Este año damos la campanada

El 31 de Diciembre volvemos a la carga, no vamos a dejarlo para el año próximo, pensamos dar guerra hasta el último minuto de este año ¿te apuntas?

El 31/12 a las 12:00 hemos quedado en la Puerta del Sol para reivindicar y contar muchas cosas que la opinión pública desconoce sobre el colectivo de menores, de mayores y dependencia, y sobre los presupuestos generales del 2013 entre otras cosas. ¿Contamos contigo?. Venga que podemos¡¡

Intervención Social en Lucha

Fin de año anticarcelario

Diferencias entre gestión pública y privada

Desde el Colectivo No a O´Belen defendemos que la única manera de garantizar unos servicios de calidad a los usuarios y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector es mediante unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. A continuación transcribimos dos ejemplos que demuestran la diferencia entre la gestión pública (y basada en la democracia obrera) y la gestión privada de los servicios sociales. Se trata del servicio de ayuda a domicilio en Galapagar (PP) y en Villaverde del Río (IU). 

GALAPAGAR:

La empresa adjudicataria (Servedepand) adeuda dos mensualidades y otras dos pagas extras a las trabajadoras.

Ayer se inició una huelga indefinida por impagos del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Galapagar, que está siendo secundada por las 17 personas que componen el servicio. El conflicto viene generado porque la empresa adjudicataria del servicio (Servedepend) adeuda 2 mensualidades y 2 pagas extras. Tanto la plantilla como el sindicato CCOO e incluso el propio Ayuntamiento intentan contactar con la empresa, pero nadie lo consigue, parece haber desaparecido.

Hay que recordar que hace dos años esta misma plantilla ya vivió una situación parecida con otra empresa que desapareció dejando de pagar 5 mensualidades. Al final las trabajadoras denunciaron y el Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de la deuda subsidiariamente.

Desgraciadamente parece que la situación se repite y es que los gestores  del Ayuntamiento se empecinan en contratar empresas de dudosa solvencia teniendo que pagar partes del servicio varias veces. Todo apunta a que los vecinos de Galapagar asumirán de nuevo con sus impuestos la mala gestión del Ayuntamiento, demostrándose que al final lo barato sale caro.

CCOO

VILLAVERDE DEL RÍO:

Durante todos estos años, el clientelismo y el enchufismo más descarado han sido las notas predominantes en materia de contratación en los ayuntamientos. Estas prácticas se han desarrollado con total impunidad, con la complicidad de las oficinas de empleo, y sin que el sistema legal, supuesto garante del estado de derecho, haya puesto freno a semejantes manejos. En los tiempos de bonanza, muchas alcaldías se han sostenido sobre una política que reduce a los trabajadores a la condición de mercancía. Pero la crisis capitalista y el desempleo masivo han propiciado que miles de familias trabajadoras reclamen igualdad de trato en las contrataciones municipales, dejando en evidencia las políticas clientelares y provocando, en el plano electoral, la caída de la mayoría de los gobiernos que mantenían estos abusos.

La participación de los trabajadores a través de la política asamblearia.

El programa político con el que IU de Villaverde nos presentamos a las elecciones planteaba expresamente la cuestión fundamental del reparto democrático del trabajo. Contra el sistema caciquil implantado por la coalición PP-PSOE en el gobierno, nosotros reivindicamos la democracia asamblearia, donde vecinos y trabajadores pueden organizarse en asambleas convocadas con un orden del día, debatir ordenadamente los temas que les afectan y tomar decisiones sobre la política a seguir en el Ayuntamiento, unas decisiones vinculantes para el gobierno de IU que actúa, nunca mejor dicho, en calidad de representante del pueblo.

Desde que asumimos la alcaldía de Villaverde no hay tema de la vida local que no hayamos abordado con estos métodos de democracia directa. Así ocurre con las obras y proyectos públicos, los servicios municipales, el derecho a la vivienda e incluso el reparto de alimentos de la Cruz Roja, organizado con la intervención directa de los beneficiarios que controlan el reparto equitativo de los alimentos, reforzando los lazos de solidaridad entre ellos y combatiendo la imagen de que están recibiendo limosnas. Pero sin duda, donde la política asamblearia está alcanzando una mayor profundidad y extensión es en el tema del empleo.

El reparto del trabajo.

No es exagerado decir que en este momento, el ayuntamiento de Villaverde del Río es el principal promotor de empleo de la localidad. Mientras las empresas privadas despiden, desaparecen y reducen salarios, el ayuntamiento ha incrementado su plantilla en más de 50 trabajadores, muchos de ellos provenientes de la recuperación de servicios que estaban privatizados, como la Ley de la Dependencia.

La política de empleo se apoya en la defensa de los derechos y servicios públicos y la distribución de los contratos de manera democrática y transparente, es decir, con la participación y el control de los mismos trabajadores y trabajadoras que se presentan a las plazas y programas que ponemos en marcha. Todo el proceso de elaboración de las bolsas de trabajo está dominado por los métodos de la democracia obrera.
Las bases que han de regir la selección y el orden de los trabajadores en la bolsa de trabajo se plantean, se discuten y son finalmente aprobadas en asambleas públicas convocadas con la mayor difusión, con la asistencia de centenares de trabajadores de los sectores y profesiones a los que estén orientados los contratos ofertados. Las asambleas eligen sus propios comités de trabajadores para gestionar directamente las labores de valoración y puntuación de solicitudes, y velar por la mayor transparencia en los trabajos. El papel del ayuntamiento es ofrecer los medios materiales y de asesoramiento a los trabajadores para que puedan llevar a cabo su cometido con garantías.
Las bases son aprobadas por decreto de alcaldía, una vez propuestas por la asamblea de trabajadores, los comités se pronuncian en actas firmadas y el Pleno de la corporación aprueba el listado y las baremaciones finales de la bolsa.

Si bien la democracia formal y la legalidad vigente con sus secretarios, tribunales e inspectores, los mismos que no han movido un dedo para impedir la farsa del sistema de contrataciones en los ayuntamientos, no desaparece por la acción de una política revolucionaria desarrollada en un solo ayuntamiento, sí se encuentra subordinada a la verdadera democracia, la democracia obrera, donde la participación organizada de los trabajadores es la única garantía de transparencia e igualdad. Es una situación que responde a una determinada correlación de fuerzas. De hecho, todo este proceso se realiza evitando entrar en conflicto con la normativa y legalidad existente sobre ofertas públicas de empleo. No queremos facilitar la tarea de iniciar acciones legales contra el ayuntamiento. La democracia burguesa, mientras exista el capitalismo, no desaparece con ser obviada, pero, en cualquier caso, nuestra experiencia es una prueba indiscutible de la posibilidad de defender una política revolucionaria incluso dentro las instituciones burguesas.

Un paso más, el control obrero de la producción.

Con estos métodos, existen en el ayuntamiento de Villaverde once bolsas de trabajo en funcionamiento bajo la supervisión de comités y asambleas de jardineros, albañiles, limpiadoras, fontaneros, auxiliares administrativos, etc. Las trabajadoras de atención a la Ley de la Dependencia representan un paso más en la democracia que defendemos. La municipalización del servicio ha supuesto para las trabajadoras estabilidad laboral, derechos y cobrar todos los meses puntualmente. Después de pagar a las trabajadoras y los gastos del servicio, aún nos está quedando un fondo, que en otro tiempo eran los beneficios empresariales, que vamos a dedicar a ¡una paga de beneficio repartida entre las cuarenta y dos trabajadoras! En plena ofensiva del gobierno para privar a los trabajadores públicos de sus derechos salariales, nosotros aprobamos una paga extra más. Estos son estímulos muy claros y contundentes para la comprensión de los trabajadores de las ventajas de la iniciativa pública y de la política asamblearia. En este escenario, y conscientes de la necesidad de mantener la calidad del servicio y la viabilidad económica del mismo, las trabajadoras han constituido comités de formación y de calidad, para impedir la relajación de la plantilla en el desempeño de su trabajo y un comité económico y presupuestario para llevar el control de lo que se ingresa y lo que se gasta. Estos son los principios del control obrero, aceptados y desarrollados con la mayor naturalidad por trabajadoras del sector servicios, demostrando en la práctica la validez de unas políticas perfectamente aplicables al control y dirección de una fábrica por los propios trabajadores, de las tierras agrícolas, como estamos viendo en las ocupación de las tierras de Somonte, o incluso del sistema financiero, de la banca, en manos de los trabajadores para satisfacer las necesidades sociales, y no para especular, engañar y desahuciar a las familias trabajadoras.

El Militante

Jornada de lucha ¡Alfon Libertad!

Viernes 28 de diciembre, concentraciones frente a las delegaciones del gobierno, ayuntamientos, etc en todo el estado español, y frente a las embajadas y consulados en Europa y el resto del mundo. En Madrid, la concentración será a las 19 horas en la Puerta del Sol. Convoca Plataforma por la libertad de Alfon.

Escucha la entrevista a Elena, madre de Alfon, en Radio Ela

Entrevista a Sonia (Picón del Jarama)

Sonia, a sus 16 años ya ha pasado un año y medio en el centro terapéutico “Picón del Jarama” (centro gestionado por O´Belen). Su testimonio en este programa nos muestra la pedagogía utilizada por los “profesionales” de la psicología y la psiquiatría: -Cuando un chaval/a se autolesiona, se intenta suicidar… la respuesta de los educadores no es hablar con el/ella, comunicarse… sino que se les castiga y se les encierra en la celda de aislamiento (“habitación de reflexión” para estos pedagogos), en la misma que hace 4 años apareció ahorcado a sus 13 años Hamid.

Escucha la entrevista en Los Sonidos De Mi Barrio

Violencia

Cuando desde los Servicios Sociales somos tantas y tantos profesionales quienes venimos avisando desde hace años de que la falta de inversión en Servicios Sociales genera violencia, no es por casualidad, si no porque lo vemos cada día.

La necesidad no hace a la gente violenta, pero puede hacer que quien pasa verdadera necesidad no tenga más remedio que asumir conductas violentas. Además, quien ya es violento o tiene tendencia a serlo, de manera infalible, lo irá siendo cada vez más si se encuentra en estas situaciones. ¿Qué actitud sería capaz de tomar cualquier persona que ve cómo sus hijas e hijos no tiene cubiertas sus necesidades más básicas, o se van a quedar en la calle, o no son atendidas a tiempo sus necesidades sanitarias, o se les excluye en el ámbito escolar por no poder pagar lo que necesita?

Quien no es protegido por el sistema, quien es apartado del mismo, está recibiendo de forma directa una forma de violencia estructural e institucional que, en cada vez más casos, sólo puede engendrar como respuesta más violencia, contra el propio sistema y sus instituciones o contra su entorno inmediato: pareja, hijas/hijos, padres, vecinos/vecinas, compañeros/compañeras… o hacia la primera persona que se cruce en su camino. Es violencia dejar sin atención a las víctimas de esa violencia, sean mujeres, menores, mayores, discapacitados, inmigrantes, etc.

Y es violencia no permitir trabajar la prevención de esa violencia cuando se puede hacer y se estaba haciendo por medio de los equipos especializados de Servicios Sociales que se están terminando de liquidar actualmente. Es violencia dejar únicamente en manos de las religiones y de las fuerzas de seguridad atajar la violencia, sobre todo, porque la propia existencia de los Servicios Sociales y su evolución ha demostrado sobradamente que las instituciones que existían desde hace siglos nunca fueron mínimamente efectivas para prevenir y tratar esa violencia, si no que más bien, tendían a fomentarla.

Entonces, ¿existe la posibilidad de que el aumento de la violencia en todas sus expresiones y entornos al que asistimos y asistiremos sea algo planificado? ¿Acaso hay algo más violento que quitarle el dinero a la clase trabajadora para dárselo a los poderosos? ¿Es el verdadero objetivo del capital generar dicha violencia para poder ejercer el control mediante el miedo?

¿Hemos vuelto de nuevo al vasallaje y la fidelidad a la nobleza?

Definitivamente, Servicios Sociales o barbarie.

Castilla-La Mancha, 17 de diciembre de 2012

Colectivo VEGA

 colectivovega@hotmail.com

20D: No a los presupuestos del hambre y la miseria

La coordinadora 25S ha convocado el próximo jueves una "marcha fúnebre" silenciosa en Madrid, que finalizará con una concentración frente al Congreso de los Diputados, en protesta por la aprobación ese mismo día en el pleno de los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

"Convocamos a toda la ciudadanía a acudir, con velas y vestida de negro, a participar masivamente en esta manifestación y concentración de repulsa por la aprobación de los presupuestos del hambre y la miseria", anuncia la coordinadora en su página web .

La marcha saldrá a las siete de la tarde de Plaza de España para finalizar con una concentración en Neptuno, frente al Congreso, donde los convocantes leerán un comunicado para reafirmar su voluntad de "seguir combatiendo a este sistema político corrupto e ineficaz".

La Coordinadora 25S, junto a otros colectivos y movimientos sociales, ya presentó el pasado 19 de octubre en el registro del Congreso una solicitud de devolución de los presupuestos.

Según esta plataforma, el próximo jueves "se va a consumar en el Congreso de los Diputados unaburla a la democracia y una agresión sin precedentes a los derechos sociales" con la aprobación de las cuentas generales para 2013, desoyendo "las protestas, las movilizaciones y la exitosa Huelga General del 14N"

Dos menores expulsados ilegalmente

El 20 de noviembre, varios colectivos melillenses pro derechos humanos y de la infancia denunciaron ante los medios de comunicación la expulsión ilegal de dos menores subsaharianos tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla. Los hechos, que ahora están bajo la investigación de la Fiscalía General del Estado, tuvieron lugar el 14 de noviembre,cuando los dos menores, de 14 y 17 años, fueron conducidos supuestamente por dos agentes vestidos de paisano hasta la valla de Melilla. Una vez allí, y bajo la vigilancia de dos patrullas y dos motos de la Guardia Civil, fueron expulsados a Marruecos, donde fueron encontrados, cerca de la frontera, por miembros del colectivo Caminando Fronteras. Momentos después de lo ocurrido eran los miembros de este colectivo quienes elevaban una queja a la Defensora del Pueblo y daban cuenta a las autoridades españolas.

Los menores, naturales de Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, se encontraban bajo la tutela de la Administración melillense por ser menores extranjeros que traspasaron fronteras españolas no acompañados (MENA). En estos casos, las autoridades autónomas están obligadas por la Ley Orgánica de Extranjería a dar tutela automática a los menores una vez se haya certificado su edad. Sin embargo, este protocolo, al igual que el correspondiente a la autenticación de edad de los menores, no funciona igual y bajo el mismo patrón en todas las comunidades y ciudades autónomas.

En Melilla, por ejemplo, tal y como ha denunciado la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) a través de su portavoz José Palazón, “sobre todo durante el verano, hay entrada de grupos más o menos numerosos de migrantes entre los que hay menores, pero son expulsados en la valla todos por igual”, sin que las autoridades se cercioren de la edad o situación de tutela en la que se encuentran. Sin embargo, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en comunidades como Andalucía o País Vasco este tipo de expulsiones no tienen lugar desde hace años. En Andalucía, el protocolo de actuación que siguen las autoridades, por recomendación de un Auto de la Fiscalía, la necesaria identificación de los menores a través de sus pasaportes y sólo en defecto de pasaporte o evidentes sospechas de manipulación de datos, la Fiscalía pasa a realizar pruebas médicas que determinen la edad del menor. Una vez verificada la edad del menor, la tutela es inmediata.

Baja el número de expulsados

Este protocolo ha permitido que haya bajado notablemente el número de menores expatriados en Andalucía, al igual que en provincias como Vizcaya, donde el protocolo es el mismo y las consecuencias también han sido más favorables para los menores. Sin embargo,

y como han denunciado desde SOS Racismo/Mugak a través de su responsable de menores, Loira Manzini, “según el informe de la Fiscalía”, en Álava y Guipúzcoa “prevalecen las pruebas médicas (oseométrica, de las muelas, del vello genital) en general, por encima de los pasaportes”, siendo aplicado siempre este protocolo para los chicos subsaharianos “con los que automáticamente pasa esto”.

Ante la falta de coordinación entre las administraciones autonómicas, cabe destacar que la UE publicó en 2010 un plan de acción dedicado exclusivamente a los MENA en el que reforzaba el margen de apreciación de los países miembros a este respecto, por lo que ahora le toca al Estado español mover ficha aunando esfuerzos para proteger a los menores de situaciones como la ocurrida durante estos días en Melilla.

Diagonal

17D: Contra el recorte de las pensiones y las tasas judiciales

La Cumbre Social, de la que forman parte CCOO y UGT junto a más de 150 organizaciones, ha convocado concentraciones y manifestaciones el lunes día 17 contra el recorte de las pensiones, contra las tasas judiciales, las privatizaciones, los expedientes de despido salvajes y contra la falta de protección al desempleo.

En respuesta a las medidas antisociales que sigue aprobando el Gobierno - tasas judiciales, propuestas de privatización en la sanidad, recortes educativos, recorte de pensiones… - más de 55 ciudades españolas se movilizarán el día 17, salvo en Galicia, que lo harán el día 20 de diciembre.

Conflicto sindical en la Fundación Diagrama

El comité de empresa ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo en la que dice que no tienen Plan de Emergencia ni equipos de protección individual.

El comité de empresa de los trabajadores del Centro de Menores Infractores presentó el jueves una denuncia ante la Inspección de Trabajo por “una serie de deficiencias” en el centro. Los trabajadores aseguraron a este periódico que ya habían enviado varios escritos a Fundación Diagrama, gestora del centro, pidiendo que solucionara los problemas. Sin embargo, los empleados indicaron que no han tenido respuesta por parte de Diagrama y que por esto han optado por acudir a la Inspección para intentar que les den una solución.
En concreto, los trabajadores apuntan en la denuncia la falta de medidas de seguridad y salud de los locales de trabajo. Asimismo, solicitan equipos de protección individual y la implantación de un Plan de Emergencia, que según ellos no tienen.
El personal indicó que estas observaciones incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales y solicitan a la Inspección de Trabajo que admita a trámite la denuncia y visite las instalaciones para comprobar que efectivamente se están dando estas deficiencias.
Así, los trabajadores insistieron, en declaraciones a este periódico en que ellos “nunca han mentido” y que lo único que quieren es que la empresa cumpla su convenio colectivo y que se ajuste a la normativa de prevención.
Los empleados ya apuntaron hace unos días en El Faro que las instalaciones del nuevo Centro de Menores Infractores, que se inauguró en julio de este año, presentaban algunos desperfectos. En concreto, explicaron que había goteras y que se había producido alguna inundación. Al día siguiente de publicarse la información los responsables de Jarquil, la empresa encargada de la construcción del edificio, visitaron las instalaciones y comprobaron que había un desagüe atascado y una filtración en una pared, desperfectos, que según aseguró la Consejería de Fomento, fueron arreglados.
Además de esto, los trabajadores insistieron ayer, como ya dijeron el miércoles, en que el sistema de prevención de incendios del centro se está cambiando porque había desperfectos en la instalación. No obstante, ni desde la Ciudad ni desde la empresa constructora confirmaron que se estuviera realizando esta intervención.
Por su parte, Fundación Diagrama ya dijo el jueves que por el momento no iba a hacer más declaraciones sobre el conflicto con estos trabajadores, con los que tendrán un juicio el próximo 9 de enero por una supuesta deuda salarial que denuncian los empleados.
El Comité de Empresa espera ahora que la Inspección de Trabajo actúe y resuelva el problema. No es la primera vez que estos trabajadores acuden a este estamento público, ya en enero de este año también pidieron su intervención por problemas con los turnos de trabajo, que finalmente se solucionaron.

Garbín dice que es un tema entre personal y empresa

La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, aseguró ayer a El Faro que ellos no intervendrán en el conflicto laboral, porque se trata de una cuestión que tienen que solucionar entre los trabajadores y la empresa. En cuanto a los desperfectos que denuncia el personal en el edificio, Garbín dijo que las instalaciones están en buen estado y que si hay algún problema se solucionará inmediatamente. No obstante, la consejera no quiso hacer declaraciones respecto a si realmente se ha tenido que cambiar el sistema de prevención de incendios del edificio por una mala instalación. Hay que recordar que UGT ha pedido en varias ocasiones a la Consejería de Bienestar Social, de la que depende el Centro de Menores Infractores, que medie para solucionar el conflicto que hay entre el personal y la Fundación Diagrama. Sin embargo, desde Bienestar Social siempre han mantenido la misma postura, es decir, que se trata de un conflicto laboral y que es una cuestión que tienen que solucionar entre los trabajadores y la empresa y en la que ellos no van a entrar.

El Faro de Melilla

¡Súmate a la marea blanca!

Más información en el artículo ¡La sanidad pública no se vende, se defiende!

¡Alfon libertad!

Esperamos vuestra solidaridad y difusión de las próximas convocatorias por la libertad de Alfon durante el mes de diciembre

• Viernes 14, 12h: Rueda de prensa frente a la Junta Municipal de Vallecas (Avda. de la Albufera, 42, metro Nueva Numancia).
• Sábado 15, 12h: Concentración en la Delegación del Gobierno de Madrid (c/ Miguel Angel, 25, metros Gregorio Marañón y Rubén Darío).
• Domingo 16, 9h: Marcha a la cárcel de Soto (desde la RENFE de Tres Cantos).
• Viernes 28, 18h: Concentraciones frente a las embajadas españolas en toda Europa y en todas las delegaciones del gobierno del estado español

Rojo y Negro

Jornada estatal de lucha en defensa de la educación pública

La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública ha convocado una jornada de manifestaciones en todo el Estado para el próximo día 13 de Diciembre con la que seguir defendiendo la educación pública de todos los ataques y recortes que el Gobierno del Partido Popular está llevando adelante. 

Para darle la mayor difusión a esta nueva convocatoria descárgate pinchando aquí los carteles  estatal y de Madrid.

 Todos a las manifestaciones del 13 de Diciembre

En Madrid a las 18:30 de Neptuno al Ministerio de Educación

Un preso político en Madrid

Alfonso Fernández Ortega, Alfon, un joven de 21 años, vecino del barrio de Vallecas de Madrid, salió de su casa temprano el miércoles 14 de noviembre. No era una mañana cualquiera sino la del 14N, día de la huelga general. Se dirigía a un piquete informativo, acompañado por su novia. Tenía previsto reunirse en un rato con su madre y con su tío, que también iban a secundar la huelga de manera activa, pero Elena Ortega, la madre, ya no pudo localizarlo: a cien metros de su casa, Alfon y su novia fueron detenidos. Ella fue puesta en libertad con cargos y debe presentarse en los juzgados dos veces al mes. Alfon pasó a prisión preventiva y cumple en la cárcel de Soto del Real lo que puede considerarse una pena anticipada a la sentencia.

La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en casos que producen gran alarma social. Es lo que adujo el juez para enviar a Alfon a prisión, aunque parece mayor la alarma que ha causado su detención, e incluso parece que fuera lo que persigue este caso. Muchos lo acusan de montaje policial, presuntamente para desviar la atención sobre el éxito de la huelga general en Vallecas, donde el cierre del pequeño comercio alcanzó casi al 100%.

Según la policía, Alfon llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención, extremo que él niega rotundamente: “Estoy tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el objetivo de la policía era otro y que me han utilizado a mí para ello”. Se lo ha dicho a su madre en una de las escasas visitas que le han permitido hacerle en la cárcel y no parece casualidad que ella, Elena Ortega, sea una conocida activista del barrio de Vallecas.

En una entrevista concedida al programa Todo Por la Kausa, de Tele K, televisión local de Vallecas, cuenta que su hijo y su novia se negaron a declarar sin presencia de un abogado y que por ello sufrieron tortura psicológica: fueron interrogados cada dos horas por individuos encapuchados que les amenazaron con hacer “cosas horribles” a sus familias. Como no consiguieron declaración alguna, decidieron hacer registros en sus domicilios. Elena cuenta que cuando cinco policías también encapuchados se presentaron de madrugada en su casa, amedrentándola a ella y a su marido, amenazándoles también con lo que le iba a pasar a su hijo, fue firme: “Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros que tengo. Pero no somos terroristas”. 

A Alfon se le ha aplicado el Régimen F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), que conlleva aislamiento (lo llaman “la cárcel dentro de la cárcel”), restringe sus comunicaciones (solo puede recibir alguna visita de su familia) y controla su correspondencia. Se aplica a los presos que el sistema penitenciario considera “peligrosos”, generalmente personas que pertenecen a bandas armadas o grandes narcotraficantes. El propio Tribunal Superior de Justicia lo considera ilegal, por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de los reglamentos. Que le haya sido aplicado a Alfon puede ir en la misma línea de su detención: la criminalización de una juventud organizada, crítica y reivindicativa a través de un joven cercano a grupos antifascistas y aficionado al Rayo Vallecano. La sede de Bukaneros, seguidores de este equipo que se declaran “contra el racismo, la represión y el fútbol negocio”, también fue registrada por la policía.

Según Elena Ortega y los propios Bukaneros, que emitieron un comunicado posterior, el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno les someten a una persecución sin precedentes a partir del 25S porque en los partidos sacan pancartas denunciando, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados estuviera rodeado por 1.500 policías mientras que el marido de Cristina Cifuentes está en “ignorado paradero”. Denuncian también que la detención y envío a prisión de Alfon puedan ser una cortina de humo para desviar la atención sobre las manifestaciones históricas del 14N y sobre las cargas “desproporcionadas e inhumanas” de las fuerzas de seguridad.

La madre de Alfon, que llevó su historia al Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal y celebrado con enorme éxito en Madrid los pasados días 6 y 7 de diciembre, insiste en que quieren criminalizar a los jóvenes de barrios obreros y sacudidos por la crisis, como Vallecas, Villaverde o Carabanchel. Denuncia que son jóvenes que tienen que enfrentarse a un sistema que les niega el futuro, chavales que han tenido que abandonar la Universidad porque no la pueden pagar e incluso la Formación Profesional tras la subida de las tasas, chavales para quienes no hay previsión alguna de que puedan incorporarse al mercado laboral. “Una juventud”, dice, “sin expectativas, acorralada, acosada y perseguida por la policía”.

Ella resiste por “la fuerza de la razón y de la verdad”, porque conoce Vallecas desde que era un puñado de chabolas y sabe que es un barrio luchador que puede organizarse. Por eso advierte de que las madres de esos jóvenes están llegando a un límite: “Los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y con mucho respeto, para que ahora nos los apaleen, nos los maltraten y les quiten todo. Vamos a empezar a reaccionar porque no estamos dispuestas a permitir que nos los destrocen”.

Parte del proceso de ese destrozo puede ser la prisión preventiva. Si una persona detenida no tiene antecedentes y dispone de un domicilio conocido, no debe ir a prisión. Tampoco si no hay riesgo de fuga o puede controlarse imponiendo una fianza proporcional. Lo contrario es crear un preso. En este caso, por motivos ideológicos, es decir, un preso político. Tan político como una huelga general.

El Diario

Manifestación Marea Blanca

MANIFESTACIÓN DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

12 HORAS DE NEPTUNO A SOL

Pincha aquí para leer el manifiesto de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid

Cospedal deja en la calle a los jóvenes tutelados por la JCCM

La Audiencia de Valencia condena a la Generalitat y a la Fundación Diagrama por los abusos sexuales en un centro de reforma

RAMÓN FERRANDO VALENCIA La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha condenado a la Generalitat Valenciana como responsable civil subsidiaria por los abusos cometidos por un trabajador en un centro de menores del Consell que gestionaba la Fundación Diagrama. El procesado fue contratado a pesar de que tenía una condena firme por otra agresión similar. La Audiencia también ha condenado a la Fundación Diagrama. El agresor sexual abusó de tres menores, que van a ser indemnizados con entre 6.000 y 1.000 euros, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

El trabajador aceptó cumplir seis años de prisión por abusar de los tres jóvenes. El procesado fue contratado a pesar de que tenía una condena firme por otra agresión sexual. La Generalitat alegó para evitar su condena que la Fundación Diagrama fue la que contrató al procesado a pesar de que tenía antecedentes penales por los mismos hechos. Por contra, la entidad se defendió y apuntó que legalmente la responsabilidad era de la Administración.

El procesado trabajaba en el centro durante el turno de noche. Según admitió, aprovechaba que los menores permanecían en sus habitaciones por la noche para abusar de tres de ellos. Lo hizo con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos.

Los tres menores van a ser indemnizados con un total de 10.000 euros. El fallo incide en que la Generalitat también es responsable porque legalmente era la que se encargaba de controlar las medidas de internamiento a las que estaban sometidos los tres menores que sufrieron abusos en el centro propiedad de la conselleria.

Más información sobre lo sucedido en el centro "Pi i Margall" de Burjassot, aquí.

Jornadas de Intervención Social en Lucha

POR UNA ATENCIÓN DIGNA Y DE CALIDAD (Manifiesto de la Asamblea de Intervención Social en Lucha)

El sector de la intervención Social atiende a diversos colectivos sociales como son: Familia, Menores, Diversidad funcional, Drogodependencia, Mayores, Salud Mental, Género, Personas sin Hogar, Migración, población Reclusa, etc.

Con el auge de las políticas neoliberales la gestión del sector de la Intervención Social ha sufrido una progresiva externalización y privatización de los servicios que presta, produciendo, como consecuencia, una mercantilización de los derechos sociales de la población. La, cada vez mayor, intromisión de empresas privadas gestionadas con dinero público, repercute en una peor atención a estos colectivos. Nos encontramos con recursos insuficientes y en manos de unos pocos, los existentes son de limitada calidad y no cubren la cada vez más elevada demanda real.

Debido a la mercantilización y el uso político de la exclusión social no se atacan las causas estructurales de los problemas y desigualdades, sino que se parchean para mantener el “statu quo”.

El aumento de la precariedad en las condiciones de vida de la población, por la mal llamada Crisis, es decir, la verdadera cara del capitalismo, está produciendo un aumento de la desigualdad y de la pobreza, lo cual genera un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, por ello es más necesario que nunca el sector de la Intervención Social. Las personas más desfavorecidas son las que sufren en mayor medida las políticas de recortes sociales establecidas y que son de responsabilidad pública.

Todo ello, unido a la situación actual de constantes recortes, despidos, atraso en los pagos por parte de la administración, cierre de programas, etc. nos ha llevado a organizarnos para luchar por nuestros derechos como trabajadores/as y por una atención de calidad a la población.

Y por ello exigimos:

• UN SECTOR DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE CALIDAD Y QUE TRABAJE CON LAS COMUNIDADES SOBRE LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS PROBLEMAS.
• UNA FINANCIACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICAS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES SOCIALES.
• NO AL CIERRE DE PROGRAMAS Y RECURSOS.
• NO MÁS DESPIDOS DE PROFESIONALES.
• UN CONVENIO PROPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

Huelga en la sanidad pública madrileña

Los sindicatos representativos de la sanidad pública madrileña (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT-UP, UGT y USAE) han convocado cuatro jornadas de huelga general para los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.

Con estas cuatro jornadas de huelga se exigirá la retirada del Plan de Medidas de Garantía de la sostenibilidad y la derogación del artículo de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013, que supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Coincidiendo con la segunda jornada de huelga, el día 27 se celebrará una manifestación a las 18:30 horas, de Neptuno a Sol.

Manifestación cerremos Picón del Jarama

Se van a cumplir 4 años de la muerte de Hamid, de 13 años, en el centro terapéutico de Picón. Como protesta el domingo 25 de noviembre se hará una manifestación que saldrá a las 18:30 de la plaza de la Constitución (Paracuellos del Jarama - Madrid) 
http://www.centrosdemenores.com/?Manifestacion-Cerremos-Picon-de 
Susana de la “Asamblea contra centros de menores” nos cuenta cómo funciona y por qué se creó esta organización. Y otro compañero nos anuncia la llegada del “Encuentro del libro anarquista” los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre y los temas de las charlas y debates que se desarrollarán. 
http://www.encuentrodellibroanarquista.org/

Pincha aquí para escuchar el programa

¡Todos somos palestinos! Paremos la masacre en Gaza

Manifestación ¡Cerremos Picón del Jarama!

El 2-12-2009 Hamid A., de 13 años de edad, apareció muerto en el interior de "Picón del Jarama", de Paracuellos, un centro de menores gestionado por la Fundación O´Belen. Bajo la custodia de esta fundación  antes había fallecido David de 12 años, y meses después Saray de 14 años. 

Según el testimonio de algunos compañeros de Hamid, se ahorcó cuando estaba en aislamiento.

Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros y de toda cárcel solemos encontrar: tortura psicológica (insultos, humillaciones, etc.), inasistencia médica, aislamiento, medicación forzosa, cacheos integrales, agresiones físicas (contenciones, golpes, etc.).

A 4 años de la muerte de Hamid

MANIFESTACIÓN CERREMOS PICÓN DEL JARAMA

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2012

18:30 Hs PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PARACUELLOS DEL JARAMA)

Salida en grupo desde el metro de Barajas a las 18:00 hs. Autobuses 211, 214 y 256

CONVOCA: Asamblea contra los centros de menores

17 de noviembre: Manifestación Antifascista: contra el enemigo nos llama el deber

14-N: es hora de luchar, sin excusas. ¡Todos a la Huelga General!

El 14-N hay que paralizar el país, tomar las calles. Ahora más que nunca, los trabajadores de la Intervención Social tenemos que salir a la calle.

La crisis estructural del sistema capitalista y las políticas antiobreras del Partido Popular están llevando a las familias trabajadoras a situaciones de verdadera tragedia social. Casi seis millones de parados (de los que más del 40% ya no perciben ningún tipo de prestación), casi el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (uno de cada cuatro niños vive en la pobreza en el estado español), cientos de familias pierden su vivienda cada día por los desahucios promovidos por los bancos que luego son “rescatados” con dinero público (Bankia ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid), dictadura patronal en las empresas gracias a la reforma laboral y continuos ataques contra los empleados públicos.

A todo esto hay que sumar los brutales recortes en educación, sanidad, servicios sociales y en todos los servicios públicos en general, atacando así derechos sociales básicos. Recortes, copagos y subida de IVA e IRPF para el pueblo, frente a amnistías fiscales y todo tipo de prebendas para los capitalistas (entre los que se encuentra la Iglesia). Y además pretenden devolvernos al sistema educativo de los años 60 con la reforma educativa franquista planteada por Wert. No hay dinero para la enseñanza pública pero sí para financiar los centros de adoctrinamiento de sectas parafascistas como Legionarios de Cristo y el Opus Dei.

Y por si todo esto fuera poco, el gobierno intenta responder a las protestas sociales con un descarado aumento de la represión en todas sus formas (brutalidad policial en las manifestaciones, persecución judicial a los activistas y organizaciones más combativas, anuncio de modificaciones legales para restringir nuestros derechos democráticos…).

En definitiva, ahora más que nunca sobran los motivos para ir a la Huelga General. También en el sector de la intervención social. En la actualidad, cuando las clases dominantes han decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en peligro de muerte. Recortes, cierres de recursos, pérdida de derechos y depauperación de unas condiciones de trabajo ya históricamente precarias debido a la avanzada privatización de los servicios sociales, entregados a empresas de servicios disfrazadas de ongs. En resumen, despido de miles de compañeros, pérdida de derechos y empeoramiento de los servicios prestados (con las trágicas consecuencias que esto tiene en las condiciones de vida de los usuarios). Sin duda pretenden asestar un golpe definitivo a los derechos sociales conquistados tras décadas de lucha, sustituyéndolos por la vuelta a la caridad. Tampoco podemos dejarnos engañar por las lágrimas de cocodrilo vertidas por las empresas del sector (responsables de la situación del sector en las últimas décadas) que únicamente pretenden salvar sus chiringuitos y mantener sus beneficios económicos. En este momento, como profesionales comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no tenemos más remedio que luchar. Es fundamental que nos organicemos para garantizar el éxito de la huelga en nuestro sector y prepararnos para frenar los ataques, enfocando esa lucha hacia la consecución de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

El 14 N tenemos que paralizar el país y tomar las calles, participando en los piquetes informativos y en las manifestaciones. Es un gran paso adelante la extensión de la lucha por toda Europa, con huelgas generales en varios países y jornadas de movilización en el resto de los estados, ya que los planes de la burguesía son los mismos en todas partes: hacernos pagar su crisis atacando nuestras condiciones de vida. Pero esta huelga no debe ser un fin en sí mismo, sino el inicio de una escalada de movilizaciones que vayan a más hasta revertir todos los ataques y tumbar al gobierno del Partido Popular.

• Basta de represión. En defensa de los derechos democráticos.
• Por la derogación de la reforma laboral.
• No a los recortes.
• Por una sanidad pública universal y gratuita. No al copago.
• No a la reforma franquista de Wert. Por una educación pública, gratuita, laica, científica y de calidad.
• En defensa del sector público. No a las privatizaciones.
• Paralización de los desahucios. Por el derecho a una vivienda digna.
• Ni recortes ni privatización. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. 

14 DE NOVIEMBRE, TODOS A LA HUELGA GENERAL

¡ABAJO EL GOBIERNO DEL PP!

COLECTIVO NO A O´BELEN

¡Rocío, Cristina, Katia y Belén. No os olvidamos!

¡Justicia para ellas y para sus familiares!

¡Castigo para los empresarios responsables de esta tragedia y para los políticos que lo han consentido!

¡Nunca más!

Concentración de solidaridad y protesta el jueves 8 de noviembre a las 18.00 en la Puerta del Sol

Desde el Sindicato de Estudiantes queremos transmitir todo nuestro pesar, consternación y solidaridad a los padres, hermanos, familiares y amigos de Rocío Oña, Cristina Arce, Katia Esteban y Belén Langdong. Somos muy conscientes del tremendo sufrimiento que están pasando en estas horas, y de la injusticia tan cruel que significa la perdida de estas cuatro personas tan queridas. Así mismo también queremos trasladar nuestro apoyo incondicional a los jóvenes heridos, una de ellas en estado crítico, y a todos los que tuvieron que padecer momentos de angustia terribles.

Rocio, Cristina y Katia de 18 años y Belén de tan solo 17 han fallecido en una fiesta, a consecuencia de la desaprensión, la falta de escrúpulos y la búsqueda del lucro fácil y rápido de unos empresarios que están acostumbrados a tratar a los jóvenes como carne de cañón.

(Leer la declaración completa)

Presentación del libro Es mi hija

Presentación en la Librería Follas Novas, calle de Montero Ríos 37,  en Santiago de Compostela, el próximo lunes 5 de noviembre de 2012, a las 19,30 horas, a cargo de Javier Martín, Psicólogo del servicio de protección de menores de la Xunta de Galicia y escritor.

Con su denuncia esperando resolución en el Tribunal Constitucional, sin poder ver a su hija desde hace tres años, y con una labor reivindicativa que se extiende a toda España, el presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), Francisco Cárdenas, ha publicado Es mi hija (2012, Ediciones Carena), un libro crítico sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores. Son más de cien páginas con testimonios de abogados, jueces, políticos, funcionarios, trabajadores sociales y hasta el Defensor del Pueblo.

“La metodología subjetiva que aplican continuamente incrementa el poder que tiene el sistema sobre las familias y las divide cada día: denuncias anónimas, criterios subjetivos, secretismo en sus acciones, ausencia de garantías jurídicas de cualquier tipo y prerrogativas de la institución”, explica el autor. Este es un relato verídico y documentado del caso que fue mencionado por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña) en su informe anual de 2009, debido a los “indicios de irregularidad en el seguimiento del proceso de acogida [...]” y “refleja la necesidad de que la Administración revise en profundidad los procedimientos e instrucciones de las instituciones colaboradoras de integración familiar”.

Con prólogos del periodista Gustavo Franco Cruz, coautor del libro Molly. Historia sobre los centros de menores en Cataluña (2009, Ediciones Carena), y de Juan Luis Linares, director de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau; y con epílogos de Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y de Enrique Vila Torres, abogado de SOS Raíces y autor, entre otros libros, de
Historias robadas (2011, Planeta).

“Este es un relato sin final feliz, de momento. Todavía no he conseguido convencer a ningún responsable de la administración de menores en Cataluña de que Gemma, mi hija, no nació con tres años y medio. Que tiene un pasado que le pertenece y que ha de conocer. Y también un presente de infinidad de personas que la quieren, que preguntan por ella cada día”, asegura Cárdenas.

Charla: Cárceles de mayores y menores

Entre las actividades programadas dentro de las jornadas Otoño Libertario, el sindicato CNT ha organizado una charla titulada "Cárceles de mayores y menores", donde contaremos con la participación de la abogada Patuca Fernández.

Domingo 4 de noviembre, a las 19:30 horas. En los locales de CNT (Plaza de Tirso de Molina, 5 2º piso).

¡Wert dimisión! En defensa de los derechos democráticos

No vamos a aceptar ningún retroceso en nuestros derechos democráticos

¡Todos los estudiantes a defender la libertad de expresión, reunión, organización y huelga!

En éste curso el Partido Popular ha despedido a 50.000 profesores, ha recortado en 4.000 millones de euros el presupuesto educativo y pretende aprobar una ley educativa (LOMCE) que, desde el Sindicato de Estudiantes, hemos caracterizado como una contrarreforma educativa franquista. Por si existía alguna duda sobre la naturaleza de esta contrarreforma, hoy hemos conocido a través de la prensa afín al ideario del Gobierno, que la intención del Ministro Wert, además de demoler la educación pública, es intentar taparnos la boca a los millones de jóvenes que nos hemos movilizado hace pocos días. Según esta prensa, el Ministro Wert pretende suprimir el derecho de huelga de los estudiantes de enseñanza secundaria, bachiller y FP de grado medio.

Cuando el Sindicato de Estudiantes convocó la pasada huelga general los días 16, 17 y 18 de octubre, fuimos insultados por este Ministro que nos acusó de extremistas, radicales, y poco menos que terroristas. Lo mismo le sucedió a la CEAPA por su apoyo a nuestra convocatoria y por sumarse a la movilización el 18 llamando a una huelga de padres y madres. Cuando la movilización dejó claro que fue un rotundo éxito, con cientos de miles de jóvenes en las calles en más de 100 manifestaciones, totalmente pacíficas y en las que no hubo ningún incidente, el Ministerio de Educación se dedicó a minimizar el alcance de la misma. Ahora que el PP sabe que han perdido por completo el apoyo de la opinión pública, que la inmensa mayoría de padres, madres, profesores y estudiantes estamos en contra de su reforma elitista y clasista de la enseñanza, que hay un clamor exigiendo la dimisión del Ministro Wert, recurren a lo que siempre se les ha dado muy bien: atacar los derechos ciudadanos fundamentales, el derecho de expresión, de reunión, de manifestación y de huelga para intentar ahogar la protesta. Pero una vez más fracasaran.

Con semejante ataque al derecho de expresión de los estudiantes, el Gobierno del Partido Popular está dejando cada vez más claro que tiene mucho que ver con el franquismo. Es un gobierno que no escucha, que desprecia la voz de millones de jóvenes, de padres, de madres y de profesores. Es un Gobierno que sólo tiene oídos para las exigencias de los banqueros, de los grandes poderes económicos, de los especuladores, pero que se desentiende de sufrimiento de millones de familias atenazadas por el desempleo, los desahucios y el empobrecimiento. Un gobierno que considera a los estudiantes como “el enemigo”, por que hemos cometido el “delito” de no dejarnos atropellar y luchar por nuestros derechos y nuestro futuro.

Un Ministro y un Gobierno cada vez más autoritarios y antidemocráticos que nos quieren conducir a la situación que vivieron nuestros padres y abuelos en los años 60 bajo la dictadura de Franco. Precisamente desde esa época los jóvenes, estudiantes de secundaria y universidad, nos hemos movilizado en demanda de libertades democráticas. También hemos realizado numerosas huelgas contra muchas de las políticas que el gobierno del PSOE adoptó contra la educación pública. Nadie desconoce que el Sindicato de Estudiantes nació en el curso 86/87, al calor de la mayor movilización de estudiantes de enseñanzas medias tras la caída de la dictadura, en defensa de la enseñanza pública, gratuita, democrática y laica. Huelgas que fueron realizadas al gobierno de Felipe González y siendo Secretario de Estado de Educación Alfredo Pérez Rubalcaba. El derecho de asociación, de libertad de expresión, y huelga de los estudiantes de secundaria, fue logrado en aquellas históricas movilizaciones. El PP se equivoca si piensa que vamos a aceptar su pretensión de hacer retroceder el reloj de la historia y devolvernos al régimen de miedo y autoritarismo que el franquismo impuso también en las aulas de los Institutos.

La libertad de expresión, de reunión, manifestación y huelga son derechos democráticos de la juventud. Tenemos derecho a criticar la política del Partido Popular ¡¡Faltaría más!! Y cuando ejercemos nuestro legítimo derecho a asamblea, reunión, expresión, manifestación y huelga, lo hacemos de forma muy consciente. De hecho, nuestras movilizaciones cuentan con el apoyo de nuestros padres y madres y de nuestros profesores, no por que seamos menores de 18 años, sino porque lo que reclamamos es totalmente justo: un futuro digno, una educación pública digna. Cuando el Partido Popular habla de los “menores”, en el tono en que lo hace, vuelve a esgrimir un cinismo y una hipocresía sin parangón. Lo único que trata es de crear una cortina de humo para no hablar del desmantelamiento sistemático del sistema educativo público que está acometiendo. Un gobierno del Partido Popular que permite que a los 16 años podamos ser explotados haciendo prácticas gratuitas en las empresas; que con su contrarreforma educativa pretende expulsarnos al mercado laboral con 16 años sin ninguna cualificación; que nos arrebata las becas, que suprime las ayudas a los comedores y a los libros; que despide a miles de nuestro profesores e incrementa brutalmente las tasas universitarias; que deja a los jóvenes inmigrantes y sus familias, que son nuestros compañeros en las aulas y en los barrios, sin protección sanitaria pública.…¿Qué autoridad moral tiene para decidir o hablar por nosotros?

Para el PP somos suficientemente mayores con 14 años para encarrilar, a través de los itinerarios de la contrarreforma educativa que han propuesto, nuestro futuro académico y nuestro futuro laboral. A esa edad no hay ningún problema, según la derecha, en que un joven estudiante se vea arrastrado a un futuro basura que le expulsará del sistema educativo prematuramente, o en que descarte desde ese momento la opción de ir a la universidad. Pero para la derecha no deberíamos tener derecho a huelga. La hipocresía no puede ser mayor. Lo mismo sucede cuando el PP habla de “mejorar la calidad de la enseñanza”, mientras recorta presupuestos y despide a miles de profesores.

Ningún gobierno de la democracia se ha atrevido a hacer lo que ahora pretende el PP. No es ninguna casualidad que este ataque se plantee a escasos días de la mayor movilización estudiantil en los últimos años, la convocada por el Sindicato de Estudiantes y la CEAPA en la que cientos de miles de jóvenes inundamos las calles de cientos de ciudades en defensa de la educación pública, exigiendo la retirada de la contrarreforma de Wert y la dimisión del ministro. Como al Partido Popular le molesta la movilización en las calles, le molesta que los estudiantes tengamos el apoyo de padres, madres y profesores, lo que pretende ahora es acabar con la democracia en los institutos. Es la misma respuesta que daba Franco a las demandas de libertad de los jóvenes estudiantes en los años sesenta y setenta.

Desde el Sindicato de Estudiantes responderemos de manera contundente a esta nueva agresión del PP contra los derechos de los estudiantes; así mismo queremos dejar claro que no vamos a aceptar ninguna imposición totalitaria y antidemocrática. El próximo 14N los estudiantes de enseñanza secundaria volveremos a ejercer nuestro derecho a huelga y manifestación, junto con nuestros padres y familias, junto a nuestros profesores, en defensa de una educación pública de calidad y de un puesto de trabajo digno al terminar los estudios.

¡Todos a la huelga general del 14-N!

¡Wert dimisión!

31 de octubre jornada de lucha

El sindicato CGT ha convocado una jornada de lucha contra los recortes y por la derogación de la reforma laboral. Información sobre las distintas convocatorias aquí.

Manifestación por el empleo y los servicios públicos

Condenados por torturas dos vigilantes y la coordinadora de educadores. La Audiencia tilda de "deplorable" la gestión del centro de menores Nivaria

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial afirma en la sentencia del caso Philipp que la falta de formación y experiencia de vigilantes y educadores generaba una "situación caótica y deplorable en el desarrollo de la convivencia", así como que el personal ejercía su labor con "constantes irregularidades".

PEDRO FUMERO, Tenerife

La sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por las torturas sufridas por el menor Philipp García Zoch vierte críticas muy duras contra el funcionamiento del centro de medidas judiciales para adolescentes Nivaria y la Dirección General de Menores del Gobierno canario. En dicha resolución, dos vigilantes de seguridad, Manuel Dorta Abrante y Vicente Rivero, fueron condenados por torturas, al igual que una educadora, Nieves de la Cruz Hernández. Y contra dicha resolución las partes pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En los hechos probados se asegura que, tras la sustracción y destrozo de la ropa del chico, los menores del Módulo 2 "habían dispuesto con libertad de las llaves de las celdas". Según el citado texto judicial, "no consta que, pese a la reciente activación del protocolo de suicidio y su visible deterioro psíquico, los empleados del centro (educadores y guardias de seguridad) llevaran a cabo una intervención para ayudar a Philipp y evitar no solo agresiones de los compañeros, sino también posibles conductas de autolisis del menor, a pesar de que eran conscientes de su frágil situación psíquica".

El Tribunal afirma que "el centro Nivaria, encargado de la ejecución judicial de las medidas de internamiento en régimen cerrado y semicerrado, presentaba un claro déficit en su funcionamiento".

Las críticas no son menos duras respecto a la gestión de la seguridad. La sentencia señala que "era desarrollada por un grupo de 25 vigilantes, de los que la inmensa mayoría (18) carecía de habilitación" para ejercer tal actividad, así como de la más mínima formación y experiencia, en cuanto que fueron contratados por la empresa Seguridad Integral Canaria hacía escasos días".

Añade el texto que dichas personas "eran las que impartían la mayoría de las veces directamente castigos corporales y aplicaban medidas de contención física y psiquiátrica".

"El cuerpo de educadores carecía de experiencia, igualmente, por lo que imperaba una situación caótica y deplorable en el desarrollo diario de la convivencia", según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso EL DÍA.

El Tribunal de la Sección Quinta explica que "las citadas medidas judiciales estaban controladas en manos ya de personal inexperto o sin la más mínima formación, que ejercía su labor con constantes irregularidades".

En esa línea, el durísimo texto de hechos probados apunta que "los menores campaban con libertad en el módulo cerrado con connivencia de vigilantes y educadores, de lo cual era sabedora la Dirección General del Menor y la Familia, pues recientemente, en agosto de ese año (2004), tuvo que cesar a la anterior fundación que lo gestionaba, pese a lo cual no ejercitaba el necesario control".

"Ante la carencia de medios, en el módulo de observación convivían en las seis celdas los sancionados y los refugiados", según consta en el documento divulgado por diversos medios de comunicación.

Hasta tal punto era así que, "a pesar del hostigamiento que sufría (Philipp), especialmente por el menor Hacomar Santana Correa", al adolescente fallecido "se le impuso por la Dirección del centro la convivencia con Hacomar y después con Marcos Vallatih".

Cabe recordar que Hacomar fue condenado en junio de 2008 por el Juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife como autor de un delito de amenazas de muerte, precisamente sobre Philipp.

Respecto al principal acusado, Manuel Dorta Abrante, "ante las agresiones de Hacomar, no solo no intervenía en auxilio, a pesar de estar obligado a ello, sino que, con la finalidad de vengarse, por haber propiciado Philipp el traslado de un compañero" de trabajo "a Las Palmas, a sabiendas de su débil fortaleza psíquica, le sometió a un estado continuo de humillación y temor, llamándole chivato e hijo de puta, a la vez que le agredía y menospreciaba, creando en el mismo un sentimiento de angustia e inferioridad", según consta en el escrito.

El Tribunal afirma que dicho comportamiento de Manuel le quebró "su resistencia física y moral, y anuló su autoestima, desde una posición de abuso de poder".

En esa línea, la sentencia cree probado que los vigilantes Manuel Dorta y Vicente Rivero entraron en la celda de Philipp y que Dorta lo tiró al suelo, le puso el pie encima de la cabeza y lo llamó "chivata". Y la actitud de Rivero fue la de apoyar verbalmente a su compañero y reírse.

El Día

El tribunal considera que los acusados son responsables de un delito de torturas hacia el menor, que falleció en el centro Nivaria el 13 de noviembre de 2004.

MIGUEL ÁNGEL AUTERO

Manuel Antonio Dorta A., Vicente Rivero R. y Nieves de la Cruz Hernández H. han sido condenados a prisión en relación con la muerte en extrañas circunstancias del menor Philipp García Zoch, cuyo cadáver fue hallado el 13 de noviembre de 2004 en una celda del módulo de refugio del centro para menores bajo medidas judiciales Nivaria, en Tenerife. Los dos primeros trabajaban como vigilantes de seguridad, mientras que la mujer era coordinadora de los educadores.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial han considerado probado que los tres acusados cometieron un delito de torturas hacia el citado menor y les impone una condena de un año y medio de prisión para el primero de los acusados y un año para los otros dos. Además, en la sentencia que se hizo pública ayer se impone el pago de una indemnización de 60.000 euros a los padres del menor fallecido, cantidad que deberá ser resarcida como responsables subsidiarios la empresa Seguridad Integral Canarias, la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

Los padres de Philipp se mostraron ayer "satisfechos" con la resolución judicial y destacaron como "impecables" los fundamentos esgrimidos por el tribunal para dictar la sentencia condenatoria.

En este caso, tanto el Ministerio Fiscal como la familia de Philipp consideraron culpables también a otros cinco extrabajadores del centro, todos ellos vigilantes, sin embargo han quedado absueltos.

El cadáver de Philipp García fue hallado en su celda con una bolsa de plástico en la cabeza y un punzón bajo un muslo el 13 de noviembre de 2004. La noche anterior fue objeto de maltrato e insultos por parte de Manuel Antonio Dorta A. quien le acusaba de ser un chivato y de que hubieran trasladado a un compañero suyo a Las Palmas. Lo agredió y lo insultó tras abandonar su puesto en el módulo 2 en siete ocasiones. Los otros dos acusados fueron testigos de estos hechos y no intervinieron ni dieron parte de los mismos, tal y como era su responsabilidad. La sentencia, no obstante, va más allá pues considera que también son responsables, así como la Dirección General del Menor y la Familia, de no intervenir en auxilio de Philipp, cuyo estado psíquico se había deteriorado gravemente por el acoso y agresiones que sufría por parte de otros menores internados

La Opinión