BARCELONA // La Campaña Tanquem els CIE (cerremos los CIE) ha denunciado este viernes que en los últimos días varios internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona han sufrido agresiones por parte del personal policial que custodia el recinto. La organización recibió una llamada el pasado 31 de diciembre, coincidiendo con una concentración de protesta frente al centro, en la cual un interno les alertó de quevarios agentes estaban agrediendo a las personas encerradas: “Aquí están pegando a personas, se han llevado a tres, los matarán a golpes. Llama a alguien para que venga, ¡que venga alguien que los matarán!”, expresó el interno, según un comunicado difundido por la asociación.
Según los internos, desde la tarde del 31 de diciembre varias dotaciones de antidisturbios de la Policía Nacional “golpearon indiscriminadamente” a algunos de los inmigrantes recluidos, provocándoles “heridas graves” sin que por ello fueran trasladados a un centro médico. Explican que la madrugada del 1 de enero, coincidiendo con la celebración del nuevo año, agentes encargados de la custodia de las personas encerradas estuvieron consumiendo alcohol y molestando y humillando a algunas de ellas.
A raíz de estos incidentes, a la mañana siguiente un grupo de internos presentó una queja formal ante el director del centro. Varios testigos denuncian que esta acción les costó represalias por parte de los policías, que, según han explicado, irrumpieron en las duchas y golpearon de nuevo a algunos estando estos desnudos. Integrantes de la comisión médica de Tanquem els CIE han podido visitar el recinto este viernes y han confirmado que uno de ellos tenía la nariz rota, por lo que “después de insistir” ha sido trasladado a urgencias.
El CIE de la Zona Franca hace días que vive una situación más dramática de lo habitual. A principios de diciembre, un hombre de nacionalidad armenia murió en el centro. Según informó la policía, Alik, de 42 años de edad, se quitó la vida ahorcándose con los cordones de los zapatos. Sin embargo, varios internos denunciaron a las organizaciones humanitarias que la noche anterior había tenido un encontronazo con la policía y que durante varias horas estuvieron escuchando sus gritos desde la galería del piso superior. Por estos hechos, 40 internos se encuentran en huelga de hambre.
DEPORTACIONES DE TESTIGOS
El fin de semana posterior a los hechos, la Delegación del Gobierno en Cataluña ordenó la deportación de dos testigos claves de los sucesos, los que oyeron los gritos de Alik antes de que este falleciese. Tanquem els CIE denuncia que este jueves 2 de enero fue deportada una víctima de las agresiones de esta semana.
Por todos estos hechos, la asociación y abogados del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB han presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en la cual solicitan que se tome declaración a las víctimas, que pasen un reconocimiento médico y se detengan sus procedimientos de expulsión. Además, se han comunicado los hechos a los juzgados de control de los CIE de Barcelona y al Defensor del Pueblo.
El Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, ha informado de estos incidentes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al fiscal delegado en temas de extranjería y al ministro del Interior. Ribó considera “del todo necesario” que profesionales del equipo del Defensor del Pueblo visiten “inmediatamente” el CIE de la Zona Franca para contrastar directamente con los internos, “antes de que sean expulsados”, las informaciones de las que dispone, que apuntan a varios incidentes relacionados con intervención de la policía.
Ribó ha recordado también por carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en estos momentos “se ha superado con creces” el plazo fijado en la Ley de Extranjería para aprobar un reglamento que desarrolle el régimen de internamiento de los extranjeros recluidos en el CIE, por lo que ha insistido en la necesidad de que este se apruebe “sin más demora para evitar la situación actual de limbo jurídico en el que se encuentran los internos”.
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