La externalización evoca, poéticamente, una tormenta torrencial sobre un suelo reseco y agrietado, empobreciendo el sustrato, para así perpetuar la carestía y la sequia, dejando un oscuro futuro de anchas grietas. Durante la última década hemos visto como se han utilizado nuevas estrategias empresariales en las que las grandes empresas y los organismos públicos, entregan ciertas actividades propias de la empresa u organismo, a otra empresa especializada, por medio de alguna fórmula reguladora, como un contrato, para obtener mayor beneficio y un supuesto aumento de la productividad.
Esto ha generado un profundo cambio en la vida laboral de millones de trabajadores traducido en una gran precarización de las condiciones laborales y de sus puestos de trabajo, sin olvidar el empobrecimiento de los servicios prestados a los usuarios. ¿Cómo sale más barato y más rentable la producción si la hace otro? Definitivamente, la gran empresa traslada el riesgo y los costes a la pequeña empresa u organismo especializado y esta a su vez, se cobra sus ganancias con la reducción de la calidad del servicio y empeorando las condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto en nombre del sagrado crecimiento económico (el de las elites). Ellos ganan más; Nosotros pagamos los costes por medio de la bajada constante de salarios, la precariedad y la deficiencia en los recursos y servicios.
En el mundo de la intervención social se ha producido este fenómeno como consecuencia de los ataques neocapitalistas al estado de bienestar y la imposibilidad del estado para generar recursos suficientes que cubran las necesidades y demandas. Necesidades, demandas no satisfechas y problemas, originados en su mayoría, por una economía de mercado desequilibrada, ineficiente e injusta. Los propios economistas reconocen los fallos de mercado, al no cumplirse el principal postulado del sistema (la búsqueda del interés individual genera buenos resultados para la sociedad en su conjunto). Así el estado gestor de los Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Seguridad Social (los cuatro pilares del estado de bienestar), ha externalizado sus servicios a una multitud de entes con diferentes intereses, imitando a las grandes empresas para conseguir un doble objetivo:
• Reducir el gasto social, tal como le exigen desde la órbita neocapitalista e incrementar el beneficio de terceros e interesados.
• Salvar la responsabilidad ante el incumplimiento de ciertas metas o en la protección y mantenimiento de derechos y libertades. Así se protegen los políticos, elites funcionariales y consejeros nombrados a dedo.
Lo público pasa a manos privadas, generando en su transformación precariedad y deficiencia en la atención a los destinatarios. La gestión que estaba en manos de políticos, ahora es compartida también por empresarios e interesados. El dinero público pasa a manos privadas en forma de subvenciones o contratos, a la par que son otorgados aquellos agraciados que los políticos consideran afines o que pueden cumplir sus objetivos. Este proceso tiene dos puntas de lanza:
• El Sector Privado: Serían aquellas organizaciones cuyas iniciativas están reguladas por el libre mercado e interviniendo mediante la gestión de servicios y programas de acción social, asistencia socio sanitaria, etc. Su objetivo es el beneficio particular inmediato y por tanto no podemos dejar de preguntarnos: ¿De dónde surge el beneficio económico perseguido por las empresas, en una actividad cuya rentabilidad económica directa y a corto plazo es nula? La pregunta nos lleva a la respuesta antes expuesta: recortes que provocan la precariedad laboral y la deficiencia en la atención de los usuarios o destinatarios. Aunque también hay que mencionar la existencia de servicios especializados cuyo coste hace que su aprovechamiento quede en manos de unos pocos (como residencia privadas, guarderías, sanidad privada, etc), y cuyo elevado precio queda justificado por la búsqueda del beneficio, dejando de lado los objetivos sociales y la solidaridad.
• El Tercer sector: Abarcaría aquellas iniciativas sociales de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que a través de varios tipos de organización actuarían para impulsar niveles de bienestar en cualquiera de los cuatro grandes ámbitos. Se ha querido ver en la abundancia de estas organizaciones un surgimiento de la sociedad civil, con ciertos grados de flexibilización pero cuya independencia de gestión se ve muy sesgada debido a que su principal fuente de ingresos son las subvenciones públicas. Este Tercer Sector está compuesto por una miríada de Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y Fundaciones; esta última figura jurídica merecería un artículo aparte debió a que su concepción parece diseñada para el escamoteo de dinero por parte de elites económicas y políticas, mediante la evasión fiscal, la colocación de familiares o el aprovechamiento de subvenciones, etc. Muestra de la escasa independencia, las administraciones han articulado una gran variedad de fórmulas jurídico-administrativas de corresponsabilidad como mecanismos reguladores (control y tutela, fomento, contratos, conciertos, convenios y subvenciones).
Los trabajadores de la intervención social quedan enfrentados a los retos y conflictos provocados por el mundo de la subcontrata y la constante externalización, como el resto de compañeros de otros ramos pero sufriendo la precariedad laboral agravada por dos elementos:
1. La extorsión emocional para detener las reivindicaciones de los trabajadores, bajo la amenaza del empeoramiento del servicio y de la atención de los destinatarios y usuarios de los servicios.
2. Imposición de códigos deontológicos por parte de las instituciones y organizaciones empleadoras, a través de reglamentos y procedimientos que esperan generar un tipo de conducta en sus empleados y en su desempeño laboral, atentando contra la libertad de conciencia. Códigos que en su mayoría reproducen los problemas estructurales y sistémicos debido a una visión individualista que no tiene en cuenta el contexto social, y obviando, muchas veces interesadamente, un análisis crítico del sistema. Así se perpetúa el falso mito del agente social que atenúa las problemáticas sin propiciar el cambio que las solucione definitivamente.
Podemos concluir que estas estrategias empresariales chocan de frente contra los principios básicos de la filosofía anarquista (participación, solidaridad, autogestión, etc.): Falsa Autogestión de entes no gubernamentales debido a su dependencia con las instancias estatales que buscan cierta flexibilidad para buscar otros objetivos que poco tienen que ver con el cambio social. Negación de la Solidaridad al someter los objetivos sociales a las necesidades de la economía de mercado. Sustitución del apoyo mutuo por la búsqueda del interés individual de modo exclusivo.
Sindicato de Enseñanza e Intervención Social CNT Madrid
