¡No nos van a callar!

La lucha por los derechos de los menores sigue avanzando. Cada vez más colectivos y asociaciones se esfuerzan día a día por cambiar la realidad de los miles de niños y niñas tutelados y/o presos en el estado español, consiguiendo que las injusticias que se cometen en nombre del "interés superior del menor" (y por supuesto del negocio de los servicios sociales privatizados) estén saliendo a la luz, rompiendo el oscurantismo que rodea a todo lo relacionado con los sistemas de protección y reforma de menores.

En concreto, se ha hecho pública la realidad de los centros terapéuticos, y la Fundación O´Belen ha perdido al menos cuatro de sus centros. Pero siguen gestionando otros y estando presentes en los servicios sociales de varias comunidades autónomas, y sin duda intentarán seguir expandiendo sus negocios. De hecho, desde hace varios meses la Fundación O´Belen, con sus nuevos patronos y presidente a la cabeza, están tratando de lavar su imagen, saliendo en los medios de comunicación utilizando las posiciones médicas de San Sebastián como garantía de credibilidad e intentando lanzar nuevas campañas de marketing (como el concierto "solidario" en Alicante que finalmente no pudieron llevar a cabo por la presión de los movimientos sociales de la ciudad). Y mientras, preparan nuevos proyectos como la reapertura de Casa Joven (Azuqueca de Henares) como centro de internamiento psiquiátrico para menores

Coincidiendo en el tiempo con lo anterior, un compañero de nuestro colectivo ha tenido que personarse en repetidas ocasiones en los juzgados tras recibir varias citaciones judiciales al haber sido interpuestas contra él demandas de conciliación para exigirle que se retractara públicamente de sus declaraciones en varios medios de comunicación, relacionadas con el centro Casa Joven que la Fundación O´Belen gestionaba en Azuqueca de Henares, donde trabajó durante aproximadamente dos años. Los denunciantes son personas que mantienen o han mantenido relaciones laborales con O´Belen, que alegan que su honor y credibilidad profesional se han visto dañadas por las "calumnias e injurias" del compañero sobre la metodología que se emplea en los centros de O´Belen.

Nosotros consideramos que únicamente ellos dañan su credibilidad apoyando a una entidad como O´Belen, apoyo que demuestran al prestarse a ser los protagonistas de este indigno intento de silenciar al compañero.
De los cuatro peones del entramado O´Belen que presentaron denuncia, tres de ellos no se han presentado (por lo que las conciliaciones se dejan sin efecto y han sido condenados en costas) y el cuarto no ha podido ser localizado por el juzgado a día de hoy. Ni siquiera se ha personado en ningún momento el letrado que interpuso las demandas en nombre de sus representados, don Francisco Javier Cantelar Alonso (quien curiosamente tiene despacho en Sigüenza, municipio de donde parte el entramado O´Belen).

Desde el Colectivo No a O´Belen consideramos que los denunciantes se han convertido en cómplices directos del entramado O´Belen, al defender unos métodos considerados inhumanos por numerosos colectivos sociales, políticos y sindicales, y denunciados tanto por Amnistía Internacional como por el Defensor del Pueblo. Se trata de Roberto Barrado Gozalo, Jose Javier Hernández Martín, Rocío Villafranca Alamillo y Maria Teresa Merino Martín.

Desconocemos las intenciones de los denunciantes, ni si intentarán llevar a juicio al compañero, pero deben saber que ni el compañero denunciado ni nadie se va a retractar de nada, ya que decimos la verdad y no vamos a ceder ante ninguna coacción, venga de donde venga. A su vez, aprovechamos para reiterar una vez más nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los menores y de la libertad de expresión.

Especialmente cínico resulta el comportamiento de don Roberto Barrado Gozalo, quien vertió públicamente toda una serie de calumnias contra el educador ahora denunciado por él en una carta (que se puede leer aquí) tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los centros terapéuticos. Desde el Colectivo No a O´Belen nos reservamos el derecho de emprender, si lo consideramos oportuno, las acciones legales que creamos conveniente contra este señor.

Concentración por la libertad de expresión en Torrejón

CGT del Corredor del Henares y Guadalajara es el único sindicato de Torrejón de Ardoz que ha sido multado consecutivamente en 3 ocasiones con faltas muy graves por, supuesta colocación de carteles en la vía pública. Sorprendentemente, a ninguna otra organización ni sindicato, a excepción de IU y CGT, les ha sido abierto ningun expediente, e incluso, a cierto partido de ultraderecha, se les ha archivado los expedientes, siendo la causa la misma.

Estas sanciones datan desde enero de 2010 hasta mayo del mismo año, siendo la cuantía total, alrededor de 6000 €. Claro está, que con estas sanciones, más las que les aplican a los pequeños comercios, no prenteden mas que hacer frente a los desmesurados gastos del consistorio, que recordamos que esta gestionado por el Partido Popular, cuyo alcalde propuso el no empadronar a los inmigrantes residentes en este municipio.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de sus agentes medioambientales, están llevando acabo una campaña de coacción, acoso y persecución sindical, vulnerando con ello, los derechos fundamentales de este sindicato.

En los 3 expedientes abiertos, el ayuntamiento rechaza, sistemáticamente, nuestras alegaciones, sin darnos explicaciones por ello, teniendo que denunciar estos hechos, que vulneran la Constitucion, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la lentitud y el agravamiento que esto conlleva.

Desde este sindicato combativo, denunciamos este atropello a nuestras libertades (y a las de tod@s) y hacemos un llamamiento a la lucha, la rebeldia y la solidaridad de todas aquellas organizaciones e individualidades, que de una u otra forma lucha contra este podrido sistema.

CONVOCAMOS EL SÁBADO 5 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS, EN LA PLAZA MAYOR DE TORREJÓN DE ARDOZ (frente al Ay-untamiento), A UNA CONCENTRACIÓN A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

¡¡NO NOS CALLARAN!!

POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

¡¡NO A LA DISCRIMINACIÓN SINDICAL!!

CGT HENARES Y GUADALAJARA

80% de fracaso escolar entre los menores tutelados

Sólo el 20% de los menores tutelados logra terminar la Educación Secundaria Obligatoria
Un estudio financiado por la Comisión Europea constata que los menores tutelados por la Administración o que viven con una familia de acogida tienen un nivel de estudios gravemente inferior a la media de los estudiantes de su edad. 

La profesora del Departamento de Psicología Social de la Universitat de Girona, Carme Montserrat, quien participó en la investigación, explica los fallos del sistema: los educadores, señala, "les dicen a los chavales a los 16 años que hagan una formación corta y se pongan a trabajar", pues a los 18 años dejarán de estar bajo tutela de la Administración y deberán buscar un sustento para vivir de forma autónoma.
"Estos jóvenes están condenados a no estudiar y ello les puede conducir a sufrir exclusión social en el futuro", advierte Montserrat.

VI Jornadas de Educación y Exclusión Social

Presentamos la sexta edición de las jornadas sobre educación y exclusión social, que ASSI organiza anualmente en la Fac. de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Las jornadas son un espacio dedicado a la promoción de la reflexión y de un debate crítico sobre el papel de la educación en sentido amplio y del sistema educativo como institución social clave para la formación de ciudadanos libres y como herramienta de cohesión social.

 

En esta sexta edición, el programa de las Jornadas propone una interesante discusión acerca de la relación entre educación y sociedad, a partir de seis reflexiones críticas que abordarán, desde los diferentes ámbitos y disciplinas relacionadas con lo educativo, una diversidad de materias entre las que se incluyen el concepto de “pedagogía crítica", la situación de los menores extranjeros no acompañados y los centros de acogida, la burocratización de la  educación, la mercantilización del espíritu, la educación en contextos rurales y para la construcción comunitaria, la educación según el MST (Brasil), la ciudadanía, la justicia, el control social o la criminalización.

 

Empiezan el 15 de febrero en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

 

Todas las sesiones se realizarán en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, empezando a las 19.00h. La asistencia está abierta a todx aquel que le interese.

 

Programa

Martes 15 de febrero. 19.00h
Escuela y demofascismo.
Pedro García Olivo (Antipedagogo y ex profesor)
José Luis Rodríguez (Dpto. de Filosofía, UNIZAR)
Miércoles 16 de febrero. 19.00h
Situación en los centros de acogida temporal. Despropósito institucional.
Zuriñe Martín (Plataforma Apoyo a Jóvenes extranjeros no acompañados. Álava)
Amadou Coulibaly (Unión de Jóvenes africanos de Vitoria-Gasteiz)
María José Bernuz (Dpto. Derecho Penal, Filosofía e Historia del Derecho, UNIZAR)
Jueves 17 de febrero. 19.00h
Docentes del mundo: ¡a desprogramarse!
Miguel Santiago Losada (Cátedra de Interculturalidad, U. de Córdoba)
Antonio Bernat (Dpto. Ciencias de la educación, UNIZAR)
Martes 22 de febrero. 19.00h
La Formación del Espíritu Consumidor
Daniel Cabrera (Periodismo. Dpto. Lingüística general e hispánica, UNIZAR)
Héctor Artigas (Dpto. Química-física, UNIZAR)
Miércoles 23 de febrero. 19.00h
Escuela popular alternativa y construcción comunitaria.
Raquel Castro (Asociación de Educadores de Arauca, Colombia)
Carmen Velasco (Dpto. Ingeniería Mecánica, UNIZAR)
Jueves 24 de febrero. 19.00h
Educación, política y transformación social. La experiencia en educación y formación en el MST.
Janaina Stronzake (Profesora y coordinadora de escuelas Itinerantes del MST, Brasil)

Matrícula

Las jornadas han sido reconocidas por distintas facultades con créditos de libre elección y por la DGA. Para poder optar a este reconocimiento es necesario matricularse. La matriculación es gratuita y puede hacerse de dos formas: electrónica o acudiendo el primer día una hora antes.

Recomendamos hacerlo de manera electrónica: asegura la plaza (salvo que el aforo se llene) y es más rápido.

Para más información y matricularte sigue este enlace

Reconocimiento de créditos UNIZAR:

Fac. Derecho	2
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales	1
EU de Estudios Empresariales de Zaragoza	1
EU de Ingeniería Técnica Industrial	1
Fac. de Veterinaria	2
Fac. de Ciencias Sociales y del Trabajo	2
Fac. de Ciencias	1

Créditos de grado: en trámite.
Se irá actualizando la lista tan pronto como se reciban nuevas respuestas de los centros. Así mismo se enviará un aviso a lxs matriculadxs por correo electrónico.

Créditos de Formación del Profesorado (DGA): 2

Organiza: ASSI -Acción Social y Sindical Internacionalista-
Colabora: Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza

La prostitución de la Universidad

La LOU (que fue aprobada con la oposición generalizada de la comunidad educativa) abrió las puertas a la entrada en la universidad pública del capital, iniciando la privatización de la universidad que ha certificado el llamado Plan Bolonia. Dicho proceso, además de elitizar los estudios superiores alejando a los hijos de los trabajadores del acceso al mundo universitario, ha significado que los supuestos templos del saber se conviertan en apéndices de la patronal, mercantilizando la enseñanza, supeditando la investigación a sus necesidades y prostituyendo el saber científico, siendo utilizado como coartada ideológica para los negocios empresariales. De esta situación, por supuesto, tampoco se libran las llamadas ciencias sociales.

Un claro ejemplo es el nuevo curso de Experto Universitario en Acogimiento Familiar, impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias por miembros de la Fundación O´Belen, gracias a un convenio firmado por dicha entidad, la ULPGC y la Fundación Canaria Universitaria. No es ninguna casualidad que este curso se ponga en marcha justo cuando en el senado se discute la necesidad de potenciar el acogimiento familiar frente a la institucionalización de los más pequeños. Como empresarios que son, la gente de O´Belen está diversificando el negocio, y este curso además de darles dinero justifica “científicamente” su intervención en los procesos de adopción y acogimiento familiar que ya controlan en algunas comunidades autónomas (Castilla La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias) gracias a la privatización de los servicios sociales.

Indignación, miedo, vergüenza ajena y asco es lo que nos produce ver al mundo universitario sometido a los dictados de empresas que basan sus beneficios en la injusticia social y el negocio del maltrato que suponen los centros de menores.

Desgraciadamente no sólo la ULPGC colabora con el entramado O´Belen. Universidades tan supuestamente prestigiosas como la de Alcalá, la Complutense, la Autónoma de Madrid o la Universidad de Burgos, han pervertido su esencia auspiciando colaboraciones con empresas de la calaña de O´Belen, Diagrama, o Siglo XXI. No olvidemos, por ejemplo, que uno de los vocales del patronato de O´Belen es Jose Luis Carrasco Perera, catedrático de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde la más que modesta posición del Colectivo No a O´Belen apelamos a la conciencia de la comunidad universitaria (trabajadores y estudiantes) y a los movimientos sociales, y llamamos a rebelarse contra semejante atrocidad. La única manera de evitar que lo que llaman “ciencia” esté al servicio de oscuros intereses es luchar por una educación pública, democrática, científica, laica y de calidad en todos sus niveles.

Movilizaciones contra la reforma de las pensiones y los recortes sociales

Junto a la convocatoria de Huelga General en Hego Euskal Herría (ELA, LAB, STEE, EHNE, HIRU, ESK, CGT y CNT), Galiza (CIG, CGT, CNT) y Catalunya (CGT, CNT, Solidaridad Obrera y COS), se están organizando movilizaciones contra la reforma de las pensiones y los recortes sociales a lo largo de todo el estado.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) ha anunciado manifestaciones y concentraciones en todos los pueblos andaluces donde tiene presencia.

Y desde CNT, se difunde el siguiente calendario de movilizaciones:

20 enero: 

- Sabadell: la CNT local convoca concentración frente a la sede de CCOO y UGT. 19:00 h. (Rambla, 75)

- Santiago de Compostela: Concentración frente a la TGSS. Llamamiento a la huelga del 27.

- Tenerife: CNT, CoBas, CGT, EA Canarias, FSOC, IC y USO convocan manifestación unitaria, bajo el lema "Contra el Paro y la Precariedad. Trabajo, Derechos y Dignidad". Salida a las 18:30 h. desde  las inmediaciones del campo de fútbol de Las Delicias (Ofra) y cruzará varios de los barrios de Santa Cruz de Tenerife que están padeciendo en mayor medida las nefastas consecuencias de la crisis capitalista en forma de paro, pobreza y exclusión. 

21 enero:

- Cornellá: manifestación de la OTG de Sant Ildefons a la Avenida Republica Argentina, 18:30h. Convoca:  Assemblea social i sindical unitaria del Baix Llobregat

- Zaragoza: concentración frente a la sede del PSOE local, en la calle Conde de Aranda 138. 19:00 h.

22 de enero:

- Barcelona: manifestación unitaria Pza. de Sants 17:00 h. Convocan organizaciones sociales, políticas y sindicales de la localidad.

- Ciudad Real: la CNT local convoca manifestación 11:00 h. Pza. Terreras – Pza. Pilar.

- Sestao: CNT-Bizkaia convoca manifestación (12:30h. Kasko Plazan). Llamamiento a secundar la huelga del 27.

- Toledo: la CNT local convoca concentración en la plaza de Zocodover a las 12:00 h.

- Valladolid: manifestación contra la reforma de las pensiones y por la Huelga General. El acto tendrá lugar a las 19h desde la Plaza del Carmen (Delicias). Convocan: CGT, CNT y Bloque Obrero.

25 de enero:

- Gijón: CNT, SUATEA, CGT y CSI convocan manifestación unitaria contra los recortes sociales. Salida Plaza L´Humedal a las 19:30 h.

- Santiago de Compostela: concentración en Praza do Toural. Llamamiento a la huelga del 27.

26 de enero: 

- Tarrassa: la CNT local convoca concentración frente al Ayuntamiento, 18:30 h.

- Teruel: concentración frente a subdelegación de gobierno, 19:30 h. Convoca Asamblea Contra Su Crisis (individualidades, CGT, CNT y STEA-i).

27 enero:

- CNT se suma a la huelga general en Euskadi, Navarra, Galicia y convoca jornada de lucha en Cataluña.
-Madrid : Manifestación unitaria con Sindicatos alternativos y movimientos sociales el 27 de enero de 2010 a las 19,00 horas con el siguiente recorrido : Atocha-Sol-Congreso de los Diputados.

- Barcelona: manifestación regional de la CNT catalano-Balear en Plaça Universidad, 19:00 h.

- Córdoba: manifestación  a las 19:30 horas , junto a otras organizaciones sindicales y sociales integradas en la Plataforma contra la Crisis de Córdoba y el sindicato CTA. Salida. Puerta Gallegos (Paseo de la Victoria).

- Logroño: manifestación, Glorieta del Dr. Zubía a las 19:30 h. CNT junto con la Red de MMSS de Logroño.

- Jaén: concentración frente al Edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (Avenida de Madrid, 70).

- Salamanca: concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, situada en la Plaza de la Constitución, 20:00 h.

29 enero:

- Palma de Mallorca: manifestación unitaria “Contra la reforma laboral, la treforma de las pensiones y contra la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años”. CNT, CGT, Maulets, Endavant y Frente solitario hacen un llamamiento a asistir al recorrido entre Séscorxador – Plaça d'Espanya a las 18:00 h.

Desde el Colectivo No a O´Belen apoyamos estas movilizaciones, y reiteramos nuestro llamamiento a CCOO y UGT para modificar sus planteamientos y organizar la respuesta en la calle a las agresiones del gobierno y la patronal.

Año nuevo, vida nueva

Esta vez el dicho se ha cumplido a rajatabla para muchos profesionales de los servicios sociales (trabajadores sociosanitarios y de la intervención social), ya que las uvas nos han traído el paro.

Nuestro sector, privatizado en gran parte, funciona a través de convenios que las comunidades autónomas y los ayuntamientos firman con las distintas ONGs (esas entrañables entidades sinónimo de lucro) que prestan sus servicios a cambio de la correspondiente subvención. Dichos convenios generalmente tienen carácter anual y cumplen a 31 de diciembre, fecha en la que se firman las renovaciones de los distintos proyectos y programas de atención social. En dichos convenios se especifican a través del pliego de condiciones los servicios que se tienen que prestar, las condiciones mínimas que se tienen que garantizar y el número de trabajadores necesarios para desarrollar el proyecto.

Este año los recortes presupuestarios han llegado a estos convenios (aunque hace tiempo que se estaban llevando a cabo), por lo que prima la tendencia a rebajar las condiciones mínimas exigidas, incluyendo aumento de ratios con la correspondiente reducción de plantillas. Y debido a la privatización, dicha reducción de personal les está saliendo realmente barato ya que la mayoría de los trabajadores de lo social tenemos contratos a fin de obra vinculados con los convenios; nos vamos a la calle con una mano delante y otra detrás y sin posibilidad de defensa legal alguna. Y además, precisamente en un contexto donde el riesgo de exclusión social por los efectos de la crisis del capitalismo amenaza a millones de personas, los sectores más vulnerables (ancianos, menores en desamparo, personas dependientes, discapacitados, etc.) van a sufrir el empeoramiento de la atención que reciben, ya de por sí muy deficiente. Feliz Año Nuevo.

Reconversión silenciosa

Esta reconversión del sector está pasando totalmente desapercibida, principalmente por dos motivos: la atomización y dispersión de los trabajadores del sector y la pasividad sindical. La sangría de puestos de trabajo (y por tanto de calidad de vida de los usuarios) se está produciendo sin grandes traumas (un educador menos en un centro de menores, dos auxiliares en un geriátrico, un trabajador social en un centro de día, se cierra un proyecto de intervención en calle que empleaba a tres técnicos, etc), pero globalmente supone la pérdida de muchos puestos de trabajo y una degradación general de los servicios sociales. Mientras que para el poder sobramos educadores, trabajadores sociales o enfermeros, hemos batido el récord histórico de número de agentes policiales en el estado español, lo que deja muy claro el modelo social que están imponiendo (aunque a nadie debería extrañarle, con Rubalcaba manejando el cotarro).

Pero esta situación se puede revertir. Es cierto que la atomización y la precariedad del sector dificultan enormemente la lucha sindical, pero también es verdad que esto se debe a la falta de perspectiva del sindicalismo reformista, que tiende a aislar las luchas empresa a empresa sin ofrecer una alternativa real. Sin embargo, con un plan de lucha global y contundente, que tenga como objetivo último el desarrollo de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad, otro gallo cantaría. Existen ejemplos de victorias obreras en luchas parciales al plantear el aspecto más global de la movilización, por ejemplo la paralización de la privatización de El Hospitalito (geriátrico público de Toledo), conseguida a finales del año pasado tras una dura lucha encabezada por el STAS Intersindical y que unió a trabajadores y usuarios. Éste es el camino.

Curso Formación política para la Acción Social con menores

Extraído del blog de la Coordinadora contra el Maltrato Institucional: www.conlosninosnosejuega.wor...
Un año más, y ya van cinco, nos atrevemos con la iniciativa de formación pollítica planteada a nivel estatal por la coordinación “con los niños no se juega”, con un cursos en Murcia, Valencia, Burgos y Cáceres (en paralelo) y con dos fines de semanas comunes a todos los grupos en Entrevías, en en Madrid.
Puedes obtener toda la información sobre el curso 8inscripción, fechas, etc:) en el tríptico que adjuntamos:

Huelga General en Catalunya el 27 de enero

Los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera y COS han convocado huelga general en Catalunya el 27 de enero, contra la reforma de las pensiones, la reforma laboral y los recortes sociales. Esta convocatoria coincide con la realizada en Euskadi y Navarra por la mayoría sindical vasca y en Galiza por la CIG.

Es necesario que las direcciones de CCOO y UGT cambien su actitud y movilicen a los trabajadores de todo el estado. Ante el aluvión de agresiones que estamos sufriendo, no hay nada que negociar, es hora de luchar.

Presentación del nuevo número de En la fila de atrás

Presentación en Madrid del cuarto número del boletín pedagógico y antiautoritario En la fila de atrás.
Sábado 22 de enero, 18:30 horas, en el Local Anarquista Magdalena (c/ Magdalena, 29, 2º izquierda. Metro Tirso de Molina, Antón Martín o Lavapies).

http://enlafiladeatras.wordpress.com

Niños asesinados por la policía en un centro de menores de Panamá

¡Abominable!

Infierno en una Cárcel de Menores en Panamá

(vea documental de denuncia al MUNDO)

Nos vemos obligados, de antemano, a pedir sinceras disculpas por la durísimas imágenes que verá. Pero no hay otra manera de describir el horror que vivieron estos jóvenes en la tarde del domingo 9 de enero pasado.

Podría parecer una película de terror, pero no lo es. Es la cruda y macabra realidad.

Siete menores ingresaron con graves quemaduras al Hospital Santo Tomás. Tres de ellos han fallecido y el resto se debate entre la vida y la muerte.

Erick Batista, Benjamín Mojica y José Frías son los jóvenes fallecidos, de 17, 15 y 16 años, respectivamente.  Algunos de ellos y de los que sobreviven aún, les quedaban apenas unos cuantos días para alcanzar la libertad. Jose Frías abandonaba la prisión el próximo domingo 16 de enero, junto a su primo, también quemado.  Ambos, de origen muy pobre, estaban en prisión por hurtar una computadora.  A José Frías se le ve en el video clamando socorro.  Desgarradora imagen.

En el hospital se viven momentos de llanto, angustia y dolor. Las horas transcurren lentas, mientras las madres y demás familiares de los heridos van perdiendo las esperanzas. Los médicos prácticamente han deshauciado a sus seres queridos. Sólo un milagro puede salvarlos y se aferran a esa última oportunidad. Unen sus manos y rezan una oración. Pero hay quienes proponen acciones más enérgicas para exigir justicia.

Las quemaduras alcanzaron órganos vitales en los cuatro jóvenes que todavía sobreviven, hay infección pues no tienen piel que los proteja, están sedados y con respiradores, tienen serios problemas pulmonares por el humo que inhalaron. Reciben tratamiento de hemodiálisis, fueron golpeados  brutalmente y heridos de perdigones y a pesar que son jóvenes y luchan por sus vidas, los pronósticos no son alentadores.

Crece la indignación y la sed de Justicia. Que estos crímenes no queden impunes. Los dedos acusadores se levantan contra la Policía y el Gobierno. En los oidos del pueblo resuenan todavía los gritos, las lamentaciones y los ruegos de ayuda de los jóvenes que se quemaban por las llamas que provocaron en la celda las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.

Y es que este Gobierno, a pocos más de año y medio en el poder, parece empecinado en emular los tenebrosos días del régimen militar.

Ya la policía, bajo el mando atroz y cobarde de su Director, Gustavo Pérez y José Raúl Mulino, Ministro de Seguridad, ha escrito verdaderas páginas de crueldad, tortura, sadismo, abuso y de flagrantes violaciones a los derechos humanos.

El Ministro Mulino, con la arrogancia que lo caracteriza, advirtió que “que retirará a la Policía Nacional de todos los centros penales del país, haya o no custodios civiles preparados”.

“Tiene —Roxana Méndez— seis meses para resolver el problema de los custodios que no ha resuelto, porque la Policía se sale de custodiar las cárceles del país”, dijo Mulino en medio de las acusaciones mutuas que mantiene con el Ministerio de Gobierno acerca de quién es el responsable de estos horrendos y espeluznantes hechos.

Sólo en noviembre del año pasado, hace poco más de 2 meses, el Gobierno de Panamá fue sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Esto ocurrió en Ginebra, Suiza, durante la IX sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Roxana Méndez, Ministra de Gobierno y también Directiva de la ONG “Casa Esperanza”, recibió los cuestionamientos de distintos gobiernos, principalmente europeos, por la Masacre de Bocas del Toro, violaciones a la libertad de expresión, los casos de violencia contra la mujer, ausencia de una política en relación a los refugiados y por casos de discriminación racial contra la población indígena y afrodescendiente.

En aquella oportunidad Roxana Méndez mintió cuando dijo que Panamá "mantiene un alto compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos", y aseguró que se trata de "un propósito común y compartido por las autoridades nacionales, internacionales y la sociedad civil".

La realidad misma le ha dado un claro mentís. Las situaciones mencionadas en Ginebra de faltas graves a los derechos humanos se han acentuado. Reina la impunidad, el abuso policial y el irrespeto a los derechos civiles y humanos. Se intentó imponer una Ley Mordaza. Se profundizó la corrupción y la penetración del narcotráfico en el Ministerio Público con la responsabilidad del Gobierno. Martinelli busca imponer reformas constitucionales antidemocráticas para prolongarse en el poder. Se le ha negado justicia a las víctimas de la Masacre de Bocas del Toro. Se mantiene la Ley Pinchazo, la Ley Carcelazo y las normas que protegen a los policías asesinos. Las revelaciones de Wikileaks ponen en evidencia las arbitrariedades y prácticas antidemocráticas del mismo presidente y sus más cercanos colaboradores; la relación de familiares y copartidarios de Martinelli y de otros altos funcionarios en el lavado de dinero; y las implicaciones del Ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el narcotráfico y tráfico de armas. Se mantiene la política represiva contra el pueblo y la creciente remilitarización. Persiste la persecución política y el terrorismo judicial.

Y a todo esto se agrega el horrible incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, cuando policías y custodios prendieron la hoguera donde fueron quemados siete jóvenes.

Familiares denuncian que en un sótano en otro centro en Arco Iris, se mantienen ocultos a otros jóvenes heridos de perdigones, golpes y quemaduras menores. Son jóvenes testigos de cuanto aconteció ese domingo infernal.

La Policía se defiende señalando que cumplieron con el “Protocolo”.

¿Pero, cuál es el “Protocolo”?

¿Si hay un motín en un Centro de Menores lanza una bomba e incendia los colchones, aun cuando sepas que no hay agua?


¿En medio del incendio impide la entrada de los bomberos? (El propio Viceministro de Gobierno reconoció que esto sucedió.)

¿Cuando los menores se quemen, mantente tranquilo, lanza una carcajada, no te muevas de tu sitio, no actúes en su auxilio?


¿Si piden ayuda, recuérdales lo que son, diles que se mueran?


¿Cuando estos, ya quemados, logran salir, pégales con el tolete?


Todo esto lo podrá ver en el siguiente documental.

Así actúa la Policía a sabiendas que, gracias al Gobierno de Ricardo Martinelli, gozan de total impunidad. Fue el contenido de la Ley 30 que Martinelli mantuvo en contra de los acuerdos de la Mesa Tripartita que derogó dicha ley, también conocida como Ley Chorizo.

Esta es la Escuela de Noriega, de quien Gustavo Pérez, actual Director de la Policía, fue sub jefe de la UESAT.

Todos sabemos lo que ocurrió cuando la Masacre de Bocas del Toro y el caso de Virgilio Castillo. Allí también se cumplió con el salvaje “Protocolo”.

Virgilio Castillo fue herido de perdigones, en el suelo le dispararon a quemarropa, moribundo se le obligó a caminar y fue lanzado a la parte posterior de una patrulla junto a otros detenidos a quienes, impresionados por el rostro desfigurado y bañado en sangre del mártir bocatoreño, les advirtieron: "No lo miren sino quieren quedar como él". Castillo murió poco después en el Hospital. Esto es Terrorismo de Estado.

En esa ocasión la Policía intentó justificar la represión y hablaron que cumplìan con el protocolo. Los represores hicieron de Martinelli un nuevo Herodes. De los más de 10 muertos, la mitad son niños.

Vaya "hombría" de la Policía que el domingo 9 de enero quedó desenmascarada cuando las camáras de televisión grabaron el siguiente diálogo:

Los menores gritaban: "Viejo echa agua"

El jefe de la Policía respondía: "¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!".

Estos son uno de los capítulos más horrorosos de la historia de abusos, represión y atropellos de la Policía contra el pueblo.

Gracias a la presencia de periodistas en el lugar, se dejó entrar finalmente a los bomberos y se abrió la puerta para que los jóvenes quemados pudieran salir moribundos y abandonar el lugar en ambulancias. De lo contrario, hoy estarían todos muertos y la versión prefabricada de la Policía diría que “se quemaron ellos mismos en una pelea entre pandillas rivales”.

Presentamos este documental como una denuncia al mundo de las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno del sátrapa, Ricardo Martinelli.

EXIGIMOS JUSTICIA Y CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE ESTOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

EXIGIMOS LA DESTITUCION Y JUICIO PARA GUSTAVO PEREZ, JOSE RAUL MULINO Y TODOS LOS RESPONSABLES DE ESTE ABOMINABLE HECHO.

En este enlace puedes ver los vídeos, donde se ve a esos malnacidos uniformados provocar el incendio, reírse e insultar a los menores mientras se queman vivos.  

La educación se nos llena de intrusos

No pasa tiempo sin que los medios de manipulación nos asalten con noticias sobre sucesos de indisciplina y violencia en los colegios. La oportunidad con que se suceden, la sobredimensión que alcanzan y el enfoque de confrontación que alimentan, nos deben animar a reflexionar sobre ello y destapar los objetivos encubiertos de estas campañas que alarman a la sociedad.

En el Instituto de Educación Secundaria “Emilio Canalejo” de Almería se produjo un lamentable incidente: mientras un profesor explicaba en la pizarra, un alumno de 13 años de primero de la ESO estaba jugando, con tan mala fortuna que dio un puñetazo y salió proyectado un estuche, impactando en las gafas del profesor al volverse. El profesor, según consta, sufrió una herida leve en un párpado. Según el director no se estaba produciendo ningún enfrentamiento entre ellos, y añade: es normal que se de algún problema de disciplina como en todos los colegios. Hasta aquí el relato de los hechos según los protagonistas. Es decir, un incidente disciplinar en su natural contexto pedagógico.

Pero ocurre que desde hace tiempo estamos siendo víctimas de una campaña de descrédito para que vayamos suplantando las relaciones pedagógicas por relaciones jurídico penales y la función educativa por funciones policiales y punitivas. Y víctimas de esta campaña de descrédito de lo educativo, de repente nos convierten un lamentable problema de disciplina en un problema de orden público y se convoca una manifestación de protesta y se suspenden todas las actividades extraescolares. Y todo un sindicato, que para mayor despiste se dice de izquierdas, solicita que se actúe con rapidez y contundencia, y la jefatura de la fiscalía de la Junta de Andalucía, es decir quien debía ser el defensor nato del menor, dice que actuará de oficio y que, por la vía penal, pedirá la pena máxima calificando incidentes como este de atento contra funcionario público. Me temo que los chavales de 13 años van a tener que ponerse a trabajar para poder pagarse un abogado que defienda sus derechos. Porque todavía no he perdido tanto el sentido común como para no ver que de todos los que intervienen: sindicatos, fiscalía, etc, la parte más débil son los chavales.

Al sindicato aludido algo de pudor todavía le queda, porque inmediatamente de pedir contundencia, añade que se necesitan medidas educativas no únicamente punitivas. Las punitivas como se ve ya las están consiguiendo; y yo quedo lleno de expectación por ver las medidas educativas que no aplicaron cuando fue el momento, pero que dicen que van a aplicar.

Hay una cosa que me preocupa sobre todo lo demás: y es que para pedir contundencia se escuden en el desánimo que estas cosas provocan en el profesorado. Pues imagínense el desánimo, desconcierto y rebeldía que va a provocar en el alumnado, el hecho de que quienes están para educarles se consideren incapaces de hacerlo y reclamen que vengan los fiscales a enseñarles a educar porque ellos ya no saben ni se atreven.

Hace tiempo que vengo advirtiendo la campaña de descrédito e intromisión organizada contra los chavales y contra la autonomía académica. Cuando cuaje semejante inyección de autoritarismo lo vamos a lamentar.

Y lo mismo ocurre a la campaña organizada contra lo que llaman el “acoso escolar”, en mi opinión otro signo más del autoritarismo desapercibido que nos están inoculando, y lo que es más doloroso, utilizando a los niños para ello.

Primero fabrican el nombre, un nombre muy comercial, que se asimila fácilmente a otros que ya tienen publicidad. “Acoso laboral”, “acoso sexual”, etc. Con eso nos inducen a creer que se trata de un problema novedoso que antes no existía o casi no existía, puesto que ni siquiera tenía nombre. Así ya consiguen evitar que podamos aplicarle las soluciones que le hemos aplicado toda la vida. Porque antes cuando unos niños hostigaban o maltrataban a otro, padres y profesores teníamos claro que era un problema de responsabilidad y competencia nuestra y solamente nuestra.

Ahora lo están denunciando públicamente para que también en privado nos acostumbremos a denunciarlo en vez de resolverlo. Es decir para que dejemos de ser educadores de nuestros hijos y de nuestros alumnos y pasemos a ser sus vigilantes y sus denunciantes, que por cierto es una función mucho más cómoda.

La campaña contra el “acoso escolar” es otra vuelta de tuerca en la campaña de culpabilización y criminalización contra chavales que desde hace tiempo han venido acometiendo sucesivos gobiernos. Culpabilizando a los críos del caos social en que los tienen sumergidos desvían la atención y sus responsabilidades políticas. Y además convierten a esos niños en clientes del descomunal negocio que están montando: cada vez más cárceles para niños, cada vez más equipos de vigilancia y control, cada vez más equipos técnicos, más profesionales viviendo de los niños, más ONGs, más Fundaciones subvencionadas, en nombre de los niños.

Está claro que tratan de incluir a un enorme sector de la población infantil en el saco de los niños que supuestamente están en peligro, para convertirles inmediatamente en niños de riesgo y acto seguido en materia de intervención social, judicial, clínica, psicológica, etc. Para sacarles rentabilidad. Sectores de población infantil que antes no producían dinero ahora se convierten directamente en materia de consumo, en chiquillos que deambularán de informe en informe, de equipo técnico en equipo técnico, de despacho en despacho, regalando el precioso tiempo de su vida para dar de comer a sus vigilantes.

Yo recomendaría a padres y profesores que exijan el que las cosas, en esos temas concretos, funcionen como funcionaban antes, es decir que hagan respetar la autonomía familiar y académica, que se hagan responsables de las relaciones entre los niños para que el hogar y el aula no se les sigan llenando de intrusos. Y sobre todo para poner freno a los que siguen soñando con la cárcel global en la que ellos serían los carceleros.

Enrique Martínez Reguera

27 de enero, Huelga General en Hego Euskal Herría y en Galiza

Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS e HIRU han convocado huelga general en Euskadi y en Navarra para el próximo 27 de enero, al igual que la CIG en Galiza, contra el plan de reforma de las pensiones.

Desde el Colectivo No a O´Belen apoyamos estas convocatorias y animamos al resto de centrales sindicales a extender la convocatoria al resto del estado, para frenar los ataques que estamos sufriendo los trabajadores. Privatizaciones, reforma laboral, reforma de las pensiones, recortes sociales y demás ataques no pueden frenarse sin la movilización unitaria y masiva de la clase trabajadora. No podemos permitir que los culpables de la crisis sigan cargando sobre nuestras espaldas los problemas generados por las contradicciones de su sistema, el capitalismo. La lucha es el único camino.

Poner fin al genocidio carcelario

Bajo el lema ¿Todos somos presos? se fundó hace 30 años la asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, Salhaketa. En todos estos años al igual que otros movimientos locales, nacionales e internacionales hemos venido trabajando en defensa del respeto a los derechos fundamentales a la vida, a un trato digno, a la intimidad, a la salud, a la educación o al trabajo que formalmente asisten a quienes son objeto de detención, aplicación de medidas de seguridad y reclusión. Derechos que no pueden suspenderse y mucho menos instrumentalizarse con fines represivos y/o mercantiles.

El objetivo final de nuestro movimiento de denuncia pública y jurídica, de acompañamiento a las personas presas y sus familiares, es desaparecer en el momento en el que nuestra sociedad se libere de la necesidad de la cárcel y desarrolle otras formas de entender y reaccionar ante los conflictos distintas a la penalización y al recurso al castigo.

Sin embargo, hoy más que nunca, estamos totalmente alejados de este objetivo. Los indicadores son claros y contundentes: recurso sistemático a la penalización, transformación de la maquinaria punitiva en un negocio con la construcción de nuevas cárceles, extensión del castigo a cada vez más sujetos sociales, endurecimiento de las condiciones de encarcelamiento, cumplimiento de condenas en prisiones alejadas del lugar de residencia habitual del reo, alargamiento de la penas o recurso a penas más severas propias del antiguo régimen.

Durante las tres últimas décadas estamos asistiendo a la construcción de una sociedad penitente y premoderna que viola sistemáticamente sus principios constitutivos aplicando políticas que potencian la desigualdad en la aplicación de las leyes y por tanto violan el principio de igualdad (criminalización selectiva hacia los sectores depauperados y disidentes de la sociedad), que potencian la desproporcionalidad aplicando sanciones privativas de libertad totalmente brutales y por el contrario exculpatorias según quien sea el sujeto encausado (derecho penal del enemigo) utilizando el derecho como una auténtica arma de guerra, violando así el principio de proporcionalidad.

Pero lo más terrible de la política carcelaria durante el postfranquismo no es solo su perpetuación, sino el balance de víctimas mortales, de personas y familias cuyas vidas se han visto destrozadas como consecuencia directa o indirecta de la prisionización. Nos referimos a las miles de personas fallecidas durante las tres últimas décadas por motivos no naturales como consecuencia de la no aplicación de medidas preventivas y de tratamiento en materia de enfermedades infecto-contagiosas, las enfermedades mentales con resultado de muerte y/o suicidios como consecuencia directa de la prisionización, aislamiento, desatención médica y un largo etcétera de situaciones de abandono y deficiencias endémicas propias del sistema carcelario.

Éstas víctimas las podemos contar por decenas de miles y sin embargo no son reconocidas, están condenadas al olvido cuando no despreciadas. Son víctimas invisibilizadas y su existencia evidencia el rostro más crudo del actual estado carcelario: el uso del derecho como arma para el ejercicio arbitrario, indiscriminado y cruel de la violencia que se ensaña con aquellos a quienes quiere convertir en chivos expiatorios de los males sociales que produce.

No nos olvidemos que estas víctimas del genocidio carcelario, son también el resultado de la vulneración de los derechos de las personas encarceladas en aras de garantizar la gobernabilidad del propio sistema carcelario o de perpetuar la sociedad punitiva que lo sustenta. Por eso hoy más que nunca resulta imprescindible visibilizar esta realidad y movilizarnos unitariamente para avanzar hacia de abolición de la actual política carcelaria genocida.

Por César Manzanos, Doctor en Sociología, Profesor en la UPV, Salhaketa-Araba

Testimonio de una educadora de un centro de menores para bebés

Hola me llamo Clara. tengo 8 días de nacida. quiero contarte algo que me pasó pero no se lo digas a nadie. Veras, mi familia me tuvo que dejaren este centro de menores. Yo oí decir que me llevarían a un sitio donde me atenderían como me merezco. Cuando me dejaron me enteré por otros bebes, que tenia que cuidarme de no molestar a las trabajadoras porque se enfadarían conmigo. La otra noche me dolía la tripita y no podía dejar de llorar. Sentí dolor y desesperación porque nadieme atendía. Solo oía decir a los adultos: deja que llore, no la cojas porque se acostumbra. Otro bebe que estaba al lado de mi cuna y que le faltaba pelos de un lado de la cabeza por no cambiar de postura, me decía: te lo dije, si lloras es peor. Cállate que si no, se enfadan conmigo también y siguen sin cogerme. Llora cuando esté el otro turno de trabajadoras. No pude callarme y me pasé la noche llorando de dolor sin tener respuesta, porque es como me merezco que me atiendan. A mi me sale el pelo por todas partes de la cabeza porque no me quedo quieta ya que no paro de llorar. De esa manera de vez en cuando alguien se detiene a tocarme. Si quieres puedes cogerme un poquito,te prometo que no lloraré.

A mi amiga Tita de 15 días, que esta en otra cuna la sentí vomitando. Cuando la vi comprobé que se le salía la leche por la nariz y la boca. Me contó mi amigo Lucas (el que le falta pelos por un lado de la cabeza) que tengo que tener cuidado cuando me vayan a dar el biberón a mi por si me pasa como a Tita. Según me cuenta Lucas alguna trabajadora si ve que como lentamente, me puede hacer un agujero en la tetina del biberón para que termine antes. Eso es lo que le hicieron a Tita. Yo procuro tomarme la lechita pronto, pero no puedo y me pongo nerviosa cuando siento que la trabajadora me apura para comer mientras comenta con otra trabajadora enfadada: “esta niña me pone nerviosa, come ya, que lenta eres, quita p’allá, yo no la quiero, que le de otra de comer“. Ya me han cambiado la tetina tres veces en un dia, una en cada turno. En un turno dejé la mitad porque me quedaba dormida y la trabajadora me dejaba de dar el biberón. En otro turno me cambiaron la tetina porque decía que tenia el agujero muy pequeño. En otro turno (el de ahora) oí decir que me hagan un agujero en la tetina para terminar antes, mientras dice la trabajadora: “ ya veras como ahora se le quita la bobería”. Me gustaría saber que es la bobería para poder comer tranquila, seguro que es algo que me tienen que hacer para atenderme como me merezco.

Publicado en el blog de Marisol Ayala

Hogares de acogida

A continuacion reproducimos un capitulo del libro Con los niños no se juega, de Enrique Martinez Reguera, que nos ayuda a entender mejor lo que pasa en los centros de proteccion y los motivos del maltrato institucional (se centra en los pisos tutelados, no ya en los nuevos hospicios a los que aspira la Comunidad de Madrid).

HOGARES DE ACOGIDA

Cuando se crearon las Comunidades Autónomas yo llevaba muchos años conviviendo en casa con niños de tutela y de reforma y las instituciones de aquel entonces me consideraban experto en el tema. Cierto día, el político de turno del recién estrenado organismo tutelar me llamó y me dijo que, conforme a la nueva política de menores, o firmaba un convenio con la Administración o tenia que cambiar de trabajo. Me pareció saludable que el Estado quisiera supervisar labores no siempre bien realizadas y allá me fui dispuesto a firmarlo. Estuve de acuerdo en todas las condiciones que ponían, excepto en dos…que también por su parte resultaron ser las dos únicas innegociables:

Primera condición: a partir de aquel momento no se nos encomendarían niños sino que se nos contratarían plazas disponibles, como si nuestra convivencia educativa con los niños fuera asimilable a disponer de camas en una pensión.

Al crear un hogar funcional, igual que cuando una familia acogedora se ofrece a atender a algún niño, jamás debieran ofertar “plazas”, porque ni los educadores ni los niños son predecibles como las plazas. Las plazas son cosas, ellos no: a veces podrán atender a varios chiquillos haciéndolo muy bien y a veces, solo con uno o dos, notarán que la conflictividad les desborda, porque ni los niños son idénticos, ni lo son los educadores, ni los momentos cambiantes y distintos que unos y otros puedan atravesar.

¿Quién debería decidir entonces el que un niño ingrese en un hogar?: sin duda los que han constituido ese hogar. Porque no atienden “plazas libres” como si fuera una pensión o un almacén, sino personas, y además las atienden en asuntos tan delicados como la crianza y la educación. Sólo ellos pueden saber de verdad, en vivo y en directo, cuando es oportuno y cuando no, recibir en la casa a un niño. Lo propio de las instituciones es diseñar y ofertar programas, pero esos programas han de irse acoplando a la realidad; y esos niños y esos educadores son realidades a tener muy en cuenta; de lo contrario, las personas terminan sacrificadas al diseño del programa, como materia de uso y consumo.

Y lo mismo que digo del ingreso lo digo del traslado. Cualquier hogar, no es un mero presente puntual, transitable como una estación de ferrocarril, sino que, partiendo del pasado que han vivido sus miembros, trata de generar arraigo para enraizar un futuro en común. Como en cualquier otra familia será, pues, necesario crear vínculos e ir reelaborando en común la biografía de todos sus miembros. 

El que la Administración decidiese el ingreso o el traslado de los niños o de los educadores, sin contar sobre todo con ellos, sería absurdo. En los demás hogares que pueblan nuestro país, ¿quién determina los encuentros y desencuentros entre padres e hijos, sino ellos mismos? ¿quién entre abuelos o hermanos o amigos? ¿se atrevería alguien a exigirnos, en nuestra propia casa, la continuidad o discontinuidad de las relaciones que debamos mantener? Y en caso de que algún entrometido lo pretendiese, ¿alguien le prestaría la mas mínima atención?

Y ¿cuándo deberían abandonar su“plaza” esos niños?: pues como en cualquier otra familia, cuando se les haya buscado prudente salida y con futuro.

Me parece muy razonable que las instituciones que trabajan con la infancia pongan un tope a lo que ellas han de subvencionar: por ejemplo, subvencionar la permanencia en los hogares solamente hasta los 16 o 18 años. Aunque en la actualidad, en el común de las familias, la edad media de emancipación sea muy superior. Pero ese tope que hayan de poner no contradice el hecho de que haya niños que puedan marcharse mucho antes sin riesgo alguno, u otros que deban seguir porque les conviene. Y ¿quién puede saber cuando llega ese momento?: sobre todo los que lo protagonizan, porque ellos mejor que nadie saben cuando es posible y oportuno. Ellos y todos aquellos que pudieran quedar implicados en esa decisión, por ejemplo la familia biológica, que en definitiva es quien suele recibir a los chicos, cuando las instituciones se los devuelven y en las condiciones que retornen, no siempre las mejores.

Segunda condición en discordia: debíamos asumir todos los deberes de crianza como cualquier padre, pero se nos negaban los correspondientes derechos para cumplir tales deberes, particularmente el derecho de representación.

Desde siempre, cuando unos padres por circunstancias de la vida tuvieron que ausentarse o reducir su atención al propio hogar, han acostumbrado encomendar el cuidado de sus hijos a un pariente próximo o a otras personas que ofrezcan absoluta confianza, o incluso a una institución publica o privada, aun a riesgo de que estas instituciones o personas les puedan defraudar; lo que será menos probable si han tenido cuidado de elegir bien al mandatario.

De hecho, las Leyes siempre aceptaron y siguen aceptando como legítima esta encomienda o mandato, que puede hacerse verbalmente o mediante documento privado o ante notario. Y el mandatario deberá cumplir rigurosamente aquello a lo que se compromete.

Cuando unos padres hacen esta encomienda, están haciendo, de hecho y en derecho, entrega del cuidado de sus hijos y por consiguiente, delegando en el mandatario el ejercicio de sus propios deberes y derechos respecto a ellos, mientras dure el encargo. Y es lógico, porque quien se hace cargo de los niños y asume unas obligaciones, tendrá que gozar de los correspondientes derechos para poderlas cumplir, y si se le considera capaz y responsable para cumplir con unos deberes por qué  no habría de considerársele capaz también para tomar las decisiones que convengan.

Sin embargo, cuando los “hogares funcionales” hacen un convenio con las Comunidades, para hacerse cargo de los niños, la Administración interpreta que sólo cede los deberes, pero que se reserva el derecho a tomar todas las decisiones, hasta en los detalles; como si esa toma de decisiones fuera algo intransferible, indelegable. Como si el derecho de supervisión y vigilancia no le fuera suficiente a la Administración.

Ese tajo radical entre derechos y deberes, digno del más atrabiliario estatismo, arrastra las peores consecuencias que siempre, siempre, pagan los niños. Por la sencilla razón de que si las familias tienen necesidades e intereses, la institución tutelar también puede tener sus propias prioridades; pero como se reserva el derecho de decisión, termina sacrificando los intereses del niño a sus propias urgencias, conveniencias o comodidades. Y esto, hecho en nombre del “interés prioritario del menor”, amén de ser una injusticia, es un sarcasmo.

De los niños cuya tutela conservan los padres, a ellos corresponde ejercer todos los derechos y deberes y sólo ellos pueden delegarlos. Y tratándose de niños cuya tutela esta ya en manos de la Administración, también ella podría delegar las responsabilidades, en vez de actuar como si tales responsabilidades fueran indelegables. Nunca lo fueron y no tienen por qué serlo ahora.

Hace algún tiempo conocí el caso de dos hermanos, retirados de su familia porque la atención que les podían prestar sus padres era insuficiente. Ocurrió que en el centro a donde les enviaron, la desatención, incluso sanitaria, todavía era peor y en consecuencia los niños que ya eran mayorcitos y no se achantaban, se escaparon; pero no podían regresar a su familia, porque, si lo hacían, les atrapaban. Les metieron entonces en un centro interno, privados de libertad, sin condena pero en la cárcel. Como los niños tienen un enorme sentido de la justicia y estos eran atrevidos, pese al encierro también se escaparon. Y después de mucho trasiego de capturas y fugas, por ser tan molestos, terminaron olvidados. Fue entonces cuando tuve noticia de ellos; llevaban meses en la calle.

Oficialmente no podían contar con la protección de su familia, porque les habían retirado la tutela y tampoco podían contar con la protección oficial porque de hecho les dejaba en la calle: seguían, pues, en mayor desamparo. Fue notificado a la fiscalia a quien corresponde velar por los intereses del menor y en consecuencia, ni convenio ni flautas, no había mas alternativa: o prestaba la Administración el servicio dignamente o tendría que encajar el que se lo prestaran los ciudadanos, en el ejercicio del derecho y deber de socorro.

Ese es el núcleo de la cuestión: los organismos tutelares ¿deben gozar del monopolio en la protección de los menores? O por el contrario ¿son servicios que también caen bajo la ley y cuya calidad debemos vigilar los ciudadanos?

Añadiré algo sobre la conflictividad que a veces se produce en los hogares de acogida:

Una educadora de un piso donde tutelan menores, me contaba lo que les acaeció en casa: Al parecer se trata de un hogar de una ONG, en donde residen cuatro chicos y dos chicas de entre doce y diecisiete años. Según explicó mi comunicante, el supuesto hogar infantil presenta fallos garrafales, por ejemplo no existe una persona que asuma la responsabilidad última sobre la buena crianza de esos muchachos, lo que en cualquier familia hacen habitualmente los padres; al contrario, cual si se tratara de una guardería o de un hospicio, cuatro educadoras contratadas por horas, trabajan en turnos de tres días y aun encima no existe comunicación alguna entre los turnos sucesivos. 

Uno de los chicos que ya tiene dieciséis años venía arrastrando desentendimiento y frecuentes roces con la responsable de uno de esos turnos. Y como nunca encontraban momento para sentarse juntos, analizar lo que les ocurría y resolverlo, que en eso precisamente consiste su tarea educativa, pues la tensión fue a más y a más, hasta que finalmente un día el chiquillo perdió los nervios y estalló  y hubo insultos y empujones. 

Las educadoras se asustaron muchísimo porque viven bajo un clima de miedo a los niños, ese miedo que nuestra sociedad se empeña en cultivar. Y de miedo a las Instituciones, máxime sabiéndose meros peones, desposeídas por la propia Administración de cualquier autoridad ante los chicos. Cabría preguntarse si una persona que tiene miedo a los muchachos está en condiciones de educarles. O si un educador desposeído de los derechos que le corresponden en su ejercicio profesional está en condiciones de defender los derechos de sus discípulos. Pero esto al parecer no le interesa a nadie preguntarlo y menos que se responda. Se contrata personal del modo más eventual, se le paga apenas y asunto concluido.

El caso es que como la pobre educadora se asustó muchísimo y con razón, pues llamó  en su ayuda a la policía, siguiendo lo que ya era una pauta habitual. Es decir, que lo que en principio era un problema educativo y que le competía a ella, lo convirtió en un problema de orden público  que criminaliza al chaval.

Un educador que deriva a manos de la policía su propio esfuerzo por buscar las soluciones que le conciernen, en cierto modo está renunciando a su específica función de educar, hundiéndose en el descrédito que arrastra el chivato. Los conflictos siempre fueron el momento educativo crucial. También en eso se diferencia lo que es educación de lo que es orden público: para el orden público es ideal el que jamás surjan conflictos, en cambio para la educación y el aprendizaje personal, el conflicto es materia de trabajo. Quien aprende a poner bridas a los conflictos menores evita que surjan los mayores. Conseguir educar no es lo mismo que conseguir controlar y someter, ni ser maestro es lo mismo que ser guardia.

Bajo la perspectiva del guardia, los incidentes educativos se convierten en problemas de orden público: derivan lo que es competencia personalísima del educador, en competencia impersonal del Estado. Y el educador se ve impelido a funcionar como un simple agente de la fuerza pública, pero sin fuerza, es decir, en un mero denunciante o como dicen los chiquillos, en un chivato, ¿nos podrá extrañar que los chavales estén poniéndoles siempre a prueba?, ¿cómo se puede suplantar labor tan delicada como es la crianza y educación, por contratas eventuales de empresas de control social? Los muchachos se van entrenando en el duro oficio de ser clientes habituales de comisarías, juzgados y reformatorios: el método les va configurando en el papel que se les asigna. Jamás he visto en ningún lugar postergación y desdén semejante hacia las labores de educación y crianza.

En resumidas cuentas, conforme a esa normativa, los niños que llaman de riesgo, hace tiempo que han dejado de ser personas para convertirse en mercancía almacenada en “plazas libres”.

No estoy cuestionando el derecho del Estado para supervisar con el máximo rigor las delicadas labores de crianza y educación; al contrario, me parece que se siguen realizando de manera muy torpe e insuficiente; pero controlar más y mejor jamás debiera suplantar la función de los educadores, ni ignorar su preparación específica, ni negar su dignidad, ni convertirles en meros ejecutores de disposiciones administrativas como si estuvieran bajo el más puro y duro estatismo burocrático.  

Con la legislación actual “parece” imposible ocuparse en el cuidado de menores de tutela o reforma, si no es a través de un “convenio” firmado con la Comisión correspondiente. Incluso para intervenir con carácter ocasional y espontáneo, es decir, para ejercer en el ámbito de los menores el simple “deber de socorro” que el Derecho Civil reconoce a todos los ciudadanos, con la legislación actual “parecen” pretender hacernos creer que solamente lo podremos realizar a través de la mencionada Comisión, a la que suelo denominar “Monopolio” y no me parece epíteto excesivo.

Máxime cuando el convenio que te obligan a firmar nunca fue un “convenio”, sino una contrata de prestación de servicios, a trueque de un salario o de una subvención y sin mas contrapartida que la económica. Y máxime cuando en esa prestación de servicios, el Monopolio tutelar se reserva, como ya he dicho, todos los derechos y atribuye a la parte contraria todos los deberes, bajo riesgo de que si no lo acatan les dejen sin contrata o sin subvención.

¿Cómo podrían garantizar los cuidados del niño educadores que ni siquiera pueden reivindicar lo especifico que compete a su tarea? Si una persona que tiene encomendada la crianza de un chiquillo, no puede tener ninguna iniciativa ni discrepar sobre lo que al niño le conviene ¿cómo podrá defender sus intereses? ¿cómo, realmente, protegerle y educarle? Un sujeto así se convierte en mero vigilante, en mera fuerza coercitiva al servicio del que paga y manda.

Conozco infinidad de educadores veteranos, que se quejan de verse obligados por sistema a realizar intervenciones que consideran atentatorias contra su propia dignidad y la dignidad de sus educandos; les quedan dos opciones; endurecer su conciencia para soportarlo, o cambiar de trabajo porque en el Monopolio no lo volverán a encontrar. Sus ONGs, del mismo modo, solo disponen de tres opciones: someter a esos educadores o expulsarles o perder la subvención.

¿Ustedes creen, por ejemplo, que todos los educadores que se ven forzados a denunciar en comisaría a sus educandos, por conflictos de naturaleza educativa, pueden compartir semejante criterio? ¿creen que los policías municipales o los trabajadores sociales con hijos propios, a quienes se les ordena arrebatar hijos ajenos en vez de aportar soluciones más coherentes están de acuerdo con semejante felonía? ¿creen que no hay educadores y policías capaces de conocer lo que realmente necesitan esas familias, sin necesidad de robarles los hijos para convertirlos en hospicianos, cuando no para írselos incriminando poco a poco hasta convertirles en delincuentes? ¿terminarán por irse de su trabajo o se acostumbrarán a tragar?

Es evidente que el Estado tiene el deber de controlar lo que se haga con los chicos de protección y hasta con el resto de la muchachada expuesta hoy a tanto despropósito y riesgo, pero precisamente por eso debiera haber riguroso control y no suplantación defunciones, un convenio transparente, un clima de mutuo apoyo, y no el imperio de la opacidad y la derivación de responsabilidades hasta que se les pierde la vista.

He dicho en algún párrafo anterior que con la actual legislación, “parece” imposible poder ocuparse en la tutela o reforma de menores sin someterse al consabido convenio. Y por imposible lo tiene la gente. Pero no lo es, sólo “parece”:  

Si en Madrid, al igual que en las demás Comunidades, hay varias decenas de miles de niños necesitados de tutela, que duda cabe que se necesitarían miles de hogares, con padres biológicos o funcionales, que ofrecieran espacio y atenciones duraderas o no, según los casos.

Como la Ley de Protección Jurídica del Menor optó por la vía de estatalizar a ciertos niños y las Comunidades Autónomas interpretaron la aplicación de esa Ley del modo también más estatal, riguroso y excluyente; la sociedad ha llegado a la errónea conclusión de que, sin pasar por ese embudo oficial, nada se podrá hacer por la infancia indigente, pese a que el Derecho Civil nos reconozca a todos el “derecho y deber de socorro”. Pero esta interpretación restrictiva ni es cierta ni es posible.

No es cierta, porque va contra natura, porque el tejido social es rico en espontaneidad e iniciativa que no hay motivo para reprimir. Y no es posible porque el embudo de la burocracia oficial tampoco es capaz de abarcarlo todo. De hecho los organismos tutelares de las Comunidades Autónomas, desde que se promulgó esa Ley, sólo  atendieron una proporción insignificante de niños, respecto a la totalidad. Y ¿qué ocurre con la mayoría, con los que siguen olvidados?

Por supuesto que la Administración tiene el encargo y por consiguiente, el derecho y el deber de velar por todos los niños que puedan necesitarlo. Pero ese encargo no tiene por qué anular,como si se tratase de un monopolio, el derecho y el deber de ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos.

La propia Ley, si no hubiera sido interpretada de un modo tan autoritario, solamente otorga a la Administración, el socorro de los niños que previa, formal y oficialmente haya declarado en desamparo y esa declaración haya sido comunicada a la familia interesada. Y esto en cualquier momento es revisable por un juez, como corresponde a cualquier Estado de Derecho.

A todos los demás niños, en tanto no les declaren en desamparo, ricos o pobres, con riesgo o sin el, atendidos u olvidados por la Administración, pero cuya tutela sigue en manos de la familia, corresponde a la familia atenderles o elegir quien les atiende.

A veces algunas familias, para salvar una mala racha, solicitan de un pariente, o de otra familia, o de la Institución Tutelar, el acogimiento temporal de sus hijos; en tal caso será preciso un acuerdo entre esa familia y la entidad o personas que se ofrezcan como guarda y custodia, quedando claro que en nada mengua los derechos de patria potestad.

Así pues será óptimo que del tejido social surjan espontáneamente familias acogedoras u hogares funcionales u otras formas de solidaridad. Solidaridad que, sólo si aspira a ser subvencionada por el Estado, tendrá que llegar a un acuerdo con el.

No nos engañemos, habiendo el volumen de problemas que hay, si a la paz social no le salen más grietas, no sólo es por el servicio que presta la Administración, sino también por los miles de ciudadanos, familias y asociaciones que están ahí ayudando en silencio, sin reclamar nada, ni siquiera subvenciones.

Sobre la reforma del Código Penal

El pasado día 23 de  Diciembre de 2010 entró en vigor una nueva reforma del código penal,  reforma que sigue la filosofía y las directrices  de una mayor punitividad y control social. Las corrientes neoliberales y sus planteamientos ideológicos, con su introducción asfixiante en todos los ámbitos de la sociedad, también ha  influido en el aumento del castigo penal, que marca una visión de la sociedad y del ser humano.

Esta última reforma del código penal profundiza en elementos claves de una visión de intervención máxima del la ley en la regulación de los problemas sociales.

Desde hace 30 años, todas las reformas penales han ido en una clara dirección de avanzar en la dureza, en la punitividad y en la tipificación de nuevos delitos y, todo ello, manteniendo la prisión como pena central y principal del sistema penal, características que mantiene esta última reforma.

Esta ofensiva represora, que ya dura mas de tres décadas, nos ha llevado a una situación en la que, sin un aumento de los delitos, hay un aumento de las personas encarceladas, ya que el tiempo en prisión crece de forma geométrica .De cada 100 personas en prisión, 70 cumplen la condena entera, 17 pasan a  tercer grado y 7 obtienen la libertad condicional.

Esta reforma enfatiza el discurso de la peligrosidad social, de la delincuencia como un gran problema. En su elaboración han influido elementos  y principios que ya se han  avanzado durante las anteriores reformas:

1º.- Declive del ideal de rehabilitación.

2º.-Legislación penal más severa.

3º.-Cambio en la imagen del delincuente.

4º.-Presencia de lo penal en el debate político.

5º.-Intervención de los medios de comunicación.

6º.-Externalización de la red penal (tecnología y servicios sociales)

7º.-Encarcelamiento masivo.   

Esta reforma ,como las de los últimos años, ha llevado a que  la política punitiva en el Estado español  esté dominada por una serie de variables que la encaminan en la dirección de una mayor represión:

1º.-Ampliación de los ámbitos de intervención del derecho penal.

2º.-Preeminencia del derecho penal en el control social.

3º.-Instrumentalización del derecho penal.

4º.-Influencia de los medios de comunicación en la creación de mitos falsos en el tema penal.

5º.-Populismo punitivo.  
 

En definitiva, nos encontramos ante la profundización de la represión y de teorías del control social de las políticas neoliberales, nos encontramos ante la ruptura con principios básicos en el respeto de los derechos fundamentales, como son la presunción de inocencia,  la reinserción social y las garantías procesales.  

Sin aumento de delincuencia, hay más gente en las cárceles, 74.000 personas.  L mayoría de la población penitenciaria es gente de las clases populares, por lo tanto sin recursos, o personas con trastornos psíquicos, palabras textuales de Mercedes Gallizo, responsable máxima de la prisiones del estado.

El aumento en la represión penal y policial va unido al abandono de políticas sociales y públicas, va unido a la pérdida de derechos sociales y económicos. La reforma del código penal profundiza en el papel del estado como herramienta  clave del estado en la represión y el control social.

Desde Izquierda Anticapitalista apostamos por menos cárcel, más medidas alternativas, menos policía, menos código penal y mayores inversiones públicas,  sociales, educativas, formativas, laborales,  etc.,  dirigidas  a los  sectores populares. Debemos intensificar la lucha por ampliar libertades y por conquistarle espacios de reinserción social al Estado “penal” que nos pretenden imponer.

Izquierda Anticapitalista

NOTA: para más información, leer el artículo La realidad del sistema penitenciario.