Esta última reforma del código penal profundiza en elementos claves de una visión de intervención máxima del la ley en la regulación de los problemas sociales.
Desde hace 30 años, todas las reformas penales han ido en una clara dirección de avanzar en la dureza, en la punitividad y en la tipificación de nuevos delitos y, todo ello, manteniendo la prisión como pena central y principal del sistema penal, características que mantiene esta última reforma.
Esta ofensiva represora, que ya dura mas de tres décadas, nos ha llevado a una situación en la que, sin un aumento de los delitos, hay un aumento de las personas encarceladas, ya que el tiempo en prisión crece de forma geométrica .De cada 100 personas en prisión, 70 cumplen la condena entera, 17 pasan a tercer grado y 7 obtienen la libertad condicional.
Esta reforma enfatiza el discurso de la peligrosidad social, de la delincuencia como un gran problema. En su elaboración han influido elementos y principios que ya se han avanzado durante las anteriores reformas:
1º.- Declive del ideal de rehabilitación.
2º.-Legislación penal más severa.
3º.-Cambio en la imagen del delincuente.
4º.-Presencia de lo penal en el debate político.
5º.-Intervención de los medios de comunicación.
6º.-Externalización de la red penal (tecnología y servicios sociales)
7º.-Encarcelamiento masivo.
Esta reforma ,como las de los últimos años, ha llevado a que la política punitiva en el Estado español esté dominada por una serie de variables que la encaminan en la dirección de una mayor represión:
1º.-Ampliación de los ámbitos de intervención del derecho penal.
2º.-Preeminencia del derecho penal en el control social.
3º.-Instrumentalización del derecho penal.
4º.-Influencia de los medios de comunicación en la creación de mitos falsos en el tema penal.
5º.-Populismo punitivo.
En definitiva, nos encontramos ante la profundización de la represión y de teorías del control social de las políticas neoliberales, nos encontramos ante la ruptura con principios básicos en el respeto de los derechos fundamentales, como son la presunción de inocencia, la reinserción social y las garantías procesales.
Sin aumento de delincuencia, hay más gente en las cárceles, 74.000 personas. L mayoría de la población penitenciaria es gente de las clases populares, por lo tanto sin recursos, o personas con trastornos psíquicos, palabras textuales de Mercedes Gallizo, responsable máxima de la prisiones del estado.
El aumento en la represión penal y policial va unido al abandono de políticas sociales y públicas, va unido a la pérdida de derechos sociales y económicos. La reforma del código penal profundiza en el papel del estado como herramienta clave del estado en la represión y el control social.
Desde Izquierda Anticapitalista apostamos por menos cárcel, más medidas alternativas, menos policía, menos código penal y mayores inversiones públicas, sociales, educativas, formativas, laborales, etc., dirigidas a los sectores populares. Debemos intensificar la lucha por ampliar libertades y por conquistarle espacios de reinserción social al Estado “penal” que nos pretenden imponer. Izquierda Anticapitalista
NOTA: para más información, leer el artículo La realidad del sistema penitenciario.
