Corrala La Utopía. Hay solución: Expropiación

No a la subida de la luz

El negocio del maltrato institucional. Fundación Diagrama sinónimo de lucro

Todos somos conscientes de los recortes sin tregua, y la realidad acuciante de lo que vivimos y vemos en la calle diariamente: el adelgazamiento de lo que hasta ahora creíamos público y de todas, la prácticamente desaparición de derechos formalmente conseguidos para la población en el último siglo, léase derechos laborales, derechos de ciudadanía, educación, sanidad, servicios comunitarios, el recorte de libertades y un largo etcétera que sirve sin duda alguna para justificar la sacrosanta “estabilidad presupuestaria”.

Todo este escenario de ruina y desolación del maltrecho “Estado del Bienestar” tuvo la puntilla demoledora el pasado mes de Julio del año 2012, cuando casi de puntillas y a hurtadillas los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE lograron con su acuerdo la MODIFICACION DEL ART 135 CE.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Con esto se viene a decir que el Estado tiene PRIORIDAD PARA PAGAR LAS DEUDAS ANTES QUE ASIGNAR EL PRESUPUESTO A CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTO. O lo que viene a ser los mismo: el Estado social y democrático que dice la constitución española que conformamos se ha puesto en manos del capital y del sistema financiero con las lógicas del capital: el lucro y el beneficio, dando lugar a un lema que impera.- PRIMERO EL CAPITAL Y LUEGO LAS PERSONAS.

Por otro lado, el Estado se proclama así mismo como garante del “cuidado” y bienestar de las personas que lo conforman. Dentro de este gran colectivo que es la “sociedad” están los niños y niñas, jóvenes que según toda la normativa estatal y paraestatal o internacional no ceja en proclamar que deben estar amparados, incluso en los procedimientos judiciales penales, creando y ratificando para ello normas internacionales: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) año 1985. Reglas Mínimas de Ns US para la protección de los menores privados de libertad y Convención de 20/11/1989 sobre los Derechos del Niño. Llegados a este punto nos preguntamos ¿Como casa todo esto? ¿Dónde quedan todos estos loables enunciados? ¿Dónde empieza la responsabilidad del Estado en la dejación de los deberes de protección y cuidado a su población y con mayor énfasis a sus niños/as y jóvenes como garante su libertad y seguridad? Volvemos al enunciado del principio.

- La Gestión por parte de organizaciones privadas de la ejecución de las penas privativas.

”El 73% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor.”

Este dato nos ilustra, del fenómeno de la MERCANTILIZACION en que se han convertido las penas de prisión impuestas a los menores,o como la LORPM (Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores) las “LLAMA” las MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EN CENTRO convirtiéndose en un “valor al alza”. De otro lado una rotunda afirmación, la constatación de que el ESTADO SE INHIBIE de sus responsabilidades, haciendo dejación de sus funciones traspasando la obligación que sobre él pesa de “ atender a los chavales”, velando siempre por su “superior interés” como las distintas leyes que les aplican proclaman reiteradamente. La lógica mercantil y financiera que ahora nos imponen para explicarnos casi porque sale el sol cada día, lleva años aplicándose en la jurisdicción de menores.

El cumplimiento de la condena y la rehabilitación de una persona condenada, da igual que sea mayor o menor, no puede dejarse en manos privadas, porque detrás de la privatización hay un negocio. Y no se trata de ONGs sin ánimo de lucro, sino, como decía un amigo, ‘sinónimo de lucro”, y ello en referencia al progresivo proceso de privatización de las cárceles de menores, ya que hoy día esas empresas en expansión controlan en torno al 73% de las cárceles de menores.

El negocio de las cárceles de menores –al igual que ocurre con los centros de protección- no ha dejado de crecer desde entonces. Ningún estudio ha comprobado la eficacia de este modelo pivotado sobre fundaciones “sin ánimo de lucro” que reciben entre 300 y 500 euros por niño/ a y día. Transferida la competencia para el cumplimiento de las penas a las Comunidades Autónomas, la inmensa mayoría de ellas subrogan esta función a entidades privadas. Sólo Cataluña y el País Vasco mantienen cárceles exclusivamente públicas.

“La atención a los chicos se ve comprometida”, porque se establecen criterios económicos en el tratamiento de menores”. En primer lugar, la diversidad de tratamientos es abrumadora. En segundo lugar, la calidad de vida de los menores, en un contexto de negocio, puede verse afectada. Pero ante todo, la privatización aleja la posibilidad de control que en el caso de las cárceles es esencial, “pues la ejecución de una medida de prisión implica un ejercicio de contención. Toda nuestra configuración legal está prevista para que las personas que están privadas de libertad dispongan de mecanismos de protección como es la posibilidad de denunciar torturas o rigor innecesario”. Esto, no se puede garantizar cuando los centros son privados.

Son muchas las voces que, como Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, advierten de que “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”. La CPT recoge en su informe anual algunos de los casos de tortura sufridos por menores en cárceles. Se trata de casos muy difíciles de documentar, pues el secretismo de los centros, el miedo a la represión, la imposibilidad de acceso de la sociedad civil a las cárceles –es más difícil que acceder a cárceles de adultos – y la vaguedad con la que los chavales refieren los casos lo dificulta. “Nos encontramos a menudo con cartas que escriben los menores en las que se narran atrocidades, pero es siempre muy vago, porque son chavales de 14 a 16 años”.

En las cárceles de menores se producen torturas que Del Cura clasifica en tres tipos: la “humillación permanente”, “sanciones arbitrarias”, y “agresiones físicas puras y duras”. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas. El “engrilletado” es una práctica denunciada en diferentes centros y comprobada cuando ya era demasiado tarde en casos como el de Philip García, muerto en el centro tinerfeño Nivaria, y que valió una acusación criminal a cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y de una educadora de la empresa Ideo. Para Daniel Jiménez, de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a presas y presos de Aragón Asapa, “las muertes por tortura no son excepciones sino ejemplos máximos de la manera de funcionar”. Desde 2001, nueve chavales han muerto en cárceles. Casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.

ASAPA elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza, Juslibol –“una réplica a escala de la cárcel de Zuera”–. Desde que hicieron el informe, no han constatado cambios. A su juicio, “da igual si funciona en la línea dura como cuando se aprobó la ley del menor, o si se cambia un poco la estrategia con la medicación y la psiquiatrización y la anestesia” porque “el maltrato institucional tiene un proceso muy largo en el que las cárceles de niños son la culminación, un círculo vicioso con el que mucha gente está haciendo negocio”.

Fundaciones que gestionan cárceles “SINÓNIMO DE LUCRO”:

GINSO, negocios redondos

“Asociación para la gestión de la integración social” (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía. Pero GINSO supone, además, un “paso más allá” en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado.

GRUPO NORTE

Fundación Grupo Norte, ligada al grupo empresarial del mismo nombre, gestiona varios centros de menores en régimen abierto y semiabierto. Representa el modelo de negocio clásico en este ámbito, que mezcla la gestión de protección y la reforma de menores con una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y ETT. Ha sido denunciada por malos tratos en Valladolid y en Madrid, en este último caso la denuncia fue efectuada por la Coordinadora de Barrios, al observar en un menor hematomas producidos por porras.

DIAGRAMA

Fundación Diagrama es un opaco y hermético conglomerado de ong´s y empresas, la mayoría de ellas sin actividad conocida, que su presidente Francisco Legaz, a modo de reina madre del panal, ha ido creando con el paso de los años no solo en España sino en muchos otros países. Un entramado que factura y gestiona decenas de millones de euros provenientes de subvenciones, ayudas y convenios con diferentes gobiernos regionales: Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Andalucía y, sobre todo, Murcia y Comunidad Valenciana donde ejercen una especie de monopolio en lo que concierne a menores sujetos a medidas judiciales.

Diagrama Internacional se autodefine como una asociación sin ánimo de lucro creada en 2008, y con sede en Bruselas. Constituye una red global de entidades de diferentes países cuyo verdadero funcionamiento, relaciones entre los miembros y estrategias para conseguir sus objetivos desconocemos. El largo historial de incidentes graves, contrastados por diversas fuentes, en centros gestionados por Diagrama nos hace retroceder a marzo de 2001 cuando la Comunidad de Madrid cerró los tres centros de menores, "Guadarrama", "Rio Chico" y "Cimbra", que la fundación gestionaba en esta provincia. Además rescindió el contrato vigente "porque los métodos educativos empleados para la corrección de conductas no eran los adecuados". Los chavales eran objeto de tratos vejatorios y degradantes abriendo la Fiscalía de Menores una investigación a raíz de la denuncia de uno de los jóvenes contra el director, dos educadores y dos guardas de seguridad de Diagrama. Sin embargo, en agosto de 2005 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió de un presunto delito de malos tratos tanto al propio gobierno regional como a la Fundación Diagrama en una sentencia un tanto peculiar. La Sección XVIª decretó el archivo de la causa no negando los hechos denunciados sino limitándose a manifestar que con la entrada en vigor de un por entonces nuevo reglamento de menores los hechos no eran ya punibles. Aún así, esta fundación volvió a colaborar con el gobierno madrileño y, nuevamente se vio envuelta en la polémica. En septiembre de 2009 Diagrama perdió la gestión del Centro de Menores "Los Robles" por sus expeditivos métodos.

En septiembre de 2004 el juzgado de instrucción nº 2 de Jaén acordó por segunda vez el archivo de la denuncia formulada por varios ex trabajadores del Centro de Menores "Las Lagunillas" (Jaén) por los tratos vejatorios de que eran objeto los menores. El auto de sobreseimiento se dictó después de que los propios vigilantes que denunciaron a la empresas Fundación Diagrama y Provibe S.L. (esta empresa acabaría tiempo después como el rosario de la aurora) solicitaran al juzgado el archivo del caso. Los denunciantes decidieron desistir del procedimiento y solicitar el archivo del expediente tras constatar "la lentitud con la que se han tramitado en el juzgado las diligencias de instrucción".(Fuente: "Privación de libertad y derechos humanos". 2008. Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona).

En mayo de 2008 el sindicato UGT denunció públicamente que medio centenar de menores del Centro de Reeducación "Mariano Ribera" de Burjassot (Valencia), gestionado por la Fundación Diagrama desde 2004, habían permanecido al menos seis meses encerrados sin poder salir al patio del recinto debido a las obras de reforma. Durante todo este tiempo los menores afectados ni tan siquiera pudieron disfrutar de las dos horas de patio obligatorias que marca la ley. Como respuesta, la Consellería de Justicia de la comunidad valenciana dijo no tener constancia de ningún incidente.

A finales de 2009 Amnistía Internacional denunció públicamente que en algunos centros de menores de Andalucía, Madrid y Cataluña, muchos de ellos gestionados por la Fundación Diagrama, se violaban sistemáticamente los derechos básicos de los jóvenes, y certificaba la existencia de suicidios.

En noviembre de 2012 la sección 3ª de la Audiencia de Valencia condenó a la Fundación Diagrama, y a la Generalitat como responsable civil subsidiaria, por la agresión sexual cometida por un trabajador a tres menores en uno de los centros. Esta persona fue contratada a pesar de que ya tenía una anterior condena firme por otra agresión similar.

Pero no solo algunos de los métodos reeducativos de Fundación Diagrama y sus "profesionales de altísimo nivel" son cuestionables. También lo es su actitud para con sus trabajadores que en numerosas ocasiones ha sido tachada públicamente de prepotente, y su falta de respeto a la normativa laboral vigente. Sirva como ejemplo el caso del centro de menores de Melilla que desde hace tiempo gestionan por la módica cantidad de 2 millones de euros anuales. La Inspección Provincial de Trabajo ya sancionó a finales de 2011 a esta fundación por no respetar los turnos de trabajo de los empleados. Más tarde, a mediados de 2012, el Juzgado de lo Social de Melilla decretó el embargo de bienes de Diagrama para hacer frente al impago de 17.300 euros en concepto de diferencias salariales de varios de sus trabajadores en algunas de sus nóminas de 2010. Finalmente, en enero de 2013 la empresa llegó a un acuerdo in extremis para el reintegro de las cantidades debidas. De igual manera, el comité de empresa de UGT presentó en diciembre de 2012 una denuncia por falta de medidas de seguridad y salud en dicho centro, reclamando principalmente equipos de protección individual y un plan de emergencias que las autoridades competentes calificaron de inexistente.

Conclusión:

Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a pensar que los Centros de menores son los laboratorios sociales donde el Sistema experimenta sus futuras técnicas carcelarias y lo hace sobre quienes, de adultas, serán seguramente, las personas presas del mañana. Las cárceles, no cumplen con la función para las que según las leyes han sido fundadas, que es la de reeducación y la de reinserción, ya que no van a la raíz del problema por el cual esos menores entran en prisión, con lo cual, cuando ese niño o esa niña sale en libertad, se sigue encontrando con el mismo problema que cuando entró pero agravado por un odio hacia esta sociedad que le ha impuesto un castigo y una autoridad que él no entiende ni reconoce.

Alrededor de la delincuencia se mueve un enorme negocio que sin ella no tendría razón de ser. Una gran parte del sistema se nutre a costa de la delincuencia y por ello se encarga de asegurarse el pan del que se mantiene, sin preocuparse por resolver un problema considerado en el mejor de los casos, como un efecto perverso necesario para mantener sus privilegios. Ante esto, nos surge una duda: ¿es pues el fracaso de la cárcel de menores, un éxito? Evidentemente, la respuesta penal a los menores delincuentes constituye un eslabón capital en el conjunto de un mecanismo complejo de control social, a lo que podríamos añadir, que se alimenta, genera y perpetúa la marginación y la exclusión social, que llena de "clientes" las prisiones. Quizá eso sea el éxito: control, miedo, marginalidad y negocio.

En las cárceles de menores, al igual que las de adultos, se tortura, se violan los derechos humanos, constantemente se degrada a las personas y se aplican las leyes arbitrariamente dependiendo del poder económico del encausado. No se recibe la atención sanitaria o jurídica necesaria, con lo que se convierten en centros de inhumanidad y de vergüenza. El propio sistema y los Estados son los responsables de la delincuencia, y a ellos es a quien debemos pedir responsabilidades, ya que ellos son los creadores de la pobreza, la desigualdad social, la marginación y un largo etcétera que es lo que lleva a las personas, menores y adultas a la cárcel.

Por todo ello estamos en contra de todo tipo de cárceles, ya que en un mundo igualitario, formado por personas libres y con una educación sana, la mayoría de los actos por los cuales las cárceles están llenas no tendrían razón de ser. Todo lo anteriormente citado creo que debería llevarnos a una seria reflexión sobre el porqué de las cárceles, a quien benefician y para qué sirven, y también de lo que ocurre dentro de ellas. De las situaciones de injusticia, de horror, y de la privación de dignidad hacia personas a las que se les quita mucho más que su libertad.

¡CON LOS NIÑOS NO SE JUEGA!

¡ENCERRANDO NO SE EDUCA!

COLLA XICALLA

Los Bancos de Alimentos y el Opus Dei

La gran convocatoria de la caridad celebrada entre los  días 29 y 30 de Noviembre de este 2013 por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) pretendía realizar "La gran recogida de alimentos 2013". Como podemos leer en la web habilitada para la campaña www.granrecogidadealimentos.org su urgente objetivo es luchar contra el hambre y el despilfarro mediante el trabajo de voluntarios y entidades colaboradoras entre las que encontramos bancos, grandes supermercados, medios de comunicación o empresas de seguros privados.

Según la web de FESBAL los Bancos de Alimentos "son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado;y cuyo objetivo es; recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso. La organización de un Banco de Alimentos se orienta a un funcionamiento similar al de una empresa, con distintas áreas y un equipo de dirección."

Pero además del  gesto ciudadano y solidario entre iguales que quieren con su modesta aportación evitar que un vecino pase hambre... ¿Quién esta detrás del Banco de Alimentos? ¿Qué intereses puede haber en esta labor caritativa? ¿Qué lleva a bancos, grandes centros de distribución de alimentos, compañías de seguros, transnacionales y medios de comunicación a unirse en el apoyo de esta urgente iniciativa?

Si realizamos en la página web del Opus Dei la búsqueda "Banco de Alimentos" nos da como resultado 42 entradas. Repasemos algunos cargos directivos del Banco de Alimentos.

• El Director de FESBAL es José Antonio Busto Villa, es supernumerario del Opus Dei.
• El presidente del Banco de Alimentos de Valladolid Jose María Zarate es supernumerario del Opus Dei.
• La presidente del Banco de Alimento de Badajoz Carmen de Aguirre Castellanos es supernumeraria del Opus Dei.
• El presidente del Banco de Alimentos de Santander Francisco del Pozo Blanco es supernumerario de Opus Dei.
• Manuel Pérez Hernández, de 67 años, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria es supernumerario del Opus Dei.
• José Antonio García García, de 73 años preside el Banco de Alimentos de Albacete y es supernumerario del Opus Dei.

Las vinculaciones del Banco de Alimentos con el Opus Dei no son solo a través de los supernumerarios en puestos de responsabilidad. Son múltiples las referencias de cargos directivos y colaboradores del Banco de Alimentos a las enseñanzas y el ideario del fundador del Opus Dei San Jose María Escriba de Balaguer; "Me llamo Vicente López-Alemany y soy Director general del Banco de Alimentos de Madrid, donde empecé a trabajar hace más de seis años gracias al espíritu de servicio que aprendí de las enseñanzas de San Jose María; y a los buenos oficios de un amigo y profesor de la Escuela Naval Militar de Marín, que fue el primero que me habló de los Bancos de Alimentos." O Pedro Pereira que actualmente preside del Banco de Alimentos de Vigo y fue el coordinador general de estudios del colegio del Opus Dei Montecastelo de Vigo.

Una de la últimas noticias destacadas en la página web FESBAL es la llamada de teléfono que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato, supernumeraria del Opus, hizo al presidente de la FESBAL José Antonio Busto felicitando y deseando el mayor de los éxitos a los Bancos de Alimentos. ¿A que se debe el respaldo de una ministra del Opus al presidente de la Federación de Bancos de Alimentos  y miembro supernumerario de la orden?

¿Utiliza el Opus Dei los Bancos de Alimentos para hacer proselitismo? Quizá las declaraciones que podemos ver en el siguiente vídeo (a partir del minuto 5:00) de Jose María Zarate, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid a los voluntarios nos puedan aclarar este punto.

Si bien pudiera parecer casualidad el que destacados miembros de la Prelatura personal de la Iglesia Católica ocupen cargos de responsabilidad en el Banco de Alimentos, esto no deja de resultar llamativo. ¿Qué interés respalda esta presencia?. ¿Esta es solo fruto del compromiso personal o responde a una estrategia de más hondo calado? Esta presencia llama más la atención si tenemos en cuenta que en las cúpulas de las grandes empresas financieras y de distribución que colaboran con este Banco de Alimentos, abundan también miembros de esta prelatura y que cuando esto es no así, una parte importante de sus cargos ejecutivos se han formado en la escuela de negocio del Opus Dei, la IESE.

A través del  Banco de Alimentos se nos presenta a las grandes empresas de distribución , bancos y ejecutivos de grandes empresas como entes altruistas. Estas empresas distribuidoras controlan el 70% del mercado de alimentos y qué mejor que ellas para liderar esta gran obra benéfica. Sin embargo los motivos de estas alianzas aparentemente solidarias, introducen componentes de rentabilidad económica. Pudiera parecer que las grandes distribuidoras de alimentos se acercan a este tipo de actividades filantrópicas solo con la intención de mejorar su imagen de empresa. Pero, además del efecto publicitario, un interesante negocio se esconde detrás de la relación de estas empresas de distribución con el Banco de Alimentos. ¿Qué consiguen las grandes empresa de distribución con la donación? Según podemos leer en este artículo:

• Que no se produzca una caída de precios debido a que los alimentos no entran directamente en el mercado.
• Mejora su imagen corporativa.
• No tienen costes en la destrucción de esos excedentes.
• No tienen costes en la distribución pues lo hace un ejército de voluntarios.
• Las donaciones, de cualquier tipo, desgravan un 35% en el Impuesto de Sociedades (con la Ley de Mecenazgo del PP será el 100%)
• A la gente pobre se le acostumbra a la beneficencia, como si fuera ley divina, que haya ricos y pobres.
• Los Bancos de Alimentos minan aún más las ventas del pequeño comercio en los barrios con más miseria.
• Por un lado regalan excedentes y por otro destruyen a los tenderos con las marcas blancas que son fruto de la sobreexplotación en origen y la que aplican a sus propios trabajadores.

Estas empresas saben que los stocks donados evitan la caída de precios y el gasto de destruirlos y aprovechan la ley que permite la desgravación del 35% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades.  

Pero por si estos beneficios a las grandes superficies fuera poco, en un perverso ejercicio de nueva filantropía, cada cierto tiempo y en fechas señaladas, desde los medios de comunicación apelan a la ciudadanía a  campañas de "Gran donación de Alimentos". Esta presión mediática, que habitualmente suele enmascararse con el rigor informativo, lleva a que olvidamos que detrás de la palabra donación se esconde la mercantilista palabra "compra de alimentos". Los alimentos "donados" en realidad son adquiridos por los solidarios ciudadanos en estas grandes superficies donde son estratégicamente ubicados los puntos de recogida del Banco de Alimentos. Se produce así un incremento de sus cifras de negocio y beneficios.

Parece evidente que más allá del mero efecto publicitario, el Banco de Alimentos resulta un pingüe negocio para algunas empresas. Sin embargo, detrás de la beneficencia, se encuentran otros interés más espurios capaces de unir al OPUS, entidades financieras, grandes empresas trasnacionales y aseguradoras privadas. En los Think Tanks donde el gran capital pergeña su estrategia futura, negocios enmascarados como iniciativas solidarias ocupan un lugar destacado. En tiempos de crisis las iniciativas como la del Banco de Alimentos, cumplen con una doble función social. Por una parte sirven de antídoto contra la movilización, tranquilizando las conciencias de solidarios donantes e indignados con la injusticia social. Estas acciones que apelan directamente a la necesidad y tocan el fondo del corazón, ni se cuestionan  ni  se plantean dar respuesta a las injustas causas que generan el hambre. No cuestionan desigualdades sociales, la beneficencia siempre fue una respuesta solidaria vertical (de arriba a abajo). Por otra parte, se recupera la vieja estrategia de reforzar las estructuras benéficas generadoras de dependencia, con ánimo de mitigar la posible respuesta social de aquellas personas en situación de necesidad extrema y que ya no tienen mucho que perder.

Existe alternativa: la RSP

Una alternativa de carácter horizontal, participativa y solidaria es La Red de Solidaridad Popular. Este es un extracto de su carta de principios:

"Las personas que integramos la Red de Solidaridad Popular nos mueve la necesidad de organizar la solidaridad como forma de resistencia frente a la barbarie neoliberal que se nos está imponiendo y la motivación por poner en práctica alternativas al sistema económico y político dominante.Las iniciativas solidarias impulsadas por la Red de Solidaridad Popular en ningún momento revestirán carácter benéfico, ni asistencialista, ni caritativo, serán puestas en marcha conjuntamente con las personas afectadas por las consecuencias de la crisis, partiendo de sus propias demandas y necesidades e implicándolas activamente en su diseño, gestión y organización." .

Europa Laica

Servicios Sociales para todos y todas

Los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red Pública de Servicios Sociales. Necesitamos garantizar estos, pues de ellos depende la supervivencia de cada vez más familias.

Los y las trabajadoras sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de ofrecer todos los recursos que les corresponden a las personas porque las administraciones nos están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para poder satisfacer las necesidades, pero nunca es suficiente. Y no es porque no queramos. Al contrario, ayudar a quienes más lo necesitan está en nuestro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria.

Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por unanimidad, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Responde al sentir de los y las trabajadoras sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de colegios oficiales de trabajo social.

Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los Servicios Sociales son de todos y todas, tanto como la Educación y la Sanidad. 

¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales desaparezca!

¡Decimos NO a la Beneficencia!

¡FIRMA!

(Petición impulsada por el Consejo General del Trabajo Social)

A todos los grupos parlamentarios (GP Popular, GP Socialista, GP Catalán, GP La Izquierda Plural, GP UPyD, GP Vasco, GP Mixto);

"Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado del Bienestar".

Firma aquí

Manifestación contra la impunidad policial

QUEREMOS SABER LA VERDAD 5 AÑOS DESPUÉS:
http://www.youtube.com/watch?v=SGn8P91jUAk&feature=youtu.be
Los amigos y familiares de David Blanco queremos hacer un llamamiento a la participación en la marcha que estamos preparando para el próximo JUEVES 26 DE DICIEMBRE, a las 19:30H en la PLAYA DE PONIENTE con motivo del quinto aniversario de su muerte bajo el lema "Queremos saber la verdad 5 años después","Manifestación contra la impunidad policial, por el esclarecimiento de la muerte de David".
Desde que se encontraron los restos mortales de David, teóricamente, en los calabozos de la comisaría del Natahoyo de la policía nacional de Gijón, el pasado 26 de Diciembre de 2008, aún no hemos recibido explicación de ningún tipo sobre lo acontecido a lo largo de ese día en comisaría, ni durante la detención, ni en el ambulatorio ni, tampoco, ninguna orden judicial que acredite cualquiera de los pasos del procedimiento que desarrollaron tras su defunción.
Hartos de la impunidad jurídica, administrativa, burocrática, sanitaria y de los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales, y, siendo conscientes de que el daño que han causado a nuestras vidas es, cuanto menos, irreversible desde el nucleo familiar queremos que la manifestación transcurra por los cauces de la normalidad y el respeto, sin insultar ni faltar a nadie, ya que nosotros no hemos recibido, desde luego, ninguna lección de educación ni de saber estar, consideramos que es el momento de que ellos la reciban por nuestra parte.
Sin más dilación esperamos vernos pronto.
Un saludo y nuestro más cordial agradecimiento.
Amigos y familiares de David Blanco

Frente a la reforma del aborto del PP

Secretaría de la Mujer del PCE / 19 dic 13

Hace pocos días que Nelson Mandela nos dejó… pero no debemos olvidar que en 1996 dictó el Acta para la libre elección del fin del embarazo y le garantizó a todas “el derecho a decidir terminar tempranamente con un embarazo de manera segura y legal”. Dijo: “La Constitución protege el derecho de las personas a tomar decisiones en términos de reproducción y a tener control sobre sus cuerpos”. ”Hombres y mujeres tienen derecho a ser informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, de bajo costo y aceptables… La decisión de tener hijos es fundamental para la salud física, psicológica y social de las mujeres. Ese acceso universal a los cuidados relacionados con la salud reproductiva incluyen la anticoncepción, la planificación familiar, la terminación de un embarazo, la educación sexual y el counseling”.

En el momento que la reforma de la ley del aborto se apruebe, el PCE, junto al movimiento feminista llama a tomar las calles.

Tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de forma libre y a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, nuestros proyectos de vida y nuestra maternidad.

Nos sumamos a la reivindicación de todas las mujeres, que independientemente de su edad o estatus administrativo, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública y con garantías.

La reforma del aborto se inscribe dentro de un “programa muy claro de recortes tanto a nivel económico como de derechos.

Reivindicamos que la interrupción voluntaria del embarazo deje de estar tipificada como delito en el Código” y que su prestación se proporcione dentro de la red sanitaria pública, independientemente del origen, edad, orientación sexual o situación administrativa de quien lo solicite. Además, exigimos que se garantice el acceso a una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas, sana y placentera y la regulación efectiva de la objeción de conciencia.

ABORTO LIBRE Y GRATUITO NOSOTRAS DECIDIMOS

Concentraciones en favor del Servicio de Ayuda a Domicilio

La Federación de Servicios Privados de CCOO, con el respaldo de las Uniones Comarcales, ha convocado para el próximo día 19 de diciembre y a las 17:00 horas, concentraciones a las puertas de los ayuntamientos más importantes, en favor de la Ayuda a Domicilio gestionada por los ayuntamientos, por el derecho del trabajador y el bienestar del usuario. Las personas dependientes necesitan una atención muy próxima para su bienestar, ésta se produce desde sus ayuntamientos. Está demostrado que la gestión por la Comunidad de Madrid a través de empresas ajenas a la actividad, con adjudicaciones por debajo de los costes, provocan reajustes de plantillas, deficiencias en el servicio por la escasez de medios y que termina resultando distante de las necesidades de los usuarios, fría y desorganizada.

CCOO

NOTA: Consideramos que la mejor manera de garantizar unas condiciones laborales dignas en el sector  y la atención de calidad a la que tienen derecho los usuarios es mediante la titularidad y la gestión pública del servicio. Esto es plenamente posible, como ha demostrado IU en Villaverde del Río. Éste es el modelo que tenemos que extender. ¡Hay que luchar por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad!

El ejemplo de las trabajadoras de atención a la Ley de la Dependencia representa un paso más en la democracia obrera que defendemos. La municipalización del servicio ha supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos y cobrar todos los meses puntualmente. Después de pagar a las trabajadoras y los gastos del servicio, aún ha quedado un fondo, de más de 50.000 euros, que en otro tiempo eran los beneficios empresariales, y que las cuarenta y dos trabajadoras decidieron en asamblea incluírselos en sus nóminas. En plena ofensiva del gobierno para privar a los trabajadores públicos de sus derechos salariales, nosotros pagamos una paga extra que complementa la nómina obrera (en un momento de dificultades y aumento de los precios para los productos y servicios básicos de las familias trabajadoras). Estos son estímulos muy claros y contundentes para la comprensión de los trabajadores de las ventajas de la iniciativa pública y de la política asamblearia. 
En este escenario, y conscientes de la necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad económica del mismo, las trabajadoras han constituido comités de formación y de calidad, para impedir la relajación de la plantilla en el desempeño de su trabajo y un comité económico y presupuestario para llevar el control de lo que se ingresa y lo que se gasta. Estos son los principios del control obrero, aceptados y desarrollados con la mayor naturalidad por las trabajadoras, demostrando en la práctica la validez de unas políticas perfectamente aplicables al control y dirección de una fábrica por los propios trabajadores o incluso del sistema financiero, de la banca, en manos de los trabajadores para satisfacer las necesidades sociales, y no para especular, engañar y desahuciar a las familias trabajadoras.

La Casika en peligro

Concentración contra el presupuesto de la Junta de Andalucía. No a los recortes, vengan de donde vengan

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Operación Bebé (niños robados)

El día en que le llevaron los papeles para dar a su hijo en adopción, Paula (nombre ficticio, como buena parte de los de los padres que aparecerán en este reportaje), que convalecía de una cesárea en la planta de maternidad del hospital público Xeral Calde de Lugo, “estaba drogada, parecía un zombi”. Le administraron tres Valium 10. Uno a las nueve de la mañana, otro a las once y el tercero poco antes de la hora de comer. “No sabía” lo que hacía, “habría firmado la muerte de Carrero Blanco”, relata un celador del centro, que ha declarado como testigo en la investigación judicial que comenzó, justo un año después de nacer el pequeño Juan, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, y que ya alcanza más de una docena de adopciones supuestamente irregulares.

El celador del hospital relata que quedó impresionado por la cantidad de tranquilizante que se le había suministrado a la madre. Recuerda que había orden de mantener la puerta siempre cerrada y no perder de vista a la parturienta bajo ningún concepto. A él y a los otros dos compañeros que se turnaban las 24 horas les explicaron que aquella paciente era una esquizofrénica “peligrosa”, pero él asegura que no era cierto. “Más bien al revés. Parecía un secuestro”, relató. “Había un mutismo general”, justificó a la juez. Si alguien hablaba, “enseguida se acababa el contrato”.

Después de que a Paula se le administrara la tercera pastilla del ansiolítico hipnótico, llegaron cuatro mujeres. Dos que no llevaban bata blanca entraron en el cuarto y mandaron marchar a todo el mundo, describe el celador. Cuando salieron de nuevo, una llevaba en la mano los papeles y la otra, la ropita del bebé. Los Valium hicieron dormir a Paula el resto de la jornada. En las jornadas sucesivas, narra el celador, cada vez que gritaba pidiendo a su bebé, volvían a darle otra pastilla.

Hasta que la madre firmó el consentimiento de entrega, el crío, que nació completamente sano, permaneció recluido en una “incubadora de aislamiento”, separado de todos los demás. Entonces, según varios testimonios recogidos por el juzgado, se lo llevaron las monjas del Hogar Madre Encarnación. Ni a la madre ni al padre se lo dejaron ver. Según el celador, que declaró que en el hospital se habían dado otros casos semejantes, las enfermeras comentaban que era “una pena” lo que estaba pasando, conmovidas porque aquel recién nacido era “muy guapo”.

Entre las madres denunciantes hay víctimas de malos tratos, mujeres sin recursos o inmigrantes

Se conoce como Operación Bebé aunque hay quien la llama también caso Chupete u Operación Cuna. Quizás la variedad de nombres que se oyen en las calles de Lugo se deba a la falta de repercusión pública (y a la escasa información que ha salido a la luz hasta el momento) de tan delicadas indagaciones llevadas a cabo por la juez Estela San José en los mismos meses en que instruía el sumario del caso Campeón, que implica a numerosos empresarios y políticos, y que en una de sus derivadas amenaza al exministro José Blanco.

El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias de la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en 2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento de adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de nacionalidad rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía, mataría a su otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de Elena es el de una madre que habla de la desaparición de dos bebés. Asegura que la Administración le arrebató el primero, que volvió a quedarse embarazada para mitigar la pérdida y que le quitaron al segundo, que solo vio en el parto. Cuenta Elena que le dijeron que el escollo más grande para criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña, pobre, con cocina de leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse a un piso grande, “con calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las mejoras limpiando casas ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y no sabe dónde viven.

“Cuando vemos en la prensa que se llenan páginas y páginas con sor María y los bebés robados de hace décadas, nosotros decimos: ¡Pero si algo parecido está pasando aquí y ahora!”, comenta el abogado de Nabila, argelina, madre soltera que dio a luz en febrero de 2011 en el Hospital de Burela (al norte de la provincia de Lugo) y que ahora intenta recuperar a su hija “arrebatada”, mientras otro juzgado de Pontevedra avanza paralelamente en el proceso de adopción.

La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a través de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es de mayo de 2011.Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que cuando parió no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles que autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta hospitalaria.

El número de abogados denunciantes, la mayoría de oficio, ha ido aumentando desde las cuatro iniciales. Todos ellos coinciden en que, en pleno siglo XXI, personal del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia en Lugo ha estado retirando niños “con vistas a la adopción” mediante actuaciones “arbitrarias” basadas en informes subjetivos “que ellos mismos elaboran” o que encargan, por ejemplo, a una orden de monjas, las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, que regenta en la ciudad el Hogar Madre Encarnación. La Congregación de las Causas de los Santos tramita actualmente en el Vaticano la beatificación de la religiosa que da nombre a esta residencia lucense para madres y niños desamparados, fundadora de la orden de monjas, con casa matriz en Cádiz.

Kristina fue amenazada por la mafia: si no entregaba a su bebé unos hombres matarían a su niña mayor

En el caso de Paula, tampoco se tuvo en cuenta la figura paterna. Según consta en la denuncia que presentó más tarde su marido, Braulio, la declaración de desamparo del niño se tramitó en la Xunta haciendo constar que el lactante era de “padre desconocido”. Pero Braulio luchaba en la puerta del hospital por entrar a conocer a su vástago. Cumplía por entonces una orden de alejamiento de su esposa. No obstante, su consentimiento era igualmente imprescindible para tramitar la acogida del menor. Y él no lo daba “bajo ningún concepto”, como hizo constar ya en un primer escrito a la dirección del hospital. Inmediatamente, el Servicio de Menores de la delegación de la Xunta en Lugo acordó prohibir la relación del menor con toda su familia.

A Paula y a Braulio, fontanero de profesión, aquel embarazo les había dado mucha alegría. Ella ya había comprado la cuna. Había hecho acopio de patucos, de jubones, de pijamas diminutos. No quería por nada del mundo desprenderse de ese crío. Después entró en barrena. Iba casi a diario a hacerse pruebas de embarazo, pero ya no pudo tener más bebés. Su historia fue la primera que llegó a manos de una abogada lucense y también la primera que ha conocido la ciudad gracias a un reportaje que publicó La Voz de Galicia en su edición local. Braulio rompió el hielo que paralizaba a tantas familias al presentar su denuncia. Pero aún hoy no puede ver a su niño.

Marta cuenta que fue ingresada por el Ayuntamiento de Lugo en la residencia de las monjas del Rebaño de María cuando se quedó embarazada. Había perdido ya a sus dos niños mayores por informes de la Xunta que aludían como justificación a certificados médicos y escolares cuyo contenido era diametralmente opuesto al real. Las religiosas, dice, no le dejaron comprar el cochecito. Al poco tiempo de parir, presionada para que entregase el bebé, se puso “un chándal sobre otro” y acudió al pediatra, que le extendió un certificado que daba fe de que aquella cría estaba “perfectamente cuidada”. Con él en la maleta y la niña en brazos huyó a Portugal, y desde allí, con el padre de sus hijos, lucha por recuperar a los mayores.Los letrados de Lugo que se han aliado en defensa de estos progenitores desamparados aseguran que se dan una y otra vez “misteriosas desapariciones” de documentación y alegaciones aportadas por las familias biológicas, y que se decreta “apresuradamente” en todos los casos cuestionados la suspensión cautelar del derecho de los niños a relacionarse con sus padres, hermanos, abuelos y demás parientes “a espaldas de la ley”, obviando la preceptiva ratificación de un juez. Según el Código Civil, aunque un padre pierda la patria potestad, los encuentros con miembros de la familia extensa solo pueden cortarse por vía judicial. Así lo reconoce un portavoz de la Xunta, consultado por este motivo: “Si efectivamente se hizo así, es ilegal”. Si algún día llegase a resolverse a favor de los progenitores esta investigación, “los daños van a ser irreparables”, argumentan los abogados. Los niños serán ya mayores. A esas alturas no conocerán otra vida y otro hogar que el adoptivo.

En unas diligencias previas de mayo de 2010, la juez se refería a “graves irregularidades” que “podrían llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricación, por parte de funcionarios públicos”. Más adelante explicaba que “en la tramitación referente a procedimientos de acogida, preadopción y adopción” aparecen expedientes de la Xunta que citan otros documentos “cuyo contenido no es el que aluden”. “Hablan de informes médicos negativos que, en realidad, tienen un carácter positivo” y “se toman decisiones” basándose en “otros informes médicos que no existen”.

Con la investigación judicial en marcha, se han producido registros en la delegación de Familia y Menores en Lugo y en la residencia de las religiosas. Aunque de momento no hay imputados, y la investigación, según los abogados denunciantes, se ha estancado después de que cambió de juzgado por decisión de la instructora. Con la investigación del caso Campeón prácticamente concluido, pendiente solo del último papeleo, Estela San José eligió el día de los Santos Inocentes de 2012 para reactivar los interrogatorios relacionados con la retirada administrativa de lactantes. La magistrada continuó las diligencias hasta bien entrado este año, pero finalmente decidió inhibirse porque en los años transcurridos entabló amistad, por cuestiones ajenas al caso, con una de las letradas denunciantes. La investigación judicial está ahora en manos de Sandra Piñeiro, titular del juzgado 2.

La primera juez del caso asegura que algunas adopciones se basaron en informes médicos “que no existen”

La Xunta intentó personarse en un momento de la investigación como “perjudicada”, pero el juzgado desestimó la petición. Según una portavoz oficial de la Consejería de Bienestar, el departamento responsable de las adopciones, el Gobierno gallego está “deseando” que avancen las diligencias y se empiecen a despejar culpabilidades. “Estamos en ascuas. Al no poder personarnos no tenemos información y no podemos tan siquiera abrir una investigación interna”, explica la misma persona. “No sabemos nada de nada, solo que la juez estuvo en la delegación y se llevó papeles. La sensación es de impotencia, porque no se sabe a quién se investiga. Los trabajadores del departamento de Menores de Lugo se sienten señalados, están personalmente mal”, y además, “reciben un aluvión de llamadas telefónicas de familias que también están preocupadas”. Los nombres de dos responsables del departamento aparecen citados por un fiscal como personas que deben ser llamadas a declarar en calidad de testigos, en relación con el caso de la niña que nació en Burela. La Xunta asegura, sin embargo, que todavía no han recibido notificación.

Una de las últimas actuaciones que hizo la juez San José antes de dejar el caso fue tomar declaración como testigo, el pasado 21 de enero, a sor Belén, la directora del Hogar Madre Encarnación. La institución lleva a cabo un programa social, Sí a la vida, de acogida de gestantes sin recursos en los últimos meses de embarazo. La orden se desvincula de las decisiones que toma la Administración autonómica. Según sor Belén, cuyo nombre civil es Alicia Berna, ellas se limitan a formar a las mujeres internadas, les “enseñan a limpiar”. Luego, cuando nace el niño, redactan informes “a requerimiento de Menores”.

Este enigmático personaje del que ella, inmigrante de Europa del Este, dice no saber nada, es quien la interna y quien la recoge, una vez alumbrado el niño, en el Hogar Madre Encarnación, del que no podía salir si no era acompañada por personal de la casa. Tal y como declara la chica, el hombre le advirtió que “matarían” a su hija mayor (que vivía con los abuelos en su país de origen) si no firmaba los papeles de la Xunta. Presa del pánico, Kristina consintió separarse para siempre de su recién nacido, al que nunca llegó a ver, aunque sabe que era varón y pesó en el parto cuatro kilos. Un par de semanas antes del nacimiento, describe en su declaración ante la Guardia Civil, “una de las monjas” le dijo que “había dos familias interesadas” y que una de estas podía “pagar más que la otra”.A veces, explican varios abogados del grupo denunciante, no llega a haber contacto entre la familia biológica y los críos, pero en otras ocasiones les son retirados a las madres cuando ya han empezado a darles de mamar. Al menos dos de las mujeres que revelaron haber sido despojadas de sus bebés, y que declararon ya en los juzgados de Lugo, relatan que las monjas, además de obligarlas a trabajar barriendo y fregando la residencia, un edificio de cuatro plantas en plena ciudad, pretendieron convencerlas de que entregasen a sus hijos en adopción. Les hablaban, según estos testimonios del sumario, de que había matrimonios “interesados” en esos bebés, hogares capaces de darles mejor vida a las criaturas. Así lo afirma ante la Policía Judicial, por ejemplo, Kristina, una testigo protegida que en abril de 2003, sin saber castellano, según se recoge en la instrucción, firmó el consentimiento de adopción (y la obligatoria ratificación al mes siguiente) presionada por las amenazas de un “hombre ruso” residente en Ribadeo.

Según el celador del Xeral Calde que decidió declarar y contar el episodio de los Valium a favor de Paula y de su marido, Braulio, en el hospital oyó que “una chica de Guntín [municipio del sur de Lugo] que había dado a luz un niño, lo vendió voluntariamente y con el dinero compró un tractor”.

Cada caso de los que recoge la instrucción daría para una novela. Desde el 20 de octubre ya no pesa el secreto sumarial aunque el juzgado, según critican abogados que presentaron las denuncias, solo ha dado acceso a siete tomos, posiblemente “mucho menos de la mitad” de los que ya se acumulan. Por sus páginas desfilan mujeres víctimas de malos tratos, enfermas, sin recursos, sin familia, sin apenas estudios, inmigrantes recién llegadas y desorientadas, invisibles para la sociedad. Según sus letrados, tienen fe en la Administración, en los servicios sociales, y no saben, en muchos casos, que tienen derecho a defenderse frente a estos, ni tan siquiera que existe un cuerpo de abogados gratuito.

Algunos de los primeros casos que se fueron sumando a la denuncia inicial son de víctimas de trata. “Prostituta”, “bailarina”, son las profesiones que declaran trabajadoras de clubes de alterne de Lugo y A Coruña que cuentan cómo se vieron despojadas de sus recién nacidos, a los que apenas o jamás llegaron a tener en brazos. Estas historias formaban parte de la instrucción del truculento caso Carioca, que destapó una auténtica mafia de proxenetismo que dominaba varios prostíbulos, con base de operaciones en el club Queen’s, y que estaba edificada sobre los recios cimientos de una policía corrupta. En la Carioca, cientos de mujeres declararon contra agentes que no solo amparaban los negocios clandestinos, sino que los regentaban.

Una madre declara que, tras ver cómo le arrebataban su hijo, se arrojó desde un octavo. Ahora está tetrapléjica

Dulce, otra de las testigos protegidas, esta vez brasileña, que perdió a su bebé en el laberinto burocrático, relata que fue precisamente un policía quien la llevó al Hogar Madre Encarnación y más tarde a un psiquiátrico. La biografía gallega de esta madre es aterradora. Decidió emigrar porque quedó viuda y necesitaba mantener a los dos hijos que había tenido en Brasil. Llegó a España en 2002 con una deuda de 3.800 euros que debía abonar a tres clásicos de los banquillos sobre prostitución en la comunidad: Manuel Manteiga, alias El Increíble (liberado por el Supremo de una condena de 34 años) y sus socios (en paradero desconocido desde 2004 a raíz de la misma sentencia) Manuel Ulloa, El Melenas; y José Rico, El Pelao.

Después, Dulce cambió de club varias veces, quedó embarazada de un hombre que (probablemente por miedo) no quiso identificar en sus declaraciones y se negó a abortar, ilusionada con la idea de tener un tercer hijo a este lado del océano. Entonces fue internada en el Hogar Madre Encarnación, y dio a luz una niña que entregó, supuestamente presionada y confundida por las terribles experiencias vividas. Cayó en una fuerte depresión, pasó por varios psiquiátricos, y en un episodio negro del que no recuerda casi nada, acabó tetrapléjica y perdió un brazo. La versión oficial cuenta que a los 30 días de dar a luz se arrojó desde un octavo piso en un hospital de Pontevedra. La había trastornado la idea de recuperar a su bebé. Hoy es una mujer lúcida, testigo clave en la lucha contra las mafias del sexo en Galicia. No recuerda qué fue lo que le pudo pasar, pero se acuerda cada minuto de su bebé.

Las casualidades de la vida, en una ciudad pequeña como Lugo, se dan con desquiciante frecuencia. Si una operación judicial desemboca en otra y todas, en algún momento, son parientes, resulta que en algunas tarjetas sanitarias que aparecen fotocopiadas dentro de la instrucción, de mujeres recluidas en la recta final de su embarazo en la residencia de las religiosas, figura como médico de cabecera el ya tristemente famoso doctor Carlos Jesús Abuín, imputado en la Operación Carioca. Varias trabajadoras de burdeles de Lugo lo identificaron como autor de abortos ilegales en una sórdida clínica en la que presuntamente, a cambio de 500 o 600 euros, el ginecólogo extraía los fetos con “una manguera” y sin aplicar anestesia. Una de las gestantes describe en sus declaraciones la escena. Gritaba y gritaba “muerta de dolor”, y nada más terminar Abuín le dijo fríamente: “Vístete rápido y vete a casa”. A los pocos días sufrió una fuerte hemorragia. Las que, enfrentándose a las amenazas de sus chulos, decidían llevar a término sus embarazos recluidas en las monjas, se topaban también con él en el Servicio Gallego de Salud, donde ejercía como médico de familia.

El País