Concentración en Granada contra los malos tratos en centros de menores

Prosigue el conflicto en el COA de Zaragoza. ¡Por la dignidad de l@s menores!

El equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza declara su intención de recurrir nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) si el Gobierno de Aragón acuerda la gestión de este centro con cualquier empresa con idénticas condiciones a las del concurso que quedó desierto a finales de enero.

Según afirman desde Educadores en Lucha la DGA ha reconocido públicamente que actualmente está en un procedimiento negociado con tres empresas estatales para gestionar el COA con las mismas condiciones del pliego de contrato que quedó desierto recientemente.

Además, el pasado 17 de febrero Educadores en Lucha solicitó oficialmente acceso al expediente de contratación que según la ley de contratación pública debe obrar en manos del Gobierno de Aragón con las distintas ofertas de estas empresas para recabar toda la información posible sobre este procedimiento. “Hasta la fecha no se nos ha proporcionado está información a la que tenemos derecho tal y como se recoge Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, critican en un comunicado hecho público este viernes.

Las y los portavoces del equipo educativo del COA declaran: “Desde el Gobierno de Aragón afirman sin pudor que negocian con las mismas condiciones. Sin embargo, esas condiciones indignas y peligrosas son las que ninguna empresa quiso asumir en el pasado concurso del COA. ¿Por qué va a aceptar estas condiciones ahora una empresa nacional que no se presentó al anterior concurso? ¿Esa empresa tendrá algún tipo de compensación que desconozcamos y que no aparezca en la información pública?”.

Desde Educacores en Lucha recuerdan que el consejero Oliván y la directora del IASS, Cristina Gavín, “alardearon durante noviembre y diciembre, de que sus pliegos eran irreprochables, el consejero Oliván incluso declaró en medios locales que había negociado las condiciones del concurso con las empresas y que estas estaban de acuerdo”. Sin embargo, “cada vez es mas claro que el concurso del COA fue una chapuza, que provocó que tan solo una empresa se presentara al concurso, que esta empresa renunciara al centro ya adjudicado (ante la pasividad y debilidad del Gobierno de Aragón), que la gestión del COA lleve ocho meses prorrogada irregularmente sin que DGA haya pagado a la actual empresa (FAIM) en ese tiempo y sin que el Gobierno de Aragón parezca ser capaz de solucionar de manera responsable esta situación”, denuncian.

A juicio de Educadores en Lucha las fuentes de DGA que han reconocido la actual negociación con empresas “deberían explicar los motivos por los que repiten esas condiciones inadecuadas que ninguna empresa aceptó anteriormente cuando se pueden modificar legalmente, en claro benificio de los menores y  de este servicio público”. “Sin embargo -continúan-, sí que amenazan veladamente con que de no lograr un acuerdo con una empresa, asumirán directamente la gestión del COA con personal público y que optarían por prescindir del actual equipo”.

En este sentido, manifiestan “alto y claro” que continuarán luchando por “unas condiciones de dignidad y seguridad para los niños y niñas del COA” aunque esto suponga “arriesgar nuestro puesto de trabajo” y recuerdan que “no hay nadie que pueda defender técnicamente la sustitución completa de un equipo educativo en un recurso tan delicado como el COA”. “Las y los educadores del COA no tenemos miedo, volveremos a recurrir la adjudicación del centro a cualquier empresa si no hay mejoras en las condiciones respecto al anterior concurso”, subrayan.

Por último, recuerdan en el comunicado que el equipo educativo del COA permanece en huelga indefinida desde el pasado 1 de noviembre al considerar que el pasado concurso de la gestión del COA significaba un maltrato institucional para las y los menores en protección que residan en el centro. “Nuestra opinión se argumenta en que dichas condiciones del pliego incumplen la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón al mismo tiempo que precarizan las condiciones laborales de las y los educadores”, concluyen.

Arainfo

Encarceladas y abusadas

Analizar las implicaciones de los casos de abusos sexuales a mujeres encarceladas nos permite conocer mejor el funcionamiento de instituciones tan herméticas como las cárceles y cómo se despliegan los resortes de poder tras los barrotes, especialmente en lo referente a las relaciones de género.

El pasado mes de enero el diario El Mundo publicó una noticia informando de posibles abusos a mujeres encarceladas: siete presas han denunciado a cuatro funcionarios de prisiones de la cárcel de Brieva (Ávila) acusándoles de forzarlas a tener sexo a través de diversas amenazas y coacciones. Si bien es cierto que no son hechos probados y hasta el momento sólo se han abierto diligencias, conocemos casos anteriores en los que los hechos sí han sido confirmados. En el año 2009 el exsubdirector del ya clausurado penal de Nanclares de Oca (Álava) fue condenado a un año de prisión y seis de inhabilitación por abuso sexual a una presa. Por primera vez en la era democrática del Estado español se producían denuncias de este tipo en el contexto carcelario y se lograba condenar a un funcionario de prisiones por delitos sexuales. Ello probablemente funcionó de acicate para que otras presas denunciaran prácticas delictivas de tipo sexista tras los muros. Así, en junio de 2013 un funcionario de Soto del Real fue condenado a 25 años por varios delitos de agresiones sexuales continuadas y abuso de su función de trabajador público a cuatro presas. También fueron sonados los casos de abusos sexuales en Alcalá I-Mujeres en Madrid. Sería interesante saber en qué situación se encuentran actualmente los funcionarios condenados, si han pasado por prisión y de qué manera se han visto afectadas sus carreras profesionales.

No se puede afirmar que las prácticas delictivas a las que aquí hago referencia sean sistemáticas, pero sí que las características y el funcionamiento del sistema carcelario favorecen este tipo de abusos de poder de claro corte sexista. Analizar con detenimiento las implicaciones de este presunto caso y otros probados como los mencionados nos permite conocer mejor cómo funcionan instituciones tan herméticas como las cárceles y cómo se despliegan los resortes de poder, especialmente en lo referente a las relaciones de género. Las mujeres suponen el 7,6% de la población penitenciaria española, una proporción realmente pequeña en comparación con la de los hombres, pero que a la vez constituye uno de los porcentajes más elevados de Europa. Las cárceles están diseñadas para hombres, concebidas para ellos y dirigidas desde una perspectiva androcéntrica. Las mujeres se encuentran habitualmente en centros penitenciarios masculinos ocupando un espacio anexo, con grandes restricciones de acceso a servicios como el gimnasio, las actividades culturales y formativas o los talleres productivos, y generalmente situados geográficamente lejos de su lugar de origen. El estigma que portan estas mujeres, la mala imagen que la sociedad tiene de ellas, por delincuentes, sospechosas de ser viciosas por consumir drogas o acusadas de ser malas madres, es un elemento que juega en su contra a la hora de denunciar prácticas abusivas contra ellas en el interior de las cárceles, ya que o se les otorga suficiente credibilidad a sus testimonios o se resta importancia a lo sucedido.

La dificultad de demostrar hechos a los que hago referencia aquí (unos aún presuntos y otros de demostrada culpabilidad) siempre es grande y las razones que tienen las víctimas para echarse atrás son muchas, si tenemos en cuenta que no pueden escapar del lugar donde están sufriendo las agresiones y que los funcionarios pueden usar su poder para perjudicarlas en su situación penitenciaria. Las amenazas de represalias y coacciones son frecuentes en las denuncias de mujeres presas, lo cual es indicativo de esta sobrecarga de poder. Al desequilibrio entre hombres y  mujeres, se le suma el rol funcionario-presa.

Otro eje de vulnerabilidad proviene de la evidencia de que una proporción muy elevada de mujeres encarceladas ha padecido violencia de género por parte de sus parejas u otros hombres en algún momento de su vida, tal y como demuestran diversos estudios en este campo. De esta manera, a esta violencia sexual se sumarían experiencias previas de violencia que provocan una revictimización. A este respecto, la coyuntura actual de recortes y de vuelta atrás en políticas públicas de género está perjudicando a las mujeres en las cárceles. El Programa de Acciones por la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el medio penitenciario puesto en marcha en 2008, que contemplaba entre otras medidas la atención a mujeres víctimas de violencia de género, quedó prácticamente paralizado en 2011 con la llegada al gobierno del Partido Popular. Estos casos de violencia sexual en las cárceles son una señal de alarma y una llamada de atención para desarrollar un abordaje de género en la política penitenciaria y para establecer mecanismos de control específicos en las relaciones entre funcionarios y mujeres presas.

El Ministerio del Interior (a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) es el principal encargado de controlar el comportamiento del funcionariado. No olvidemos que la Administración del Estado es la principal garante de la integridad física y psicológica de las personas que se encuentran bajo su custodia. Los y las funcionarias son quienes personifican esa responsabilidad y quienes la encarnan en el día a día. Cuando quienes ostentan esta responsabilidad se dedican a abusar de su posición de poder la situación se vuelve obscena: el zorro se encuentra al cuidado de las gallinas.

Pero el reto no es sólo para las instituciones. La ciudadanía debe igualmente prestar atención a lo que ocurre en las cárceles, ya que estas son un baremo de la calidad democrática de una sociedad. Uno de los principales mecanismos de supervisión son los movimientos sociales que acceden a la prisión a prestar servicio y apoyo a las personas privadas de libertad. El principal escollo estriba en que la institución penitenciaria se reserva el “derecho de admisión” sólo para aquellas entidades que no tienen una vocación de denuncia de violaciones de derechos humanos o irregularidades en prisión. De esta manera, la intervención en las cárceles queda seriamente obstaculizada en su objetivo de ser altavoz y puente entre la sociedad y la cárcel. Por este motivo, debemos exigir una mayor apertura de la institución penitenciaria a la sociedad civil como forma de “rendición de cuentas”, institución que, queramos admitirlo o no, es responsabilidad de todos y todas. Al mismo tiempo, las entidades sociales están también llamadas a introducir una perspectiva de género en su acción, de forma que pueda adecuarse a las necesidades y demandas de las mujeres presas.

Debo terminar reconociendo el valor de las mujeres que se han atrevido a denunciar a pesar de todas las trabas. Justo es reconocer los actos de heroicidad cotidiana que muchas personas realizan en condiciones muy adversas y que se orientan a salvaguardar la dignidad a pesar de todas las consecuencias. Ellas son un ejemplo para muchos y muchas de nosotras.

eldiario.es

Castigos físicos y malos tratos en los centros de menores

Extraído de Diagonal

El episodio de Tierras de Oria, en Almería, es el último de una larga lista de malos tratos, suicidios y nuertes en centros de acogimiento residencial de menores.

Familiares de Ramón Barrios durante una concentración por su muerte en un centro de menores. /ALBERTO MORENO

La Junta de Andalucía ha anunciado la investigación sobre el centro de menores Tierras de Oria, ubicado en Almería, el mismo que hace menos de dos semanas fue acusado de atar a la cama a dos jóvenes como castigo. No obstante, desde el Ejecutivo andaluz ya se han posicionado con bastante rotundidad del lado de la empresa privada que lo gestiona.

A pesar de “poner esos presuntos hechos en conocimiento de la autoridad judicial”, parece que para el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, la “extraordinaria” trayectoria del centro, del que “avala su buen funcionamiento”, tiene más valor que los vídeos en los que se puede ver cómo dos jóvenes sollozan, atados de pies y manos boca abajo. “Me extrañaría mucho que hubiese ese tipo de irregularidades”, ha asegurado Llera.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tampoco tiene dudas respecto a Ginso, la asociación para la gestión de la integración social que dirige este centro de menores. Vázquez afirma que el trato que recibieron los dos jóvenes respeta “el reglamento estipulado en la legislación sobre menores”.

A pesar del posicionamiento a favor del centro de menores mostrado por Vázquez y Llera, más de 80.000 personas han firmado una petición para que se cese a la dirección del centro Tierra de Oria.

Muertes en centros de Ginso

Ginso también gestiona otros centros, entre ellos el de Santa Teresa de Calcuta, en la madrileña localidad de Brea de Tajo, donde en 2011 perdió la vida Ramón Barrios, de 18 años. Barrios fue condenado por hurto cuando era menor de edad a pagar 300 euros o pasar 12 fines de semana en este centro de menores. Barrios decidió ir al centro, pero murió de un supuesto paro cardíaco el tercer fin de semana que pasó en él. Cuando su familia observó el cadáver del joven, vislumbró bajo el maquillaje arañazos y moratones. Paralizaron el entierro y pidieron una segunda autopsia.

Miedo, huidas y suicidios

En agosto de 2012, se quitaba la vida Libardo T. en el centro de menores Juslibol de Zaragoza, institución pública de gestión privada. El Centro de Observación y Acogida de Pamplona, gestionado por la fundación Ilundáin, fue también escenario, en 2013, delsuicidio de un joven de 15 años de origen búlgaro mientras estaba en régimen de aislamiento. Cuatro años antes, en marzo de 2009, Miguel, de 17 años, se quitaba la vida en un centro de la misma fundación tras cumplir una sanción de “separación de grupo”, o aislamiento, de una semana de duración por comportamiento rebelde.

En septiembre de 2013, Emanuel Gómez Patiño, de sólo 15 años, aparecía ahorcado en el centro de Albaidel, en Albacete. La muerte del joven tuvo lugar el mismo día que el abogado familiar iba a presentar una solicitud de traslado, ya que “el niño no estaba bien, quería salir de allí”. Este centro, dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, cuenta con numerosas denuncias e incluso el Defensor del Pueblo autonómico pidió su cierre en 2009, cuando un interno resultó herido por parte de los vigilantes de seguridad.

Hace ahora tres años, en febrero de 2012, un joven de 16 años se quitaba la vida en el centro de menores de Monteledo, en Ourense. Internado pocos días antes por agredir a su madre, el joven había tenido una discusión con su pareja, por lo que se puso muy nervioso. Aunque se decretó que había sido un suicidio, la madre del joven acusó al centro, de titularidad y de gestión privada, a cargo de la Fundación Camiña Social, de negligencia. “En el tratamiento de menores conflictivos, la Xunta tiene una serie de protocolos de actuación, de manera que cuando un niño sufre una situación de nervios o conflicto, el protocolo indica que debe estar siempre acompañado de un cuidador”, señaló la familia, que denuncia que el adolescente no lo estaba cuando se suicidó.

O’Belén, en el punto de mira

Los centros de menores han sido investigados en numerosas ocasiones. En 2009, la Generalitat Valen­ciana anunció que investigaría el centro de Baix Vinalopó, en Elche, dependiente de la Conselle­ria de Bienestar Social, de donde se escaparon dos internos que habían denunciado haber sufrido castigos de aislamiento de hasta tres días. En este mismo centro, dos años antes, se encontró el cuerpo sin vida de un niño de 12 años, asfixiado con una cinta de persiana alrededor del cuello. El informe de la autopsia descartó que se tratara de suicidio u homicidio, y afirmó que la muerte había sido “accidental”. El entonces Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Mú­gica, denunció más irregularidades en otros dos centros de menores de la comunidad, el de Baix Maestrat en Castellón y el de L’Omet en Elche, donde varios menores aseguraban que se les interrogaba totalmente desnudos e incluso que llegaban a suministrarles medicación antes de llevarles a las salas de aislamiento.

En 2009, Saray, de 14 años, se lanzaba de un coche en marcha para no tener que volver al centro terapéutico Juan Carlos I, en Azuqueca de Henares, y, meses antes, un adolescente en aislamiento se quitó la vida en su cuarto del centro de Picón del Jarama. Fue entonces cuando el Defensor del Pueblo publicó un informe muy contundente sobre esta situación, en el que se denunciaba, entre muchos otros casos, que en el centro Nuestra Señora de la Paz de Villaconejos (Cuenca) se encerraba a los niños en cuartos oscuros. Poco después, éste cerraba sus puertas.

Lo que tienen en común los centros Juan Carlos I, Picón del Ja­ra­ma y Nuestra Señora de la Paz es que todos estaban gestionados por la fundación O’Belén, denunciada por numerosas organizaciones de derechos humanos. Los centros de Baix Maestrat y Baix Vinalopó también estuvieron gestionados por la misma fundación.

La privatización de centros de menores ha empeorado la situación de un sector que ya se encontraba en serias dudas. La externalización de este servicio hace que su control sea más complejo, mientras se facilita el acceso a los cargos de responsabilidad a personas que no cuentan con la cualificación necesaria para tratar a estos menores. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas pagan a las fundaciones que gestionan este tipo de centros entre 3.000 y 4.000 euros mensuales por cada menor que alojan.

Del desamparo al centro

A pesar de las denuncias, el Gobierno no ha sabido solventar los fallos de la legislación sobre tutela de menores. Con el anteproyecto de Ley de Protección del Menor presentado en abril de 2014, se podría llegar a ampliar el número de menores que ingresan en este tipo de centros, ya que las órdenes por desamparo contarían con menos tiempo para que las familias presenten recursos, según explicó a Diagonal Juan Ignacio Ruiz Huerta, exresponsable del Área Social y Trabajo del Defensor del Pueblo.

El último borrador del anteproyecto de ley presentado por el Partido Popular, que se espera que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas para comenzar su tramitación parlamentaria, tiene también como novedades agilizar el acogimiento familiar de los menores incluso sin que el caso pase ante un juez o suspender las visitas de la familia biológica del menor si la Administración, no un juez, considera que son nocivas para el niño. Otra de las novedades del anteproyecto de ley supondrá que después de dos años de guarda voluntaria –niños que son entregados a la Administración durante un periodo de tiempo por la incapacidad para sus familias de hacerse cargo de ellos– los padres biológicos pierdan los derechos sobre el menor, que pasará a ser declarado en desamparo e incluido en programas de acogimiento y adopción.

El anteproyecto de ley regula también a nivel estatal el acogimiento de menores con problemas de comportamiento en residencias, un ámbito de actuación que hasta ahora está legislado a nivel regional. Sin embargo, aún no se ha hecho público de qué manera la nueva legislación marca los protocolos de actuación de los menores en este tipo de centros y cómo delimita los tipos de castigo a los niños.

Atados a la cama por brazos y piernas

REDACCIÓN

El pasado 8 de febrero, la plataforma centrosdemenores.es hizo público un vídeo, publicado por Diagonal, en que se veía a dos menores de edad atados boca abajo a la cama, mientras gritaban y lloraban. Alfonso Galiana, miembro de la plataforma, afirmó a este periódico que el vídeo fue grabado en el centro de menores Tierras de Oria “hace pocos días” por un trabajador del centro. El centro, bajo la titularidad de la Junta de Andalucía y la gestión de la asociación Ginso, ya fue expedientado por el Gobierno andaluz en 2012, después de que el Defensor del Pueblo presentara un informe en el que detallaba prácticas del centro que vulneran los derechos de los niños y niñas.

Normativa

Castigos físicos, según comunidades

Los protocolos de actuación de los centros de menores se rigen, hasta ahora, por normas autonómicas. En algunas comunidades, como Canarias, la legislación prohíbe explícitamente la aplicación de castigos corporales o que atenten contra la dignidad del menor, aun en casos de faltas muy graves, aunque sí contempla la separación del grupo durante un día e, incluso, una semana como castigo a los internos. Por su parte, la legislación andaluza sobre centros de menores, aunque prohíbe los castigos que supongan maltrato físico o humillación, para casos en los que considere que el menor está actuando con violencia sí permite la “restricción física”, es decir, la aplicación de medidas de control físico, como puede ser atar al menor a una cama, aunque señala que se llevarán a cabo “aplicando la mínima intensidad posible”. También incluye la separación del grupo, dejando al menor solo en su habitación, pero con un seguimiento por parte del equipo educativo del centro. La legislación señala que este tipo de castigos se decidirán por parte de la dirección del centro de menores y se aplicarán por el personal educativo. Por su parte, en el País Valencià, la normativa
rechaza los castigos corporales pero permite el aislamiento del menor con respecto al grupo por periodos de hasta tres días
por faltas de carácter grave. En Catalunya, donde se contaba en 2014 cerca de la cuarta parte de los menores tutelados por la Administración de todo el Estado, los castigos que se pueden emplear con los menores según la legislación no incluyen los corporales, y también se limita a tres días la separación del menor con respecto al grupo.

25 y 26 de febrero Huelga General de estudiantes

¡Retirada inmediata del decreto 3+2!
¡No a la privatización de la universidad pública!
¡Todos a la lucha para defender nuestros derechos!

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No les vale acabar con las becas, no les vale con la LOMCE, no les vale con subir brutalmente las tasas. Este gobierno moribundo quiere acabar con nuestro derecho a estudiar en la universidad, expulsar de sus aulas a todos los que no seamos de familias pudientes. Pero no lo vamos a consentir. Todos juntos, desde todas las facultades e institutos, le vamos a dar una lección a Wert, un ministro desacreditado y enloquecido. Vamos a derrotar su decreto 3+2 con el que pretende la completa privatización de la universidad pública, y que sólo tengan un titulo universitario los que puedan cursar dos años de máster, gastándose miles de euros para mayor beneficio de los empresarios de las universidades privadas. 

El nuevo decreto de Wert pretende expulsar de la Universidad a los hijos de los trabajadores

Aprovechando las fechas, en plenos exámenes en la universidad, Wert ha aprobado a hurtadillas el famoso decreto 3+2, un nuevo ataque que devolverá la Universidad a los tiempos en los que sólo una minoría privilegiada podía acceder a ella, cerrándonos el paso a la inmensa mayoría, a los que provenimos de familias trabajadoras.

Con esta medida el Ministerio de Educación eliminará titulaciones y fusionará grados. Reducirá a tres años los títulos de grado en la Universidad, que ahora son de cuatro años o 240 créditos. La reducción de los grados a 180 créditos o tres cursos supondrá su completa devaluación convirtiendo éste título en papel mojado para el mercado laboral. Si queremos tener una licenciatura real, de verdad, con este decreto 3+2 nos veremos obligados a cursar dos años de máster (actualmente un año) con precios impagables para la mayoría. Además pretenden que el decreto entre en vigor este mismo año, en septiembre, afectando tanto a los nuevos alumnos como a los que ya hoy están matriculados en la universidad. 

Después de recortar más de 1.500 millones de euros a las universidades públicas, y de un incremento brutal de las tasas con los que ya han expulsado a más de 45.000 estudiantes universitarios en los dos últimos años, este decreto es una vuelta de tuerca decisiva hacia la privatización. El coste de los máster de un año en la Universidad Complutense de Madrid, la primera en número de alumnos, oscila entre 4.000 y 7.000 euros anuales. A partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, en el curso 2015-2016, tendríamos que afrontar el pago de dos años de master, además de los tres años anteriores de grado, con unas tasas desorbitadas. ¿Quién podrá pagar los 20.000 euros que costará el título universitario? Mientras el PP sigue mintiendo al decir que esta reforma es para equipararnos con Europa, olvida mencionar que en 23 países europeos el acceso a la Universidad es gratuito o a precios bajos, como por ejemplo en Francia, donde un año de matrícula cuesta una media de 181 euros.

Es el ataque más grave en décadas, que culmina todas las contrarreformas educativas que el PP ha estado aprobando para acabar con nuestro derecho al estudio, para imponer su modelo mercantilista y elitista para regocijo de las grandes universidades privadas que ya se están frotando las manos con esta nueva propuesta. Aunque las universidades privadas sólo matriculan en torno al 10% de los estudiantes de grado, la situación cambia en los máster, donde alcanzan el 38%. Con este decreto los bolsillos de las universidades privadas se llenarán aún más. Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos que la Universidad Pública sea gratuita, como ya sucede en 11 países europeos de nuestro entorno.

Para el PP sobran universitarios de familias trabajadoras. Quieren expulsarnos al mercado laboral lo antes posible, sin cualificación, sin gastar un céntimo de euro en nuestra educación, para someternos a la explotación más salvaje, arrojarnos a las listas del paro crónico o empujarnos al exilio económico.

¡Hay que poner en pie todas las facultades, todos los institutos! 
25 y 26 de febrero huelga general de estudiantes
¡Todos a las manifestaciones!

Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a toda la juventud, a todos los colectivos estudiantiles, a nuestros profesores y a todos los ciudadanos, a la lucha, a la movilización más contundente y extensa. Proponemos celebrar miles de asambleas, encierros y concentraciones y los días 25 y 26 de febrero una gran huelga educativa, en secundaria y universidad, que vacíe las aulas y llene las calles. Y si el gobierno no retrocede inmediatamente, volver con fuerzas redobladas el 17 y 18 de marzo. Lo que está en juego es mucho para permanecer pasivos.

Es una situación de máxima emergencia. Los estudiantes vamos a demostrar que no nos doblegamos ante este gobierno de corruptos y ladrones. Pero esta lucha nos incumbe a todos, porque de aplicarse también habrá miles de despidos de profesores. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes hacemos un llamamiento a los sindicatos del profesorado, a las organizaciones de madres y padres, a estar a nuestro lado y convocar estas movilizaciones con nosotros.

¡Defendamos la universidad pública, es patrimonio de todos!
¡Son unos desalmados, pero les vamos a derrotar!
¡Fuera Wert, fuera el decreto 3+2!
25 y 26 de febrero huelga general de estudiantes
¡Vaciar las clases y llenar las calles!

Responsables del Centro de Menores Virgen de Valvanera imputados por delitos de coacciones y contra la integridad moral de los menores

El Partido Riojano desvela la imputación de la Directora y el Subdirector del Centro de Internamiento de Menores de La Rioja por presuntos delitos de coacciones y contra la integridad moral de los menores.

González de Legarra denuncia la utilización de esposas y grilletes, palizas, vejaciones físicas y morales, registros con desnudos integrales e incluso la utilización de celdas de castigo. Los regionalistas reclaman del Gobierno una investigación sobre los hechos que originaron la denuncia y piden su comparecencia urgente en el Parlamento.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha informado esta mañana en rueda de prensa de la imputación de los máximos responsables del Centro Público de Internamiento de Menores, Virgen de Valvanera que gestiona la Fundación Diagrama desde el año 2010, mediante concesión administrativa,  por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los menores.

González de Legarra ha asegurado que, "en estos momentos, tanto la directora de este Centro Público, como el Subdirector, están imputados por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los menores y hemos comprobado la existencia de al menos un informe, emitido por el propio médico forense del Instituto de Medicina Legal de La Rioja, que constata las agresiones sufridas por un menor y que, según consta en la denuncia, fueron ejercidas por el personal del Centro de Menores y que precisaron de hasta cinco días de curación."

El presidente de los regionalistas ha informado de que "en estos momentos, los juzgados siguen investigando distintas denuncias en las que se ponen de manifiesto actitudes y comportamientos que no son en absoluto propios de un Centro de Menores y que, desde luego, están muy lejos de ser ese proyecto educativo individualizado para cada menor que el consejero de Presidencia y Justicia ponía el pasado martes como ejemplo de gestión e integración social de estos jóvenes, a no ser, claro está, que el consejero considere que los golpes y palizas, las vejaciones físicas y morales, la utilización de celdas de castigo o aislamiento, la utilización de esposas y grilletes, los registros con desnudos integrales y las amenazas constantes a los menores, se puedan considerar como "métodos educativos individualizados."

"La información, los documentos y los testimonios que disponemos en el Partido Riojano sobre el funcionamiento real de este Centro de Internamiento de Menores, -ha insistido Legarra-, difieren mucho de ese "aval" otorgado por el Consejero de Presidencia al centro y a la Fundación Diagrama que es quien lo gestiona gracias a las importantes adjudicaciones de dinero público que alcanzan, al menos, los 4'5 millones de euros y cuya media anual nunca desciende del millón y medio de euros."

El también candidato regionalista a la presidencia del Gobierno de La Rioja considera que "a tenor del contenido de las denuncias presentadas ante el juzgado, resulta evidente que la gestión por parte de la Fundación Diagrama de este centro de internamiento, deja mucho que desear y que los métodos que emplea con los menores que el consejero Emilio del Río defiende como un 'eficaz modelo de integración social', están muy lejos de cumplir siquiera las mínimas exigencias recogidas en la legislación vigente."

"Considero que esta situación es más que preocupante y resulta absolutamente vergonzoso e intolerable que, en estos momentos, se estén utilizando este tipo de métodos salvajes con los menores, que vuelven a traer a la actualidad las situaciones de desamparo que vienen sufriendo en nuestra Comunidad Autónoma tanto en anteriores legislaturas como en la actual," –insistía el líder regionalista que también aseguraba que "no estamos hablando de un conflicto puntual sino de unas pautas de actuación que parece que son norma habitual por parte de la empresa privada que gestiona este centro público y que están muy lejos de los criterios más básicos de reinserción e integración que deben presidir el trabajo en este tipo de centros."

Los diputados del Partido Riojano, van a pedir la comparecencia inmediata y urgente del Consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ante el Parlamento de La Rioja, para que informe de esta situación, explique el alcance de las denuncias y para que acredite qué tipo de controles administrativos y de investigación interna se están realizando, desde el Gobierno, sobre la gestión del Centro de Internamiento de Menores Virgen de Valvanera por parte de la Fundación Diagrama.

El presidente del PR+ considera "grave que no se haya realizado una investigación para aclarar si empleados de la entidad privada que gestiona el Centro público de Internamiento de Menores Virgen de Valvanera han agredido a los menores tal y como ha sido denunciado en el juzgado y avalado por los forenses, pero creo que todavía es mucho más grave que, conociendo el consejero como debe de conocer,  que tanto la Directora como el Subdirector del centro, están imputados por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los menores, comparezca públicamente para alabar los métodos empleados y mostrar el trabajo de la Fundación Diagrama como ejemplo de gestión y de integración social de los menores.

"O el consejero no se entera de lo que realmente está pasando -algo que conociendo su capacidad de control informativo dudo mucho que esté sucediendo-, o es que sus vinculaciones personales y sus propios intereses le llevan a ser cómplice de una situación que, a nosotros al menos, nos parece absolutamente intolerable", ha concluido Legarra.

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23-F: Acto en defensa de la educación pública

El gobierno del PP pretende, antes de que le echemos, acabar con el sistema educativo tal y como lo concebimos tras la caída de la dictadura franquista. Wert da la puntilla a la universidad con el decreto 3+2, concluyendo así la reaccionaria reforma de todas las etapas educativas. Tras los recortes (que han supuesto el despido de miles de profesores), la disminución de las becas y la brutal subida de las tasas (que ya ha expulsado de la universidad a 45000 estudiantes en dos años), con el nuevo decreto degradan los títulos de grado, que pasan a tres años, por lo que será imprescindible cursas un máster de dos años para obtener un título con garantías de cara al mercado laboral. La mayoría de las familias trabajadoras no podrán afrontar los cerca de 20000 euros de media que podrá costar un título universitario, sólo en tasas, ¡en la universidad pública!

El PP tiene un plan que pone en marcha desde las administraciones que controla (en nuestro caso gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Móstoles), con dos objetivos claros: convertir el derecho a la educación en un negocio y expulsar a los hijos de los trabajadores de los estudios superiores. Intentan así devolver la educación a los oscuros años del franquismo, para regocijo de la patronal y la Iglesia. Pero no lo vamos a permitir. No vamos a consentir que un gobierno de ladrones arruine nuestro futuro.

¡NO A LA LOMCE! ¡FUERA EL DECRETO 3+2!

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, LAICA Y DE CALIDAD

Si quieres estudiar, si quieres trabajar...¡nunca hay que votar al Partido Popular!

ACTO PÚBLICO

Lunes 23 de febrero, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Móstoles, 4º planta 

(Plaza de la Cultura, s/n, metro Pradillo)

Intervendrán: Escuelas Infantiles, Cidespu, Comisiones Obreras, Sindicato de Estudiantes

Sigue el conflicto en el COA de Aragón

Tras declarar desierta la adjudicación de la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA), el Gobierno de Aragón ha iniciado un procedimiento negociado con tres empresas para contratar dicho recurso residencial de protección de menores. “Somos conocedores de que se está negociando con las mismas condiciones de los pliegos del concurso al que tan solo se presentó una entidad, Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), que finalmente renunció a su gestión”, señalan desde la plataformaEducadores en Lucha.

“Recordamos que nuestro equipo educativo permanece en huelga indefinida desde el pasado 1 de noviembre al considerar que el concurso de la gestión del COA significaba un maltrato institucional para los menores en protección que residan en el centro. Nuestra opinión se argumenta en que dichas condiciones del pliego incumplen la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón al mismo tiempo que precarizan las condiciones laborales de los educadores”, explican desde el colectivo de educadores y educadoras.

Este colectivo ha consultado distintas asesorías jurídicas y afirman que “se nos ha informado de que la Ley de Contratos del Sector Público no impide la modificación de condiciones del contrato que DGA negocia actualmente con tres empresas. Sin embargo, desde el IASS no se contempla ningún cambio de las condiciones solicitadas en el concurso desierto”.

Ante esta situación, los educadores y educadoras del COA entienden que “es de una irresponsabilidad absoluta seguir imponiendo las condiciones de un concurso que ha sido un total despropósito. Sólo se presentó FAIM con una oferta a la baja, luego renunció, se dejó desierto, pero no sólo no se sancionó a FAIM sino que se le adjudicó otros cuatro centros de menores por su oferta más barata. Encima todo debe estar paralizado porque parece que una empresa ha impugnado el concurso”.

“Parece que no hay límite para el mercadeo de los menores en protección”, enfatizan y por todo ello solicitan que “ya sea por procedimiento negociado o abierto a nuevo concurso de la gestión del COA, no se fijen unas condiciones que pongan en riesgo el servicio a los menores, ni precaricen las condiciones laborales de los educadores. Seguimos abiertos al dialogo para solucionar este grave conflicto social”.

No es tanto miedo al despido como preocupación por los menores en protección

A finales de diciembre, Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, amenazó con echar a los educadores a la calle y gestionar el COA a través del IASS. “Esta amenaza siempre ha estado presente en nuestras mentes, por lo que expresamos que no tenemos tanto miedo por nuestros despidos, como por el caos de servicio hacia nuestros niños que sucedería con esta opción. Si se diera pensamos que sería el más claro ejemplo de maltrato institucional y lo poco que le importa al actual Gobierno de Aragón los menores en protección”, concluyen desde el colectivo de educadores y educadoras.

Arainfo

Concentración en defensa de los Servicios Sociales

Declaración de GanemosCCOO: Sobresueldos y sobornos de la patronal y la banca a COMFIA

¡Dimisión inmediata de toda la Ejecutiva Confederal y del resto de Federaciones!

¡Congreso extraordinario de CCOO con delegados elegidos desde la base!

Después del escándalo de las tarjetas black hemos conocido que la dirección de COMFIA ha funcionado estos años recibiendo “ayudas directas” de la patronal y de los bancos, y otorgando sobresueldos a destacados dirigentes, precisamente en un periodo en el que se produjeron decenas de miles de despidos de trabajadores del sector y numerosos EREs. Esta nueva crónica de corrupción, sobornos y sobresueldos a dirigentes de CCOO, demuestra lo lejos que ha llegado la actual dirección confederal con su modelo sindical de pacto social, de conciliación con la patronal, de subordinación a los grandes poderes económicos y empresariales. Otro escándalo que nos avergüenza a todos los que día a día estamos a pie de obra defendiendo a los trabajadores bajo la bandera de CCOO. Ni la apropiación de cientos de miles de euros de las tarjetas black, ni la corrupción en la cúpula de COMFIA, son hechos aislados. Ambos casos son la punta del iceberg de un sistema podrido de arribismo, de alejamiento de los intereses de los trabajadores, de connivencia con los empresarios, al que hay que poner fin de una vez por todas.

Desde GanemosCCOO llamamos a la rebelión a toda la afiliación, a defender nuestro sindicato frente a una dirección manchada por la corrupción y las prácticas antidemocráticas que de mantenerse arrastra a nuestras CCOO a una crisis de la que difícilmente se podrá recuperar. ¡Hay que regenerar y limpiar CCOO! ¡Dimisión inmediata de la Ejecutiva Confederal! ¡Congreso extraordinario, democrático, sin amaños, y con delegados elegidos desde la base!

Los hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación son escandalosos. Ya el pasado jueves día 12, la dirección estatal de la Federación de Servicios envió un correo a todos los afiliados ante la inminente publicación en El País de esta información. Esta actuación totalmente inusual —sacar un “comunicado preventivo” en contestación a un artículo de prensa antes de que este salga publicado— ya evidenciaba la honda preocupación de la cúpula ante la difusión de dicha información. Pero lo que hemos conocido en los dos amplios reportajes en El País el domingo 15 y el lunes 16, sobrepasa todo lo imaginable:

1) El cobro de sobresueldos por parte de un centenar de cuadros de COMFIA, entre ellos su cúpula dirigente, que se embolsaron un total de 3,7 millones de euros.

2) La firma de acuerdos con determinadas entidades para proporcionar privilegios económicos a los responsables sindicales. El acuerdo con Caja Madrid (firmado también por UGT y dos sindicatos amarillos) suponía la equiparación salarial del secretario general de la sección sindical a director de oficina B (más de 65.000 euros anuales) y la equiparación salarial de otros secretarios (Organización, Acción sindical, etc.) a subdirector de oficina B. El acuerdo también fija otras prebendas para el secretario general, como un complemento de 600 euros mensuales por desplazamiento si está domiciliado fuera de la provincia de Madrid y la sede de la sección sindical está en esta ciudad.

3) La financiación de COMFIA a cargo de entidades financieras, aseguradoras y las propias patronales del sector (como la Asociación Española de la Banca, la patronal de la gran banca privada), por un monto total de 8,3 millones de euros.

4) El incremento del patrimonio neto de COMFIA en un 59% entre 2008 y 2012 (de 7,6 millones a 12,1). A 31 de diciembre de 2012, casi todo el dinero (11,6 millones) estaba invertido en productos financieros.

5) Una orgía de gastos injustificables, entre los que destacan las comilonas de la cúpula estatal de COMFIA en restaurantes.

El comunicado de la Federación de Servicios justifica la financiación patronal “en aplicación de (…) la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que obliga a las empresas a dotar de medios suficientes a los representantes de los trabajadores y trabajadoras para realizar sus tareas de representación”, lo cual es una tomadura de pelo a toda la afiliación. No, no se trata de la ley, se trata de una práctica sindical que acepta el soborno proveniente de la patronal para que los dirigentes de COMFIA mirasen hacia otro lado ante los miles de despidos, o aplaudieran la gestión de delincuentes como Miguel Blesa. Todo un engranaje de sumisión y colaboración con los empresarios que se ha extendido como la gangrena entre la cúpula de nuestra organización.

De una forma completamente delirante, propia de corruptos sin ningún tipo de escrúpulos, los dirigentes de la Federación de Servicios justifican los sobresueldos por el “horario de trabajo (dedicación diaria), responsabilidad ante terceros, salario del sector de origen y objetivos (resultados organizativos)”. ¿Así que en CCOO, según la actual dirección, es legítimo que haya dirigentes que cobren un sobresueldo por objetivos, como si el sindicato fuese una empresa capitalista? Unos “incentivos” que se utilizan sólo para engordar los salarios de los dirigentes, de los mismos que firman pactos con la patronal aunque son lesivos para los derechos de los trabajadores

Sobresueldos que se disfrazan de complementos. La misma justificación que han utilizado Rajoy, Cospedal y sus secuaces para justificar los sobres que entregaba Bárcenas a la cúpula del PP. ¡Qué vergüenza! Que haya dirigentes de un sindicato obrero, de una organización como las CCOO con una historia de lucha, de sacrificio, cárcel, represión y muertos a sus espaldas, capaces de utilizar los mismos argumentos que la derecha para encubrir sus prácticas corruptas, da la medida de lo lejos que ha llegado la actual dirección.

Muchos afiliados y afiliadas se estarán preguntando hoy: ¿Esto sólo pasa en COMFIA? ¿No habrá connivencia con la patronal en otras federaciones? ¿El nauseabundo pasteleo de la dirección de la Federación Agroalimentaria estatal con Coca-Cola se deberá a lo mismo? ¿Y qué decir de las oscuras relaciones de la cúpula de FECOHT con Mercadona? ¿Y Toxo y la Confederación? ¿Tampoco sabían nada, como en el caso de las tarjetas opacas de Bankia/Caja Madrid? ¿Nadie investigó nada a raíz de la dimisión, a finales de 2007, de la anterior secretaria general de COMFIA, Mª Jesús Paredes, tras conocerse el enriquecimiento personal de ella y su marido, Francisco Baquero, secretario de Organización estatal de COMFIA, quien volvió a salir a escena el año pasado por ser uno de los miembros de CCOO beneficiario de una tarjeta black? ¿Cómo puede haber despidos de trabajadores del sindicato (y aun encima aplicando la reforma laboral del PP, para así rebajarles sus indemnizaciones) teniendo una federación 11,6 millones de euros en inversiones financieras?

El 4 de marzo está previsto que se reúna el Consejo Confederal de CCOO para discutir el documento “Medidas para reforzar las mejores prácticas de gobierno y control en CCOO. Código de conducta”. Pero como decimos en nuestro análisis sobre el mismo (ver http://www.ganemosccoo.org/index.php/8-ganemosccoo/128-aportacion-de-ganemosccoo-al-documento-medidas-para-reforzar-las-mejores-practicas-de-gobierno-y-control-en-ccoo-codigo-de-conducta), cuando lo que tenemos es una situación de corrupción durante varios años que involucra a decenas de altos dirigentes no se puede hablar de “casos aislados” o de “comportamientos personales”. La causa última de esta degeneración es el modelo sindical de paz social y acuerdos con los empresarios y el gobierno, que acaba por conducir a que los dirigentes sindicales sean asimilados a los valores ideológicos de la derecha y la patronal. La buena mesa, los buenos vinos, los hoteles de lujo, el individualismo, el “me lo merezco porque yo lo valgo”, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, el considerar unos “mindundis” a los trabajadores, no es más que la consecuencia lógica de esta claudicación.

La situación es gravísima. Nuestras CCOO necesitan una refundación que elimine a los arribistas y corruptos de los puestos de responsabilidad que ostentan y, sobre todo, que acabe con una política sindical que no sólo no sirve para defender los derechos de los trabajadores, sino que amenaza la supervivencia del propio sindicato. Esto exige, en primer lugar, la dimisión inmediata de la comisión ejecutiva confederal, con Toxo a la cabeza, y del resto de las federaciones, por su responsabilidad política directa. No es de recibo que se hable de ética, cuando estas actuaciones sólo pueden llevarse a cabo porque existe una complicidad tácita en el conjunto de la dirección

Para defender a los trabajadores hay que vivir como un trabajador. Si no se vive como un trabajador se dejará de pensar como ellos y, por tanto, de representarlos. Los afiliados tenemos que organizarnos para limpiar nuestro sindicato y garantizar así su futuro. Es necesaria la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario, pero un congreso con delegados elegidos directamente desde la base, eliminando así toda la red de filtros que otorgan al aparato un gran poder para controlar la elección de los delegados. Personas que minimizan los casos de corrupción interna y justifican aberraciones como los sobresueldos no van a garantizar un congreso auténticamente democrático, y mucho menos lo garantizarán si tiene privilegios personales que dependen del resultado del congreso. No cabe ninguna duda de que nuestro sindicato NO es una empresa. Pero tampoco cabe ya ninguna duda de que hay dirigentes que lo gestionan como si lo fuese porque tienen mentalidad empresarial.

En CCOO hay decenas de miles de sindicalistas que lo son por compromiso con la clase obrera. Pero hay dirigentes que han sustituido la generosidad con que personas como Marcelino Camacho y tantas otras fundaron las Comisiones Obreras, dando lo mejor de sí mismos y a un coste personal enorme, por el vil dinero, por el enriquecimiento y los privilegios personales.

La voz de la base tiene que hacerse oír dentro del sindicato. Desde GanemosCCOO llamamos a todos los afiliados y afiliadas al compromiso, la participación y la militancia en CCOO para cambiar radicalmente el actual modelo sindical. Llamamos a todos los afiliados y afiliadas a firmar nuestro manifiesto y a unirse aGanemosCCOO para trabajar para que CCOO vuelva a ser la mejor herramienta de los trabajadores en la lucha por la defensa de los intereses de nuestra clase, contra la corrupción y el arribismo. Llamamos a todos los afiliados y afiliadas a realizar reuniones en sus secciones sindicales para aprobar mociones y resoluciones a enviar a la dirección confederal, exigiendo su dimisión y un congreso extraordinario democrático con delegados elegidos desde la base.

¡ÚNETE A GANEMOSCCOO PARA LUCHAR POR UNAS CCOO COMBATIVAS, DE CLASE, DEMOCRÁTICAS Y ASAMBLEARIAS!

Firma el Manifiesto de GanemosCCOO

Basta de represión y esclavitud laboral en Aldeas Infantiles

La supuesta ong SOS Aldeas Infantiles ejemplifica el sinsentido de un sistema de protección de menores obsoleto y privatizado. No vamos en esta ocasión a entrar a valorar el "modelo de intervención" que plantea esta empresa. Simplemente con estudiar su política laboral podemos entender que a esta osigé lo que menos le importan son los niños. Despidos, amenazas y coacciones, mobbing, turnos imposibles ¡de hasta 120 horas ininterrumpidas en el puesto de trabajo! llevan a los trabajadores al límite (y por tanto a los niños que éstos atienden, porque no olvidemos que a los chavales los atendemos los trabajadores, no las empresas del sector). Para ilustrar lo que decimos, publicamos a continuación la noticia aparecida hace unos meses en Las Noticias de Cuenca

Se puede ganar, como demuestra la readmisión de un trabajador despedido como medida represiva (puedes leer la sentencia pinchando aquí). Es necesario organizarnos y luchar por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. ¡Fuera empresas de los servicios sociales!

S.B.

“Cualquier persona que haya trabajado en el ámbito social y se le explique que hay que trabajar 120 horas seguidas, 5 días las 24 horas, con atención continuada, horarios intempestivos y con menores de corta edad, entiende que es imposible atenderlos perfectamente. Como profesionales demandamos tener unas condiciones que nos permitan realizar nuestro trabajo de manera adecuada. Nosotras hemos pasado fines de semana enteros sin ningún tipo de apoyo, atendiendo a menores de corta edad y necesitamos descansos diarios para poder llevar a cabo una conciliación de nuestra vida social”. Son palabras de una de las ‘Madres SOS’ de Aldeas Infantiles Cuenca, Isabel Gómez, a su vez representante sindical de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa que ha sido revocado por parte de Aldeas con el beneplácito de algunos trabajadores.

Precisamente, esta demanda de las ‘Madres SOS’ a la empresa en la que solicitan unas condiciones laborales justas, con turnos de trabajo más adecuados, son los que han provocado el cisma con la empresa que ya va por la segunda revocación del Comité de Empresa. El pasado martes tenía lugar el acto de conciliación en el Sepecam, pero solo acudían los miembros del Comité de Empresa. Abraham Pariente, representante sindical de UGT denunciaba este hecho, “Teníamos un segundo acto de revocación al que no vinieron ni representantes de la empresa ni una representación de los trabajadores promotores, parte de ellos directivos y altos cargos directivos. Nosotros estamos pidiendo que se respeten los derechos fundamentales para cualquier trabajador”, dice.

DESPIDOS y PRESIONES

Eso, al tiempo que denuncian los despidos de trabajadoras que se están produciendo e instan a la empresa a readmitir a las personas despedidas, “exigimos también la readmisión de unos despidos que consideramos que se han hecho de manera totalmente inaceptable, puesto que se han tratado de justificar por unas causas organizativas, técnicas o de producción, unos despidos, a nuestro juicio, premeditados”.

Algo en lo que incide Isabel  Gómez, quien denuncia presiones por parte de la empresa. “A nivel personal todo el apoyo que tenemos de parte de nuestros compañeros, los trabajadores, están intentándolo quitar incluso despidiendo a gente que nos ha apoyado en el sindicato y en las Asambleas. Además, hay gente que no apoya por miedo a un despido. Y lo peor es que esto no está pasando solo en Cuenca, sino que también ocurre en otras Aldeas de España. La presión que hacen con otros trabajadores impide que lleguen a denunciar y la realidad es que se gastan mucho dinero en despidos. Normalmente son despidos reconocidos improcedentes, pues prefieren en conciliación llegar a una cantidad superior y es la manera que tienen de resolver el problema. Presionan de manera tan fuerte que terminas queriéndote marchar”, asegura, al tiempo que otra de las ‘Madres SOS’ espeta que “nos tienen apretadas, no te relacionas con nadie y, cuando no sales de este mundo, muchas compañeras terminan atrapadas”, dice una de las trabajadoras.

Algo que se refleja en un dato según Pariente, “cuando desde el Comité de Empresa se intentó empezar a realizar su labor dentro de la Asociación, hubo momentos en los que el 70% de ese colectivo estuvo de baja médica simultánea. Son personas que se tienen que medicar, que somatizan cualquier tipo de enfermedad”, advierte.

SEGUIRÁN LUCHANDO

Finalmente, el representante sindical de UGT en el Comité de Empresa anuncia que seguirán dando batalla en la justicia al entender que el Comité de Empresa se constituyó legítimamente y trabaja para velar por los intereses de las trabajadoras buscando que tengan unas condiciones de trabajo dignas. Esto choca con la empresa, porque supondría un incremento salarial y de ahí estas revocaciones contra el Comité. 

De todas formas, Pariente finaliza lanzando un mensaje “a nosotros nos resulta llamativo que Aldeas Infantiles, una ONG, una organización que lleva por bandera una serie de valores, de compromiso, de justicia social, de atender a unos niños de justicia social, no tenga escrúpulos en gastarse miles de euros en reconocer despidos improcedentes”.

Manifestaciones 18F: En defensa de las libertades y del derecho a huelga. ¡Basta de represión!

Desde GanemosCCOO hacemos un llamamiento a participar en lasmanifestaciones y concentraciones convocadas en todo el Estado el próximo miércoles 18 de febrero en defensa del derecho de huelga, contra la ley Mordaza y contra la represión de nuestros derechos democráticos.

En los últimos años estamos viviendo una brutal ofensiva represiva por parte del gobierno del PP. Cientos de sindicalistas han sido detenidos, más de 300 están procesados o en vías de ello, y las penas de prisión relacionadas con la participación en piquetes o huelgas se han disparado hasta cifras que no conocíamos desde la dictadura franquista. El Gobierno del PP pretende amedrentar a aquellos que luchamos y nos rebelamos contra su política de de ataques y recortes sociales. No podemos permitirlo. ¡Basta de represión!

Descárgate octavilla contra la Ley Mordaza en pdf | Descárgate las 10 propuestas para recuperar CCOO para un sindicalismo combativo, de clase y democrático en pdf

Ante un ataque de tal magnitud es necesaria una respuesta contundente: la convocatoria de una gran huelga general para exigir:

- La anulación de todos los juicios y sentencias contra la actividad sindical

- La derogación de todas las medidas legales, empezando por la ley Mordaza, aprobadas contra derechos democráticos elementales como el de manifestación, huelga y expresión.

- Fin de los recortes, fin de los retrocesos de nuestros derechos laborales y sociales

- ¡Abajo el gobierno de los recortes, de la represión y de la corrupción!

La lucha contra la ofensiva de la derecha y de los capitalistas es completamente contradictoria con la política de pacto social. Hoy más que nunca es necesario un sindicalismo de combate, que unifique y extienda la movilización contra la represión política y sindical, que devuelva el protagonismo y el poder de decisión a los trabajadores y a las asambleas. Solo así la clase obrera podrá desplegar toda su fuerza y acabar con la insoportable situación a la que nos está arrastrando una minoría de parásitos y de privilegiados.

¡Sí se puede!

 GanemosCCOO