El equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza declara su intención de recurrir nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) si el Gobierno de Aragón acuerda la gestión de este centro con cualquier empresa con idénticas condiciones a las del concurso que quedó desierto a finales de enero.
Según afirman desde Educadores en Lucha la DGA ha reconocido públicamente que actualmente está en un procedimiento negociado con tres empresas estatales para gestionar el COA con las mismas condiciones del pliego de contrato que quedó desierto recientemente.
Además, el pasado 17 de febrero Educadores en Lucha solicitó oficialmente acceso al expediente de contratación que según la ley de contratación pública debe obrar en manos del Gobierno de Aragón con las distintas ofertas de estas empresas para recabar toda la información posible sobre este procedimiento. “Hasta la fecha no se nos ha proporcionado está información a la que tenemos derecho tal y como se recoge Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, critican en un comunicado hecho público este viernes.
Las y los portavoces del equipo educativo del COA declaran: “Desde el Gobierno de Aragón afirman sin pudor que negocian con las mismas condiciones. Sin embargo, esas condiciones indignas y peligrosas son las que ninguna empresa quiso asumir en el pasado concurso del COA. ¿Por qué va a aceptar estas condiciones ahora una empresa nacional que no se presentó al anterior concurso? ¿Esa empresa tendrá algún tipo de compensación que desconozcamos y que no aparezca en la información pública?”.
Desde Educacores en Lucha recuerdan que el consejero Oliván y la directora del IASS, Cristina Gavín, “alardearon durante noviembre y diciembre, de que sus pliegos eran irreprochables, el consejero Oliván incluso declaró en medios locales que había negociado las condiciones del concurso con las empresas y que estas estaban de acuerdo”. Sin embargo, “cada vez es mas claro que el concurso del COA fue una chapuza, que provocó que tan solo una empresa se presentara al concurso, que esta empresa renunciara al centro ya adjudicado (ante la pasividad y debilidad del Gobierno de Aragón), que la gestión del COA lleve ocho meses prorrogada irregularmente sin que DGA haya pagado a la actual empresa (FAIM) en ese tiempo y sin que el Gobierno de Aragón parezca ser capaz de solucionar de manera responsable esta situación”, denuncian.
A juicio de Educadores en Lucha las fuentes de DGA que han reconocido la actual negociación con empresas “deberían explicar los motivos por los que repiten esas condiciones inadecuadas que ninguna empresa aceptó anteriormente cuando se pueden modificar legalmente, en claro benificio de los menores y de este servicio público”. “Sin embargo -continúan-, sí que amenazan veladamente con que de no lograr un acuerdo con una empresa, asumirán directamente la gestión del COA con personal público y que optarían por prescindir del actual equipo”.
En este sentido, manifiestan “alto y claro” que continuarán luchando por “unas condiciones de dignidad y seguridad para los niños y niñas del COA” aunque esto suponga “arriesgar nuestro puesto de trabajo” y recuerdan que “no hay nadie que pueda defender técnicamente la sustitución completa de un equipo educativo en un recurso tan delicado como el COA”. “Las y los educadores del COA no tenemos miedo, volveremos a recurrir la adjudicación del centro a cualquier empresa si no hay mejoras en las condiciones respecto al anterior concurso”, subrayan.
Por último, recuerdan en el comunicado que el equipo educativo del COA permanece en huelga indefinida desde el pasado 1 de noviembre al considerar que el pasado concurso de la gestión del COA significaba un maltrato institucional para las y los menores en protección que residan en el centro. “Nuestra opinión se argumenta en que dichas condiciones del pliego incumplen la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón al mismo tiempo que precarizan las condiciones laborales de las y los educadores”, concluyen.
