No a las Leyes Mordaza

Hoy 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como Leyes Mordaza). Ambos cambios legislativos suponen un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática, dando carta de naturaleza a la ofensiva penal y administrativa contra el derecho a huelga, que tiene a 300 sindicalistas encausados y a otros en prisión, como Alfon. Hoy mismo se celebra la vista oral contra 8 sindicalistas de Airbus, a los que el fiscal pide 66 años de cárcel, y también la vista oral contra 3 sindicalistas murcianos, o los dos activistas sociales de Barcelona, por participar en la convocatoria de una huelga general. Las leyes aprobadas por el PP, que hoy entran en vigor, persiguen un objetivo claro: cercenar las libertades democráticas, para acallar la protesta social frente a las políticas de recortes y de ataque a los derechos sociales y laborales.

A su vez, la incorporación de la prisión permanente revisable (cadena perpetua), el sistema de medidas de seguridad, la revisión de la regulación del delito continuado o la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad suponen una vuelta de tuerca más en la criminalización de las consecuencias de la exclusión social.

Estas leyes nos acercan peligrosamente a los oscuros años del franquismo. Pero si acabamos con una sangrienta dictadura fascista, es evidente que podemos tumbar estas leyes.

 ¡Aquí no se va a callar nadie! ¡No a las Leyes Mordaza!

Entrevista a Daniel Pont, miembro fundador de la COPEL

Daniel Pont Martín (Madrid, 1949 ) es uno de los 12.000 presos sociales que poblaron las cárceles españolas del último período de la dictadura y del inicio de la Transición. Hijo de una época convulsa caracterizada por la brutalidad y la negación de todos los derechos sociales y la imposición del miedo a todas las instituciones oficiales del régimen, Daniel Pont ingresó en prisión a los diecisiete años al serle aplicada la Ley de Vagos y Maleantes por unos pequeños robos, cumpliendo por este delito una condena de cinco años. Seguidamente, a los veintitrés tres años, se le aplicó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social por atraco, lo que le llevó a ingresar de nuevo en prisión cumpliendo una condena de seis años y cuatro meses. En su lucha por la supervivencia intramuros, fue uno de los impulsores y miembros más activos de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), nacida en 1976 en la cárcel de Carabanchel con el objetivo de conseguir la Amnistía General y el cambio de las normas de vida en el interior de las prisiones.

¿En qué contexto se dio el empoderamiento del preso social ?

La delincuencia de la dictadura era una delincuencia de subsistencia. Pero el desarrollismo económico español supuso la entrada en prisión de delincuentes juveniles más rebeldes y con una naturaleza muy diferente a la de los presos de la posguerra y del período de hambre. El cambio de conciencia se dio después, a primeros de los años 70, con la entrada de presos por drogas, atracadores extranjeros y presos políticos revolucionarios que tenían acceso a literatura progresista y otra mentalidad. En la Europa de los últimos años 60 había un fuerte movimiento de lucha y denuncia en contra de la prisión especialmente en Francia con el Grupo de Información sobre las Prisiones (GIP) con Michel Foucault y Daniel Defert al frente y su heredero, el Comité de Acción de los Prisioneros (CAP ). También en Italia hubo un movimiento de lucha en las cárceles muy importante como el de los Núcleos Armados Proletarios (NAP) que, en sus inicios, era una escisión de un partido de izquierda marxista-leninista y que se nutrió con decenas de presos sociales. Todo esto y la necesidad de recuperar la autoestima entre los presos dentro de un contexto donde la supervivencia se basaba en el abuso de los presos más fuertes sobre los más débiles, nos llevó a tomar conciencia de nuestra condición.

Cuéntanos qué es la COPEL y de su proceso de formación.

La Copel surgió en un contexto específico durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición a raíz del abandono que sentimos los presos sociales con la Amnistía Política de Julio del 1976. Al vernos excluidos de la primera Ley de Amnistía, empezamos a organizarnos de forma espontánea a partir de denuncias, escritos y comunicados a los medios y los partidos políticos. También, meses antes, habíamos empezado una campaña anónima de agitación y de información escribiendo pequeños panfletos en letra minúscula que distribuíamos anónimamente por las ventanas a los demás compañeros presos en Carabanchel. Poco tiempo después, la dirección nos permitió celebrar la primera Asamblea Colectiva en la cárcel de Carabanchel que convocó, seguidamente, la primera huelga de talleres en la misma prisión. A finales del 76, la COPEL se hizo visible en el exterior .

EL motín de Carbanchel se ha presentado como el símbolo irrevocable del presos en lucha .¿Qué pasó aquel 18 de Julio de 1977?

El motín del 18 de Julio de 1977 se organizó en la rotonda de la 6 ª galería de Carabanchel. En ese añadido de galería, donde nos tenían aislados alrededor de 40 presos, convivíamos en comuna: teníamos nuestra biblioteca y funcionábamos de forma totalmente asamblearia y autoorganizada. De todos los 11 años que estuve en prisión, nunca viví de esa manera tan horizontal, con tanto respeto y con tanta fuerza y unidad como entonces. Decidimos dar un paso más en el pulso que manteníamos contra el Estado. Mientras el revuelo provocado por el lanzamiento de unos explosivos –fabricados con latas de conservas y cabezas de cerillas prensadas– hacía su efecto como maniobra de distracción, siete compañeros voluntarios de la COPEL subieron al tejado con unas pancartas que habíamos confeccionado previamente en el patio de la rotonda. Paralelamente, el resto de compañeros nos tragamos objetos metálicos y nos autolesionamos. Fue la primera autolesión colectiva y nunca olvidaré, por la carga emocional que supuso, el vernos unidos 26 compañeros chorreando sangre abundante mientras cantábamos el himno de la COPEL, que es una adaptación del bella ciao. A nuestro paso se unieron otros presos hasta amotinarse prácticamente toda la prisión. Al final subieron al tejado de Carabanchel unos setecientos presos, sumándose unas veintidós tantas cárceles más de todo el Estado.

¿Cómo desapareció la COPEL?

El Estado fue capaz de neutralizar la lucha de la COPEL utilizando los medios represivos más intensos como el aislamiento y la tortura. Nosotros resistimos con dignidad hasta los últimos meses del 78, momento en que el Estado se aferró al artículo 10 del reglamento penitenciario, que aprobaba el aislamiento indefinido de presos que consideraban rebeldes. El último año que estuve en la cárcel antes de salir en libertad en abril del 79 lo pasé en régimen de aislamiento en el Puerto de Santa María. Lo que perseguían era mi destrucción psicológica, así como lo hace el régimen FIES cerrando los presos durante 22 o 23 horas en celdas de aislamiento de escasos metros, sin luz natural ni ventilación. Paralelamente, la dirección de Carabanchel propició la creación de un grupo de incontrolados instrumentalizados por la policía, con la única intención de reproducir el antiguo statu quo fascista de los presos más fuertes sobre los más débiles. Todo aquello nos recordaba a los guerrilleros de extrema derecha de Cristo Rey. Por último, la introducción de la heroína y las constantes manipulaciones de los medios de comunicación del régimen provocaron el abandono progresivo del apoyo exterior .

¿Cómo se legitiman las cárceles? ¿Crees que hay una relación directa entre el poder y la delincuencia?

La función de la prisión, según la teoría que nos dice el sistema legislativo y judicial, es la de mantener un sistema de convivencia social aparentemente equilibrado. Pero lo que realmente se esconde detrás de estas leyes es el interés de defender una clase social hegemónica por encima de otra que sumisamente lo acepta, castigando cruelmente a aquellos que no se integran dentro de este orden social establecido. En la práctica, la prisión sólo ocasiona sufrimiento y destrucción. No tiene ningún sentido mantener la prisión en pleno siglo XXI. Pero, si no se cambia esta sociedad de una forma radical con una revolución social profunda, no hay nada que hacer, porque el alimento de la prisión es el mismo poder que ejerce este sistema. La delincuencia interesa porque el Estado necesita del enemigo necesario y necesita del miedo y de la represión para mantener el control social. Esto es lo que nos quieren imponer con la Ley de Seguridad Ciudadana: amordazar a los sectores sociales que no aceptan sumisamente la precariedad de nuestras vidas provocadas por la crisis del capitalismo y el carácter de una clase dirigente corrupta y poderosa.

El triunfo de un modelo penitenciario, entendiendo la rehabilitación de sus presos como meta, debería tener como consecuencia la reducción de presos ¿Cómo se explica que actualmente haya 73.000 presos en el estado Español?

El panorama penitenciario es pesimista, sobre todo porque las cárceles están llenas. El discurso social normalizado es que la cárcel es necesaria, sin cuestionarse en absoluto el porqué de este tipo de cárceles y leyes; ni qué representa ni qué intereses defiende. La rehabilitación relacionada con esta sociedad es una falacia. No es posible que una sociedad que genera violencia, injusticia y represión, rehabilite socialmente a nadie. Yo no me considero rehabilitado; al menos, he cambiando mi conciencia y he aprendido a sobrevivir con otros valores. La rehabilitación social es un concepto originado con la religión católica. Desde sus orígenes, sobre todo en la dictadura la iglesia católica siempre ha estado muy ligada con la administración de la represión. Por otra parte, ¿qué trabajos rehabilitadores hay en las cárceles que sean profesionalmente factibles de incorporarse a la vida en libertad? Escasísimos talleres, con un tipo de trabajo alienante y sin ninguna opción de adecuarlo a las necesidades laborales del mundo exterior. Y no nos olvidemos de la toda industria penitenciaria que se beneficia por el cierre de casa preso.

¿Qué repercusiones reales puede llevar el historial de un preso insumiso? ¿Podemos enmarcar la huelga de hambre que mantiene José Antúnez Becerra desde el 14 de Enero en Brians 2 dentro de este patrón?

La huelga de hambre de Antúnez Becerra la enmarco dentro de la urgencia de denuncia de la cadena perpetua encubierta que sufre y de la dureza en el tratamiento penitenciario; sin olvidarnos del goteo interminable de decenas de suicidios. Antúnez es un hombre con unas características singulares: ex miembro de COPEL, fue uno de los cuarenta y cinco reclusos que protagonizaron la fuga de la Modelo en 1978. También participó en el motín de Quatre Camins en 2004 como denuncia los brutales malos tratos que se daban en esta prisión. José Antúnez ha sido siempre un hombre reivindicativo, autodidacta e insumiso a aceptar la injusticia carcelaria tan inherente a la Institución y por ello requiere el máximo respeto y el máximo apoyo.

Traducción al castellano de una entrevista de Neus Solá a Daniel Pont en la Directa

Ex Presxs Sociales Copel

Kool Air en lucha

 

 Los trabajador@s de KoolAir de Móstoles están defendiendo sus derechos y convenio colectivo y sin otra posibilidad de hacerlo, através de una huelga indefinida que iniciaron el pasado 21 de mayo, avocados por la cerrazon de la dirección de la empresa, que no quiere reconocerles los derechos sociales y laborales que se recortaron cuando empezaron los "tiempos difíciles".

La dirección de la empresa se comprometio a restituír cuestiones sociales y económicas despues de superar la época de las "vacas flacas", y mientras que en la actualidad está montando otras fábricas en provincias del entorno de Madrid, se niega a restituir los derechos que se congelaron o reducieron en su día, así como un convenio que devuelva a los trabajador@s las condiciones cedidas temporalmente a la empresa, y que actualmente se les niega, obviando los compromisos adquiridos por la dirección, que parece intentar denigrar a los trabajadores, por la falta de disposición de la actual dirección de la empresa, manteniendo condiciones de años anteriores a pesar de tener pingües beneficios, motivo por el cual, los trabajador@s dignamente, estan defendiendo con la Huelga.

Vista la situación por la que están atravesando, los grupos Municipales del PSOE, IU y Ganar Móstoles han llegado a un acuerdo de cesión de la Plaza de Toros de Móstoles, para la realización de un Festival Solidario a beneficio de los trabajador@s en huelga de Koolair, el próximo día 27 de junio a las 18:30 h. en la Plaza de Toros de Móstoles.

Los trabajador@s de KoolAir Móstoles, de ésta manera, difunden la injusta actitud de la empresa a los Mostoleñ@s, pidiendo la solidaridad de los vecinos de la localidad y municipios próximos, agradeciendo la solidaridad y apoyo que están recibiendo de todo el entorno.

Manifestación contra la Ley Mordaza

Para ver todas las convocatorias contra la Ley Mordaza, entrar en No Somos Delito

Servicios Sociales, los dueños de la situación

La penalización de la pobreza está en manos de los servicios sociales. Su “multa”moral al respecto, pasa por separar a madres de sus hijos, separar incluso parejas, y cuestionar en el acto su pasado, presente y futuro inmediato. España, crisis. Sobre semejante desastre se sientan miles de personas en Bienestar social tras pedir la vez, y a partir de ese instante comienza el strep-tease vital. Cuestionarán lo que has sido, quién eres y la que te espera. Ante todo tendrás pena, para morir de miedo no mucho más tarde. Ellos, los funcionarios, psicólogos, psiquiatras, educadores, asistentes...forman un equipo conciliador que perturba en exceso. Están para ayudar, eso se entiende. Sin embargo, cuando no es suficiente un desahucio, estar parado o depender del banco de alimentos ; un embarazo puede convertirse en la peor de las condenas. La alarma social de los niños robados durante el franquismo, continúa vigente en busca de la verdad. No se contempla ese otro lado, el actual, legal y consentido, donde los hijos son arrebatados en el mismo hospital que se ha dado a luz. Jóvenes, de mediana edad, adolescentes, no importa. Salen con los puntos de sutura todavía tiernos, sin hijo y con la mirada perdida. Los motivos, tan diversos como cuestionables, podrían resumirse en uno : Pobreza.

 Si no tienes dinero ni trabajo, si no cuentas con una vivienda fija, si tu familia no está dispuesta a dar la cara por tí, si –además- no estás casada ni tienes pareja de hecho; el informe de desamparo se expide con una facilidad alarmante. Sobre él ya ni siquiera estás tú, puesto que te colocan por debajo a la primera de cambio.

 A partir de ese informe, la desamparada debe cumplir un protocolo que empieza por el “plan de intervención”, tras haber sido separada de su hijo, que se encuentra en manos de una familia provisional de acogida durante los primeros seis meses de vida, para pasar a un proceso de adopción no consentida a partir del séptimo. Todo legal. La madre biológica se somete a una serie de exámenes psicológicos y psiquiátricos, con su provocado –oficialmente- desequilibro a cuestas, en los que le puede ser asignada la etiqueta más vaga de cualquier transtorno. Firma y sello. Indiscutible. Ella, esa mujer desasistida tanto en lo económico como en lo emocional, tendrá que demostrar en medio año que “puede” ser madre. Con suerte, visitará a su hijo recién nacido en el “punto de encuentro” de los Servicios Sociales, previa cita y en presencia de algún educador o asistente. A la propia madre se le prohíbe terminantemente hacer fotos de su hijo y son -tan controladas como cuestionadas- incluso las palabras que dirige a su bebé, así como su aspecto físico, la longitud de su pelo, el color, sus tatuajes si los tuviere, sus aficiones, amistades, relaciones personales o íntimas, modos y formas. En sí y en suma, todo su ser.

Cuando finalmente se le deniega la guardia y custodia iniciando proceso de adopción, todos sus gritos, intentos de suicidio, tiros, agresiones, protesta o desesperación al respecto, serán resumidos en una sola palabra: Loca.

Para ello, los Servicios ya tienen preparados informes anteriores al respecto que les darán la razón ante cualquier sospecha. Todo legal. Todo cubierto. De los viejos barros, estos lodos. Que nadie se llame a engaño.

Consuelo Garía del Cid

¡Alfon libertad!

Finalmente se ha consumado el crimen. El compañero Alfon ha sido detenido y encarelado. Cuatro años de cárcel por luchar. Y no es el único: anarquistas, sindicalistas, activistas...el sistema está afinando el aparato represor. Pero ahora es más verdad que nunca aquello de "si nos tocan a uno, nos tocan a todos". Su detención, rodeado de los suyos, de su clase. Porque ya nadie se cree que Alfon sea una especie de terrorista, ni que los piquetes sindicales atenten contra los derechos de los trabajadores, ni que exista un extraño complot anarquista internacional terrorista.

El cambio está llegando, pero tiene que ser real. Y para ello, no se podrá justificar nada que no signifique amnistiar a todos los represaliados por luchar y depurar el aparato del estado.

Coloquio Presos/as políticos/as y presos/as sociales en el tardofranquismo. Afinidades y divergencias

GanemosCCOO

 

 

Lamentables maniobras del saliente gobierno de Aragón

Este contrato se haría por procedimiento negociado (el popular contrato “a dedo”) y sin publicidad.

Zaragoza – Los trabajadores del COA recibían con estupor en la mañana del lunes 25 de mayo, al día siguiente unas las elecciones autonómicas que siembran muchas dudas sobre la posible continuidad del ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi, la visita de una nueva empresa privada interesada en gestionar el Centro de Observación y Acogida. En este caso la empresa es Grupo Salud Mental Consulting SL, una empresa radicada en  Madrid donde es tristemente conocida por haber sido denunciada por malos tratos y por administrar medicación sin supervisión médica por varios antiguos residentes de uno de sus centros de menores, ubicado en la localidad de Galapagar.  

Los portavoces del Bloque Educativo del COA, también conocido como educadores en Lucha recuerdan que: “Estamos en Huelga Indefinida desde el 1 de Noviembre de 2014, en diciembre de 2014 se declaró el anterior concurso del COA desierto, la DGA negoció en secreto  con varias empresas que asumieran la gestión educativa del COA sin ningún éxito, pasó la campaña electoral con un silencio mortal alrededor del futuro del COA, un Servicio Social Básico que hay que recordar que lleva prorrogado desde mayo de 2014 con su actual adjudicataria, FAIM de forma irregular.” Estos mismos portavoces continúan alertando de que “después de todo este tiempo, Don Gonzalo Oliván y Dña Fernanda Rudi, miembros de un Gobierno de Aragón interino, un gobierno en funciones, sobre el que existen dudas en cuanto a su continuidad, están intentado, a nuestro parecer, adjudicar a toda prisa y a dedo, con un contrato sin publicidad, sin ningún tipo de control público ni parlamentario, un contrato millonario de más de tres millones de euros. Después de más de un año de prórroga irregular, después de más de medio año de conflicto social declarado, es incomprensible esta prisa para adjudicar el COA de la forma más opaca posible.”

Educadores en Lucha valora este movimiento del Gobierno de Aragón en funciones como: “vergonzoso, carente de toda ética, cultura democrática y de dudosa legalidad. Además trata de hipotecar claramente la gestión del posible próximo ejecutivo en relación a este Centro de Protección de Menores. De producirse este contrato en estas condiciones de total opacidad nos opondremos a dicha contratación por todas las vías legales y sindicales a nuestro alcance.”

Educadores en lucha ha hecho llegar a responsables del Grupo Salud mental Consulting SL una copia de la carta que hicieron llegar en el mes de marzo a las diversas entidades con las que estaba negociando el Gobierno de Aragón alertando de las condiciones irregulares y del nulo respeto a los derechos de los menores atendidos exhibidos por el antiguo ejecutivo en el proceso de contratación de la gestión educativa del COA. 

Bloque Educativo del COA

Una juez investiga a la prisión de Lugo

La juez Pilar de Lara, azote anticorrupción de políticos, empresarios, proxenetas y agentes del orden de todos los cuerpos, ha puesto el foco en quienes custodian a sus presos. En su juzgado, el número 1 de instrucción de Lugo, se acumulan ya más de una docena de casos que salpican a funcionarios, médicos e incluso al director de la cárcel lucense de Bonxe. Algunos, referidos a presuntas desatenciones sanitarias que derivaron en la muerte de varios reclusos; otros, a supuestos favores ilícitos y beneficios para presos VIP; alguno más, a posibles malos tratos entre rejas.

El enésimo caso abierto investiga la desgarradora historia de Santos Lage, un enfermo que agoniza después de consumir 22 de los 53 años de su vida en celdas, y que asegura que la cárcel de Bonxe le ha “robado cuatro años” de libertad. El exrecluso, nacido en Ortigueira (A Coruña), enfermo de VIH, hepatitis crónica, atrofia muscular, desnutrición extrema y varias dolencias más, declaró este martes ante De Lara y en la misma mañana fue examinado por un forense para determinar qué parte del deterioro físico de este extoxicómano se pudo deber a la mala atención de unos servicios médicos carcelarios que la juez vigila con lupa desde hace unos años.

Fuentes de los juzgados aseguran que Pilar de Lara, instructora de macrocausas como la Carioca (sobre supuestas mafias de trata de mujeres y prostitución) y la Pokémon (sobre corrupción política), ha decidido llevar “personalmente” este asunto, que ha despertado gran “interés” en ella. Debido al estado del enfermo, ha hecho un hueco entre los interrogatorios a imputados de los casos Pokémon y Cóndor (una presunta trama de blanqueo que implica a la firma de autobuses Monbus e incluso a militares madrileños) para citar al expresidiario. En las últimas semanas de espera, Santos Lage ha estado hospitalizado varias veces, como él mismo dice, para “resistir”. Otras fuentes próximas al caso aseguran que la declaración de ayer fue "muy satisfactoria”, y que durante cuatro horas Lage describió “muchos detalles” a la magistrada sobre su “calvario” en prisión.

El director de la cárcel de Bonxe, Modesto Gutiérrez, principal funcionario contra el que el exrecluso dirige su querella por prevaricación, no ha querido dar a este diario su versión de los hechos porque se trata de un asunto “judicializado”. “Tenemos toda la documentación preparada y en regla esperando a que nos la pidan” en el juzgado, comentaba anteayer por teléfono. “Los informes y hechos son los que son” pero “no quiero entrar a criticar: cada cual tiene que hacer su trabajo como profesional”, zanjaba en alusión a De Lara. Respecto a la cantidad de casos que se acumulan en los juzgados de Lugo, Gutiérrez entiende que se trata de un “efecto llamada”; ven que ha ido uno y van otros detrás.

Santos Lage cuenta que jamás fue informado de que tenía derecho a pedir la acumulación de las condenas (por delitos semejantes, en este caso de robo con intimidación o con violencia para procurarse la dosis, pero ninguno de sangre), y que por lo tanto su pena debería haberse reducido sustancialmente. Según su abogado, el asilado de origen colombiano Waldir Sinisterra, es responsabilidad de los servicios jurídicos de la prisión reunirse cada seis meses con el interno para revisar su situación, algo que, con Lage, según él, no se hizo.
En enero, después de varios ingresos hospitalarios de su cliente y a la vista del profundo deterioro de su salud, Sinisterra pidió la libertad condicional “por razones humanitarias”. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria se la denegó, dice, “basándose en el informe del médico” de prisión, que fue “aprobado por unanimidad por el director y la junta de tratamiento del centro penitenciario”. Allí se decía que Santos Lage “podía seguir delinquiendo”, recuerda el letrado, “cuando camina valiéndose de un bastón, y necesita tres cuartos de hora para recorrer 60 metros”. "Este es un sistema deshumanizado", lamenta el representante legal, "¿no lo veían consumiéndose y muriendo cada día? Cuatro años, e incluso cuatro meses de más en la cárcel, para Santos, es toda una vida".

Tras este intento fallido, Sinisterra optó por pedir la acumulación de condenas. Y lo hizo “a ciegas”, porque “a día de hoy, los servicios jurídicos del centro penitenciario no han facilitado el historial” con todas las sentencias de Lage. La respuesta no se demoró apenas: el 30 de marzo, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo concedía la libertad al preso. Según él, después de haberlo “retenido” tanto tiempo, lo "echaron a la calle sin previo aviso", sin dejarle telefonear a su abogado para que lo fuese a recoger y sin la medicación que necesita. Santos Lage toma “22 pastillas al día”, y durante una semana, hasta que gestionó la tarjeta de la sanidad pública gallega, solo tuvo aquellos fármacos que logró facilitarle la ONG que lo apoya, Aliad Ultreia. En los años que pasó entre rejas, al enfermo se le murieron el padre, la esposa y el hermano. Dice que nadie le avisó y que no pudo ir a los entierros. Cuando al fin, recuperada la libertad y sin familia viva, localizó a su abogado, le pidió dos cosas: ir a cenar pulpo e ir a ver las tumbas de sus parientes en A Coruña.

En la querella contra el director y los miembros de la junta de vigilancia penitenciaria de Bonxe, el exrecluso aporta documentación que supuestamente demuestra que en prisión no respetaron durante años la orden de un neumólogo del hospital público acerca de una medicina fundamental que debían suministrar al enfermo. El paciente relata, además, que su vida en la cárcel se tornó “invivible” cuando decidió recurrir al diario El Progreso de Lugo para denunciar sus problemas. Desde entonces, según recoge la querella, comenzaron las “represalias”. Recuerda que cuando tenía una crisis y buscaba ayuda en la enfermería de Bonxe el médico lo recibía diciéndole: “Vete con el periodista, a que te quite el dolor”, “te vas a comer toda la condena con patatas”.

En los juzgados de Lugo también hay diligencias sobre supuestos beneficios a presos privilegiados, como el empresario Jorge Dorribo, propietario de la empresa farmacéutica Nupel y principal imputado de la Operación Campeón, que durante un tiempo salpicó al exministro José Blanco. Según grabaciones telefónicas y varias declaraciones de imputados, incluido el propio Dorribo, el trato con él fue diferente, el director de Bonxe lo recibió en su despacho nada más llegar al centro y el preso jamás fue movido del módulo de ingresos para evitarle el trago de convivir con la población reclusa. Además, recibió regalos del exterior como una caja de puros Cohiba.

También salió a la luz que varios cabecillas de la trama de proxenetismo que desmanteló la Operación Carioca recibieron teléfonos móviles y pudieron llamar al exterior sin que quedase registro de ello. La juez ordenó el traslado a otra cárcel del jefe de la red, José Manuel García Adán, para evitar que pudiese encargar a colaboradores la destrucción de pruebas o amenazar al centenar largo de mujeres que se atrevieron a testificar contra él.

De Lara también quiere investigar los canales por los que supuestamente llega la droga a prisión. Según varios abogados consultados, a las familias y a los letrados se les revisa meticulosamente cuando van de visita y "parece imposible que entre nada por esta vía". Pero varias de las muertes acaecidas en extrañas circunstancias dentro de Bonxe en los últimos años fueron achacadas a sobredosis.

En 2013, la juez llegó a imputar al jefe médico de Bonxe por la muerte de un preso. Le atribuía los delitos de omisión del deber de prestar socorro, homicidio por imprudencia grave y falsedad en documento público. En un auto durísimo con la cárcel, De Lara defendía que la asistencia médica a Emilio Pena, padre de familia de 33 años que cumplía una condena de otros tres por un delito de lesiones, había sido "nula". Tenía "graves síntomas", pero recibió "una total y negativa falta de atención". El doctor Antonio Chorén le diagnosticó en el centro una enteritis, pero en realidad sufría pancreatitis aguda. El mismo día en que salió de permiso, sin poder apenas respirar ni caminar, su familia lo llevó a Urgencias y quedó ingresado. Ya no regresó a Bonxe porque murió a los tres días.
Según los testimonios que recogió la magistrada durante la investigación, el médico se negaba a explorar a Emilio Pena. "Ya estoy harto de verte aquí, no te quiero atender", le gritó al enfermo -según contó luego otro preso- cuando le fue a rogar que autorizase su ingreso en un hospital. La última vez que, tal y como recoge el auto de la juez, entró a implorarle asistencia, el facultativo se limitó a lanzarle desde el otro lado de la sala unos sobres de suero oral para aplacar esa falsa enteritis que no remitía. El mismo jefe médico estuvo imputado por la muerte de otro recluso por infarto en un corto plazo de tiempo. Durante la investigación, la juez descubrió que Chorén, el único autorizado para usar el desfibrilador en prisión, se ausentaba de su puesto en horario laboral, y que al enfermo solo se le pudo intentar reanimar manualmente. Sin embargo, los casos tuvieron que ser archivados el año pasado por la muerte del médico imputado.

"La situación de privación de libertad es sin duda de las más terribles que puede sufrir una persona", escribía Pilar de Lara en el auto con el que declaraba extinta la responsabilidad penal de Chorén. La atención sanitaria a los reclusos debe ser "no solo buena, sino extraordinaria" ya que "los internos están privados de la posibilidad de escoger uno u otro profesional, o de recurrir a una segunda opinión médica, debiendo confiar casi a ciegas en el criterio de los médicos que conforman el servicio de prisiones". "Para acudir a urgencias deben pasar el filtro del servicio de guardia" del centro penitenciario. Y "tan siquiera son libres de poder tomar la medicación dispensada por los especialistas del servicio general de salud".

El País

Presentación del libro Dejadnos aprender. Reflexiones desde la pedagogía libertaria

La Unidad Popular el único camino

Artículo de Alberto Garzón

 

En los últimos meses, miles de personas corrientes han dedicado innumerables esfuerzos a constituir las llamadas candidaturas de unidad popular en muchas ciudades del país. Protagonistas, ritmos, códigos políticos y hasta nombres y logotipos han variado de un lugar a otro. Los resultados, naturalmente, han sido igualmente dispares.

En la mayoría de las plazas electorales, por lo general municipios pequeños y medianos, ni siquiera se llegó a intentar porque no había con quién unirse. En muchos otros espacios los intentos acabaron empantanados en rocosas negociaciones entre distintos partidos, corrientes, facciones e intereses, derivando casi siempre en varias candidaturas enfrentadas entre sí. Y en pocos sitios, muy pocos, se concluyó con candidaturas que aglutinaban a la totalidad de los sujetos políticos contestatarios del territorio en cuestión. En definitiva, los procesos no han sido nada fáciles y han estado cruzados por ingentes obstáculos de distinta naturaleza (jurídicos, materiales, metodológicos… pero casi nunca, por cierto, político-programáticos).

Tras los resultados y con este complejo puzzle es fácil que cada cuál encuentre un hábil argumento con el que justificar una prejuiciosa posición sobre la unidad popular o sobre el tipo de unidad popular necesaria. Y eso ocurre incluso aunque se trabaje con votos y, por lo tanto, con números que conceden a nuestras ideas la siempre elegante apariencia de rigurosidad. Pero los economistas bien sabemos que los datos pueden siempre torturarse hasta que confiesen lo que nos apetece. Y aquí no es distinto, sea la lente morada, verde o roja.

¿Fue AhoraMadrid, Barcelona en comú o la Marea Atlántica la demostración de que la Unidad Popular es el instrumento para ganar las ciudades para la gente? Pues depende. Y a veces a esa duda seguirá una interminable lista de comparaciones y argumentos rocambolescos que, por lo que estoy viendo, tiene más de ingeniería social que de análisis político. Unos dirán que lo de AhoraMadrid era por la fuerza del liderazgo de Carmena; otros que ese liderazgo no existió en Coruña; otros que Zaragoza en común sacó los mismos votos que Podemos; otros que IU en Zamora consiguió en solitario un 30%; otros que Podemos sacó en Cádiz un 29% y Cádiz en Común un 8%; otros que si Ganemos Córdoba e IU Córdoba hubieran ido unidas se hubiese ganado la alcaldía… No faltarán argumentos o excusas para lo que sea.

Cuando algunos afirmamos que «la Unidad Popular es el único camino» estamos siendo ciertamente rotundos. Pero para explicarlo adecuadamente conviene añadir cuatro cuestiones relevantes. La primera, ¿a qué llamamos realmente Unidad Popular? La segunda, ¿para quién es el único camino? La tercera, ¿hacia dónde nos dirige ese camino? La cuarta, ¿cuál es el método de la Unidad Popular? Todas ellas son preguntas que me parecen esenciales.

En primer lugar porque la Unidad Popular no es una herramienta de comunicación política o una marca electoral. Es, muy al contrario, un instrumento político para transformar la sociedad. Y en tanto que la sociedad no se transforma únicamente mediante las elecciones, la Unidad Popular es algo más amplio que un acuerdo para conformar candidaturas electorales. La Unidad Popular son las mareas en defensa de los servicios públicos, las huelgas generales o las movilizaciones populares para detener desahucios. En todos esos momentos políticos hay transversalidad de actores (varios partidos, sindicatos o gente no adscrita a organizaciones) y en todos ellos hay fines políticos y medios enfocados desde la unidad. La hipótesis que subyace es que no es posible transformar la sociedad sólo ganando las elecciones o sin una ciudadanía activa que ejerce su papel continuamente. De ahí que una de las muchas y grandes enseñanzas que ofreció Ada Colau durante la gestación de Barcelona en comú fue la explícita intención de «luchar juntos en las instituciones lo que antes se había luchado juntas en las calles».

En segundo lugar, porque conviene desvelar al beneficiario de la Unidad Popular. Al fin y al cabo, lógicamente uno puede dudar de si quien sale verdaderamente favorecido con un proceso de Unidad Popular es el pueblo, como ente abstracto, o por el contrario el sujeto que recibirá el acta de concejal o de diputado. O incluso las formaciones que, en aras de la unidad, salvan su existencia electoral o mejoran sus ingresos económicos. De la misma forma que puede negarse la Unidad Popular exactamente por las mismas razones. Tanto da. A estas últimas posibilidades solemos llamarlas tacticismo, es decir, una toma de decisiones empujadas no por convicciones sino por razones de índole no esencialmente política.

Pero, en ausencia del siempre bochornoso tacticismo, ¿quién se beneficia de la Unidad Popular? A mi juicio, la gente corriente y sencilla. Los de abajo, la base explotada de un sistema político y económico diseñado para el saqueo y el expolio. Quienes organizándose políticamente pueden evitar la consolidación de un orden social regresivo dirigido por una minoría social. Es decir, quienes tienen en su mano evitar la consolidación del neoliberalismo como proyecto económico, social y civilizatorio. Sin Unidad Popular, sin mareas y sin candidaturas populares, el capitalismo se reajustará sobre la base de nuevas y dolorosas medidas contra la gente y el medio ambiente. No hace falta mirar al horizonte puesto que ya está sucediendo tal reajuste, entrando en un escenario de precariedad estructural. Esos son los retos ante los que la Unidad Popular es la respuesta. Así las cosas, la Unidad es necesaria no para las formaciones políticas y sus miembros, como maquinarias burocráticas o burócratas, sino para la gente y sus aspiraciones de vivir bien.

En tercer lugar, la Unidad Popular tiene objetivos políticos y no meramente electorales. Es decir, si hay que frenar al neoliberalismo y, además, construir otro mundo necesario y posible, necesitamos entender que no vale con aspiraciones mediocres -tanto electorales como no electorales. Dicho de otro modo, la Unidad Popular no aspira a conquistar el 20% del electorado sino a representar a la mayoría social y ser instrumento de cambio real. Eso significa que un 5%, 10% o 20% es siempre insuficiente. Del mismo modo que es contraproducente convertir lo que es un movimiento político y social en una maquinaria electoral. Estas son las críticas que siempre, desde mi militancia más activa, he realizado sin descanso a la deriva institucionalizada de IU.

Así las cosas la Unidad Popular se define en torno a un marco político-programático del que se está hablando muy poco. ¿Cómo van a poder resistir las candidaturas de unidad popular la reacción del poder económico? ¿qué tipo de coordinación popular necesitamos para desarrollar nuestros proyectos rupturistas? ¿cuál es la política de alianzas de una fuerza rupturista en un marco como el actual? ¿con qué cuadros y personas con preparación se cuenta para todo el proyecto? Todas estas preguntas, que son las verdaderamente cruciales, están demasiado abandonadas en beneficio de los cálculos electoralistas.

En cuarto lugar, la Unidad Popular ha de construirse desde abajo y de forma participativa. No podría ser de otra forma si hablamos de movimientos de democracia radical. Ahí los ecos muy actuales del 15-M, pero también de la Comuna de Paris. Sin embargo, los diseños concretos de los mecanismos pueden variar en función de contextos y realidades políticas. Lo que sí que no cabe es la vieja idea del “Frente Único por la Base”, que traducido al lenguaje coloquial es algo así como “la unidad popular soy yo”. Esa desastrosa idea fue dominante en los partidos comunistas de los años veinte y treinta, hasta que el fracaso estrepitoso hizo cambiar de estrategia. En España fue Bullejos quien, como secretario general del PCE, mantuvo hasta 1932 una posición dogmática y sectaria para impedir negociaciones con otras fuerzas políticas. Para Bullejos el PCE era en sí mismo la Unidad Popular. El fracaso de las izquierdas en las elecciones de 1933 –sólo un diputado por el PCE, y además en heterodoxa candidatura de unidad malagueña- catalizó los cambios y ya en 1936 cristalizó el Frente Popular. Al fin y al cabo, la Unidad Popular se construye desde la autonomía de todos los participantes y los socialistas no iban a entrar en la “Unidad Popular” del PCE bajo los aparatos del propio PCE.

Ahora bien, ¿por qué he querido hacer estas aclaraciones? Me parecía honesto señalar que los retos ante los que nos enfrentamos son tan grandes que requieren de la generosidad, el trabajo y el ánimo de todos nosotros. Y que eso comienza con hacer análisis adecuados y, en la medida de lo posible, desprovistos de juicios preestablecidos.

Para mí Ahora Madrid, Zaragoza en Común, la Marea Atlántica o Barcelona en comú sí son constataciones de que la Unidad Popular es el instrumento necesario. Y creo eso mismo porque han logrado romper el juego tradicional del bipartidismo, responsable político de la situación actual y del giro neoliberal. Me importa bien poco que las candidaturas de Unidad Popular hayan sacado más o menos votos que las de Podemos o IU en solitario. No me parece ese el debate.

Lo que me preocupa es que en las autonómicas no haya existido esa ruptura y que ninguna fuerza contestataria haya superado el 14% de votos de media. Pues ese voto político es el que puede trasladarse fácilmente a unas elecciones generales. Significativamente supondría abrir la puerta a un parlamento más plural pero también a un gobierno igualmente comprometido con la oligarquía y sus intereses. No obstante, me interesa, y mucho, lugares donde la suma generosa de esfuerzos ha irrumpido en el escenario o directamente ha roto el dominio del bipartidismo. Y eso ha ocurrido en bastantes municipios a través de las candidaturas de unidad popular. Pues es allí donde me parece que se ha interiorizado gran parte de las ideas anteriores, y donde muy especialmente se han superado los patriotismos de siglas por el patriotismo de clase, fracción de clase o como cada uno quiera llamar a las subjetividades compartidas que nacen de condiciones materiales compartidas.

Pienso, en consecuencia, que trabajar en esta idea de Unidad Popular de cara a unas elecciones generales puede romper la perversa dinámica actual –que es económica antes que política. Ello implica asumir que existirán muchas dificultades, enormes quizás, pero es que no hay alternativa si no queremos ver en unos años todos nuestros sueños carbonizados. Si no se consigue, efectivamente muchas organizaciones con las que la gente sencilla se siente por lo general muy bien representada seremos competidores electorales. Los resultados serán mejores o peores para cada una de las organizaciones, y mucho tiempo falta para definir esos espacios en liza, pero me temo que serán malos sin duda para la población en general. Una oportunidad histórica que podría perderse y de la que nos lamentaríamos enormemente en el futuro.

Lo hemos dicho otras veces: no nos jugamos las próximas elecciones sino las próximas generaciones. Y estar a la altura pasa, a mi juicio, por pensar políticamente. No es cuestión de sustituir una maquinaria electoral por otra o unos concejales por otros. Se trata de Política con mayúsculas. La que nos afecta a nuestras vidas sencillas.