Desde el Colectivo No a O´Belen
defendemos que la única manera de garantizar unos servicios de calidad a los
usuarios y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector
es mediante unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. A
continuación transcribimos dos ejemplos que demuestran la diferencia entre la
gestión pública (y basada en la democracia obrera) y la gestión privada de los servicios sociales. Se trata del
servicio de ayuda a domicilio en Galapagar (PP) y en Villaverde del Río (IU).
GALAPAGAR:
La empresa adjudicataria (Servedepand)
adeuda dos mensualidades y otras dos pagas extras a las trabajadoras.
Ayer se inició
una huelga indefinida por impagos del servicio de ayuda a domicilio en la
localidad de Galapagar, que está siendo secundada por las 17 personas que
componen el servicio. El conflicto viene generado porque la empresa
adjudicataria del servicio (Servedepend) adeuda 2 mensualidades y 2 pagas
extras. Tanto la plantilla como el sindicato CCOO e incluso el propio
Ayuntamiento intentan contactar con la empresa, pero nadie lo consigue, parece
haber desaparecido.
Hay que recordar que hace dos años esta
misma plantilla ya vivió una situación parecida con otra empresa que
desapareció dejando de pagar 5 mensualidades. Al final las trabajadoras
denunciaron y el Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de la deuda subsidiariamente.
Desgraciadamente parece que la situación se repite y es que los gestores
del Ayuntamiento se empecinan en contratar empresas de dudosa solvencia
teniendo que pagar partes del servicio varias veces. Todo apunta a que los
vecinos de Galapagar asumirán de nuevo con sus impuestos la mala gestión del
Ayuntamiento, demostrándose que al final lo barato sale caro.
VILLAVERDE
DEL RÍO:
Durante todos estos años, el
clientelismo y el enchufismo más descarado han sido las notas predominantes en
materia de contratación en los ayuntamientos. Estas prácticas se han
desarrollado con total impunidad, con la complicidad de las oficinas de empleo,
y sin que el sistema legal, supuesto garante del estado de derecho, haya puesto
freno a semejantes manejos. En los tiempos de bonanza, muchas alcaldías se han
sostenido sobre una política que reduce a los trabajadores a la condición de
mercancía. Pero la crisis capitalista y el desempleo masivo han propiciado que
miles de familias trabajadoras reclamen igualdad de trato en las contrataciones
municipales, dejando en evidencia las políticas clientelares y provocando, en
el plano electoral, la caída de la mayoría de los gobiernos que mantenían estos
abusos.
La participación de los trabajadores a
través de la política asamblearia.
El programa político con el que IU de
Villaverde nos presentamos a las elecciones planteaba expresamente la cuestión
fundamental del reparto democrático del trabajo. Contra el sistema caciquil
implantado por la coalición PP-PSOE en el gobierno, nosotros reivindicamos la
democracia asamblearia, donde vecinos y trabajadores pueden organizarse en
asambleas convocadas con un orden del día, debatir ordenadamente los temas que
les afectan y tomar decisiones sobre la política a seguir en el Ayuntamiento,
unas decisiones vinculantes para el gobierno de IU que actúa, nunca mejor
dicho, en calidad de representante del pueblo.
Desde que asumimos la alcaldía de Villaverde no hay tema de la vida local que
no hayamos abordado con estos métodos de democracia directa. Así ocurre con las
obras y proyectos públicos, los servicios municipales, el derecho a la vivienda
e incluso el reparto de alimentos de la Cruz Roja, organizado con la
intervención directa de los beneficiarios que controlan el reparto equitativo
de los alimentos, reforzando los lazos de solidaridad entre ellos y combatiendo
la imagen de que están recibiendo limosnas. Pero sin duda, donde la política
asamblearia está alcanzando una mayor profundidad y extensión es en el tema del
empleo.
El reparto del trabajo.
No es exagerado decir que en este
momento, el ayuntamiento de Villaverde del Río es el principal promotor de
empleo de la localidad. Mientras las empresas privadas despiden, desaparecen y
reducen salarios, el ayuntamiento ha incrementado su plantilla en más de 50
trabajadores, muchos de ellos provenientes de la recuperación de servicios que estaban privatizados, como la Ley de la
Dependencia.
La política de empleo se apoya en la
defensa de los derechos y servicios públicos y la distribución de los contratos
de manera democrática y transparente, es decir, con la participación y el
control de los mismos trabajadores y trabajadoras que se presentan a las plazas
y programas que ponemos en marcha. Todo el proceso de elaboración de las bolsas
de trabajo está dominado por los métodos de la democracia obrera.
Las bases que han de regir la selección y el orden de los trabajadores en la
bolsa de trabajo se plantean, se discuten y son finalmente aprobadas en
asambleas públicas convocadas con la mayor difusión, con la asistencia de
centenares de trabajadores de los sectores y profesiones a los que estén
orientados los contratos ofertados. Las asambleas eligen sus propios comités de
trabajadores para gestionar directamente las labores de valoración y puntuación
de solicitudes, y velar por la mayor transparencia en los trabajos. El papel
del ayuntamiento es ofrecer los medios materiales y de asesoramiento a los
trabajadores para que puedan llevar a cabo su cometido con garantías.
Las bases son aprobadas por decreto de alcaldía, una vez propuestas por la
asamblea de trabajadores, los comités se pronuncian en actas firmadas y el
Pleno de la corporación aprueba el listado y las baremaciones finales de la
bolsa.
Si bien la democracia formal y la
legalidad vigente con sus secretarios, tribunales e inspectores, los mismos que
no han movido un dedo para impedir la farsa del sistema de contrataciones en
los ayuntamientos, no desaparece por la acción de una política revolucionaria
desarrollada en un solo ayuntamiento, sí se encuentra subordinada a la
verdadera democracia, la democracia obrera, donde la participación organizada
de los trabajadores es la única garantía de transparencia e igualdad. Es una
situación que responde a una determinada correlación de fuerzas. De hecho, todo
este proceso se realiza evitando entrar en conflicto con la normativa y
legalidad existente sobre ofertas públicas de empleo. No queremos facilitar la
tarea de iniciar acciones legales contra el ayuntamiento. La democracia
burguesa, mientras exista el capitalismo, no desaparece con ser obviada, pero,
en cualquier caso, nuestra experiencia es una prueba indiscutible de la
posibilidad de defender una política revolucionaria incluso dentro las
instituciones burguesas.
Un paso más, el control obrero de la
producción.
Con estos métodos, existen en el
ayuntamiento de Villaverde once bolsas de trabajo en funcionamiento bajo la
supervisión de comités y asambleas de jardineros, albañiles, limpiadoras,
fontaneros, auxiliares administrativos, etc. Las trabajadoras de atención a la Ley de la Dependencia representan un
paso más en la democracia que defendemos. La municipalización del servicio ha
supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos y cobrar todos los
meses puntualmente. Después de pagar a las trabajadoras y los gastos del
servicio, aún nos está quedando un fondo, que en otro tiempo eran los
beneficios empresariales, que vamos a dedicar a ¡una paga de beneficio
repartida entre las cuarenta y dos trabajadoras! En plena ofensiva del gobierno
para privar a los trabajadores públicos de sus derechos salariales, nosotros
aprobamos una paga extra más. Estos son estímulos muy claros y contundentes
para la comprensión de los trabajadores de las ventajas de la iniciativa
pública y de la política asamblearia. En este escenario, y conscientes de la
necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad económica del
mismo, las trabajadoras han constituido comités de formación y de calidad, para
impedir la relajación de la plantilla en el desempeño de su trabajo y un comité
económico y presupuestario para llevar el control de lo que se ingresa y lo que
se gasta. Estos son los principios del control obrero, aceptados y
desarrollados con la mayor naturalidad por trabajadoras del sector servicios,
demostrando en la práctica la validez de unas políticas perfectamente
aplicables al control y dirección de una fábrica por los propios trabajadores,
de las tierras agrícolas, como estamos viendo en las ocupación de las tierras
de Somonte, o incluso del sistema financiero, de la banca, en manos de los
trabajadores para satisfacer las necesidades sociales, y no para especular,
engañar y desahuciar a las familias trabajadoras.
