Foro Social en Defensa del Agua Pública

La preocupación creciente y extendida por defender el agua pública es el impulso principal de este encuentro. En el Foro Social en Defensa del Agua Pública van a participar representantes llegados de muchos puntos de España y activistas de campos muy variados, desde la lucha contra la privatización de la gestión del agua, a la participación democrática de la ciudadanía.

El eje vertebrador de estas jornadas es el agua. El interés demostrado por las multinacionales en hacerse con el control del agua, convirtiéndola en un producto mercantil y convirtiendo a todos los ciudadanos en cautivos de su negocio, no ha pasado desapercibido a nadie. Hoy, la lucha contra esta forma de usurpación es percibida como una necesidad de todos.

El Foro se concibe como un espacio de debate y de intercambio de información. Todos los que están preocupados por el acoso de las multinacionales sobre el agua pública encontrarán en Alcázar de San Juan una ocasión de compartir inquietudes.

Al final de las sesiones se proclamará el Manifiesto por el Agua Pública, consensuado por todos los asistentes.

La democracia se construye entre todos, participando y alzando la voz contra los intentos de enajenación de los derechos y de las libertades mediante la privatización de lo público. El acceso al agua debe ser un derecho humano protegido y nunca una mercancía comercial para el beneficio de algunos.

Puedes descargar el díptico informativo con el programa de actos aquí

Alcázar de San Juan 6, 7 y 8 de junio

31M. Nada que celebrar. Manifestación en Toledo

Manifestación contra el encarcelamiento de Carlos y Carmen

En la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, el 15M de Granada organizó un piquete informativo que recorrió las calles de la ciudad reivindicando la lucha de l@s trabajador@s contra las reformas laborales del ejecutivo. Much@s salimos a la calle ese día al grito de ¡viva la lucha de l@s trabajador@s! y pidiendo a los comercios que cerraran en solidaridad con la jornada de huelga. ¡Chapa y se acaba! fue lo que se gritaba en los locales por los que se iba pasando, frase que no tuvo la misma consecuencia para tod@s.

Carlos y Carmen fueron identificados aleatoriamente por la policía en ese piquete a la salida de un bar, “La Champagnería” (C/Martínez Campos), el cual no cerró sus puertas, en su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas y no se le impidió a nadie que trabajase mientras que el piquete estaba allí. Posteriormente, la propietaria del local presentó una denuncia y, meses más tarde, en mayo de 2013, el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”, algo contrario a derecho. Finalmente, el juez l@s condenó a 3 años y un día de cárcel por un “delito contra el derecho de los trabajadores” cuando, paradójicamente, ell@s salieron a defender estos derechos y cuando no se le impidió a nadie trabajar. Ahora, el recurso interpuesto por Carlos y Carmen ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Granada, ratificando ésta la sentencia judicial condenatoria, basada únicamente en el testimonio de la propietaria del bar, sin ningún otro testigo o prueba.

Queremos recordar que no es un caso aislado, centenares de  personas han sido condenadas en juicios políticos por participar en piquetes durante la Huelga General del 29 M por el mismo “delito”. Además, muchas personas han sido condenadas por participar en huelgas de su sector, como Ana y Tamara o Serafín y Carlos en Galicia, Koldo en La Rioja, etcétera, todas ellas condenadas sin probarse su culpabilidad. En 2014 hay más de 40 procesos penales abiertos contra personas por participar en huelgas, sumando un total de más de 140 años de cárcel las peticiones de pena de la fiscalía. No nos olvidamos de Miguel e Isma, que llevan más de dos meses en prisión preventiva tras las movilizaciones en Madrid del 22M de este mismo año.

Sabemos que los fiscales tienen órdenes de llevar a los tribunales la represión policial de las calles, sin duda alguna estamos asistiendo a una persecución contra las movilizaciones y luchas sociales propia de regímenes autoritarios: la Ley de Tasas judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Seguridad Privada, etc. Sabemos que es una estrategia ideada contra las personas y movimientos que salen a luchar por sus derechos; hemos pasado de la represión económica y administrativa, a través de las multas, a la privación de libertad, con la condena de años de cárcel.

Hoy han confirmado la sentencia a Carlos y Carmen. Mañana seguirán en prisión algun@s compañer@s y otr@s estarán a punto de entrar. Seguiremos luchando y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para frenar la oleada represiva. Denunciamos la estrategia de represión y criminalización de la protesta social y exigimos la absolución de los imputados y liberación de l@s compañer@s encarcelad@s.

¡FRENTE A LA REPRESIÓN, LUCHA!

¡FRENTE A LA INJUSTICIA, SOLIDARIDAD!

¡NO AL ENCARCELAMIENTO DE CARLOS Y CARMEN!

http://carloscarmenabsolucion.wordpress.com/

AFAL desatendió a sus tutelados y adquirió deudas con los geriátricos

Noticia aparecida en El País y que refleja lo que ocurre con las privatizaciones. Es una vergüenza que la tutela también sea negocio.

Siete extrabajadores y varios familiares de personas incapacitadas —la mayoría por alzhéimer— han denunciado que la Fundación Afaldesatendió a los estos enfermos, de quienes tenía la tutela, en las residencias y viviendas en los que los tenía alojados. Afal Futuro está siendo investigada ahora por la fiscalía. Directores de residencias, tutores y trabajadores sociales, así como informes médicos, corroboran esos supuestos abusos sobre personas que, además, tenían bienes que les hubiera permitido vivir con holgura, pero a las que la enfermedad impidió denunciar su deficiente manutención. La Fiscalía Anticorrupción identificó indicios de delito tras estudiar el caso y ahora la Fiscalía de Madrid analiza la supuesta apropiación indebida del patrimonio de estos enfermos por parte de Afal Futuro y de empresas vinculadas a su cúpula. La dirección eludió ayer comentar el caso. La documentación facilitada a las autoridades indica que la entidad ha incrementado su patrimonio de 30.000 euros a 12 millones en siete años.

“La desatención era evidente. Había señoras vestidas con batas y que pasaron de los bolsos de lujo a vestir con ropa de los muertos. De un día para otro les vestían de pies a cabeza de Cáritas”, asegura Ignacio Mañas, director de la residencia Eulen Santo Domingo hasta el pasado otoño. Tras denunciar por carta esta situación anómala ante la jefa médica del grupo Eulen, Salomé Martín, Mañas fue despedido. Este directivo intentó cobrar una deuda de Afal con Eulen de más de 300.000 euros, pero no tuvo éxito. El antecesor de Mañas en la residencia, José Salas, ratifica los supuestos abusos: “La tutelada Consuelo Larrondo vino con una peluca y Afal se negó a pagarle una nueva cuando se le estropeó. Pedí a Afal zapatos ortopédicos para Teresa Orjales [otra tutelada] y recibí unos zuecos con los dedos al aire, calzado de auxiliar de clínica. Lamentable”.

Los informes médicos y de trabajadores sociales de dicho centro sobre Larrondo, de 87 años y con grave deterioro cognitivo, exponen estas carencias: “La enferma necesita ropa, calzado de invierno y ropa interior”, determina la trabajadora social Esther Sáez el 25 de enero de 2010. Cuatro informes y mes y medio después, Sáez insiste y vuelve a enumerar las mismas carencias el 8 de marzo; aunque precisa que la residencia le ha proporcionado “ropa y un par de zapatos”. Larrondo poseía dos viviendas (al 75% y al 50%), además de acciones, productos financieros y diversas cuentas bancarias, tal y como refleja el inventario de bienes remitido por Afal Futuro al Juzgado de Primera Instancia 65 de Madrid en marzo de 2010.

Los informes de las residencias resaltan que los enfermos carecían de atención

Los informes sociosanitarios que los centros residenciales emiten periódicamente y que analiza la fiscalía, indican otros muchos casos. La residencia donde vive la enferma Benita López-López requiere varias veces que la fundación aporte cierta documentación que necesitan: desde el DNI hasta la sentencia de incapacitación. Un informe médico sobre otra tutelada por Afal, Teresa Orjales, de 84 años y con deterioro cognitivo leve, subraya que necesita pasta para fijar su dentadura. “Ella no tiene y se la coge a otros internos. [También necesita] gafas de cerca”, subraya su informe médico de marzo de 2010.

Esta supuesta falta de atención no solo se produjo en las residencias, también en los domicilios privados a los que acudían tutores para cuidar a los enfermos. El trabajador social Luis Redondo ha aportado a EL PAÍS la carta en la que una empresa de servicios renunció, en 2009, a seguir prestando sus funciones de supervisión de los enfermos, ya que el cuidado de la entidad hacia ellos era negligente: “Se modifican, sin criterio clínico ni protocolo ninguno, las pautas de actividades de la vida diaria y rutinas de enfermos y auxiliares”. En la misiva, la compañía (cuyo nombre sus responsables piden omitir) responsabiliza a la presidenta de la entidad, Blanca Clavijo, y a la abogada de Afal, Mercedes Díaz, de “barbaridades” como la eliminación de servicios como fisioterapia, vitales para estos enfermos. Es el caso de Ángela Maximina, que falleció tras permanecer en cama sin recibir este tratamiento esencial para su salud.

Algunos pacientes sufrían necesidades, pese a contar con grandes fortunas

La tutora Pilar Palao, que trabajó cuatro años para enfermos amparados por Afal, explica cómo tras un año se quebró el equipo multidisciplinar de coordinación inicial compuesto por un terapeuta, un psicólogo, un asesor jurídico, un trabajador social y voluntarios. “Hay un momento en que Clavijo [presidenta de la fundación] prima la parte jurídica para poder hacer lo que quiere ocultando información al juzgado, por encima de la atención al paciente”, censura. “El equipo se desintegró y empezaron los contratos por amiguismo. Mi despido, reconocido como improcedente, lo ejecutó Clavijo porque alcé la voz. Pero entonces no sabía la dimensión del fraude”, añade.

Hace unos meses, Francisco López Arevalillo acudió a casa de su madre, tutelada por Afal Futuro, a visitarla, pero no la encontró allí. "Me asusté. No entendía lo que pasaba… estuve llamando a todos los telefonillos hasta que una vecina me terminó diciendo que se la habían llevado a una residencia", dice. López Arevalillo se fue directo a la Guardia Civil a poner una denuncia; más tarde pudo aclarar que la fundación había determinado que su madre, enferma de alzhéimer de 84 años que vivía con una cuidadora interna desde hace tiempo, estaría mejor en un centro. Desde entonces, el hombre asegura que Afal Futuro no se ha ocupado de manera diligente de ella; también que la entidad ha impedido que reciba información médica de su madre.
Clavijo, rehusó ayer comentar la investigación que ha emprendido la fiscalía. Tampoco valoró las críticas y denuncias de los familiares hacia su gestión y el trato poco diligente hacia los incapacitados. Mientras, un portavoz del grupo Eulen rechazó opinar sobre las denuncias internas que cayeron en saco roto.

Manifestación por la okupación

El enfoque del "Diálogo Abierto"

Os dejamos un post extraído devadetrastorns.blogspot.com.es

Por lo general tratamos de elaborar nuestras propias entradas sobre temas y noticias, pero esta nos ha parecido especialmente esclarecedora y además ofrece una gran cantidad de enlaces. Mandamos un agradecimiento telemático a quien la haya elaborado.

Hace poco etiquetada publicó el post Psicosis sin medicación en Finlandia en el que se comentaba la experiencia finlandesa, con un link a un video(subtitulado en español) en el que sus protagonistas describen la iniciativa del ‘Diálogo Abierto’.

La similitud con los planteamientos de Loren R. Mosher para el proyecto ‘Soteria‘ resulta evidente, pero parece ir más allá. Lo encontré muy atractivo, así que realicé una búsqueda con las palabras “Jaakko Seikkula Birgitta Alakare” (nombres de los creadores). Encontré mucha documentación en alemán, bastante en inglés y una en español, de la que extraigo este post. La mayor fuente es la web ‘diálogos productivos‘ (muy interesante pero no especialmente para temas de psiquiatría). En su biblioteca virtual, ordenada por autores, hay varias publicaciones de Seikkula (una en español y el resto en inglés).

El enfoque del “Diálogo Abierto”, por Jaakko Seikkula, Birgitta Alakare y Jukka Aaltonen (resumen)

En la década de 1980, el Proyecto Nacional Finlandés sobre Esquizofrenia inició un ambicioso estudio con el fin de mejorar la atención prestada a las personas que padecen graves enfermedades mentales. Dentro de este marco, Alanen y sus colaboradores desarrollaron en la ciudad de Turku el Enfoque Adaptado a las Necesidades, que ponía el acento en:
1) la rapidez de la primera intervención;
2) la planificación del tratamiento a fin de resolver las necesidades de cada paciente y familia, cambiantes y específicas de cada caso;
3) la atención en la actitud terapéutica adoptada tanto en la fase del examen como en la del tratamiento;
4) la consideración del tratamiento como un proceso continuo en el que se integran diferentes métodos terapéuticos;
y 5) el control continuo de los progresos y resultados del tratamiento.

Nuestro grupo, que trabajó con ese Enfoque Adaptado a las Necesidades en la provincia finlandesa de Laponia Occidental, desarrolló otra innovación a la que denominamos Diálogo Abierto (DA). Este modelo de intervención organiza el tratamiento psicoterapéutico de todos los pacientes dentro de sus respectivos sistemas de apoyo, y atiende a las formas de comunicación utilizadas dentro de las unidades de tratamiento compuestas por el equipo móvil de intervención en crisis, los pacientes y sus respectivas redes sociales . Pudimos comprobar que el hecho de facilitar las formas dialógicas de comunicación dentro de los sistemas de tratamiento constituye un enfoque eficaz.
…
El surgimiento del nuevo enfoque se produjo a comienzos de la década de 1980, época en que se estableció el Proyecto Nacional Finlandés sobre Esquizofrenia. A mediados de la década siguiente, ya había sido organizado el tratamiento psicoterapéutico para todos los pacientes dentro de sus respectivos sistemas sociales de apoyo. En la actualidad, las cinco clínicas de salud mental que trabajan con pacientes ambulatorios, así como el hospital de Keropudas con sus treinta camas para enfermos agudos, cuentan con equipos móviles de intervención en crisis que proceden en forma específica en cada caso. Todos los miembros del personal pueden ser convocados para participar en estos equipos de acuerdo con las necesidades. Con tal objeto, entre 1989 y 1998 se impartió a la totalidad del personal (tanto de internación como de consultorios externos), que suma alrededor de cien profesionales, un programa de formación en terapia familiar de tres años de duración o bien alguna otra formación en psicoterapia. El 75% de dicho personal obtuvo el título de psicoterapeuta de acuerdo con las leyes correspondientes de Finlandia.

Ante una crisis psiquiátrica, se sigue siempre un mismo procedimiento independientemente del diagnóstico específico. Si existe un interrogante sobre la posibilidad de un tratamiento con internación hospitalaria, la clínica de crisis dependiente del hospital convoca a una “reunión de tratamiento” especial, que en el caso de las internaciones voluntarias se realiza antes de tomar la decisión de internar al paciente, o en el caso de las compulsivas durante el primer día posterior a su internación. En dicha reunión se constituye un equipo “a medida”, compuesto por personal de internación y ambulatorio. Normalmente el equipo consta de dos o tres miembros del plantel (p. ej., un psiquiatra de la clínica de crisis, un psicólogo de la clínica para enfermos mentales ambulatorios correspondiente a la localidad en que reside el paciente, y una enfermera que trabaja en alguna de las salas del hospital) y toma a su cargo toda la secuencia del tratamiento, ya sea que el paciente se encuentre en su casa o en el hospital, y con independencia de la duración prevista del tratamiento. En otros tipos de crisis, cuando no se prevé que haya necesidad de una internación, las clínicas ambulatorias de salud mental regionales asumen la responsabilidad de organizar un equipo específico para cada caso, invitando a tal fin a miembros de distintos organismos vinculados al paciente. Por ejemplo, para pacientes que son atendidos por varios organismos, el equipo puede constar de una enfermera de la clínica ambulatoria, un trabajador social de la oficina de asistencia social y un psicólogo de la clínica de orientación infantil. Los principios que rigen esta organización ya han arraigado en toda la red pública de atención social y asistencial de la provincia. Más aun, este mismo concepto es aplicado en otras situaciones que no constituyen crisis psiquiátricas o sociales, como la organización de la información procedente de distintas clases de situaciones postraumáticas.
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A partir de distintos programas de investigación y de psicoterapia, se establecieron
los siete principios fundamentales siguientes para el tratamiento:
(1) Ayuda inmediata. Las unidades participantes realizan la primera entrevista dentro de las veinticuatro horas del primer contacto establecido por el paciente, un familiar de éste o el organismo que lo ha derivado. Además, se establece un servicio de crisis durante las veinticuatro horas. Uno de los propósitos de esta respuesta inmediata es impedir la internación en el mayor número de casos posibles. El paciente psicótico participa desde las primeras entrevistas, cuando su cuadro reviste máxima intensidad.
(2) Perspectiva de la red social. Tanto el paciente como sus familiares y otros miembros claves de su red social son siempre invitados a las primeras entrevistas con el fin de movilizar todo el apoyo para el paciente y la familia. Esos otros miembros de la red pueden ser representantes de otras entidades (incluidos organismos de empleo del Estado y agencias de seguros públicos de salud cuya tarea consiste en apoyar la rehabilitación profesional), compañeros de trabajo o el jefe del paciente en el lugar en que trabaja, amigos o vecinos.
(3) Flexibilidad y movilidad. Esto se garantiza adaptando el tratamiento a las necesidades específicas y cambiantes de cada caso mediante los métodos terapéuticos más apropiados. Si la familia da su conformidad, las reuniones de tratamiento se realizan en el hogar del paciente.
(4) Responsabilidad. La persona que tomó contacto con la familia es la responsable de organizar la primera reunión. En esa reunión se adopta la decisión sobre el tratamiento que se llevará a cabo y el equipo se hace cargo de éste en su totalidad.
(5) Continuidad psicológica. El equipo asume la responsabilidad del tratamiento durante todo el tiempo que sea necesario y tanto en el marco de internación como en el ambulatorio. Los representantes de la red social del paciente participan en las reuniones de tratamiento durante todo el transcurso de este último, incluso cuando se aplican otros métodos terapéuticos. Puede suponerse que el proceso de un cuadro psicótico agudo ha de durar entre dos y tres años. En el estudio que hemos realizado, el 65% de los tratamientos se interrumpieron al final del segundo año.
(6) Tolerancia de la incertidumbre. Esta tolerancia se fortalece edificando un sentimiento de confianza respecto del proceso conjunto. En las crisis psicóticas, para generar una adecuada sensación de seguridad es menester reunirse todos los días, al menos durante los 10-12 primeros días. Luego de ello, las reuniones se organizan periódicamente según los deseos expresados por la familia. Por lo general no se establece en la etapa de crisis ningún contrato terapéutico detallado, sino que en cada reunión se discute si habrá una próxima reunión, y en caso afirmativo, cuándo se la efectuará. De este modo se evitan las conclusiones prematuras y las decisiones de tratamiento equivocadas. Por ejemplo, el uso de neurolépticos no se prescribe en la primera reunión, sino que su conveniencia se conversa por lo menos durante tres reuniones antes de ponerla en práctica.
(7) Dialogismo. El acento está puesto en primer lugar en la promoción del diálogo y, en segundo lugar, en lograr un cambio en el paciente o la familia. Se entiende que el diálogo cumple las veces de un foro a través del cual los pacientes y sus familias pueden obtener un mayor protagonismo respecto de su propia vida analizando sus problemas. En el ámbito en que actúan los que participan en dicho diálogo se gesta una nueva comprensión.

Los dos últimos principios han sido establecidos como hosting guidelines desde 1994-96. El foro principal de la interacción terapéutica es la reunión de tratamiento, en la cual los que tienen mayor participación en el problema examinan junto con el paciente todas las cuestiones asociadas al problema actual. Los planes y las decisiones administrativas también requieren que estén todos presentes. De acuerdo con Alanen, la reunión de tratamiento cumple tres funciones:
1) reunir información sobre el problema;
2) construir un plan de tratamiento y adoptar todas las decisiones necesarias sobre la base del diagnóstico formulado en la conversación;
y 3) generar un diálogo psicoterapéutico.

En líneas generales, el foco está puesto en fortalecer el aspecto adulto del paciente y normalizar la
situación, en vez de estarlo en la conducta regresiva. El punto de partida del tratamiento es el lenguaje utilizado por la familia, vale decir, la forma en que ésta ha designado el problema del paciente en su propio lenguaje. El equipo de tratamiento adapta su lenguaje a cada caso según la necesidad. Los problemas se consideran construcciones sociales que son reformuladas en cada conversación. Cada uno de los presentes habla con su propia voz y, como ha puntualizado Anderson,la escucha cobra mayor importancia que la manera de intervenir. En el caso de un paciente psicótico parece fundamental aceptar sus alucinaciones o ideas delirantes como una voz entre muchas otras. Al principio no se las cuestiona, pero se le solicita al paciente que agregue lo más que pueda acerca de tales experiencias. Los miembros del equipo pueden luego comentar entre sí lo que han oído, a manera de un conversación /discusión /intercambio reflexivo, mientras la familia los escucha. La conversación terapéutica se asemeja a la descripta por Anderson y Goolishian, Penn, y Andersen.
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Si bien la importancia otorgada al diálogo es un elemento nuevo en la psicoterapia, sus orígenes se remontan a la historia de la Grecia antigua. Platón, entre otros, consideraba la individualidad o self como una construcción social. En sus primeros textos, describía a Sócrates, en especial, como alguien capaz de ayudar a sus interlocutores a generar la verdad en el transcurso de un diálogo; su misión no era encontrar las respuestas.
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Se han realizado varios estudios de investigación-acción a fin de evaluar la eficacia del modelo y desarrollarlo
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En lo que sigue nos referiremos a los estudio más recientes relacionados con los proyectos del primer episodio de pacientes psicóticos.
Aaltonen y Seikkula dirigieron un proyecto de investigación del sistema de tratamiento vigente en la década de 1980 comparado con el vigente en la década de 1990, a fin de discernir los elementos diferenciantes fundamentales entre el tratamiento tradicional centrado en el hospital y el nuevo tratamiento del DA. La muestra considerada estaba compuesta de todos los pacientes con un primer episodio psicótico que solicitaron atención psiquiátrica entre 1985 y 1994. La parte principal del estudio consistió en un análisis cualitativo de los procesos, y una de las conclusiones de este análisis fueron los siete principios de tratamiento básicos antes descriptos. Este estudio permitió analizar la variación en la incidencia de problemas psicóticos en la provincia de Laponia Occidental.
La incidencia de la esquizofrenia era allí extremadamente alta: a mediados de la década del ochenta había, en promedio, 35 pacientes esquizofrénicos nuevos cada 100.000 habitantes. Gracias al desarrollo del nuevo sistema de tratamiento familiar centrado en la red, a mediados de la década del noventa había disminuido a 7 por 100.000. El estudio sugería que la disminución en la incidencia de esquizofrenia (diagnosticada mediante el DSM-III-R) se vinculaba con el desarrollo del nuevo tipo de tratamiento, ya que la proporción de esquizofrénicos en el total de pacientes psicóticos se redujo del 42% al 22%. Al mismo tiempo, aumentó la incidencia de episodios psicóticos breves, en tanto que en otras categorías diagnósticas no hubo cambios significativos. Esta disminución en la incidencia de la esquizofrenia estaba avalada además por el hecho de que dejaron de aparecer nuevos pacientes esquizofrénicos crónicos en el hospital psiquiátrico.
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Notas:
-Los subrayados son míos.
-He suprimido referencias (en cualquier caso debería consultarse documento original completo, del que se extraído este resumen – Nota PV: hemos corregido y actualizado el enlace el 25/01/2014

Primera Vocal

¡Todos a las concentraciones contra el encarcelamiento de cuatro trabajadores!

Oleada represiva contra los trabajadores en Galicia 

“Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder”

En el momento de escribir esta nota, 4 trabajadores pueden entrar en prisión. Su único delito ha sido haber participado en una huelga. Se trata de Tamara y Ana, trabajadoras de instalaciones deportivas de Pontevedra y de Carlos y Serafín, trabajadores del transporte de Vigo.

Ambos conflictos laborales ocurrieron en fechas distintas, pero la brutalidad represiva desatada contra los cuatro compañeros tiene muchos puntos en común.

Tamara y Ana participaron en la huelga de 2010 de instalaciones deportivas, exigiendo un convenio propio. Durante la huelga fue derramada pintura en una piscina y, aunque nadie fue acusado ni identificado, estas dos compañeras, participantes en el piquete informativo, fueron juzgadas y condenadas.

Dos años antes, en 2008, Carlos y Serafín se dirigían a una asamblea durante la huelga provincial del trasporte, cuando fueron identificados por la policía. Fueron condenados por un delito contra “la libertad de los trabajadores”.

En ambos casos, la fiscalía actuó con autentica rabia contra los trabajadores, demostrando que está firmemente al servicio del Partido Popular y de los empresarios

Tamara y Ana fueron inicialmente sancionadas con seis meses de cárcel. Pero a la Fiscalía esto no le pareció suficiente y presentó un recurso solicitando la pena máxima de tres años de prisión; petición que fue aceptada por  la Audiencia Provincial. Ahora, las compañeras podrían entrar en prisión si la petición de indulto realizada es rechazada.

En el caso de Carlos y Serafín la Fiscalía actuó con el mismo odio de clase. El juzgado número 1 de Vigo primero, y la audiencia provincial después, condenaron a 3 años de prisión a estos compañeros, por lo que su entrada en la cárcel era inminente. Los sindicatos hicieron entonces una petición de indulto para los dos trabajadores. El clamor social en la comarca de Vigo obligó al Juzgado a suspender la ejecución de la sentencia hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto. Sin embargo, la Fiscalía, deseosa, al parecer, de ver a huelguistas entre rejas, recurrió esta decisión.

Oleada represiva ante la respuesta de la clase trabajadora

La entrada en prisión de estos cuatro compañeros y compañeras es una posibilidad más que real, si la movilización social no lo impide.

En el último período estamos sufriendo un incremento de la política represiva del Gobierno, en todos los terrenos. Petición de cárcel para cientos de trabajadores (como los 8 de Airbús, de Madrid), represión policial, endurecimiento de las leyes, control de internet…La burguesía ha lanzado una guerra unilateral contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y cuando ésta se defiende, lanza contra ella toda su artillería represiva, amparándose en leyes que cada vez se parecen más a las del franquismo. Leyes que, desde luego, no son neutrales.Tal y como afirma Suso Suixo, Secretario Xeral de la CIG, el  Código Penal “está claramente orientado a favorecer los intereses de una clase, la burguesía, frente a clase trabajadora”

De hecho, por si la legalidad burguesa no fuese suficiente para intentar frenar la respuesta de los trabajadores, el Gobierno y los empresarios no le hacen ascos a otro tipo de medidas: La CIG acaba de denunciar la práctica de firmas falsas en denuncias policiales contra trabajadores. Tal y como recoge el Diario de Pontevedra, una multa de 1.200 euros contra un sindicalista tuvo que ser retirada “por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo tras advertir varias «irregularidades» en los análisis practicados por un perito caligráfico del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este no pudo descartar que se tratase de firmas «ficticias» realizadas por una tercera persona, lo que motivó la anulación de la sanción” (Diario de Pontevedra, 21/05/2014)

¡Todos a las concentraciones de mañana jueves!

Para mañana, jueves 22, los tres sindicatos mayoritarios, CC.OO, CIG y UGT, han convocado concentraciones por la mañana en seis ciudades gallegas contra la represión sindical y exigiendo el indulto para los cuatro trabajadores y trabajadoras condenados. Es evidente que el peligro al que nos enfrentamos los trabajadores va a ir a más y exigirá medidas mucho más contundentes.

Estos dos casos han despertado una enorme solidaridad. Ha habido multitud de acciones de apoyo, incluyendo manifestaciones con miles de personas, en las que se coreaba a todo pulmón “Non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder” [No puede ser, no puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder]. La disposición de la juventud y la clase trabajadora a hacer frente a la represión está fuera de duda. Lo que necesitamos para poder desplegar toda esa combatividad es un plan de acción muy contundente, que realmente obligue a los capitalistas y a su gobierno a frenar su escalada represiva. Los jóvenes y los trabajadores nos jugamos muchísimo.

Tras la manifestación de mañana sería imprescindible que los tres sindicatos, actuando como hasta ahora en unidad de acción-lo que es un enorme paso adelante-, elaboren un calendario de movilizaciones ascendente. El siguiente paso podría ser una nueva jornada de movilizaciones, pero esta vez por la tarde, y en las 7 ciudades, inundando de propaganda previamente las calles, y organizando asambleas de delegados para discutir cómo hacer frente a la represión. Si los cargos contra estos compañeros no son retirados es necesario empezar a preparar paros, comenzando por los sectores en los que trabajan los represaliados y preparando el terreno para acciones más contundentes.

La represión no va a frenar la respuesta de la clase trabajadora!!

CITAS DE LAS CONCENTRACIONES DE MAÑANA

- A Coruña: ás 12 h diante da Delegación do Goberno

- Ferrol: ás 12 h diante do edificio da Xunta

- Compostela: ás 11:30 h diante da sede da Xunta (San Caetano)

- Lugo: ás 12 h diante da Subdelegación do Goberno

- Ourense: ás 12 h diante da Subdelegación do Goberno

- Pontevedra: ás 11 h diante da Audiencia Provincia

El Militante

O´Belen y los cursos de formación

Estos días está desarrollándose en Sigüenza y Tendilla (provincia de Guadalajara) el curso “Formación Integral para Emprendedores”, organizado por ADEL y FADETA e impartido por la Fundación O´Belen. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, financiado con dinero público a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Los co-directores del curso son integrantes del equipo de gerencia de O´Belen. Se trata de Carlos Moreno Cámara (gerente), Roberto Diñeiro López (director económico) y José Ignacio Arias Moreno (director jurídico). Con estos señores al frente, es de esperar que el momento cumbre del curso sea la lección de cómo llevar a la quiebra a una entidad que vive del dinero público, su más reciente éxito empresarial (ver La Fundación O´Belen, en concurso de acreedores).

Resulta llamativo comprobar como mucho liberal de pro gusta de lo que Esperanza Aguirre llamó mamandurrias. En el curriculum de Carlos Moreno se destaca que “emprender es la actividad que más le apasiona”. Sin embargo lo más destacado de su trayectoria personal es haber sido concejal del PP en Sigüenza, diputado en la Diputación de Guadalajara, director general de Asispa Servicios Auxiliares (empresa creada por O´Belen, cuyos principales clientes son distintas administraciones públicas a través de la privatización de todo tipo de servicios) y gerente de O´Belen (financiada en más del 90% con dinero público). ¡Qué trepidante manera de emprender!

Pero el mentado curso no es el único que imparte O´Belen. De hecho, han creado una Plataforma de Formación, “para compartir nuestros conocimientos y experiencias”. Por supuesto, se trata de Formación Continua Bonificada, financiada por la Fundación Tripartita (más dinero público).

La formación continua es útil y necesaria, e incluso imprescindible en sectores como el de la intervención social. Pero de la formación continua a la tomadura de pelo sólo hay un paso, como demuestran los chanchulleos que se están conociendo (como el caso del fraude en los cursos de la patronal madrileña).

Y echando un vistazo a la oferta formativa de O´Belen, nos quedamos atónitos. Destaca su serie de cursos monográficos: Atención a menores toxicómanos; Atención para delincuentes contra la libertad sexual; Educadores en materia de salud mental infanto-juvenil; Inserción social y laboral con jóvenes; Menores con trastorno de conducta en centros de protección; Violencia intrafamiliar. Rimbombantes títulos propios de cursos de postgrado para cursos online de 10 horas de duración. En el mejor de los casos, estos “cursos monográficos” podrían servir para satisfacer la curiosidad de mentes inquietas ajenas al sector, pero jamás podrán considerarse formación específica para mejorar la capacitación profesional de quienes trabajamos con menores en situación de riesgo. Aunque visto lo que ocurre en otras empresas, es de sospechar que tienen una clientela cautiva en sus propios trabajadores. En nuestra opinión, estos cursos son una burla. Carcajadas financiadas con el dinero de todos, no se nos olvide.

Ante lo dicho, esta Plataforma de Formación parece otro intento más de expandir el negocio. Intención que no es nueva. En 2006 O´Belen montó Aspira Servicios Auxiliares. Un ejemplo de sus negocios es la prestación de servicios de jardinería para la Diputación de Guadalajara, tras la externalización de los mismos.

Y en 2010, O´Belen constituyó junto al Ayuntamiento de Chiloeches la Fundación para el Bienestar de las Personas Mayores de Chiloeches. Con la colaboración de FADETA, pretender construir y gestionar un Centro Integrador de Servicios Sociales para Personas Mayores, que al parecer estará compuesto por una residencia geriátrica, un centro de día y un tanatorio (como metáfora de sus pretensiones no tiene precio). Y aunque este nuevo proyecto solidario parece que no termina de arrancar, ya han conseguido la cesión de una parcela de 8000 metros. Por supuesto, la intención es que la Junta convenie las plazas.

¿Qué es FADETA?

Como vemos, cada vez aparecen más colaboraciones entre O´Belen y FADETA, a pesar de la nefasta trayectoria de la empresa capitaneada actualmente por Javier San Sebastián. Pero ¿qué es FADETA? Se trata de un Grupo de Desarrollo Rural, que actúa en el ámbito de la provincia de Guadalajara. Por resumir, es una entidad dedicada a cazar subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (que financia el curso que abre este artículo y del que se espera una subvención de 1,5 millones de euros para el proyecto de Chiloeches). Veamos quién dirige FADETA.

Su presidente es Aurelio González Montejano, alcalde de Mondéjar hasta 2011 y actualmente concejal en la oposición por el Grupo por Mondéjar. Es un empresario inmobiliario y del sector de las corredurías de seguros. Su vicepresideta primera es Amparo de los Ángeles Castell, apoderada de una empresa dedicada a la extracción de materiales para la construcción. Como vicepresidente segundo nos encontramos con Santos López Tabernero, teniente de alcalde de Fuentelencina y miembro de la Diputación de Guadalajara por el PSOE. Su secretaria es Montserrat Rivas de la Torre, alcaldesa de Fuentenovilla por el PP. Y su tesorero (¡qué gran cargo!) es Fernando Brihuega García, consejero de Inversiones Castilla La Mancha S.A., empresa inmobiliaria y constructora especializada en la construcción y explotación de residencias geriátricas. ¡Qué casualidad!

Su gerente es Jesús Ortega Molina, alcalde de Alocén por la Agrupación de Electores de Alocén. Y por último, como técnico de desarrollo local figura Ángel Román Escamilla, ex alcalde de Sacedón por el PP y miembro del patronato de la Fundación Caja Castilla La Mancha. No es necesario decir nada más sobre FADETA. Todo atado y bien atado en la Alcarria.

Cospedal, tras alabar la gran labor de los Grupos de Desarrollo Rural (como FADETA), ha anunciado la creación de un programa pionero para jóvenes, especialmente centrado en la formación y financiado por los fondos europeos FEDER. ¿Estos cursos de formación terminará regando las áridas cuentas de O´Belen? Al fin y al cabo, tienen experiencia en la materia, ¿verdad?

Todo esto no es más que un reflejo del funcionamiento real de la democracia burguesa. Desde la Unión Europea hasta el más pequeño de los pueblos. ¡Basta ya! Tenemos que acabar con estos entramados y con quienes les dan cobertura desde las administraciones públicas. El próximo 25 de mayo tenemos la posibilidad de empezar a poner freno a todas estas tropelías. Hay organizarse y luchar, pero si les echamos de las instituciones, será más fácil. ¡Para botarles, hay que votar!

Teatro Foro Gritos Silenciados

Una obra que quiere mostrar las violencias invisibles entre chavales y educadores que viven cotidianamente la realidad de los centros de menores. Una propuesta teatral que busca abrir el diálogo con el público, que pasará a ser protagonista de la obra en la búsqueda de posibles soluciones. El proyecto ha sido realizado íntegramente por jóvenes tutelados.

Jueves 22 de mayo, a las 19:30 horas,

Intermediae Matadero Madrid

Calle Chopera, 14

Entrada libre previa reserva:

info@3social.org

Manifestación contra el ERE en CocaCola

La Pública te necesita. Concierto contra los recortes educativos

Stop Tortura

Nueva campaña de la organización para los dos próximos años: #StopTortura

Amnistía Internacional ha acusado a gobiernos de todo el mundo de traicionar sus compromisos de acabar con la tortura, tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura.

"En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la presentación de Stop Tortura, la última campaña global de la organización para combatir la tortura y otros malos tratos en el mundo moderno.

"La tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificar la tortura so pretexto de la seguridad nacional erosiona los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años."

Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional investiga a 142. En lo que va de 2014, Amnistía Internacional ha observado que al menos 79 de ellos (más de la mitad de los Estados parte de la Convención que investiga Amnistía Internacional) siguen torturando. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja. El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor.

En algunos de estos países la tortura es habitual y sistemática. En otros, Amnistía Internacional sólo ha documentado casos aislados y excepcionales. La organización considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable.

La campaña Stop Tortura se inicia con la publicación del documento "30 años de promesas incumplidas" que ofrece una perspectiva general del uso de la tortura en el mundo actual.

El estudio detalla diversas técnicas de tortura —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales— que se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes, rivales políticos y otros.

Como parte de la campaña, Amnistía Internacional encargó una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según la encuesta, casi la mitad (el 44%) de las personas encuestadas —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturadas si son detenidas en su país.

La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.

"Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra la tortura, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas circunstancias. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenir la tortura", afirmó Caroline Holme, directora de la empresa encargada del estudio, GlobeScan.

Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.

La lucha global de Amnistía Internacional contra la tortura continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada esta práctica y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.

• En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes. Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.

• La justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura de Filipinas. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos "por diversión". Según los informes, los policías hacían girar una "rueda de la tortura" para decidir cómo torturaban a los detenidos. Las informaciones de los medios de comunicación desembocaron en una investigación interna y algunos agentes fueron cesados, pero Amnistía Internacional pide una investigación exhaustiva e imparcial que haga que los policías implicados sean juzgados por los tribunales. La mayoría de los actos de tortura cometidos por la policía siguen sin denunciarse y los supervivientes de la tortura continúan sufriendo en silencio.

• En Marruecos y Sáhara Occidental, las autoridades rara vez investigan las denuncias de tortura. Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass a Marruecos a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde Aarrass dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Ali Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa "confesión". Sus denuncias de tortura nunca se han investigado.

• En Nigeria, la policía y el ejército usan la tortura de forma habitual. Cuando Moses Akatugba fue detenido por los soldados tenía 16 años. Según su testimonio, lo golpearon y le dispararon en la mano. Luego fue entregado a la policía, que lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Moses dice que lo torturaron para que firmara una "confesión" en la que reconocía haber participado en un robo. La denuncia de que había confesado como consecuencia de la tortura nunca se investigó exhaustivamente. En noviembre de 2013, después de ocho años esperando sentencia, Moses fue condenado a muerte.

• En Uzbekistán, la tortura está generalizada, pero pocos torturadores responden alguna vez de sus actos ante la justicia. El país está cerrado para Amnistía Internacional. Dilorom Abdukadirova estuvo cinco años en el exilio después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en una protesta a la que asistió. A su regreso a Uzbekistán, la detuvieron, le prohibieron ver a su familia y la acusaron de intentar derrocar al gobierno. Durante su juicio, tenía un aspecto demacrado y hematomas en la cara. Su familia está convencida de que la habían torturado.

A partir de hoy, Amnistía Internacional lanza tres ciberacciones a través de su plataforma actuaconamnistia.org por los casos de Claudia Medina (México), Ali Aarrass (Marruecos) y Moses Akatugba (Nigeria) dirigidas a sus respectivos Gobiernos.

"Hace treinta años, Amnistía Internacional encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. Se han hecho muchos avances desde entonces, pero resulta descorazonador que hoy sigamos necesitando una campaña mundial para garantizar que esas promesas se cumplen”, concluyó Salil Shetty.

La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades

Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura.Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerar la tortura como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas de tortura siguen desprotegidas” ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España.

• En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
• El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio.
• Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.
• Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.
• España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso del marroquí Ali Aarrass. El kazajo Aleksandr Pavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
• Sin embargo, hace pocas semanas, la Audiencia Nacional sí ha negado la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han “prescrito”. Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.

Concierto contra la represión