Tamara y Ana son el último caso de trabajadoras que pueden acabar en la cárcel por exigir sus derechos. En febrero de 2010 durante una huelga por la negociación del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas de Galicia las dos trabajadoras fueron acusadas de derramar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños. A pesar de que en el momento de los sucesos nadie fue identificado como causante de manchar el agua de la piscina, las dos trabajadoras han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra a tres años y un día de cárcel por atentar contra los derechos de los trabajadores al considerar que manchar la piscina con pintura buscaba amedrentar al resto de trabajadores que no secundaban la huelga. La condena ha sido denunciada por CCOO, que considera la sentencia completamente desproporcionada e injusta, sobre todo al considerar que la condena impuesta en primera instancia antes del recurso de las trabajadores fue de seis meses de prisión.
Las condenas a trabajadores por situaciones acaecidas en protestas laborales o huelgas son habituales en nuestro país. Históricamente han sido muchos los obreros que han pasado por la cárcel por este tipo de sucesos. Uno de los casos más conocidos es el de dos sindicalistas de los astilleros Naval Gijón. En 2007, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala fueron detenidos y llevados a prisión para cumplir una condena de tres años que se les impuso tras una denuncia del Ayuntamiento de Gijón, que presidía la alcaldesa del PSOE, Paz Fernández Felgueroso. Los dos sindicalistas ingresaron en la prisión de Villabona tras ser declarados culpables de haber roto el cajetín de una cámara de tráfico que enfocaba al interior de los astilleros.
En el mes de abril de 2013, Laura Gómez, secretaria de Organización de la CGT en Barcelona, ingresó en prisión de manera provisional por quemar una caja de cartón con billetes simulados frente a la Bolsa de Barcelona. El juez decretó esta medida por considerar que la sindicalista podía reincidir y por existir riesgo de fuga. Tras 23 días en prisión Laura Gómez salió de la cárcel de mujeres de Wad-Ras gracias al pago de la fianza de 6.000 euros que se hizo mediante una colecta en el sindicato. Laura Gómez está a la espera de juicio y tiene prohibido participar en manifestaciones.
Como dijo Morala tras salir del juzgado, la mayoría de estas sentencias se realiza para asustar a los trabajadores. Las peticiones de penas en los últimos años buscan un efecto disuasorio que limite las protestas, además de provocar un efecto de criminalización en la sociedad al asociar las huelgas con disturbios y penas de cárcel. Las penas que la fiscalía y la administración pidieron a los detenidos por sucesos ocasionados en la huelga del 29-M van en esta dirección. Tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, declaró que perseguirían con contundencia los actos violentos que ocurrieron durante la huelga. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, además de La Caixa como acusación particular, llegaron a pedir 5,5 años de cárcel a cuatro jóvenes de Poblenou por volcar un contenedor.
El pasado mes de marzo la jueza suspendió el ingreso en prisión de dos trabajadores de Vigo que fueron condenados a tres años de prisión a la espera de que se resuelva la petición del indulto. La condena se efectuó por la rotura de un cristal de un camión durante la celebración de un piquete informativo en el año 2008. Es precisamente un indulto lo que se pide para las dos trabajadores condenadas en Pontevedra por arrojar pintura a una piscina. La condena impuesta a Tamara y Alba ha desatado una sucesión de apoyos ciudadanos que en una campaña de firmas online exigen al ministro de Justicia el indulto inmediato de ambas.
