“El servicio de menores defiende los valores y costumbres que el Estado considera importantes, los de las clases acomodadas“, explica Javier Martín, psicólogo del servicio de menores de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta de Galiza, para quien los servicios de protección del menor llevan a cabo una labor de “fiscalización” y “control” que afecta principalmente a “las clases desheredadas, los marginales, los que están fuera de los circuitos normales del poder”.
Desde su trabajo cotidiano, este técnico de la administración observa que el sistema no busca intervenir en las familias, sino que, “en lo que invierte los recursos es en intentar separar a los niños de sus padres” y, así, “se gasta dinero en los centros; se les paga a los acogedores… y no se aplica ese dinero a las familias “. Un buen número de casos llegados a DIAGONAL en los últimos dos años de trabajo sobre menores respaldan esta intuición, casos de padres que aman a sus hijos y quieren cuidarlos, pero pierden su tutela y la guarda de los mismos al solicitar ayuda a la administración por motivos diversos. Es también una opinión compartida por profesionales del sector. Para Martín, esto es posible porque el sistema de protección es “un sistema extrajudicial, sin garantías jurídicas para los afectados”. Desde 1987 la decisión de declarar el desamparo dejó de estar en manos de jueces y son los técnicos quienes “evalúan, juzgan y sentencian”, apunta Martín.
Son precisamente un centenar de casos de este tipo los ya recopilados por la asociación en defensa de los menores y sus familias Aprodeme, que prepara una demanda contra el sistema de protección del menor que sigue avanzando. Debido a las dificultades de muchas familias para asumir los gastos del proceso –cien euros por caso– Francisco Cárdenas, padre catalán afectado y promotor de la iniciativa, se propone hacer un crowdfunding que, a su vez, le permita hacer un documental sobre esta dura realidad.
Técnicos como pseudojueces
Ferdinand Kome y Monike Mbakong, a quienes el Servicio de Protección del Menor del Gobierno de Cantabria retiró a su hijo por presunto maltrato tras varios ingresos hospitalarios que despertaron las alarmas, fueron absueltos en un juicio penal a mediados del mes de marzo. Una vez que el caso llegó a los tribunales, más de tres años después de la declaración de desamparo, la jueza Elvira Brualla consideró que no había pruebas de un maltrato que los servicios sociales daban por hecho, pues el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Dávila, y varios técnicos, explica Kome, les dijeron en diversas ocasiones que “nunca” recuperarían a su hijo.
El menor sigue, a sus ocho años, separado de sus padres biológicos, en una familia de acogida, y por espacio de tiempo indefinido, ya que sólo el juicio civil, que aún no tiene fecha, les puede devolver la tutela y guarda. Los testimonios de vecinos, educadores, profesores y psicólogos que la familia ofreció una y otra vez al Servicio de Protección del Menor nunca fueron escuchados. Para Martín, “no se buscan pruebas para defender a la gente, sino al contrario” porque “el fin no es apoyar, sino buscar otra familia”. El hijo de Kome y Mbakong, que estuvo a punto de ser adoptado, es una prueba de ello. Se calcula que de los niños acogidos, tan sólo entre un 10% y un 15% vuelve con sus padres alguna vez. Del total de niños tutelados, en torno a un 15% son adoptados, pero el resto pasa una media de seis o siete años acogidos o internados, esto es, institucionalizados.
El sistema de protección tiende a separar a los niños antes que intervenir en las familias
María Giraldez, abogada especializada en Derecho de Familia y Protección de menores de Giménez-Salinas, un despacho que ha llevado diversos casos de este tipo, coincide con Martín en señalar otro de los puntos negros del sistema de protección del menor, la falta de imparcialidad en este tipo de procesos, y la carencia de alguien que arbitre. Sólo llegado el juicio –civil en la mayoría de casos , y antes el penal, si hay indicios de delito–, se pueden impugnar las acusaciones, y esto implica una considerable dilación en los plazos, pues los casos pueden tardar años en llegar a los juzgados, más si hay cargos penales. Para Martín el sistema inviste a los técnicos de una cualidad de “pseudojueces” y “se combina la arbitrariedad de los juicios diagnósticos con la capacidad punitiva de las sanciones penales”.Kome, camerunés, cree que “los Servicios Sociales no entendieron que nosotros no somos de aquí, que tenemos la idea de educar y cuidar a los niños de allí”, con lo que apunta a un sesgo racista en los técnicos que los trataron. Entre las razones para acusarles de maltrato, se hallaba el suministro de aceite de palma al niño un día que se encontraba mal, lo cual fue planteado en los juicios civil y penal como intento de envenenamiento cuando en Camerún es práctica habitual. Por fortuna, la jueza no lo dio por válido.
Los ‘informes sobre informes’ que el Servicio de Protección emitió no fueron suficientes en esta ocasión. Sin embargo, Martín señala que “en torno al 80% de las decisiones se toman en base a informes que otros hacen” en los que suelen abundar “valores subjetivos, que dependen del técnico que los firme” y que “buscan un fin que es la adopción” para lo que “se buscan las pruebas que confirmen lo que los técnicos dicen”.
La ‘negligencia’ de ser pobre
A Pilar del Castillo le quitaron a los dos menores de sus cuatro hijos por ir a solicitar ayuda económica al Servicio de Menores del Institut Mallorquí d’Afers Socials. El impago del alquiler tras la pérdida por embarazo de un trabajo que los servicios sociales le habían conseguido supuso el comienzo de su via crucis. Su causa está incluida en la denuncia de Aprodeme, en la que Cárdenas señala que abundan los casos de este tipo. Tenían cuatro años el uno y 17 meses el otro.
“Trapichean con ellos”, denuncia Del Castillo, “primero en familia de acogida, a quien pagan, luego pasaron a una casa de acogida privada, que llevaban una monjas que cobraban 3.000 euros mensuales por cada niño, y por último el acogimiento familiar preadoptivo”. Y es que entidades como O’Belen, la reina del negocio con menores, se lucran con el acogimiento en todas sus formas. A Del Castillo le duele que se empleara dinero en separarla de sus hijos pero no en paliar su situación. Hoy día tiene trabajo, pero no a sus hijos. En su caso, como en tantos otros, los servicios sociales no quisieron dar a los niños a la familia extensa (abuelos, tías, etc.). Es otra de las cuestiones subrayadas por Javier Martín en su libro “Protección del menor, un sistema en crisis”: se tiende a considerar, sin base científica, que la familia extensa está “contaminada”, y no se les acepta pese a que en un 93% de los casos quieren colaborar. En Catalunya, desde junio de 2012, el proyecto piloto “Mi familia me acoge” de la Generalitat impulsa las acogidas en familias extensas, porque es la medida que “mejores resultados da”, explicaba el director general de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat, Josep Lluís Ortuño. Otros muchos profesionales coinciden en la idoneidad de este tipo de medida que, sin embargo, se aplica escasamente.
Otro de los puntos negros del sistema es señalado por Giraldez: la ausencia de derecho a la justicia gratuita en el procedimiento administrativo. Paralelo al civil y al penal –este último, en caso de que lo haya–, es “el día a día del menor”, señala, y aunque la mayoría de los padres no toman parte en él por falta de asesoría, a juicio de Giráldez es muy recomendable estar presente, ya que esto permite, por ejemplo, acceder a una vista del expediente que aporta valiosa información, y velar por la proporcionalidad de las medidas.
Aprodeme se enfrenta, David contra Goliat, a un sistema del que, señala Martín, además, “se deriva un entramado económico y organizativo que resulta un negocio lucrativo”.
Maltrato institucional
Separadas víctima de abuso y maltrato
M., cuyo caso recogió Save the children en el informe La justicia española frente al abuso sexual infantil, denunció a su marido por malos tratos cuando su hija tenía tres meses. A los seis meses, se suspendió la orden de alejamiento: ambas tenían que seguir viendo al padre. Pasados tres años, salió el juicio, y la acusación de maltrato no prosperó. Tras varias visitas al padre, aparecieron indicios de abuso sexual en la niña, que el hospital denunció y animó a denunciar a M. Ella decidió entonces pedir ayuda al servicio del menor. “Ahí es donde meto la pata”, explica. Le recomiendan, y acepta, renunciar “temporalmente” a la tutela, y la guarda pasa a su madre. Como menores interpreta sus denuncias como “conflicto parental”, algo que puede suponer no ver a su hija, M. decidió dejar de denunciar para no correr ese riesgo.
Juicio ganado por desamparo sin motivo
A Luis Alberto Hidalgo y María Carina Pujalto los servicios sociales cántabros les retiraron a su hijo hace año y medio, pero el 15 de marzo el juicio civil ha establecido que les sea devuelto. La declaración de desamparo se produjo un año y medio después de que los padres tuvieran desavenencias conyugales y “sin fundamento alguno”, explica Hidalgo. Además, cuando la jueza estableció como medida cautelar visitas al niño, los servicios sociales lo enviaron a Zaragoza. Durante todo este tiempo los padres han acudido sin descanso al Servicio del Menor a denunciar su situación exhibiendo la misma en carteles y han creado la asociación de protección infantil ASPI. Ahora esperan el cumplimiento de la sentencia y, una vez recuperen a su hijo, piensan pedir compensación por daños y perjuicios al Gobierno de Cantabria.
