4º etapa Marcha Obrera Andalucía En Pie

¡Todos a Madrid el 15-S! Ante los recortes, luchar por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad

Amparándose en la crisis que ellos mismos han provocado, los capitalistas están destruyendo las conquistas sociales que los trabajadores conseguimos tras décadas de lucha. Estamos asistiendo a la aprobación de reformas laborales que facilitan el despido e imponen unas relaciones laborales dictatoriales en las empresas, el retraso en la edad de jubilación, privatización del escaso sector público que quedaba, copago y recortes salvajes en sanidad y educación, aumento de la presión fiscal a las familias trabajadoras y amnistía para los grandes evasores, aumento de la represión y recorte en derechos democráticos, presiones a favor de la involución cultural hacia la España de toros, fútbol y crucifijo...y por supuesto el desmantelamiento de los servicios sociales tal y como se conciben hoy día.

A pesar de que tras años de privatización y burocratización la realidad de los servicios sociales dista mucho de ser adecuada, esto no parece bastarle a la burguesía, empeñada en acabar con cualquier resquicio del llamado estado del bienestar. El verano ha estado salpicado de noticias relativas a recortes e impagos de los conciertos suscritos por las distintas administraciones, poniendo en peligro la calidad de la atención a la que todos tenemos derecho y destruyendo miles de puestos de trabajo en el sector de la intervención social.

Además, cada vez resulta más evidente que en esta cuestión también pretenden volver al pasado, eliminando derechos sociales por caridad, dejando a un lado la intervención para volver al mero asistencialismo. En reforma y protección de menores esto se refleja en la paulatina implantación de macrocárceles de menores en lugares aislados (como el centro Santa Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo) y en el progresivo desmantelamiento de la red de pisos tutelados u hogares funcionales, volviendo poco a poco al ya superado sistema de hospicios (siendo pionera en esta barbaridad la Comunidad de Madrid).

Sin embargo, la respuesta está siendo muy tibia a pesar de la gravedad de los ataques (en parte debido a la atomización de los trabajadores del sector y a la pasividad sindical). De hecho, la iniciativa en la denuncia de esta situación la están llevando las empresas del sector, como Nuevo Futuro (que ha cerrado dos de sus centros de acogida en Valencia ante los impagos de la Generalitat). Esto es muy peligroso, ya que ata a los trabajadores a la estrategia de las empresas que durante años se han beneficiado de la privatización de los servicios sociales y cuyo único objetivo es intentar salvaguardar su chiringuito.

Los trabajadores necesitamos tener voz propia en esta lucha, junto con la de los usuarios. En esta línea ya están apareciendo algunas iniciativas, como la asamblea de Intervención Social En Lucha de Madrid, que tras organizar una primera movilización en febrero están impulsando unas jornadas de debate para este otoño.

Pero la clave la tienen nuestros sindicatos de clase. Tienen la capacidad y la obligación de cohesionar y estructurar a los trabajadores del sector, intentar aglutinar a los usuarios y sus familias, y extender la lucha al conjunto de la sociedad. Necesitamos un plan de lucha a nivel estatal y que englobe a los distintos sectores de la intervención social (menores, discapacidad, mayores, etc), unificando las movilizaciones parciales que se están produciendo. Esta lucha contra los recortes tendría que ir más allá, planteando la necesidad de integrar los distintos recursos en una red pública de servicios sociales, eliminando a las empresas intermediarias y destinando así todos los recursos económicos disponibles a garantizar una atención de calidad a los usuarios y a dignificar las condiciones laborales del sector.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado, junto con otras fuerzas sindicales y numerosos colectivos profesionales y sociales, una marcha estatal a Madrid para el próximo 15 de septiembre. Es una buena ocasión para visibilizar la realidad de nuestro sector, acudiendo a la manifestación con camisetas, panfletos, pancartas...

¡TODOS A MADRID EL 15-S!

¡NO A LOS RECORTES!

¡POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE CALIDAD!

Colectivo No a O´Belen

noaobelen@hotmail.es

Ex militares israelíes denuncian abusos contra niños palestinos

Un informe sobre la ocupación israelí en Cisjordania durante los últimos siete años centra su atención en el sufrimiento y los abusos que los militares causan a los niños palestinos y, a menudo sin razón alguna, también a los adultos. El informe, que se hace público hoy en Europa, ha sido confeccionado por Rompiendo el Silencio, una ONG israelí que desde hace años examina las actuaciones de los militares israelíes en los territorios ocupados.

"En el informe no hay nada sorprendente, puesto que todo lo recogido era previsible, especialmente para quien ha estado implicado con el Ejército", dice el exsargento Yehuda Shaul, responsable de Rompiendo el Silencio, integrada por exsoldados israelíes. "Aunque lo que queda claro, sobre todo, es el hecho de que los soldados no distinguen a los niños de los adultos".

"El informe aspira a exponer ante la sociedad israelí las acciones que los soldados realizan con los niños, que no tienen nada que ver con la seguridad, y deben acabar cuanto antes. Cuando un Ejército se implica de esta manera en la ocupación, no puede ser moral", dice Yehuda Shaul en respuesta a los líderes israelíes que a menudo declaran que el Tsahal es el Ejército más moral del mundo.

Se disparan balas de goma modificadas desde muy escasa distancia, a veces contra niños

Un sargento que estuvo destinado entre 2006 y 2007 en el área de Nablus, al norte de Cisjordania, cuenta en el informe el caso de un soldado que disparó una bala de goma contra un niño desde una distancia de diez metros, y explica que las balas de goma que se utilizan habitualmente son de racimo y constan de cuatro partes.

Si se dispara entero, el proyectil tiene un alcance limitado y una fuerza menor, de manera que los soldados suelen partirlos por la mitad y los disparan en dos ráfagas, de modo que salen con más fuerza y mayor alcance y precisión: sus efectos se multiplican y se vuelven más peligrosos.

El sargento, que pertenece a una unidad de paracaidistas, explica que la munición se parte en dos con el consentimiento de los oficiales. Este método "lo hemos ideado nosotros", precisa refiriéndose a la tropa, y no responde a órdenes de nuestros superiores, aunque "todo el mundo lo conoce en el Ejército", como también se sabe que se disparan estas balas desde muy escasa distancia, a veces contra niños, y habitualmente se apunta "al centro del cuerpo". Según un veterano exmilitar, al partir en dos las balas de goma, se rompe la capa de nylon que las cubre y la munición puede tornarse "letal".

El informe recoge los testimonios de 47 soldados y suboficiales que han servido entre 2005 y 2011 en Cisjordania. Sus nombres no se revelan, pero el conjunto de las declaraciones descubre el panorama desolador que acompaña la ocupación, y el tratamiento que dan los soldados a los niños y adolescentes palestinos.

Un sargento cuenta cómo provocan a los niños para que tiren piedras y así poder detenerlos

Otro sargento que estuvo destinado en Nablus en 2005 cuentacómo se provoca a los niños en los pueblos de Cisjordania. "Una compañía completa entra a pie, en dos columnas, como en una marcha militar, por las calles (del pueblo), lo que causa disturbios y provoca a los niños. El comandante está aburrido y quiere quedar bien con el jefe del batallón a costa de sus subordinados. Busca más y más fricción con los palestinos, busca machacar a la población y hacer sus vidas más y más miserables..."

En estas situaciones es frecuente que los niños empiecen a arrojar piedras contra los soldados, lo que sirve de pretexto a los jefes militares para disparar contra ellos. El Ejército realiza este tipo de acciones al azar y con frecuencia con el único fin de castigar a la población local sin ningún motivo aparente.

Los castigos habituales que se aplican a los niños consisten en llevarlos hasta una instalación militar, esposarles las manos, taparles los ojos, y dejarlos durante horas en esa situación hasta que finalmente son liberados. En algunos casos, los niños son detenidos y encerrados sin que medie ninguna denuncia contra ellos. Las narraciones de los militares sugieren que a menudo las órdenes de perseguir a los niños -que a veces cuentan sólo con 9 o 10 años de edad, e incluso menos-- se imparten de manera regular con el único objetivo de provocarlos y pasar el rato.

Un sargento que estuvo destinado en 2005 en Tulkarem, al norte de Cisjordania, cuenta que en esa época, es decir varios años después de que el Tribunal Supremo dictaminara la ilegalidad del llamado "procedimiento del vecino", los militares continuaban aplicándolo con frecuencia y eran muy pocos los soldados que se resistían a ponerlo en práctica. Este procedimiento consiste en obligar a los vecinos a registrar las casas de presuntos "terroristas", lo que en ocasiones ha terminado con la muerte del palestino obligado a hacerlo.

Otras veces "destrozan tiendas" o "dan palizas" a los palestinos

Otro sargento que en 2006 y 2007 estuvo destinado en Hebrón, al sur de Cisjordania, cuenta que es habitual que cuando los soldados se aburren provoquen a los palestinos, por ejemplo lanzando una bomba de sonido o una granada de gas en el interior de una mezquita donde hay musulmanes rezando, únicamente con el objetivo de provocarlos para que salgan fuera y así los soldados, que están buscando alguna aventura, se distraigan disparando contra ellos balas de goma. Otras veces "destrozan tiendas" o "dan palizas" a los palestinos sin ninguna razón aparente, añade el sargento, simplemente para combatir el aburrimiento.

Un sargento de la temida Brigada Kfir destinado en 2006 y 2007 en Hebrón cuenta que el nivel de violencia y crueldad que vio era difícil de creer y en gran parte lo cometían soldados drusos de la llamada Guardia de Fronteras. "Recuerdo que una vez apresaron a un árabe que estaba tirando piedras. Pusieron su rodilla contra el muro mientras él estaba extendido en el suelo y alguien saltó sobre su rodilla. Sin piedad".

Este tipo de acciones son conocidas por todos en Israel, incluidas las autoridades y los políticos. Sin embargo, el país trata de ocultar algo que sucede a diario mientras los responsables aseguran que el Ejército es "el más moral del mundo".

Público

3º etapa Marcha Obrera Andalucía En Pie

El Defensor del Pueblo denuncia deficiencias en el centro de reforma Albaidel (Albacete)

Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales por diversas deficiencias detectadas por esta institución en su visita al centro de menores Albaidel. No es la primera vez en la que un organismo público realiza un análisis crítico de esta instalación. El último estudio ha sido realizado por el Defensor del Pueblo y lo ha publicado dentro del 'Informe anual 2011 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La institución, que ahora dirige Soledad Becerril, realizó una serie de visitas a diversos centros de menores de España, la mayoría por sorpresa, y detectó diversas anomalías.

Según el informe, todos los centros inspeccionados «adolecen de unas deficiencias comunes, como son las que afectan a los sistemas de videovigilancia y grabación, a la carencia de sistemas de videoconferencia con juzgados y fiscalías de menores, a la casi nula asistencia jurídica de los abogados de oficio a los menores durante la ejecución de la medida en el centro y la falta de comunicación de las sanciones impuestas a los menores y a sus abogados».

En este sentido, opina el Defensor del Pueblo que «las carencias detectadas en el campo de cobertura de la videovigilancia, no impiden la extralimitación en algún caso», y pone como ejemplo el centro Albaidel, en el que pudieron comprobar que en las dos salas de visita hay instaladas cámaras de videovigilancia «que permiten el visionado de cómo se desarrolla la visita, lo que puede dar lugar a una intromisión en la intimidad personal y familiar de los menores».

La institución, en su informe, recoge las declaraciones de unos de los internos, quien aseguró que prefería que su familia no viniera a verles por esta causa. «Ellos no tienen por qué aguantar esto. Yo me lo como pero ellos no. Además, es como recordarles a cada rato que estoy preso..., salen fatal y yo peor...».

Asistencia jurídica

También señala el Defensor que es «generalizada» la «poca o nula asistencia jurídica que los abogados de oficio prestan a los menores durante el tiempo que están cumpliendo la medida de internamiento impuesta», pues, dice el documento, «no les visitan en el centro y difícilmente pueden solicitar, en su caso, la modificación de la medida impuesta por los progresos que estuviera teniendo el menor».

En este sentido, en el registro informatizado para las visitas de abogados que existe en Albaidel, el Defensor comprobó que durante el año 2011, sólo 3 menores habían recibido visitas de sus abogados. A este respecto, el informe va más allá, y señala que en Albaidel, en todas las resoluciones de imposición de sanción, consta expresamente que la misma puede ser recurrida por el menor o su letrado, verbalmente o por escrito, en el plazo de 24 horas desde la notificación, ante el Juez de Menores. «Se comprobó en los expedientes que nunca se da traslado ni se comunica la resolución al abogado, por lo que difícilmente podrá recurrir la sanción si no tiene conocimiento de ella». El informe hace un repaso por la asistencia que se da a los jóvenes cuando ingresan en Albaidel. Pues bien, el Defensor destaca que los informes psicológicos de los menores están datados días después de su ingreso, por lo que «no sirve de orientación al equipo directivo para decidir la unidad de convivencia en la que ha de ser ubicado».

Registros necesarios

En los centros visitados, la mitad de los menores consideraron que los registros a los que son sometidos son incómodos pero necesarios. Un menor de Albaidel los justificó para evitar que algún compañero introduzca en el centro cerillas o mecheros y pueda prender fuego a su habitación. Una de las mayores críticas que plantea el informe del Defensor del Pueblo se refiere al estado de la habitación de separación a la que se traslada a los jóvenes para el cumplimiento de una sanción o de una medida cautelar o como medio de contención. Los técnicos del organismo que ahora coordina Soledad Becerril consideran que la habitación que Albaidel destina a tal finalidad -y que tanto menores como trabajadores del centro conocen como 'Tarambuco'- no está en las condiciones adecuadas.

Entre otras cosas, esta habitación especial está «semiescondida» tras una sala de taquillas, «llegándole la iluminación natural a través de un tragaluz en el techo, donde también hay un tubo fluorescente; carece de ventilación con el exterior; la puerta de acceso es metálica con un ventanuco que permanece cerrado», «todo lo cual da lugar a una mayor sensación claustrofóbica». Tiene lavabo e inodoro, pero sin embargo, el Defensor observó que el agua estaba cortada.

No tiene interfono, ni timbre sonoro de llamada y los vigilantes tampoco disponen de un lugar en el que permanecer junto a esta habitación. Así las cosas, cuando un menor requiere la presencia de un vigilante por alguna urgencia, la única forma que tiene el joven de avisar es mediante golpes en la puerta, lo cual no garantiza, dice el informe, que acudan en su auxilio.

Riesgos

La habitación cuenta además de con un cama, con una banqueta y una mesilla, «cuyos picos y aristas podrían ser utilizados por el menor para autolesionarse, máxime teniendo en cuenta que esa habitación -el 'Tarambuco'- se utiliza para la separación cuando un menor está alterado o en situación violenta».

Cuatro de cada diez jóvenes entrevistados por el Defensor reconocieron haber estado en el 'Tarambuco', Uno de los menores declaro que en aquella habitación se sintió «aislado de los demás», «¡pasas miedo!», «sales y estás mal, peor que entraste». Y hay quien aseguró haber permanecido allí hasta 24 horas.

El Defensor del Pueblo puso en conocimiento de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales las malas condiciones de este habitáculo. El informe habla de que el 'Tarambuco' no ayuda a que el joven pueda tranquilizarse, sino que genera en los menores sensaciones de soledad, angustia y aislamiento, advirtiendo además a la Junta de Comunidades de que la separación de un joven del resto del grupo debería realizarse en su propia habitación, o en todo caso, en un recinto aparte pero en las condiciones adecuadas.

El documento destaca que desde el Defensor «se ha puesto de manifiesto a la autoridad competente que el aislamiento en el 'Tarambuco' puede constituir un delito de malos tratos o tortura», de acuerdo con el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH).

La Verdad

Movilizaciones contra el ERE en el dispositivo de incendios forestales (Guadalajara)

Somos los trabajadores contra incendios forestales de la provincia de Guadalajara, aquellos que aparecen cuando las llamas cobran dolorosa realidad. Os escribimos desde la rabia y el dolor de este verano de altas temperaturas y de medidas políticas carentes de toda cordura.

Frente al verano más seco desde que se recogen datos meteorológicos, nuestros representantes políticos tenían una responsabilidad, reforzar las medidas contra los incendios forestales. Era algo obvio, algo que por sí solo comprendería cualquiera, hasta un niño.

En cambio, los responsables políticos tomaron otra decisión en todo el estado. Hacer los mayores recortes de personal, de materiales, de medios aéreos y terrestres, en definitiva el mayor recorte en los operativos contra incendios forestales de la historia.

En Castilla la Mancha estos recortes se concretaron en reducir 105,5 millones de euros. Así lo presentaron Mª de Cospedal y Mª Luisa Soriano. Este recorte supuso el despido para el comienzo de la presente campaña 2012 de 250 trabajadores de primera línea, eliminaciones de retenes enteros, medios aéreos como helicópteros y cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria pesada y un largo etc.

El día 1 de Junio, la modificación a la encomienda de servicios, presentada por la Consejería de Agricultura bajo la firma de Javier Gómez-Elvira, reduce aún más el operativo al no contemplar como servicios mínimos las patrullas forestales de pronto ataque, fundamentales en las labores de extinción. 

Hace menos de un mes, un primer ERE en la empresa pública encargada de la gestión de la lucha contra incendios forestales en nuestra región, se lleva por delante a otros 75 compañeros. Este ERE, como no podía ser de otra forma, se aplica sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores.

El lunes 13 de Agosto, mientras arde España de punta a punta, un día después de que dos compañeros del operativo de Alicante pierdan su valiosa vida bajo las llamas de otro incendio, la empresa Geacam nos presenta un ERE EXTINTIVO DE PUESTOS DE TRABAJO, un ERE que plantea despedir a 680 trabajadores, cerca del 40% del operativo.

Las consecuencias de todas estas medidas ya las conocemos: se han multiplicado por cinco el numero de grandes incendios con respecto al año pasado, han ardido tantas hectáreas de bosque en 2012 en España que en los últimos 10 años juntos , se han declarado zonas catastróficas en varias provincias de la península, han perdido la vida 6 personas en incendios forestales en lo que llevamos de verano, vidas y bosques que nadie ya podrá recuperar.

Este llamamiento a la ciudadanía es un llamamiento desde el dolor y la rabia. Desde el dolor de ver y sentir las consecuencias nefastas de unas decisiones aplicadas por unos políticos irresponsables y obtusos. Desde la rabia de que todo podría haber sido de otra manera, la rabia de dar todo lo que llevamos dentro en los incendios de este verano para que nos echen al 40% de la plantilla como agradecimiento, la rabia de ver como juegan a la ruleta rusa con nuestras vidas, nuestros bosques y nuestros pueblos, la rabia de tener unos representantes políticos como los que nos gobiernan.

Por eso vecinos, amigos y familiares pedimos que os suméis a nosotros los días 22 y 23 de agosto. Que salgamos a las calles a exigir la dimisión de toda esta cúpula de irresponsables, que unamos nuestras voces en la defensa del bien común que son nuestro medio natural, en defensa de la vida del medio rural, en defensa de nuestra propia vida.

Salgamos a la calle para echar a estos políticos irresponsables de sus confortables despachos, para que la justicia de este país juzgue sus irresponsables comportamientos, para mostrar que estamos hartos, hartos de tanta injusticia, hartos de tanta irresponsabilidad.

Salimos a la calle porque nos negamos a que nos sigan pisoteando la dignidad.

Salimos a la calle para encontrarnos con vosotros, vecinos, familiares y amigos. para juntar nuestras voces cargadas de rabia.

Salimos a la calle por la defensa de nuestro medio natural, por el sentido común y contra la sinrazón.

MANIFESTACIONES LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO,

 A LAS 11H EN GUADALAJARA

SALIDA EN LAS PUERTAS DE GEACAM (C/ Cardenal González de Mendoza)

LLEGADA EDIFICIO DE LA JUNTA, PLAZA DEL JARDINILLO

SATIF (Sindicato Autónomo de Trabajadores de Incendios Forestales)

La economía según Sánchez Gordillo

Marinaleda, gobernada por el Colectivo Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas desde 1979, ha apostado por un modelo económico alternativo que le ha permitido capear el temporal de la crisis.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien ha acaparado las portadas de los últimos días tras haber liderado una “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados junto a sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para entregárselos a los más necesitados.

Junto a su eterno compañero de lucha jornalera, Diego Cañamero, Sánchez Gordillo ha sido un histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), columna vertebral del actual SAT. Además, desde 1979 es alcalde de Marinaleda, una pequeña localidad sevillana donde durante los últimos 40 años la izquierda ha tenido una hegemonía absoluta. El apoyo y compromiso de los vecinos del pueblo ha permitido poner en marcha un verdadero experimento político y económico, una suerte de isla socialista en mitad del campo andaluz.

Enemiga eterna de los terratenientes y la derecha, la Marinaleda roja ha caminado por la historia de España desde la Transición, pasando por la entrada en Europa y el fin del referente del comunismo con la caída de la Unión Soviética, hasta el siglo XXI. Finalmente, llegó la crisis económica y esta población andaluza ha tenido la oportunidad de probar si su particular utopía en 25 kilómetros cuadrados es realmente una alternativa frente a los mercados. Su tasa de paro actual es del 0%.

Trabajo
Una buena parte de los habitantes están empleados en la Cooperativa Humar – Marinaleda S.C.A, creada por los propios jornaleros tras años de lucha. Durante mucho, los campesinos estuvieron ocupando las tierras de Humoso, donde hoy está la cooperativa, y cada vez que lo hacían eran desalojados por la Guardia Civil. Finalmente, en 1992 consiguieron su objetivo: “la tierra para el que la trabaja” y la finca pasó a su propiedad. En su web aclaran que su “objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad“.

Todos los sueldos en la cooperativa son iguales: unos 1.200 euros al mes En sus campos se producen habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra, controlados por los mismos trabajadores en todas las fases de producción. Las tierras, situadas en la Vega del Genil, son propiedad de “toda la comunidad” y además cuentan con una fábrica de conservas, una almazara, invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda. El salario de todos los trabajadores, sin importar cuál sea su puesto, es de 47 euros por jornada, seis días por semana, a razón de 1.128 euros al mes por 35 horas semanales.

En las temporadas altas, en la cooperativa llegan a trabajar alrededor de 400 personas y como mínimo hay unas cien. Pero cada puesto de trabajo no es propiedad de un vecino en concreto, sino que se van rotando para que todos puedan cobrar algo, siguiendo la máxima de “trabajar menos para trabajar todos“. Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y deportes. Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200 euros al mes.

En una entrevista concedida a Público el mes pasado, el propio Gordillo explicaba cómo está afectando la crisis a Marinaleda. “Se nota un poco en los precios de los productos agrícolas y en la financiación. Tenemos problemas de liquidez pero estamos vendiendo bien los productos”. De esta forma, “en términos generales, en la agricultura y en la alimentación se ha notado menos en la crisis. Lo que ocurre es que la gente que se había ido del campo para trabajar en la construcción está volviendo en demanda del empleo. Así que no sólo hay que mantener el empleo que existe sino que hay que incrementarlo. La agricultura ecológica da más empleo que la tradicional, eso es cierto. Claro que para salvarla de la situación de la crisis y del encarecimiento de los productos agrarios, estamos intentado un comercio horizontal, con un diálogo de cooperativa a cooperativa y estableciendo relaciones con otros países donde haya experiencias de este tipo”.

Vivienda
Los vecinos ayudan en la construcción de los bloques y luego pagan 15 euros al mes por una casa

Frente al ‘boom inmobiliario’ y la especulación que se apoderó del ladrillo español durante las últimas décadas, Marinaleda decidió tirar precisamente por la dirección contraria. Allí es posible tener una casa en buenas condiciones, de 90 metros cuadrados y con terraza, por 15 euros al mes. La única condición es que, siguiendo la filosofía asamblearia y horizontal por la que guía todas sus actividades, cada persona debe ayudar a la construcción de su vivienda. Con un suelo que ha conseguido alternando compra y expropiación,el Ayuntamiento ofrece un terreno y proporciona los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, que realizan los propios inquilinos o bien éstos pagan a alguien que les reemplace. De esta forma, paga a albañiles profesionales para que asesoren a los vecinos y lleven a cabo las labores más complicadas. Además, como medida para fomentar la colaboración, los futuros vecinos no saben cuál de las viviendas que se edifican va a ser la suya en el futuro.

“Cuando trabajas construyendo la casa te pagan 800 euros al mes y la mitad del sueldo se reserva para ir pagando la casa”, relata Juan José Sancho, un vecino de Marinaleda que, pese a sus 21 años, forma parte del ‘grupo de acción’ del Ayuntamiento que se encarga, a través de la asamblea, de gestionar los asuntos públicos de la localidad. Según él, “esta medida se ha tomado para que no se pueda especular con la vivienda”.

Educación
“Tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco”. Donde antes una gran parte de los jornaleros apenas sabían escribir, hoy hay una guardería, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO. Tanto la guardería como el colegio cuentan con un servicio de comedor que cuesta sólo 15 euros al mes. Sin embargo, según relata Sancho, “la tasa de fracaso escolar es un poco alta, porque la gente ve que tiene casa y trabajo asegurados y muchos no ven la necesidad de esforzarse en los estudios. Es uno de los puntos que tenemos que mejorar”.

El compromiso y la conciencia política entre los habitantes de Marinaleda es superior a la cualquier otro pueblo de la zona, y “es algo que también está muy presente entre los jóvenes”, según Sancho. “Aquí todos los jóvenes tienen ideas políticas. Sin embargo, nuestro compromiso queda muy lejos que el que tuvieron nuestros padres en su época, que lo dieron todo por tener esto”. A día de hoy “tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco”.

Participación política
Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el modelo económico de Marinaleda son la igualdad y la participación del pueblo. Y estos principios se expanden a todos los ámbitos de la vida, también la política. Allí no existe la Policía y las decisiones políticas se toman en una asamblea en la que todos los vecinos están llamados a participar.

“La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa decisión y la aplican en el Ayuntamiento”

Por otra parte, “está el ‘grupo de acción’, que trata los temas urgentes más del día a día. No es un grupo de elegidos, son las personas que quieren unirse voluntariamente para repartirse tareas que son necesarias hacer por el pueblo”, explica Sancho. “Es un espacio muy heterogéneo, en el que estoy desde yo, que tengo 21 años, hasta el Sánchez Gordillo. Somos más o menos el mismo número de hombres y mujeres”. Sin embargo, una cosa tienen en común todos los que participan en él. Todos pertenecen “al movimiento” y, en su sitio como Marinaleda, “el partido (IU), el sindicato (SAT) y el Ayuntamiento son parte de un mismo todo. La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa decisión y la aplican en el Ayuntamiento”.

En cuanto a los impuestos, “son muy bajos, los más bajos de toda la comarca”, según Sancho. Los presupuestos se eligen en plenos públicos y la gente en asamblea va aprobando cada partida que se realiza. Luego, se va haciendo barrio por barrio, pues cada uno cuenta con su propia asamblea de vecinos, y es ésta la que se decide en qué se invierte cada euro proveniente de la partido que ha destinado el ayuntamiento.

Medio ambiente
Siguiendo la doctrina de la coordinadora internacional Vía Campesina, en la cual está integrada el SAT, allí se trabaja la tierra “respetando el medio ambiente, practicando una agricultura 100% ecológica“, como anuncia la cooperativa en su web.

“En la cooperativa siempre se ha tratado de fomentar la agricultura manual, para crear más puestos de trabajo y ser más respetuosos con el ecosistema”, explica Sancho. Además, relata, “se han eliminado los vertederos y todos los desperdicios se llevan a plantas de reciclaje”. El Ayuntamiento pretende ahora instalar su propio Punto Verde en el pueblo.

Boltxe Kolektiboa

2º Etapa Marcha Obrera Andalucía En Pie

No al acoso contra las organizaciones sociales y de izquierda en la Feria de Málaga

En la pasada madrugada del domingo 12 de este mes de Agosto, el Partido Popular, a través del Ayuntamiento de Málaga, ha dado un nuevo paso en el acoso y persecución contra las organizaciones sociales y de la izquierda que denunciamos la catarata de ataques y recortes de derechos que ha protagonizado el gobierno del PP desde su llegada al poder.

Si hace unos días se daban a conocer por parte de la asociación de consumidores FACUA las amenazas de ilegalización contra este colectivo por hacer una campaña contra los recortes en la sanidad y educación públicas, en la noche del domingo le toco el turno de ser víctimas de estos intentos de censura y persecución política a los compañeros del Sindicato de Estudiantes y El Militante.

En concreto la concejalía de cultura ha sancionado a estas dos casetas por tener como decoración de sus portadas fotografías de la Marea Verde, los mineros en una de sus marchas contra los recortes y  otra del Ché Guevara.

¿¡Puede haber una censura más descarada y burda contra nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión y organización?! ¡Esta es la democracia del PP! Todo para los ricos, poderosos y especuladores y represión y censura contra jóvenes, trabajadores y sus organizaciones ¡No lo vamos a permitir!

Esta sanción es un atropello contra los derechos que tanto costaron arrancar en la lucha a millones de jóvenes y trabajadores anónimos. Una sanción que deja ver una escandalosa persecución política contra los que hoy nos vemos obligados a luchar para defender nuestras condiciones más elementales de vida frente a los brutales recortes que el gobierno del PP nos está imponiendo: algo inadmisible.

Pero además de denunciar este inaceptable recorte de derechos democráticos, las organizaciones firmantes de esta hoja queremos sumar  a la denuncia contra esta vulneración de derechos colectivos fundamentales que nos afectan a todos otro atropello más: el abandono que, por parte del  Ayuntamiento, se viene haciendo, apelando a la austeridad, de la organización de la Feria. Esto se ha concretado en el descuido de aspectos fundamentales como la seguridad así como la ayuda a los colectivos, peñas, asociaciones y organizaciones que hacen de la Feria una fiesta sana, popular, participativa y democrática. Si la Feria de Málaga continúa manteniendo unas determinadas condiciones es por la labor desinteresada y enérgica de cientos de trabajadores y jóvenes que son los peñistas, afiliados y simpatizantes, que nutren el tejido asociativo malagueño que se vuelcan para tratar de suplir las deficiencias cada vez más alarmantes que esta concejalía lleva a cabo. Algo que choca cada vez más y contrasta claramente con los tratos de favor a los grandes empresarios de la hostelería, a los que se les entregan los mejores emplazamientos, se le dan todas las facilidades y no en pocas ocasiones se mira hacia otro lado con las numerosas y reiteradas prácticas dudosas con el cumplimiento respecto a las normas de la Feria, facilitando así la degradación de unas fiestas que tendrían que ir dirigidas para el disfrute de todos los malagueños, especialmente en un momento de grave crisis económica que hace más difícil la participación popular en la misma de los jóvenes y trabajadores golpeados por una crisis que no hemos creado y que el gobierno quiere hacernos pagar.

Lamentablemente este acoso no es nuevo para nosotros. De esta forma los compañeros de UGT y CGT, entre otros, han tenido que soportar denuncias  que nada tienen que ver con la realidad, en las que se les acusaba de lo que sí son prácticas habituales en otro tipo de casetas conocidas por todo el mundo,  en las que se vende alcohol a menores, no se guardan las medidas de seguridad, etc. Algo que, aunque no suceden en las casetas de la izquierda, se ha utilizado en varias ocasiones como excusa para multarlas o incluso cerrarlas, como así le sucedió en ediciones pasada a las casetas de CCOO, CGT y Juventudes Comunistas.

Sin duda es el intento de asfixia económica una parte fundamental de la motivación para llevar adelante estas actuaciones contra nuestras organizaciones. La derecha cree que con esta persecución podrá evitar que centenares de miles de jóvenes y trabajadores volvamos a salir a la calle desde los primeros días de septiembre a defender la sanidad y la educación públicas, así como realizar movilizaciones multitudinarias contra todas las políticas de recortes y agresiones que ha puesto encima de la mesa el gobierno del PP.
Es por eso que los firmantes de este manifiesto queremos dejar claro una vez más nuestro compromiso en la lucha por unas fiestas populares, democráticas, participativas y con las mejores condiciones en la ciudad de Málaga. Algo que pasa por la denuncia activa de todas las irregularidades, tratos de favor y atropellos que se suceden a manos de la actual corporación de este Ayuntamiento y que ponen en peligro con toda claridad la participación de sectores sociales cada vez más amplios en nuestra ciudad.

¡No al acoso y la persecución política de quien defiende la sanidad y educación públicas!
¡Basta ya de criminalizar a jóvenes, trabajadores y sus organizaciones!

CCOO, UGT, CGT, IU, Sindicato de Estudiantes, El Militante, PCE, Juventudes Comunistas, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga

Marcha Obrera "Andalucía En Pie"

El negocio de las fundaciones y lavado de imagen

A propósito de la Fundación Botín, y de otras fundaciones que pertenecen o de las que son miembros la familia del banquero cántabro, y que son noticias en la prensa regional día si y día también.

La subida del IVA y de los impuestos especiales supone una carga insoportable para muchas familias que no pueden llegar a final de mes. Cuanto más pobre se es en este país más impuestos se pagan. La riqueza de unos se sustenta en la explotación y el sufrimiento de los más débiles.

Las leyes amparan la creación de múltiples mecanismos con el objetivo de no pagar a Hacienda, demostrando que éstas están contra los más pobres. Uno de ellos es la proliferación de Fundaciones creadas por las grandes fortunas con apariencia de perseguir el “interés social”. En nuestra región está la sede de una de las mayores fundaciones privadas de nuestro país, la Fundación Botín. La familia Botín tiene a su alrededor un entramado de fundaciones que abarca fundamentalmente el campo de la cultura, la educación, el arte, y como no la búsqueda de talentos que trabajen para ellos.

La Fundación Botín, Santander Creativa, la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, la Fundación Albéniz, Empieza por Educar, y un largo etcétera tienen como fundadores o patrocinadores a esta familia banquera. Pero no se trata de promover la cultura o el desarrollo de la región como tanto alardean en la prensa y en sus propias páginas de presentación. Se trata de una gran maquinaria para lavar la imagen del banco, eludir al fisco y además ser un gran negocio. Y todo ello con el beneplácito de nuestros políticos.

Para empezar, el régimen de fundaciones tiene un sistema fiscal privilegiado regulado en la Ley del Mecenazgo de tal forma que, las fundaciones tienen exenciones sobre el impuesto de Sociedades y si desarrollan actividades fuera de su actividad fundacional tributan en el impuesto de sociedades a un tipo del 10%. Por otra parte, tienen exenciones en los tributos de las haciendas locales, como por ejemplo el IBI, y el de transmisiones y actos jurídicos documentales. Y además, aquellos que den aportaciones a estas instituciones de mecenazgo podrán desgravarlas del impuesto del IRPF y del de sociedades.

 No hay fortuna que se precie que no tenga detrás una fundación. Los amos de Microsoft, los Botín, Rockefeller y un largo etc. Y todo ello destinado a un gran objetivo: el lavado de imagen. No hay que olvidar que tanto Emilio Botín, como la familia y directivos del banco, han tenido numerosas causas judiciales abiertas por delito fiscal, falsedad documental y otros delitos (caso de las cesiones de crédito, el caso de las jubilaciones multimillonarias, la gestión del fondo Inmobiliario Santander Banif, …)

La filantropía no es nueva. Siempre ha sido una humillación para los más pobres y una forma de esconder el mal hecho con apariencia de bien. Y para meter su ideología y su cultura en todo el tejido social. La fundación Botín colabora con el gobierno de Cantabria para “enseñar a nuestros hijos y profesores a través del programa educación responsable”. ¿No será mejor que enseñemos a nuestros hijos que nunca se deben fiar de un banquero y que si no quieren ser esclavos deben nunca no endeudarse con la banca? ¿Para cuándo se enseñará en las escuelas que la usura es un mal y que es causa del afán de codicia desmedido?

Además de eludir impuestos y de lavado de imagen, muchas de estas fundaciones esconden un gran negocio. Por ejemplo, un alumno que se inscriba en la Fundación Albéniz, presidida por la esposa de Emilio Botín, Paloma O’Shea, estará obligado a pagar por la matricula de sus estudios la mitad de la beca, unos 10.000 euros. Pero es que además, deberá pedir una beca de cualquier organismo público de tal forma que una vez obtenida (y esto es muy fácil porque están copadas por la Fundación), estará obligado a entregar la ayuda concedida integra y directamente a la fundación mecenas. Todo un chollo. Al final, la fundación no paga nada al alumno, y se monta un negocio formidable alrededor de la música con todo el patrocinio de empresas e instituciones públicas (entre otras el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria). Las jóvenes promesas estánobligadas a realizar numerosos conciertos durante los años de formación de manera casi gratuita sin tener en cuenta las muchas horas de trabajo, y sacrificio que les supone hacerlo.

El Señor Botín también participa en la Fundación Mujeres por África, creada por María Teresa Fernández de la Vega y donde también aparecen como constituyentes algunas de las compañías más destacadas del Ibex 35: Banco Santander, la Fundación Marcelino Botín, FCC, OHL, El Corte Inglés, Mapfre, Endesa, Iberia y ACS además de políticos como el  ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Los fines de la Fundación son “promover, a través del empoderamiento y la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, el desarrollo y el progreso del continente africano”. En la presentación ante los medios de comunicación de la nueva Fundación, Botín se encargó de recordar que “no podemos permanecer impasibles ante las graves carencias” de ese continente, aunque también subrayó las oportunidades empresariales que se abren para las compañías españolas en los países africanos que no han sufrido “excesivamente” los efectos de la crisis. Otra vez el interés social del banco no es tan desinteresado, pero cuando se utiliza  a los pobres para hacer negocios la cosa es mucho más inmoral y es que el tigre no puede ser vegetariano.

Solidaridad

Firma por la retirada de la aplicación que permite denunciar "mendigos"

FGC ha estrenado una nueva  aplicación para móviles que permite a los viajeros avisar de “comportamientos incívicos” en trenes o andenes. El problema es que, entre estos comportamientos denunciables se encuentra la indigencia o la música ambulante. Esta vergonzosa aplicación incluso permite clasificar en la denuncia el  ‘tipo de mendigo’ del que se trata.

Así, a partir de ahora, cualquiera podrá denunciar a los pobres que se encuentre en su trayecto por los ferrocarriles catalanes, para que así puedan “viajar tranquilos". 

Esta medida, especialmente grave en el actual contexto de crisis, es un ataque directo contra la sociedad en general, y sobre todo contra aquellas personas más desfavorecidas. 

Es vergonzoso y lamentable que una institución pública como FGC realice estos ataques contra la dignidad e integridad de las personas. 

¿Qué será lo próximo? ¿Aplicaciones para denunciar indocumentados? ¿Gays? ¿Negros? ¿Gente gorda o delgada? ¿Altos o bajos?. 

¡Basta ya de agresiones a la dignidad de las personas! Firma ahora esta petición y exige a FGC que retire de inmediato la posibilidad de denunciar o alertar sobre la presencia de indigentes o músicos a través de su aplicación. Para firmar, pincha aquí

Ante la reapertura de Casa Joven: no a la criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales

“Ciertamente, la infelicidad de los niños parece estar creciendo, pero tratarla con grandes cantidades de antidepresivos no parece lo más adecuado. La medicación de la desdicha oculta nuestra incapacidad para ofrecer soluciones vitales, y atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación en el tratamiento.” Extracto de la comparecencia del Defensor del Pueblo en el Senado, con motivo de la presentación del informe “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social” (febrero de 2009).

Tras los informes presentados por el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, y fruto de la movilización social contra la Fundación O´Belen, varios de sus centros de protección terapéuticos de menores fueron clausurados. Sin embargo, el gobierno de Cospedal ha concedido la reapertura de uno de estos centros, “Casa Joven” (en Azuqueca de Henares), esta vez como centro de internamiento psiquiátrico para niños y adolescentes. Al gobierno de Castilla La Mancha no parece importarle las denuncias de malos tratos ni la muerte de varios niños bajo su custodia a la hora de delegar la atención en salud mental infanto juvenil a esta empresa. Algo que no es de extrañar debido a las evidentes conexiones entre O´Belen y el PP: su fundador y ex presidente (que se vio obligado a dimitir por la presión social), Emilio Pinto, era portavoz del PP en el ayuntamiento de Sigüenza; en su patronato está Pedro Núñez Morgades (diputado en la Asamblea de Madrid y concejal del Menor y la Familia en Las Rozas), Ana Botella (alcaldesa de Madrid) figura como “Amiga de Honor”, etc.

Pero la existencia de estos centros no se debe a estas relaciones personales, y trasciende al propio entramado O´Belen. El actual modelo de privación de libertad de menores “conflictivos” (ya sea en centros de reforma o en centros terapéuticos) responde a los procesos generales de gestión de los problemas sociales bajo el capitalismo, basados en la criminalización y en la psiquiatrización. A estos procesos generales se añaden los efectos de la privatización de los servicios sociales y socio-sanitarios, que afectan gravemente a usuarios y trabajadores, y que llevan a convertir los centros de menores en un lucrativo negocio.

La criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales tiene, además, una finalidad política, eliminando la responsabilidad de la estructura social e individualizando el problema (la sociedad funciona bien, tú eres el defectuoso, el inadaptado, el delincuente, el enfermo). Y esta filosofía se extiende a todos los ámbitos, incluyendo colegios e institutos.Por ejemplo, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar la Ley de Autoridad del Profesorado, que entre otras cosas otorga categoría de autoridad pública al profesorado y asume el principio de presunción de veracidad de los profesores en caso de conflicto frente a alumnos y padres (incluso el lenguaje refleja planteamientos judiciales dentro del sistema educativo). Excelente herramienta pedagógica, ¡convertir a los docentes en pseudopolicías! Según estos señores del gobierno la masificación en las aulas y la falta de recursos materiales y humanos (sólo en esta región se ha despedido a más de 4000 profesores interinos) no tienen nada que ver con los problemas en las aulas (que no son más que un reflejo de los problemas sociales generales que afectan al conjunto de la sociedad), sino que simplemente con ungir de “autoridad” al profesorado estos problemas se resolverán. La realidad es que esta ley sólo puede servir para enfrentar entre sí a la comunidad educativa y desvirtuar la relación profesor-educandos, fundamental en todo proceso pedagógico.

Criminalización. Reforma del Código Penal y de la Ley del Menor

Los cambios que ha anunciado el ministro de Justicia Ruiz Gallardón, van en esta línea. Utilizando a los medios de comunicación para generar alarma social y manipulando de forma nauseabunda el dolor de las víctimas de crímenes horribles como el asesinato de Sandra Palo, plantean como solución más mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, cuando defienden la cadena perpetua, la persecución de la reincidencia en pequeños delitos y faltas o la rebaja de la edad penal hasta los 12 años, obvian que el código penal español es uno de los más severos de la Unión Europea. Tampoco nos dicen que del total de menores presos sólo el 0,25% están condenados por homicidio y el 1,25% por delitos sexuales. Los delitos mayoritarios entre los niños encarcelados son robos, desórdenes y atentado contra la salud pública (menudeo de drogas). Delitos de origen social, que por tanto requieren medidas sociales para su erradicación, y no más represión.

Psiquiatrización. De la drapetomanía al trastorno negativista desafiante.

Ya desde sus orígenes, la psiquiatría ha intentado patologizar la desobediencia y la rebeldía, convirtiéndose así en un sofisticado mecanismo de control social para reprimir aquellos comportamientos que no se adecúan al sistema moral dominante. De alguna manera, “el etiquetado psicopatológico se ha convertido en un sustituto moderno del juicio y las normas morales”, como denunció a mediados del siglo pasado el médico social Ackerncht.

Desde muy pronto la naciente psiquiatría fue utilizada para justificar el control social. En 1851 el doctor Cartwright, de la Lousiana Medical Association, definió la drapetomanía, trastorno mental que explicaba la tendencia a escapar de las plantaciones de ciertos esclavos negros. Este mismo iluminado, con el apoyo de sus colegas de profesión, describió otra enfermedad que afectaba sólo a la raza negra (especialmente común entre los negros libres), la dysaethesia aethiopica (conocida popularmente como la “pereza de los esclavos”). Este trastorno explicaba la negligencia laboral de los negros, y al igual que la drapetomanía, tenía tratamiento (a base de azotes con una cinta de cuero).

Lejos de ser algo anecdótico, estas “enfermedades” forman parte de la larga lista de enfermedades inventadas. Por ejemplo, es necesario recordar que hasta 1990 la OMS (Organización Mundial de la Salud) consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, que por supuesto tenía su génesis, tratamiento y estudios epidemiológicos. Los tratamientos de la homosexualidad planteados desde la ciencia han sido variados. Desde una perspectiva conductista, se intentaba curar asociando imágenes de personas del mismo sexo con descargas eléctricas o inyectando sustancias  que provocan vómitos buscando un condicionamiento negativo, mientras que en otras sesiones terapéuticas se obligaba al “paciente” a masturbarse mirando imágenes de personas del otro sexo, buscando un condicionamiento positivo que condujera al enfermo hacia la heterosexualidad. Tampoco faltaron las psicoterapias basadas en el psicoanálisis, ni los tratamientos farmacológicos y hormonales. Incluso hasta los años setenta se recurría a la cirugía cerebral, lesionando parte del hipotálamo (zona del cerebro que controla el comportamiento sexual y afectivo) para eliminar la libido en el sujeto.

Como último ejemplo, citaremos otro caso ocurrido en Estados Unidos. En 1967, en pleno auge de la lucha de clases, se publicó el estudio “El papel de la enfermedad cerebral en los tumultos callejeros”, donde se demostraba científicamente que los participantes en disturbios callejeros eran enfermos mentales. En 1973, el psiquiatra Paul Lowinger denunció públicamente el proyecto capitaneado por el doctor Ernst Rodin (defensor de la psicocirugía y de la castración para los “jóvenes estúpidos”), consistente en practicar amigdalectomías (lobotomías) a los presos encarcelados tras los disturbios que se produjeron ese mismo año en Detroit y que se saldaron con 7000 detenidos.

Patologizar los problemas sociales

La filosofía subyacente a las barbaridades descritas sigue vigente en los sectores que dominan el mundo profesional de la psiquiatría: la patologización y medicalización de los conflictos y problemas sociales avanza de nuevo impulsada por la APA (American Psychiatric Association), promotora del famoso DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes), mundialmente considerado la biblia de la psiquiatría. En su cuarta edición (revisada en 2000), bajo el epígrafe trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia se recogen los llamados trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Dentro de estos trastornos se encuentra el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, caracterizado por problemas escolares y domésticos (desatención, evitación de tareas y del esfuerzo mental sostenido, ser descuidado, etc.) e hiperactividad (levantarse de su asiento cuando debiera estar sentado, dificultades para guardar el turno, impulsividad, entrometerse en conversaciones de otros, etc.). Otro de los trastornos de este espectro descrito es el trastorno negativista desafiante. Este trastorno infanto-juvenil se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante, diagnosticándose si se cumplen ciertos criterios como incurrir en pataletas, discutir con adultos, desafiar activamente a los adultos o rehusar cumplir con sus obligaciones, molestar deliberadamente a otros, culpar a los demás de sus errores, ser susceptible y rencoroso, etc. Por último, también se incluye el denominado trastorno disocial, caracterizado por conductas que violan los derechos de los demás o las normas sociales propias de la edad, debiendo cumplir al menos tres de los siguientes criterios: agresión a personas o animales (intimidar a otros, tirones de bolso, pelearse a menudo, etc.), destrucción de la propiedad (vandalismo), fraude o robo (robos, hurtos, mentir, etc.) o violaciones graves de las normas (pernoctar fuera de casa sin permiso paterno o hacer novillos en la escuela).

Como vemos la rebeldía, la delincuencia juvenil e incluso el fracaso escolar tienen una explicación médica, según los gurús de la psiquiatría moderna (a menudo, los hijos de los gurús de la psiquiatría más antigua, como es el caso de la saga López Ibor en el estado español). De esta forma, la génesis social de problemas educativos y sociales se elimina de un plumazo, culpabilizando “científicamente” a las víctimas de las consecuencias de un sistema social enfermizo y caduco. Sin ruborizarse, atribuyen el origen de estos trastornos a problemas intrínsecos del niño. Incluso ya han aparecido publicaciones que se refieren a lacras sociales como las drogodependencias y la prostitución juvenil como síntomas de estos trastornos.

No pretendemos negar la validez y necesidad de la psiquiatría, sería tan absurdo como negar la existencia de enfermedades mentales. De hecho, la mayoría de los psiquiatras son profesionales comprometidos (principalmente aquellos que ejercen en la sanidad pública). Pero sí denunciamos los intentos de patologizar los problemas sociales con fines políticos, como ya hemos explicado. Y también existen claras motivaciones económicas. No podemos olvidar que eso que llamamos ciencia es un producto de la sociedad en la que se desarrolla. Y como bajo el capitalismo lo que prima es la búsqueda del máximo beneficio económico sobre cualquier otra consideración, aparece en escena la industria médica y farmacéutica, condicionando a todos los niveles la aplicación práctica de la ciencia, incluyendo el desarrollo del corpus teórico y metodológico de las distintas disciplinas. Por eso no es de extrañar que los trastornos infanto-juveniles que hemos descrito sean tratados fundamentalmente con psicofármacos, especialmente con fluoxetina (antidepresivo, su forma comercial es el Prozac), metilfenidato (estimulante, conocido popularmente como “cocaína pediátrica”, forma comercial Ritalín, Rubifén o Concerta),  risperidona (antipsicótico, forma comercial Risperdal) y olanzapina (antipsicótico, forma comercial Zyprexa). Curiosamente, dos de los fármacos cuyo consumo más ha aumentado son la risperidona y el metilfenidato (este último ha incrementado su consumo más de un 1300% desde 1990, sólo en EEUU en 2005 la marca Concerta alcanzó un volumen de ventas superior a los 800 millones de dólares).

Y por esto tampoco es extraño que, según denunció Josep Alfons Arnau (educador social del Colectivo Esquicie), entre el 80 y el 90% de los menores internados en centros de reforma reciban tratamiento psicofarmacológico (en la mayoría de los casos los menores no habían consumido nunca este tipo de fármacos antes del internamiento), a pesar de la gravedad de los efectos secundarios y la falta de estudios concluyentes sobre los efectos a largo plazo de la ingesta crónica de estas sustancias a edades tempranas. Tampoco puede sorprendernos que el psiquiatra Javier San Sebastián, actual presidente de la Fundación O´Belen (uno de cuyos principales negocios es la gestión de centros terapéuticos de protección de menores destinados al internamiento de menores supuestamente aquejados de trastornos del comportamiento), sea también el presidente de la Fundación Confías, centrada en la investigación y difusión del TDAH y demás trastornos del comportamiento, y cuyos congresos patrocinan las empresas farmacéuticas Lilly (comercializa Zyprexa) y Janssen-Cilag (comercializa Risperdal y Concerta).

El Militante

La dignidad asalta supermercados

Hace unos meses, la noticia de un suicidio producido en Grecia dio la vuelta al mundo. Se trataba de Dimitris Christoulas, quien pocas horas antes escribió lo siguiente: “Pongo fin a mi vida para no tener que hurgar en la basura para subsistir”. En Grecia, en tan solo tres años, el número de suicidios se ha duplicado. Antes, este país estaba en la cola de Europa en el ranking correspondiente, pero ahora encabeza el medallero olímpico en suicidios.

La basura a la que se refería Dimitris podía ser la contenida en cualquier supermercado de esas grandes cadenas que cada vez nos envuelven más. Podía ser, por qué no, la de esos Carrefour o Mercadona puestos en la picota por la acción ejemplar del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). En el Estado español se desconoce la evolución de los suicidios en estos últimos años, pero es muy probable que estemos parejos con los griegos. A nadie del Gobierno parece preocupar esto sin embargo. La acción del SAT, sí.

Ayer mismo, en París, una persona se quemó a lo bonzo después de que los servicios sociales le comunicaran la denegación de su solicitud para acceder a unas prestaciones sociales. Aquí, mientras tanto, los subsidios por desempleo cada vez se recortan y reducen más, mientras suben el IVA, la luz y el gas y bajan las prestaciones sociales y se implanta el copago en la sanidad pública. Nadie, aún, se ha quemado a lo bonzo. ¡Al tiempo!

El ministro de Interior, tras conocer la noticia del asalto alimentario de dos los supermercados por parte de afiliados del SAT, ha afirmado eso tan profundo de que “la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios”. Pues bien, sr. Ministro, ¿de qué fin y qué medios nos habla Vd.?

Para el PP la lucha contra el déficit es el fin supremo que justifica la aplicación de cualquier medida: subidas del IVA, reducción de las prestaciones por desempleo, aplazamientos en la ampliación del permiso de paternidad o en la mejora de la pensión de viudedad, recortes en educación y sanidad, moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia, copago sanitario,… Se convierte así la deuda privada de bancos y empresas en deuda pública a través de una política de ayudas generalizadas a los primeros (préstamos, avales, amnistías fiscales, guaridas SICAV,…) y del pago de todo lo anterior con los ahorros derivados de todo tipo de recortes y agresiones sociales en los terrenos educativos, sanitarios, sociales, laborales, etc…

La celeridad en anunciar detenciones por parte del ministro contrasta con su política indulgente para con el fraude de Bankia, las multinacionales del IBEX 35 afincadas en paraísos fiscales, la mafia del cemento que ha escondido sus escandalosos beneficios en negros calcetines, las grandes fortunas y los parasitarios rentistas que han hecho otro tanto o, finalmente, los distintos urdangarines que campean por recepciones, saraos y torneos varios pillando un mucho de todo…. No solo eso, sino que a todos ellos brinda la faena el ministro y les dedica su más cariñosa amnistía fiscal. “Lo suyo puede arreglarse”, parece querer decirles…., “pero lo de esa gente del SAT es insultantemente delictivo y no puede permitirse”.

Cuando un empresario tiene pérdidas en su negocio o ve reducirse su nivel de ventas, la ley le permite descolgarse del convenio colectivo que firmó y no cumplirlo. Nada de eso sucede cuando una familia ve disminuir su nivel de ingresos. Ésta nunca podrá alegar esto como causa legal para aplazar sus pagos hipotecarios o descolgarse de aquel contrato usurario al que le sometió un banco sin escrúpulos. La ley siempre comprende los “problemas” del patrón, nunca los del currante. Para la Banca, guante de seda, para quien no paga su hipoteca, patadón y desahucio. Esta es la escala de valores del PP. El banquero y el empresario son dioses, la gente de a pie poco menos que nada.

Entre los dos supermercados asaltados, Mercadona y Carrefour, copan el 40% de las ventas del sector en el Estado español. Desde esta posición de privilegio, estas cadenas imponen a los agricultores y productores que les abastecen precios de miseria (los precios pagados en origen por los productos agrícolas se multiplican por diez cuanto llegan a las estanterías de estos supermercados) y a sus trabajadores sueldos de escándalo. El propietario de Mercadona, Juan Roig, es la tercera fortuna del Estado y ha avanzado en el último año 170 puestos en el ranking mundial de los más grandes millonarios. No parece que el negocio se le vaya a hundir por cuatro carros de alimentos.

La concepción sagrada de la propiedad privada es el pilar principal sobre el que se asienta esta sociedad y el ánimo de lucro la gasolina que alimenta la economía. Para el Gobierno, los medios que posibilitan fortalecer lo anterior son buenos; los que se oponen a ello son malos y condenables. Desde esta perspectiva, empresas líder como Mercadona y Carrefour son símbolo de las virtudes del sistema. Algo a defender por encima de todo. El SAT, por el contrario, poco más que una banda de delincuentes.

El PP nos ha dicho en alguna ocasión que las reivindicaciones del 15-M, las de los mineros, las del SAT…, son todas ellas legítimas y comprensibles. Eso sí, dejando bien claro que la calle es suya y Mercadona de Juan Roig. Es decir, si los indignados ocupan plazas, los mineros cortan carreteras y los del SAT expropian carros de alimentos, allí estará la Policía para impedirlo. Las libertades plenas solamente existen hoy para el capital y los fondos de inversión, que no para las personas y sus colectivos. Para los primeros, todos los derechos, para las segundas, todas las restricciones posibles.

La tasa de pobreza existente en el Estado español es la más alta de la Unión Europea, solo superada por Rumanía y Letonia, y existen más de 600.000 hogares sin ingreso alguno, ni salarial, ni social, un 35% más que en 2008. Existen, pues, 600.000 razones para defender la acción del SAT, pues lo realmente delictivo y socialmente criminal es la política de gobiernos como el del PP y negocios como Mercadona y Carrefour. Ni más, ni menos.

Sabino Cuadra Lasarte