“Ciertamente, la infelicidad de los niños parece estar creciendo, pero tratarla con grandes cantidades de antidepresivos no parece lo más adecuado. La medicación de la desdicha oculta nuestra incapacidad para ofrecer soluciones vitales, y atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación en el tratamiento.” Extracto de la comparecencia del Defensor del Pueblo en el Senado, con motivo de la presentación del informe “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social” (febrero de 2009).
Tras los informes presentados por el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, y fruto de la movilización social contra la Fundación O´Belen, varios de sus centros de protección terapéuticos de menores fueron clausurados. Sin embargo, el gobierno de Cospedal ha concedido la reapertura de uno de estos centros, “Casa Joven” (en Azuqueca de Henares), esta vez como centro de internamiento psiquiátrico para niños y adolescentes. Al gobierno de Castilla La Mancha no parece importarle las denuncias de malos tratos ni la muerte de varios niños bajo su custodia a la hora de delegar la atención en salud mental infanto juvenil a esta empresa. Algo que no es de extrañar debido a las evidentes conexiones entre O´Belen y el PP: su fundador y ex presidente (que se vio obligado a dimitir por la presión social), Emilio Pinto, era portavoz del PP en el ayuntamiento de Sigüenza; en su patronato está Pedro Núñez Morgades (diputado en la Asamblea de Madrid y concejal del Menor y la Familia en Las Rozas), Ana Botella (alcaldesa de Madrid) figura como “Amiga de Honor”, etc.
Pero la existencia de estos centros no se debe a estas relaciones personales, y trasciende al propio entramado O´Belen. El actual modelo de privación de libertad de menores “conflictivos” (ya sea en centros de reforma o en centros terapéuticos) responde a los procesos generales de gestión de los problemas sociales bajo el capitalismo, basados en la criminalización y en la psiquiatrización. A estos procesos generales se añaden los efectos de la privatización de los servicios sociales y socio-sanitarios, que afectan gravemente a usuarios y trabajadores, y que llevan a convertir los centros de menores en un lucrativo negocio.
La criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales tiene, además, una finalidad política, eliminando la responsabilidad de la estructura social e individualizando el problema (la sociedad funciona bien, tú eres el defectuoso, el inadaptado, el delincuente, el enfermo). Y esta filosofía se extiende a todos los ámbitos, incluyendo colegios e institutos. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar la Ley de Autoridad del Profesorado, que entre otras cosas otorga categoría de autoridad pública al profesorado y asume el principio de presunción de veracidad de los profesores en caso de conflicto frente a alumnos y padres (incluso el lenguaje refleja planteamientos judiciales dentro del sistema educativo). Excelente herramienta pedagógica, ¡convertir a los docentes en pseudopolicías! Según estos señores del gobierno la masificación en las aulas y la falta de recursos materiales y humanos (sólo en esta región se ha despedido a más de 4000 profesores interinos) no tienen nada que ver con los problemas en las aulas (que no son más que un reflejo de los problemas sociales generales que afectan al conjunto de la sociedad), sino que simplemente con ungir de “autoridad” al profesorado estos problemas se resolverán. La realidad es que esta ley sólo puede servir para enfrentar entre sí a la comunidad educativa y desvirtuar la relación profesor-educandos, fundamental en todo proceso pedagógico.
Criminalización. Reforma del Código Penal y de la Ley del Menor
Los cambios que ha anunciado el ministro de Justicia Ruiz Gallardón, van en esta línea. Utilizando a los medios de comunicación para generar alarma social y manipulando de forma nauseabunda el dolor de las víctimas de crímenes horribles como el asesinato de Sandra Palo, plantean como solución más mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, cuando defienden la cadena perpetua, la persecución de la reincidencia en pequeños delitos y faltas o la rebaja de la edad penal hasta los 12 años, obvian que el código penal español es uno de los más severos de la Unión Europea. Tampoco nos dicen que del total de menores presos sólo el 0,25% están condenados por homicidio y el 1,25% por delitos sexuales. Los delitos mayoritarios entre los niños encarcelados son robos, desórdenes y atentado contra la salud pública (menudeo de drogas). Delitos de origen social, que por tanto requieren medidas sociales para su erradicación, y no más represión.
Psiquiatrización. De la drapetomanía al trastorno negativista desafiante.
Ya desde sus orígenes, la psiquiatría ha intentado patologizar la desobediencia y la rebeldía, convirtiéndose así en un sofisticado mecanismo de control social para reprimir aquellos comportamientos que no se adecúan al sistema moral dominante. De alguna manera, “el etiquetado psicopatológico se ha convertido en un sustituto moderno del juicio y las normas morales”, como denunció a mediados del siglo pasado el médico social Ackerncht.
Desde muy pronto la naciente psiquiatría fue utilizada para justificar el control social. En 1851 el doctor Cartwright, de la Lousiana Medical Association, definió la drapetomanía, trastorno mental que explicaba la tendencia a escapar de las plantaciones de ciertos esclavos negros. Este mismo iluminado, con el apoyo de sus colegas de profesión, describió otra enfermedad que afectaba sólo a la raza negra (especialmente común entre los negros libres), la dysaethesia aethiopica (conocida popularmente como la “pereza de los esclavos”). Este trastorno explicaba la negligencia laboral de los negros, y al igual que la drapetomanía, tenía tratamiento (a base de azotes con una cinta de cuero).
Lejos de ser algo anecdótico, estas “enfermedades” forman parte de la larga lista de enfermedades inventadas. Por ejemplo, es necesario recordar que hasta 1990 la OMS (Organización Mundial de la Salud) consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, que por supuesto tenía su génesis, tratamiento y estudios epidemiológicos. Los tratamientos de la homosexualidad planteados desde la ciencia han sido variados. Desde una perspectiva conductista, se intentaba curar asociando imágenes de personas del mismo sexo con descargas eléctricas o inyectando sustancias que provocan vómitos buscando un condicionamiento negativo, mientras que en otras sesiones terapéuticas se obligaba al “paciente” a masturbarse mirando imágenes de personas del otro sexo, buscando un condicionamiento positivo que condujera al enfermo hacia la heterosexualidad. Tampoco faltaron las psicoterapias basadas en el psicoanálisis, ni los tratamientos farmacológicos y hormonales. Incluso hasta los años setenta se recurría a la cirugía cerebral, lesionando parte del hipotálamo (zona del cerebro que controla el comportamiento sexual y afectivo) para eliminar la libido en el sujeto.
Como último ejemplo, citaremos otro caso ocurrido en Estados Unidos. En 1967, en pleno auge de la lucha de clases, se publicó el estudio “El papel de la enfermedad cerebral en los tumultos callejeros”, donde se demostraba científicamente que los participantes en disturbios callejeros eran enfermos mentales. En 1973, el psiquiatra Paul Lowinger denunció públicamente el proyecto capitaneado por el doctor Ernst Rodin (defensor de la psicocirugía y de la castración para los “jóvenes estúpidos”), consistente en practicar amigdalectomías (lobotomías) a los presos encarcelados tras los disturbios que se produjeron ese mismo año en Detroit y que se saldaron con 7000 detenidos.
Patologizar los problemas sociales
La filosofía subyacente a las barbaridades descritas sigue vigente en los sectores que dominan el mundo profesional de la psiquiatría: la patologización y medicalización de los conflictos y problemas sociales avanza de nuevo impulsada por la APA (American Psychiatric Association), promotora del famoso DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes), mundialmente considerado la biblia de la psiquiatría. En su cuarta edición (revisada en 2000), bajo el epígrafe trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia se recogen los llamados trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Dentro de estos trastornos se encuentra el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, caracterizado por problemas escolares y domésticos (desatención, evitación de tareas y del esfuerzo mental sostenido, ser descuidado, etc.) e hiperactividad (levantarse de su asiento cuando debiera estar sentado, dificultades para guardar el turno, impulsividad, entrometerse en conversaciones de otros, etc.). Otro de los trastornos de este espectro descrito es el trastorno negativista desafiante. Este trastorno infanto-juvenil se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante, diagnosticándose si se cumplen ciertos criterios como incurrir en pataletas, discutir con adultos, desafiar activamente a los adultos o rehusar cumplir con sus obligaciones, molestar deliberadamente a otros, culpar a los demás de sus errores, ser susceptible y rencoroso, etc. Por último, también se incluye el denominado trastorno disocial, caracterizado por conductas que violan los derechos de los demás o las normas sociales propias de la edad, debiendo cumplir al menos tres de los siguientes criterios: agresión a personas o animales (intimidar a otros, tirones de bolso, pelearse a menudo, etc.), destrucción de la propiedad (vandalismo), fraude o robo (robos, hurtos, mentir, etc.) o violaciones graves de las normas (pernoctar fuera de casa sin permiso paterno o hacer novillos en la escuela).
Como vemos la rebeldía, la delincuencia juvenil e incluso el fracaso escolar tienen una explicación médica, según los gurús de la psiquiatría moderna (a menudo, los hijos de los gurús de la psiquiatría más antigua, como es el caso de la saga López Ibor en el estado español). De esta forma, la génesis social de problemas educativos y sociales se elimina de un plumazo, culpabilizando “científicamente” a las víctimas de las consecuencias de un sistema social enfermizo y caduco. Sin ruborizarse, atribuyen el origen de estos trastornos a problemas intrínsecos del niño. Incluso ya han aparecido publicaciones que se refieren a lacras sociales como las drogodependencias y la prostitución juvenil como síntomas de estos trastornos.
No pretendemos negar la validez y necesidad de la psiquiatría, sería tan absurdo como negar la existencia de enfermedades mentales. De hecho, la mayoría de los psiquiatras son profesionales comprometidos (principalmente aquellos que ejercen en la sanidad pública). Pero sí denunciamos los intentos de patologizar los problemas sociales con fines políticos, como ya hemos explicado. Y también existen claras motivaciones económicas. No podemos olvidar que eso que llamamos ciencia es un producto de la sociedad en la que se desarrolla. Y como bajo el capitalismo lo que prima es la búsqueda del máximo beneficio económico sobre cualquier otra consideración, aparece en escena la industria médica y farmacéutica, condicionando a todos los niveles la aplicación práctica de la ciencia, incluyendo el desarrollo del corpus teórico y metodológico de las distintas disciplinas. Por eso no es de extrañar que los trastornos infanto-juveniles que hemos descrito sean tratados fundamentalmente con psicofármacos, especialmente con fluoxetina (antidepresivo, su forma comercial es el Prozac), metilfenidato (estimulante, conocido popularmente como “cocaína pediátrica”, forma comercial Ritalín, Rubifén o Concerta), risperidona (antipsicótico, forma comercial Risperdal) y olanzapina (antipsicótico, forma comercial Zyprexa). Curiosamente, dos de los fármacos cuyo consumo más ha aumentado son la risperidona y el metilfenidato (este último ha incrementado su consumo más de un 1300% desde 1990, sólo en EEUU en 2005 la marca Concerta alcanzó un volumen de ventas superior a los 800 millones de dólares).
Y por esto tampoco es extraño que, según denunció Josep Alfons Arnau (educador social del Colectivo Esquicie), entre el 80 y el 90% de los menores internados en centros de reforma reciban tratamiento psicofarmacológico (en la mayoría de los casos los menores no habían consumido nunca este tipo de fármacos antes del internamiento), a pesar de la gravedad de los efectos secundarios y la falta de estudios concluyentes sobre los efectos a largo plazo de la ingesta crónica de estas sustancias a edades tempranas. Tampoco puede sorprendernos que el psiquiatra Javier San Sebastián, actual presidente de la Fundación O´Belen (uno de cuyos principales negocios es la gestión de centros terapéuticos de protección de menores destinados al internamiento de menores supuestamente aquejados de trastornos del comportamiento), sea también el presidente de la Fundación Confías, centrada en la investigación y difusión del TDAH y demás trastornos del comportamiento, y cuyos congresos patrocinan las empresas farmacéuticas Lilly (comercializa Zyprexa) y Janssen-Cilag (comercializa Risperdal y Concerta).
