Avalancha de cámaras, fotógrafos y periodistas este mediodía [por ayer, 20 de enero] en el Colegio de Periodistas. Casi un centenar de personas, han asistido a la rueda de prensa convocada por colectivos de apoyo y algunas de las personas afectadas por el caso explicado en el documental Ciutat Morta'. Tras el estruendo mediático y político que supuso su emisión el pasado sábado en el Canal 33, las afectadas han reiterado de nuevo su voluntad de que se reabra el caso. Así lo han expuesto Rodrigo Lanza, uno de los condenados, su madre, Mariana Huidobro, Silvia Villullas, amiga de Patricia Heras, la abogada Laia Serra, Daniel Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional en Cataluña, Andrés García,miembro de la Comisión para la Prevención de la Tortura y Xapo Ortega, codirector del documental. Para todos ellos, la razón por la reapertura del caso, más allá de las nuevas pruebas que exige la fiscalía, se llevará a cabo porque consideran que nunca se investigó debidamente.
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Lanza ha recordado que por ahora sigue siendo culpable de un crimen que no cometió, mientras que Andrés García, ha insistido en que es necesario llegar al fondo de lo que pasó porque es la única garantía "de no repetición de casos como el del 4F", fecha en la que tuvieron lugar los hechos. García considera que el informe del que habló el ex alcalde Joan Clos en su momento, en el que se decía que el agente había recibido el golpe debido al lanzamiento de una maceta desde dentro del edificio, debe estar aunque en algún lugar y que es necesario que salga a la luz. Respecto al posible testigo que podría haber presenciado el lanzamiento de la maceta y la negativa de la Fiscalía a reabrir el caso porque no hay nuevas pruebas, Laia Serra manifestó que se debe tener claro "que la Fiscalía puede actuar de oficio" y que la carga de la reapertura no puede recaer "en las familias que fueron condenadas" y tampoco "sobre la familia del agente lesionado". Serra ha querido recalcar que más allá de nuevos testigos, una indagación completa de cómo se hizo la investigación, "apuntaría a nuevas pruebas".
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Lanza ha recordado que por ahora sigue siendo culpable de un crimen que no cometió, mientras que Andrés García, ha insistido en que es necesario llegar al fondo de lo que pasó porque es la única garantía "de no repetición de casos como el del 4F", fecha en la que tuvieron lugar los hechos. García considera que el informe del que habló el ex alcalde Joan Clos en su momento, en el que se decía que el agente había recibido el golpe debido al lanzamiento de una maceta desde dentro del edificio, debe estar aunque en algún lugar y que es necesario que salga a la luz. Respecto al posible testigo que podría haber presenciado el lanzamiento de la maceta y la negativa de la Fiscalía a reabrir el caso porque no hay nuevas pruebas, Laia Serra manifestó que se debe tener claro "que la Fiscalía puede actuar de oficio" y que la carga de la reapertura no puede recaer "en las familias que fueron condenadas" y tampoco "sobre la familia del agente lesionado". Serra ha querido recalcar que más allá de nuevos testigos, una indagación completa de cómo se hizo la investigación, "apuntaría a nuevas pruebas".
Mariana Huidobro, recordó cómo solicitó una entrevista a Joan Clos para saber por qué había desaparecido el informe del que hablaba. Clos se negó a recibirlos. Asimismo Huidobro recordó cómo se solicitó al también ex alcalde Jordi Hereu una explicación de por qué se borraron las pruebas en el lugar de los hechos. Hereu aceptó recibir la familia, pero después anuló la reunión por "problemas de agenda". Lanza, que ha recordado que para él la venganza "es que se sepa que pasan estas cosas", reiteró que la policía los detuvo por su estética y también por un componente racial, refiriéndose a su procedencia sudamericana: "fueron por nosotros porque éramos sudamericanos", porque se pensó que serían "más fáciles de condenar".
Durante la comparecencia, Silvia Villullas, que trabajaba de abogada en el departamento de recursos humanos de la empresa Segur Ibérica, ha denunciado que después de haber aparecido en el documental ha sido despedida. Segur Ibérica --empresa vinculada a cargos del PP-- ha sido acusada recientemente de estafar tanto al gobierno español como al catalán. En un comunicado la empresa ha negado estos hechos.
Por otra parte, el 20 de enero, el que era jefe de información de la Guardia Urbana en los momentos de los hechos, Víctor Gibanel, y actual jefe de la policía local de Gavà, anunció que leerá un comunicado en la sala de actos de la Biblioteca Josep Soler Vidal de la misma población, "ante las informaciones publicadas estos días en relación a los hechos acaecidos en Barcelona el 4 de febrero de 2006 y de la emisión del documental 'Ciutat Morta', tal y como ha informado en una nota el Ayuntamiento de Gavà.
