La polémica en torno a las denuncias de presuntos malos tratos en el centro de menores 'Virgen de Valvanera' registró ayer nuevos capítulos en su doble vertiente: la judicial y la política.
Fundación Diagrama, gestora del centro, anunció el inicio ante los tribunales de los trámites para interponer una querella por injurias y calumnias contra el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, por sus «gravísimas acusaciones», que «son rotundamente falsas», señaló.
Además, la empresa, en un comunicado remitido ayer, explica que «es la primera interesada en que la Fiscalía investigue la denuncia presentada». Diagrama, que recuerda que su labor está «en constante comunicación y supervisión de la Administración autonómica competente, el Juzgado de Menores y la Fiscalía de Menores», asevera que «está colaborando desde el primer momento con la Justicia, como siempre lo ha hecho, para aclarar estas acusaciones».
A la decisión de la Junta de Fiscales también se refirió ayer el propio Miguel González de Legarra, quien mostró su satisfacción con la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias de investigación penales. «Felicito a los fiscales por su decisión de intervenir de inmediato y porque tienen la intención de resolver estas diligencias pronto», aseveró Legarra quien se puso «a disposición de la Fiscalía para aportar toda la información de la que pueda disponer».
«Si mi intervención sirve para que se aclare lo sucedido, podré mostrarme plenamente satisfecho», remachó el mandatario regionalista, que se ratificó en todas sus denuncias. Tras insistir en que la directora y el subdirector están imputados por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de un menor, el diputado regionalista recordó que existe un informe de un médico forense del Instituto de Medicina Legal, en el que se constatan las agresiones sufridas por ese adolescente.
Retirada la gestión en Madrid
«Yo no creo que la utilización de celdas de castigo, esposas y grilletes o los registros con desnudos integrales puedan calificarse como situaciones normalizadas, prácticas que, además, están prohibidas con menores por la legislación internacional», resaltó.
Por ello, el presidente del PR+ denunció la actitud mantenida por el Ejecutivo regional, críticas que centró en el consejero de Justicia, Emilio del Río, a quien volvió a exigir que comparezca en el Parlamento de La Rioja. «Su actuación no es digna de lo que se espera de un responsable público, porque ni informa de lo que sucede en el centro ni lo investiga». «En vez de investigar, el consejero se pavonea por el centro y pone a Diagrama como ejemplo de gestión», prosiguió Legarra, quien recordó que la Comunidad de Madrid ha retirado a la Fundación Diagrama la gestión de tres centros de menores. «O Del Río no se entera, algo impensable conociendo su intrigante personalidad y su capacidad de control informativo, o habrá que pensar que sus intereses personales le llevan a ser cómplice de la situación», zanjó.
Desde el PP de La Rioja, tras advertir al político regionalista de que «deberá demostrar sus graves denuncias o responder ante la Justicia», se aseguró que «por el bien de los menores y la tranquilidad de sus familias, que es lo verdaderamente importante, no pueden quedar impunes unas acusaciones falsas tan graves, por mucho que ahora el señor Legarra quiera rebajarlas».
