división de “publicaciones y marketing” y comenzaron una ambiciosa campaña de comunicación pública patrocinando programas de TV y radio o realizando periódicas “facts sheets” dirigidas a los medios en las que resumían la evidencia con datos epidemiológicos de prevalencia de enfermedad y pruebas de efectividad de los nuevos fármacos.  De esta manera, empezaron a aparecer periódicamente titulares en los medios de comunicación como que los investigadores “estaban a punto de descubrir las bases genéticas de la depresión” o “los mecanismos fisiopatológicos de la angustia y la ansiedad” o las “claves bioquímicas de la esquizofrenía”. En 1984, el periodista Jon Franklin ganó el premio Pulitzer por su serie de artículos denominada “The Mind-Fixers” donde resumía los sorprendentes avances de lo que llamada la “psiquiatría molecular”.

Este contraataque de la psiquiatría biologicista contó con el apoyo financiero de la industria farmacéutica en una alianza estratégica que financió la Asociación y sus congresos generosamente. Para la industria supuso la posibilidad de poner en nómina a los principales líderes académicos y científicos de la psiquiatría norteamericana que aceptaron mayoritariamente actuar como sus portavoces en los congresos, reuniones profesionales y medios de comunicación. A principios de los años 2000, estos líderes cobraban entre 2000 y 10.000 dólares por conferencia. A día de hoy, los psiquiatras norteamericanos aparecen como los médicos que tienen más conflictos de interés con la industria farmacéutica y los que mayores honorarios reciben: de los 22 médicos norteamericanos que habían recibido más de 500.000 dólares entre los años 2009 y 2013 por parte de la industria, la mitad eran psiquiatras; entre los cuatro primeros en ganancias, tres eran psiquiatras

El nuevo DSM-V ha contado con importantes críticas desde el primer momento debido a los intensos conflictos de interés de sus redactores. A pesar de que, aparentemente, la APA había reforzado las garantías para controlar la influencia de la industria, tras las críticas aparecidas al anterior DSM-IV, estas políticas parecen haberse mostrado insuficientes (como denunciaba un editorial del Plos Medicine del que nos hacíamos eco hace 2 años): el 69% de los panelistas seguían teniendo algún tipo de conflicto de interés con la industria y hasta el 15% habían sido “speakers bureau”, es decir, habían cobrado por publicitar algún medicamento en actos profesionales o de comunicación.

El DSM-5 ha introducido nuevas entidades diagnósticas con alto riesgo de ser “enfermedades inventadas”, debido a su alta prevalencia y ambiguedad diagnóstica: la depresión relacionada con el duelo, comer demasiado, perturbaciones del estado de ánimo, espectro autista, leve desorden neurocognitivo y disforia premenstrual. Las compañías farmacéuticas ya estaban realizando ensayos clínicos de fármacos que podrían ser empleados para tratar los nuevos trastornos incluidos antes de la publicación del DSM-V. Varios de esos fármacos estaban a punto de perder la protección de la patente y la aprobación de nuevas indicaciones, podía significar una prolongación de los derechos de exclusividad de hasta 3 años. El interés de la industria, por tanto, era evidente y enorme, por sus consecuencias económicas. La necesidad de que los autores relacionados con las nuevas entidades fueran absolutamente independientes, más importante, si cabe. Lamentablemente se ha demostrado que no ha sido así 

Acaba de publicarse un Editorial de la revista Prescrire en el que se vuelve a denunciar, a pesar de toda la parafernalia que la APA puso en marcha para demostrar su independencia, la falta grave de garantías de independencia de los autores del nuevo DSM-V. Los editorialistas revisan un artículoaparecido en Psychotherapy and Psychosomatics (y traducido en el blog Salud y Fármacos) que analizaba la relación entre tres grupos de interés: los miembros del panel de revisión del DSM, los investigadores principales de los ensayos clínicos para los nuevos criterios diagnósticos del DSM-V y las compañías farmacéuticas.

Hay dos grupos principales de personas que forman parte del DSM y que tienen autoridad para tomar decisiones: Los miembros del Grupo Responsable de la producción del Manual y los de los Grupos de Trabajo, que son los individuos que realizan las revisiones de alguna categoría diagnóstica específica. Los autores del artículo revisan 13 ensayos clínicos patrocinados por la industria relacionados con las nuevas entidades diagnósticas. De los 55 miembros de los Grupos de Trabajo de las nuevas entidades, 15 (27%) declararon al menos un conflicto de interés con la farmacéutica productora de alguno de los medicamentos testados en los ensayos clínicos, mientras que 19 de 31 (61%) de los miembros del Grupo Responsable declararon igualmente al menos un conflicto de interés. 

El 29% de los investigadores principales de los ensayos clínicos relacionados con tratamientos para las nuevas entidades diagnósticas también tenían conflictos de interés con las industrias patrocinadoras. En tres casos, el investigador principal de alguno de los 13 ensayos clínicos (23%), también estuvo involucrado en la elaboración de los nuevos criterios para el DSM-V.

El Editorial de Prescrire concluye:

“Los grupos de trabajo encargados de la integración de los seis nuevos diagnósticos en DSM-V estaban claramente bajo la influencia de las compañías farmacéuticas. Además, estos nuevos diagnósticos corresponden a las indicaciones propuestas por las empresas para sus medicamentos. La permeabilidad de esta sociedad científica, claramente incapaz de instituir regulaciones para asegurar su independencia intelectual, socava la credibilidad de todo el DSM”

La intensidad de las relaciones de los psiquiatras norteamericanos con la industria farmacéutica y la estrategia de poder corporativo de remedicalización de la psiquiatría emprendida por la APA en los años 80 a través de su Manual Diagnóstico DSM, han tenido una influencia mundial y, ambos factores, han transformado una disciplina de claros orígenes humanistas en una temible herramienta de control social, reduccionismo biológico y venta de medicamentos.

Los psiquiatras norteamericanos, desde luego, se han ganado el sueldo

No Gracias

¡VICTORIA!

A 38 años de la Matanza de Atocha

A continuación reproducimos la entrevista realizada por El Militante a Joaquín Navarro. A 38 años del brutal atentado fascista, el único homenaje posible es continuar la lucha. Recuperemos el ejemplo de Joaquín, de Marcelino y de tantos miles de compañeros y compañeras que, a pesar de la brutal represión franquista, levantaron las Comisiones Obreras y tumbaron la dictadura. ¡Ganemos CCOO!

“A mí los trabajadores me merecen un gran respeto, porque lo dan todo (…) conocerlos es el papel de un dirigente sindical”

El 24 de enero de 1977 tres pistoleros fascistas asesinaron en un despacho laboralista de CCOO en la calle Atocha, Madrid, a tres abogados, un estudiante de derecho y a un administrativo, dejando además a cuatro heridos. Este brutal atentado, conocido como la matanza de Atocha, causó una honda conmoción y una impresionante respuesta por parte de la clase obrera. El entierro, celebrado el 26 de enero, se convirtió en una gigantesca manifestación y centenares de miles de trabajadores se declararon en huelga en Madrid y en otras zonas del Estado.

Los asesinos de Atocha iban en busca de Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid y de la huelga del transporte de viajeros, que había concluido en aquellos días arrancando un importante triunfo a la patronal. Habiéndose librado por minutos de una muerte prematura a manos de las bandas fascistas perseveró con las mismas energías en su labor sindical y política en defensa de los trabajadores, que aún hoy continúa a sus ochenta y dos años.

A Joaquín le conocimos durante las movilizaciones y huelgas de la EMT valenciana, donde trabajó hasta su jubilación. Los compañeros del Sindicato de Estudiantes, Joaquín, y muchos otros compañeros de la EMT, coincidimos en muchos análisis, en especial en la necesidad de ser mucho más contundente con la patronal.

En estos momentos se está presentando por todo el Estado (el 21 de octubre en Sevilla y el 30 en Madrid) su libro de memorias Aprendiendo de los trabajadores, editado por la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales y CCOO del País Valenciano. El día 24 de noviembre el Sindicat d’Estudiants y El Militante convocarán a un acto de presentación del libro en Valencia. A continuación publicamos la entrevista realizada a Joaquín Navarro.

El Militante.- Cuéntanos cómo empezaste en el sindicalismo.

Joaquín Navarro.- Yo vine a Madrid a trabajar desde Francia, corría el año 1970, en el sector del transporte. Vi que ahí tenía posibilidades de conocer a la clase trabajadora. Había tres clases de empresas: las pequeñas y familiares, las medianas y las grandes.

Me coloqué primero en las empresas con ocho o diez autobuses, conocí a los trabajadores, qué necesidades tenían, etc. Sin darme a conocer, quién era, qué pensaba. De ahí me marché a las empresas que tenían quince, veinte, treinta autobuses.

En el transporte cada trabajador tiene un turno distinto. Yo llegaba media hora antes y escuchaba las conversaciones, hablaba con los demás trabajadores para enterarme de qué no era correcto y qué había que arreglar en las empresas. Yo daba mi opinión y los trabajadores veían que no era nada del otro mundo, que tenía razón y me escuchaban. Y así empezamos la lucha en Juliá, en Madrid, donde me presenté a las elecciones sindicales de 1975. Se pasó una nota a la empresa exponiendo los puntos que había que corregir y las razones, pidiendo a la empresa que nos escuchase y arreglase las cosas.

Como no nos contestaron, planteé hacer una asamblea, la hicimos y en ella dije que había que solucionar las cosas, que la empresa no cumplía ni con la ley de aquella época. La hicimos en un autobús grande y se acordó una plataforma reivindicativa. Por ejemplo, que los conductores no debíamos de cargar y descargar las maletas de los pasajeros, que nuestro trabajo era conducir. Y como eso, todo iba anotado. Yo pedí que cada trabajador se comprometiese por escrito. Cada uno puso lo que creía que debía cambiarse. Si alguno ponía algo irrealizable le explicaba por qué no podía ser, y si era demasiado poco también. Se votó la plataforma y se entregó a la oficina de la empresa. Sabiendo lo que podía ocurrir les dije que no nos iban a responder, porque estaban acostumbrados a no responder y seguir haciendo con nosotros lo que querían.

Yo les dije que teníamos que demostrar a la empresa que íbamos en serio, y la forma de hacerlo era hacer un plante y no ir a trabajar. Y entonces nos llamarían. Y así fue. Todos estábamos unidos. Advertí: “puede ocurrir que venga la policía y nos saque de la empresa. Nosotros muy tranquilos vamos a salir a la calle, pero daremos paseos frente a la empresa el tiempo que sea necesario, el que se canse que vaya al bar a tomar el café. Pero venid uniformados”. Y así ocurrió.

Cuando las otras empresas se enteraron de que Juliá se había puesto en huelga, vinieron a donde estábamos nosotros y yo dije para mí: “hemos ganado la huelga”.

Se ganó aquella huelga, se hizo una gran plataforma, les hicimos pagar todo lo que pedíamos, y los trabajadores tomaron conciencia, y comprendieron que las cosas se consiguen, aun pacíficamente, con la presión de los trabajadores hacia las empresas, con huelgas, movilizándose, haciendo saber que no estamos dispuestos a que hagan con nosotros lo que quieran.

Se firmó la plataforma, se recuperó mucho, la gente estaba contentísima, y a mí la empresa me tuvo sin conducir un tiempo. Cuando me volvieron a poner a conducir, uno de los jefes vino conmigo y al cabo de un tiempo recibí el despido de la empresa, a pesar de que no podían despedirme porque era delegado sindical.

Se celebró un juicio en Madrid, en 1976. La empresa me ofrecía una indemnización. Al saber que no podían despedirme me llamó el juez a mí solo y me dijo: “Navarro, o coge usted el dinero o yo le despido sea como sea”. Hablé con mi abogado, y lo cogí. Entré en la lista negra y ya no pude encontrar trabajo en ningún sitio. Esa lista se repartía entre las empresas. Yo quise dar el dinero al Partido, pero no me dejaron porque me quedaba en paro, así que di la mitad: 125.000 pesetas.

EM.- El siguiente acontecimiento importante en tu experiencia sindical fue la emblemática huelga del transporte privado en Madrid, del 18 al 22 de enero de 1977, relacionada directamente con la matanza de Atocha. Háblanos de ello.

JN.- De cara al convenio provincial del transporte de Madrid preparamos una plataforma muy bien estudiada, para entregarla a la asociación de empresarios. Para la negociación nombré la “comisión de los nueve”, que eran trabajadores de empresas donde había estado y que yo conocía y confiaba en ellos.

En la reunión los empresarios dijeron que yo no podía estar porque ya no trabajaba, y yo dije a los trabajadores que dependía de ellos la decisión. Los trabajadores dijeron que sí, que yo tenía que estar, y entonces fuimos a los empresarios y les dijimos: “nosotros no les decimos a ustedes quiénes tienen que sentarse por su parte a negociar con nosotros, por lo tanto nuestro representante es Navarro y él va a sentarse a negociar, o ya saben qué pasará”.

Llegar a eso me costó cerca de cuatro años de trabajo clandestino. En el sindicato vertical me enseñaron la pistola más de una vez. Y si muestras miedo se acaba todo.

Estas negociaciones entre el Sindicato Vertical y Comisiones fueron muy duras, y se llegó hasta el punto que estando nosotros en el despacho de Atocha, que es desde donde se dirigía la huelga, los pequeños empresarios nos llamaron para reunirse con nosotros sin los grandes. Nos explicaron que habían llegado a las manos, porque los pequeños asumían nuestras reivindicaciones y los grandes se oponían. Les dijimos que no podíamos llegar a un acuerdo solo con ellos, sin los grandes, pero que ellos podían presionar a los grandes para que se aceptase. El acuerdo, que alcanzamos con todas las empresas, fue muy duro pero muy bueno. Conseguimos un aumento de entre un 19 y un 21 por ciento, entre otras cosas.

Lo primero que siempre he planteado en todos los acuerdos es que no podía haber represaliados ni despedidos ni sancionados, y por escrito. Y llamé a los trabajadores a una asamblea por la noche para que votasen el acuerdo al que se había llegado. Y dije: “Mañana a trabajar, pero si en cualquier empresa hay algún despedido, represaliado o sancionado, decidlo, que la huelga seguirá”. Yo he sido muy duro porque las circunstancias lo exigían. Era muy duro, pero no solo con los empresarios, también con los trabajadores, con todo el mundo, pero si no hubiera sido duro no habríamos conseguido nada.

Tras esta victoria es cuando se producen los asesinatos de Atocha, la noche del 24 de enero de 1977. Cuando se firmó todo, al terminar la huelga, había una reunión de abogados camaradas que no eran del transporte, sino de asociaciones de vecinos, de los barrios, etc. Cuando terminó nuestra asamblea se reunieron ellos, y son ellos los que murieron. No eran laboralistas, el despacho sí lo era, pero ellos no. Aquella noche me llamaron para tomar una cerveza, me bajé al bar y al poco empezaron a pasar las ambulancias, nos asomamos y vimos que paraban en la puerta. Cuando subimos vimos todo lleno de sangre, los teléfonos estaban todos rotos.

Me fui a casa de un compañero, trabajador del metro. Me dijo: “Navarro, te quedas aquí y cuando quieras te marchas” y me marché al rato, no podía dormir. No sabía dónde ir y volví a Atocha.

Nos reunimos unos compañeros en un local del partido, aún no sabíamos que venían a por mí. Luego me dijeron: “Navarro, tienes que venir con nosotros, porque uno de los abogados que no ha muerto, dice que preguntaron por Navarro”. Me metieron en un piso solo, cerca de la plaza de toros. Estuve allí unos días, no pude ir ni al entierro. Me llevaban comida por la mañana hasta que les dije, o me sacan ustedes de aquí o me voy yo. Me sacaron y me llevaron a otro piso, a casa de un camarada, luego de otro, hasta cuatro hasta que me mandaron al extranjero, por seguridad. Estuve en Rumanía, en Moscú…

EM.- ¿Qué opinión te merece el sindicalismo practicado por los actuales dirigentes sindicales?

JN.- Yo no estoy de acuerdo con el sindicalismo que se está haciendo ahora. Cuando estuve en Madrid, el sindicalismo que hacía era muy particular mío. Trataba por todos los medios de conocer a la clase trabajadora, ganármela. Para eso hay que tener mucha paciencia y escucharlos. Yo iba por las empresas media hora antes de empezar el trabajo. Porque cuando llegan los primeros trabajadores antes de empezar la jornada hablan entre ellos de sus problemas, y yo me iba quedando con eso. Ese es el papel de un dirigente sindical, conocer a los trabajadores, sus prioridades. No puedes ir a una asamblea sin saber qué piensan los trabajadores.

Cuando me vine a Valencia, en 1980, lo primero que dije en Madrid es que yo quería, antes que incorporarme al sindicato como liberado, trabajar en una empresa, con la condición de que fueran los trabajadores los que me eligieran. Tuve un buen recibimiento en la ciudad. A los cuatro o cinco días me incorporé al sindicato. Hablé con el responsable del transporte y le dije que necesitaba una reunión con los delegados de todas las empresas del transporte.

Después de tener esa reunión empecé a visitar las empresas y a preguntar por los delegados de comisiones, porque no podía llegar a las empresas diciendo “aquí estoy yo”. Preguntaba por los delegados, ellos me presentaban a los trabajadores, incluso me iba a verlos a los baños. La patronal llegó a decir que había llegado un demonio a Valencia.

Al cabo de unos meses vi las negociaciones y pensé que había que meter mano. Convoqué una asamblea y planteé la lucha, porque no veía otra manera. La hicimos en la estación de autobuses, y si no llega a ser por los trabajadores, cuatro patrones que se plantaron allí me linchan.

Los trabajadores a mí me han respetado mucho porque siempre les he dicho la verdad, les he dicho el peligro que corrían y a la vez la forma de salir de este peligro. Hay que decirles el peligro que hay para que nunca puedan decir que les has metido en un callejón sin salida. Ese es el papel del dirigente, no se puede llevar a la gente como a los borregos sino todo lo contrario. Tienes que decirles: hay que ir a la lucha, porque con la lucha es como se consiguen las cosas, e indicarles el peligro y cómo evitarlo. Y cuando hablas de esa forma los trabajadores recapacitan. Mucho cuidado, que los trabajadores son muy inteligentes. No les puedes engañar una vez porque dejan de seguirte, y esa es la cruda realidad.

Al poco tiempo vi que las cosas en el sindicato conmigo ya no iban bien, que ese recibimiento que me habían dado ya estaba cambiando, y yo me dije, ahora tengo una familia y la tengo que cuidar, así que me puse a trabajar en la EMT.

Llegó el momento en que el sindicato me sancionó. Yo pensaba que me habían expulsado, pero ahora me han dicho que estaba sancionado, ¿por qué? Porque los dirigentes del transporte estaban molestos conmigo porque les había dejado con el culo al aire más de una vez.

Pero aun estando sancionado yo firmaba los convenios, y nunca he hablado mal de Comisiones Obreras. Siempre he dicho que soy fundador de comisiones. Nunca he pagado cuota a otro sindicato.

En una huelga de la EMT me escayolaron una pierna, de la paliza que me dio la policía. Esa huelga también la ganamos. Ese convenio fue tan duro que nos manifestábamos desde la puerta de la empresa hasta el ayuntamiento casi todos los días. La comisión negociadora era UGT, CCOO, CNT, independientes, cuatro sindicatos y los que no éramos de ninguno. Cuando llegamos por la tarde me tenían preparado un coche con un megáfono para hablar. Por la noche nos sentamos a negociar y llegamos a un principio de acuerdo, y al día siguiente, Pérez Casado, el entonces alcalde de Valencia, me dice: “Navarro, siéntese usted a mi lado”. Todo esto ante la comisión negociadora. Me dio pena de ellos porque anteriormente habían firmado un convenio a espaldas de los trabajadores y tuvieron que comérselo con patatas.

A finales de los ochenta, en una huelga que hubo, los sindicatos llegaron a un acuerdo de servicios mínimos que para mí no eran mínimos. Así que iba el secretario general del transporte de Comisiones a las empresas para que los cumplieran, y yo iba detrás a decir que en esa huelga no habría ni un servicio mínimo. Por eso decía que les dejaba con el culo al aire. Y también por eso me respetaban los trabajadores. Porque es fácil entrar en una huelga, lo difícil es salir de ella sin perder nada. Los trabajadores saben quién les lleva por mal camino. Para mí los trabajadores, piensen como piensen, lo que tienen que conseguir es la unidad para ir a la lucha.

EM.- ¿Qué has aprendido de los trabajadores?

JN.- Yo he aprendido mucho, he escuchado mucho, porque al hablar dicen la verdad, lo que piensan, y de ahí puedes sacar lo necesario para ir a la lucha. A mí los trabajadores me merecen un gran respeto, porque lo dan todo, como sea su forma de ser, como piensen, todo tiene un sentido. Eso es lo que hay que comprender.

A ver qué empresa funciona sin trabajadores. El capital es el enemigo, es insaciable, pero el que se mete en tus filas camuflado es peor. Porque lleva a la gente por un callejón sin salida.

Yo sé que Rajoy y su cuadrilla son el enemigo, pero muchos dirigentes de partidos y sindicatos también. El sindicalismo es bonito llevado honradamente. Hoy en día el sindicato es una empresa. Hay que hacer una limpieza. Hay que decirles: levantaos y moved el culo un poco que se os enfríe, id a las empresas, hablad con los trabajadores. A veces veo cosas que me ponen los pelos de punta, que parecen peores que el vertical. Que en lugar de que los dirigentes vayan a ver a los trabajadores, son estos los que tienen que ir al sindicato a pordiosear, a pedir información.

Y les dan un papelito: vaya usted a tal hora allí. ¿¡Pero esto qué es!? Yo de los ordenadores no estoy en contra, pero no tantos. Id a las empresas que es el mejor ordenador que hay. Y reconoced los errores que hemos cometido, que los hemos cometido muy grandes y muy gordos. Esa es la cruda realidad.

Y si vas a una empresa, y ves que algunos del comité se han dedicado a meter a su familia, esos se han vendido a la empresa. Porque meten a su mujer, a su cuñado, y ¿qué pasa? La empresa despide y amenaza en los convenios, y por otro lado, fulano, miembro del comité, está metiendo a tres familiares. ¡Qué bonito! Eso se tiene que terminar

No a las Leyes Mordaza

Sufrimos un endurecimiento represivo en el que la norma es tratar a quienes se manifiestan o disienten a palos, con cargas, identificaciones, multas, detenciones e incluso con peticiones de gravísimas penas de prisión como a Alfon, a los anarquistas secuestrados el pasado 17 de diciembre o a un sinfín de sindicalistas. Esto responde a una falta de tradición democrática en la que el respeto a los ciudadanos y ciudadanas no existe. En lugar de servir al pueblo, de atenderlo o escuchar sus demandas, se le considera enemigo potencial, un sospechoso al que hay que abatir.

En el tercer Estado con menos delincuencia de Europa, que tiene más prisiones que hospitales, quieren llenar sus cárceles de disidentes, de dignos compañeros y compañeras de lucha.

Para justificar el endurecimiento de medidas represivas, que sucede ya a nivel europeo, no dudan en utilizar incluso el reciente atentado en la revista Charlie Hebdo. En París hemos visto a todos los líderes europeos pretender erigirse en paladines de la libertad de expresión y los valores democráticos mientras que, excusados en la lucha antiterrorista, aprueban leyes que convierten en terrorista a cualquier ciudadano.

Liquidar libertades y convertir derechos fundamentales en delitos, es lo que estas reformas pretenden institucionalizar. Con ello, el régimen da cobertura legal a la represión ya en marcha y garantiza la seguridad al bloque dominante: corruptos, especuladores, explotadores… La Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma Penal son en realidad leyes para la seguridad del régimen.

Estas leyes son una mordaza a las protestas sociales, con la Ley de Seguridad Ciudadana los escraches, las manifestaciones no comunicadas, el uso de imágenes de la policia o las ocupaciones de entidades públicas o privadas como forma de protesta, serán objeto de multas desorbitadas.

Asimismo, la Reforma Penal que convierte las faltas en delito castigará con penas de cárcel o antecedentes penales conductas propias de la protesta social como la resistencia pasiva, obstaculizar un desahucio o una detención, o difundir consignas que animen al desorden público. Se criminaliza a colectivos que no suponen un peligro para la sociedad, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades dinero.

Con la Ley Mordaza las conductas que ahora se resuelven ante un juez por la vía penal, lo que te garantiza una serie de derechos a la hora de defenderte de las acusaciones de la policía, serán sancionadas por la propia policía bajo el dictado del gobierno del régimen.Adiós a la separación de poderes. La Ley Mordaza, además pretende dar cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente” contrarias al derecho internacional de asilo.

La respuesta popular ante esta flagrante vulneración de derechos fundamentales, pasa por la firmeza ideológica, por desafiar al régimen monárquico, conocer nuestros derechos y que el movimiento popular no retroceda. Pasa por no caer en sus trampas de criminalización y por saber, de forma clara, que estas leyes están pensadas para proteger a los Urdangarines y las infantas, a los de los sobres y las tarjetas black, a los empresarios que llenan esos sobres, a los de los viajes a Canarias a costa de todos nosotros y nosotras, a las que hacen recortes criminales en sanidad y asesinan mascotas mientras esconden coches de lujo invisibles en el garaje.

Pero juntos vamos a combatir su represión, sus leyes mordaza, su condena a pagar la deuda y cada uno de sus ataques a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a seguir defendiendo nuestros lemas:

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD.

Somos la resistencia democrática y decimos que ¡NO PASARÁN!

Sigue las convocatorias en la página de la Coordinadora25S

Las afectadas del 4F piden la reapertura del caso

Avalancha de cámaras, fotógrafos y periodistas este mediodía [por ayer, 20 de enero] en el Colegio de Periodistas. Casi un centenar de personas, han asistido a la rueda de prensa convocada por colectivos de apoyo y algunas de las personas afectadas por el caso explicado en el documental Ciutat Morta'. Tras el estruendo mediático y político que supuso su emisión el pasado sábado en el Canal 33, las afectadas han reiterado de nuevo su voluntad de que se reabra el caso. Así lo han expuesto Rodrigo Lanza, uno de los condenados, su madre, Mariana Huidobro, Silvia Villullas, amiga de Patricia Heras, la abogada Laia Serra, Daniel Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional en Cataluña, Andrés García,miembro de la Comisión para la Prevención de la Tortura y Xapo Ortega, codirector del documental. Para todos ellos, la razón por la reapertura del caso, más allá de las nuevas pruebas que exige la fiscalía, se llevará a cabo porque consideran que nunca se investigó debidamente.
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Lanza ha recordado que por ahora sigue siendo culpable de un crimen que no cometió, mientras que Andrés García, ha insistido en que es necesario llegar al fondo de lo que pasó porque es la única garantía "de no repetición de casos como el del 4F", fecha en la que tuvieron lugar los hechos. García considera que el informe del que habló el ex alcalde Joan Clos en su momento, en el que se decía que el agente había recibido el golpe debido al lanzamiento de una maceta desde dentro del edificio, debe estar aunque en algún lugar y que es necesario que salga a la luz. Respecto al posible testigo que podría haber presenciado el lanzamiento de la maceta y la negativa de la Fiscalía a reabrir el caso porque no hay nuevas pruebas, Laia Serra manifestó que se debe tener claro "que la Fiscalía puede actuar de oficio" y que la carga de la reapertura no puede recaer "en las familias que fueron condenadas" y tampoco "sobre la familia del agente lesionado". Serra ha querido recalcar que más allá de nuevos testigos, una indagación completa de cómo se hizo la investigación, "apuntaría a nuevas pruebas".

Mariana Huidobro, recordó cómo solicitó una entrevista a Joan Clos para saber por qué había desaparecido el informe del que hablaba. Clos se negó a recibirlos. Asimismo Huidobro recordó cómo se solicitó al también ex alcalde Jordi Hereu una explicación de por qué se borraron las pruebas en el lugar de los hechos. Hereu aceptó recibir la familia, pero después anuló la reunión por "problemas de agenda". Lanza, que ha recordado que para él la venganza "es que se sepa que pasan estas cosas", reiteró que la policía los detuvo por su estética y también por un componente racial, refiriéndose a su procedencia sudamericana: "fueron por nosotros porque éramos sudamericanos", porque se pensó que serían "más fáciles de condenar".

Durante la comparecencia, Silvia Villullas, que trabajaba de abogada en el departamento de recursos humanos de la empresa Segur Ibérica, ha denunciado que después de haber aparecido en el documental ha sido despedida. Segur Ibérica --empresa vinculada a cargos del PP-- ha sido acusada recientemente de estafar tanto al gobierno español como al catalán. En un comunicado la empresa ha negado estos hechos.

Por otra parte, el 20 de enero, el que era jefe de información de la Guardia Urbana en los momentos de los hechos, Víctor Gibanel, y actual jefe de la policía local de Gavà, anunció que leerá un comunicado en la sala de actos de la Biblioteca Josep Soler Vidal de la misma población, "ante las informaciones publicadas estos días en relación a los hechos acaecidos en Barcelona el 4 de febrero de 2006 y de la emisión del documental 'Ciutat Morta', tal y como ha informado en una nota el Ayuntamiento de Gavà.

Diagonal

El perfil de los menores infractores

Nos bombardean continuamente con la idea de que los centros de menores están llenos de jóvenes de clase media que, al no haber tenido límites, se han convertido en caprichosos pequeños dictadores. La noticia que a continuación publicamos, aparecida en El Mundo, desmiente este hecho. El perfil es el mismo de siempre: chavales que provienen de la exclusión social, muchos de ellos tutelados previamente.

El 81% de los menores infractores es consumidor de drogas

Varón y consumidor de drogas, éste es el perfil mayoritario de los menores que, durante 2013, fueron condenados por algún tipo de delito o falta, hasta el 81% de ellos, siendo el total 14.744. Es el cannabis la sustancia más consumida y, en muchas de las ocasiones, la emplean como una forma de evasión.

Éstas son algunas de las conclusiones del estudio Prevención de drogodependencia en centros de internamiento de menores, financiado por el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) y publicado ahora por la Fundación Atenea, que advierte: si ya delinquir es de por sí un factor de exclusión social, si se le une el consumo de drogas el camino vital de estos menores se convierte en círculo entre la dependencia y el internamiento "del que es muy difícil salir y para el que los recursos existentes pueden no ser los adecuados".

Según la investigación, el consumo de drogas entre estos menores es "alto" y el perfil presenta una serie de variables comunes: "contexto familiar con graves problemas de funcionalidad, un alto grado de fracaso y abandono escolar, escasez de mujeres que delinquen y muy escasa presencia de las mismas en centros de internamiento, consumo de sustancias y una alta presencia de jóvenes provenientes de ambientes con alto riesgo de exclusión, con patologías mentales, y de jóvenes tutelados".

Frente a esta situación, la Fundación Atenea hace hincapié en que en aquellos centros donde no existe un programa específico para evitar o reducir el consumo de drogas, los menores son trasladados a centros de drogodependencias generales, "donde los jóvenes no se adecúan" pues tienen una "trayectoria de consumo menor". "Es necesario desarrollar actuaciones específicas con las familias y preparar a los menores de cara a la finalización de las medidas, de forma que se facilite el conocimiento de recursos externos y se posibiliten continuidades de intervención", aconsejan desde la fundación.

Según la Encuesta de Salud Penitenciaria, "un 15% de la población de las cárceles ha tenido una estancia previa en un centro de menores, lo que reafirma la espiral de exclusión y privación de libertad". Por ello, insisten desde Atenea, "es fundamental prevenir el ingreso en prisión de los jóvenes y reducir al mínimo la incidencia de los factores de riesgo en esta población".

El Mundo

Cárcel para un piquete de la huelga general del 29M

Cinco sindicalistas de UGT, trabajadores de ArcelorMittal, han sido condenados a penas de cárcel por participar en un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Dos de ellos, a 5 años y 3 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores y de lesiones, así como a pagar una multa de 4.500 euros, además de indemnizar al afectado con 70.600 euros. Los otros tres sindicalistas han sido condenados a 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y una multa de 4.500 euros cada uno.

Los trabajadores niegan los hechos y presentaron testigos que contaban versiones diferentes de los hechos descritos por el denunciante, pero a pesar de que la fiscalía no hizo ninguna investigación y que el denunciante no aportó ningún testigo ni ninguna prueba de lo sucedido, el juez basándose únicamente en el testimonio del denunciante impuso esta pena totalmente desproporcionada, en la línea de la persecución que se está llevando contra unos 300 sindicalistas en todo el estado con penas de cárcel que suman unos 120 años, por el único delito de luchar por defender los derechos de todos los trabajadores. 
Los sindicalistas Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) también pueden ir 15 días a la cárcel por negarse a pagar una multa por una falta de desorden público al negarse a identificarse ante la Policía Nacional, según la sentencia. Los acusados niegan que no se identificaran, simplemente se negaron a hacer entrega de su DNI a los agentes.
La respuesta sindical ante esta persecución y criminalización queda limitada a recurrir las sentencias y pedir la derogación del artículo 315 del Código Penal (una ley franquista) al gobierno, al mismo gobierno de la reforma laboral, de los recortes y de la ley Mordaza. Es necesario cambiar el rumbo de esta política sindical que nos lleva a la pérdida de derechos sin tan siquiera presentar batalla para impedirlo.

El Militante

Concentración en solidaridad con Javier Guerrero

Como sabrá quien haya leído lo ya publicado aquí sobre este asunto, Javi Guerrero Carvajal empezó la noche del 12 de diciembre pasado, en la cárcel de A Lama, una huelga de hambre para protestar por la retirada, a causa de una sanción injusta, de un permiso de salida que le hubiera permitido, después de 11 años preso, pasar la primera navidad con su familia, denunciar también los malos tratos y torturas en las cárceles y la indefensión de las personas presas y recordar a Eugenio García Serrano “Gvioviotu”, muerto en circunstancias aún no aclaradas en la cárcel de A Lama el 30 de abril pasado. Del 3 al 5 de enero añadió la huelga de sed a la de hambre lo que le llevó al hospital provincial de Pontevedra. Allí sigue ingresado, en grave estado de salud, después de 36 días sin comer a cuyos efectos hay que sumar los derivados de los de los 3 días de huelga de sed. El grupo de Galiza Sur de la Coordiandora Anticarcelaria Cárcel=Tortura que ya convocaron otra el pasado 7 de enero, convocan, en apoyo de Javi, una nueva concentración ante el hospital provincial de Pontevedra el próximo domingo, 18 de enero, alas 18:00 horas.

Más información en Tokata sobre la huelga de hambre de Javier

Desmontando a la "FarMafia": el Sovaldi se desarrolló con fondos públicos

El discurso habitual de las multinacionales de farmacia es que dedican mucho dinero y muchos años a investigación + desarrollo, para poder producir un nuevo medicamento, por lo cual luego tienen que recuperar las cuantiosas inversiones imponiendo altos costes de venta.

Como recuerda Miguel Jara, “lo primero es comprobar que eso es así. Habría que hacer auditorías independientes de lo que ha costado el medicamento a la empresa y el tiempo que ha consumido en ello (y eso cargarlo en la cuenta del precio del fármaco pues la población no ha de pagar lo que es producto de la falta de transparencia de una industria y la permisividad de sus gobernantes). Ver si la molécula se creó en una institución pública, como suele ocurrir y que ello se contabilice también en el precio final. Comprobar la verdadera eficacia y seguridad del preparado farmacológico, para lo cual es fundamental que existan agencias reguladoras independientes (hoy no lo son) y que tengan TODOS los datos de los ensayos clínicos hechos por el laboratorio, cosa que no suele ocurrir”.

En el caso de Sovaldi, el blog “la ciencia y sus demonios”, publica una serie de datos que, suponen la confirmación de que el precio impuesto por la multinacional Gilead, es un atraco en toda regla como ya advertíamos días atrás desde CAS:

- Pharmasset fue creada por Liotta y Schinazi entre otros investigadores, que llevaban desde finales de la década de 1980 colaborando muy estrechamente en el tema de la búsqueda de medicamentos antivirales, como se puede comprobar en una veintena de publicaciones.

- Investigando las fuentes de financiación de los estudios recogidos en estos artículos, se encuentra que todos ellos (incluidos los que sirvieron de base para el desarrollo del Sovaldi y otros antivirales bajo patente de Pharmasset) han sido profusa y generosamente financiados durante más de 20 años por diversas agencias públicas de EEUU como los famosos “National Institutes of Health” (16 proyectos de investigación), el “Department of Veterans Affairs” (9 proyectos), el “United States Department of Energy” (2 proyectos), otros 2 proyectos del “Georgia Veterans Affairs Research Center for AIDS and HIV Infections” además de proyectos individuales financiados por el “Molecular Design Institute” del “Office of Naval Research”, el “United States Public Health Service” y el “National Cancer Institute”. Además, incluso en un artículo hubo financiación del también prestigioso “Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale” francés porque formaba parte de una colaboración internacional. Es decir, 33 proyectos de investigación financiados con dinero público durante más de dos décadas.

- A continuación se contactó con inversores y se creó una empresa con sede en el paraíso fiscal de Barbados, que varios años después se trasladó al estado de Delaware, que dispone de un estatus económico privilegiado, que le permite desde suelo yanqui, operar como en cualquier paraíso fiscal.

- En el 2007 Pharmasset, sin tener ningún medicamento a la venta en el mercado farmacéutico, sale a bolsa, se revaloriza espectacularmente y en 2011 es comprada por 11.000 millones de dólares por la multinacional Gilead.

- En 2013 la FDA (agencia del medicamento estadounidense) aprueba el uso del sofosbuvir o Sovaldi para el tratamiento de la hepatitis C y empieza su comercialización mundial.

Para acabar, es necesario recordar que se esconde detrás de Gilead. En el magnífico trabajo de investigación de Pablo Martínez Romero, de CNT Córdoba, “GILEAD, SOVALDI y Hepatitis C: La Bolsa o la Vida”[5], el autor desentraña el accionariado, los directivos (entre ellos algunos que han ejercido como Secretarios de Estado de tres administraciones norteamericanas, como Donald Rumsfeld y George Shultz).

Como dato anecdótico, el presidente del Consejo de Administración, John C. Martin, obtuvo en el último año, una compensación total de cerca de 170 millones de $. Como bien apunta Pablo, “la política de precios y comercial de GILEAD, no se puede entender sin comprobar como su accionariado y el de las principales farmacéuticas, está en manos de los principales grupos financieros y de inversión, para los que esta industria se ha convertido en los últimos años en la base para una nueva burbuja especulativa, esta vez biotecnológica, dónde, como sucedió con la burbuja inmobiliaria, la salud y la vida de millones de personas es lo último que importa”.

Cádiz en lucha