La Fundación Raíces y la Fundación Abogacía Española han denunciado este miércoles las supuestas malas prácticas de la Comunidad de Madrid en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados, lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales, y ha cargado contra la Fiscalía General del Estado por no dar validez a los documentos expedidos por sus países de procedencia. Así lo ha denunciado la presidenta de esta fundación, Lourdes Reyzabal, durante la presentación del informe Sólo por estar solo, en el que se analizan numerosos expedientes con presuntas prácticas irregulares de las administraciones españolas, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid por ser el epicentro de la mayoría de los casos. En el caso de Madrid, esta fundación denunció en febrero de 2010 la situación de 17 menores de origen subsahariano que, estando bajo la protección de la Comunidad, habían sido expulsados del sistema de protección y denunciados por falsedad documental.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha estado presente en la presentación, dado que el informe es fruto del acuerdo suscrito entre la Fundación Abogacía Española y la Fundación Raíces, y ha destacado que estos chicos "no volverán a estar solos". Los más de 300 expedientes sobre los que se pronuncia el documento han sido analizados por la abogada Carmen Mola.
Conflictos en la determinación de edad
Fundación Raíces continúa con el trabajo emprendido por el abogado Nacho de la Mata, quien atendió a más de 200 menores inmigrantes no acompañados, de los que al menos una treintena fueron por conflictos en la determinación de la edad. De la Mata logró sentencias históricas, como la que obligo a España a readmitir a un menor marroquí que había sido repatriado, así como las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocieron el derecho de los menores a defenderse ante los tribunales incluso en contra de las decisiones de sus tutores.
El informe Sólo por estar solo se refiere a la situación que afrontan estos menores, como Munir o Mamadou -presentes en la presentación-, al ser expulsados por poner en tela de juicio sus pasaportes o partidas de nacimiento. "El objetivo de este informe es poder documentar lo que llevamos defendiendo desde 2009 y poder cambiar lo que está ocurriendo a nivel administrativo y a nivel de las Administraciones españolas para devolver la cordura que falta en este asunto", ha destacado la presidenta de la fundación y ha criticado que esto solo pase con casos de menores que viven solos.
Así, ha subrayado que las malas prácticas en las que se incurre hacen que se excluya a los menores del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones del resto de menores en situación de desamparo y les condena a vivir en la calle, como el caso de unos de los chicos presentes en la presentación. La abogada Carmen Mola ha cargado contra la Fiscalía General del Estado al denunciar que de forma sistemática no da validez a pasaportes y partidas de nacimiento de ciudadanos de Marruecos o de África subsahariana cuando son menores de edad que llegan solos, a pesar de que estos son expedidos por embajadas y consulados de sus países.
En el informe, se habla de que el Instituto Madrileño del Menor y Familia ha dejado de aplicar las normas que deben guiar su actuación con respecto a los menores que tutela. Y señala que hasta 2009, la Comunidad sometió a menores a pruebas oseométricas en clínicas privadas, en lugar de hacerlo dentro del sistema de salud pública. Además, expone que la actuación de la Comunidad de Madrid "no quedó solo en eso, sino que fue más allá, pues en ciertos casos llegó denunciar la falsificación documental ante la jurisdicción penal de menores al no coincidir sus pruebas médicas con la documentación oficial que portaba.
