Los colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales de Sevilla dan un paso que puede contribuir a diluir el clima de impunidad e indefensión que se vive en las retiradas de tutela. Noticia completa de ABC
Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20101222...
Convenio de los colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para crear un turno de oficio en la protección de menores SEVILLA Las familias biológicas que se enfrentan a la retirada de sus menores por parte de la Administración no saben que tiene derecho desde este estadío previo a la fase judicial a un abogado de oficio —en la mayoría de los casos carecen de recursos para contratar a uno— ni medios para recabar los informes periciales de profesionales que aportar en la fase probatoria una vez que estén delante del juez.
Por ello los colegios sevillanos de Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales firmaron ayer un convenio de colaboración con la intención de que se instituyan turnos de oficio en los dos últimos, porque el primero ya tiene uno desde 2002, con idea de que, desde el primer momento, las familias biológicas cuenten con medios probatorios, como los tiene la Administración, «y pagados de los bolsillos de los contribuyentes» con los que ejercitar su derecho constitucional (artículo 24 de la Carta Magna) de la tutela judicial efectiva. El citado protocolo de colaboración fue firmado por los representantes de los citados colegios, José Joaquín Gallardo, Margarita Laviana y Alicia Piqué, respectivamente, porque «hemos observado que en los procedimientos de protección de menores cuando las madres, abuelos, familiares o allegados del menor objeto de una medida de protección acuden a los juzgados carecen de medios probatorios y quedan fuera, en consecuencia, muchos datos que son de vital importancia al momento de resolver sobre el presente y el futuro del niño».
Lo más inmediato que van a hacer es reclamar a la Administración autonómica ayuda para este proyecto «que tiene un coste económico ínfimo y que es cuestión, sobre todo, de voluntad política», dijo Gallardo. Falta de información Los profesionales piden a la Administración que se asesore a las familias de que tienen derecho a un abogado de oficio En el pasado ya se dirigieron al anterior equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía pero no «hubo contestación».
«Ahora es el momento —añadió el decano de los abogados sevillanos— porque estamos unidos los profesionales, no hay coste económico, se haría un bien social y sobre todo aliviaría el calvario que tienen que pasar las familias, los niños y todos los que trabajamos en estos temas». Pero además, y si bien dichos expertos desconfiaron de las estadísticas, en Andalucía el 30% de las familias rozan el umbral de la pobreza y la miseria que se está generando con la crisis es caldo de cultivo para la retirada de menores de sus familias.
Como Laviana y Piqué, Gallardo recalcó que por ley estas familias tienen derecho a ser informadas de que pueden contar con un abogado de oficio desde el momento en que se inicia el proceso, algo que al parecer, no sucede con la frecuencia deseada.
Asunción García Acosta de Pro Derechos Humanos del Menor, que trabaja a pie de calle en estos caso, advirtió que una vez que la retirada entra en sede judicial es muy difícil volver atrás por lo que en «vía administrativa, desde el primer momento, hay que asesorar a estas personas».
«Yo he visto un caso —relató— de una familia estupenda que le retiraron al niño porque no iba con asiduidad a la escuela». Por su parte, el letrado experto en menores, Gabriel Velamazán, reclamó a la Administración que apoye estos turnos frutos del convenio firmado y recordó que en Sevilla ha habido casos escandalosos como, por ejemplo, el de Carmen Fernández, que murió con doce sentencias ganadas que no se ejecutaron y, una vez fallecida, la Junta la indemnizó con 1.703.600 euros.
Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20101222...
Convenio de los colegios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para crear un turno de oficio en la protección de menores SEVILLA Las familias biológicas que se enfrentan a la retirada de sus menores por parte de la Administración no saben que tiene derecho desde este estadío previo a la fase judicial a un abogado de oficio —en la mayoría de los casos carecen de recursos para contratar a uno— ni medios para recabar los informes periciales de profesionales que aportar en la fase probatoria una vez que estén delante del juez.
Por ello los colegios sevillanos de Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales firmaron ayer un convenio de colaboración con la intención de que se instituyan turnos de oficio en los dos últimos, porque el primero ya tiene uno desde 2002, con idea de que, desde el primer momento, las familias biológicas cuenten con medios probatorios, como los tiene la Administración, «y pagados de los bolsillos de los contribuyentes» con los que ejercitar su derecho constitucional (artículo 24 de la Carta Magna) de la tutela judicial efectiva. El citado protocolo de colaboración fue firmado por los representantes de los citados colegios, José Joaquín Gallardo, Margarita Laviana y Alicia Piqué, respectivamente, porque «hemos observado que en los procedimientos de protección de menores cuando las madres, abuelos, familiares o allegados del menor objeto de una medida de protección acuden a los juzgados carecen de medios probatorios y quedan fuera, en consecuencia, muchos datos que son de vital importancia al momento de resolver sobre el presente y el futuro del niño».
Lo más inmediato que van a hacer es reclamar a la Administración autonómica ayuda para este proyecto «que tiene un coste económico ínfimo y que es cuestión, sobre todo, de voluntad política», dijo Gallardo. Falta de información Los profesionales piden a la Administración que se asesore a las familias de que tienen derecho a un abogado de oficio En el pasado ya se dirigieron al anterior equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía pero no «hubo contestación».
«Ahora es el momento —añadió el decano de los abogados sevillanos— porque estamos unidos los profesionales, no hay coste económico, se haría un bien social y sobre todo aliviaría el calvario que tienen que pasar las familias, los niños y todos los que trabajamos en estos temas». Pero además, y si bien dichos expertos desconfiaron de las estadísticas, en Andalucía el 30% de las familias rozan el umbral de la pobreza y la miseria que se está generando con la crisis es caldo de cultivo para la retirada de menores de sus familias.
Como Laviana y Piqué, Gallardo recalcó que por ley estas familias tienen derecho a ser informadas de que pueden contar con un abogado de oficio desde el momento en que se inicia el proceso, algo que al parecer, no sucede con la frecuencia deseada.
Asunción García Acosta de Pro Derechos Humanos del Menor, que trabaja a pie de calle en estos caso, advirtió que una vez que la retirada entra en sede judicial es muy difícil volver atrás por lo que en «vía administrativa, desde el primer momento, hay que asesorar a estas personas».
«Yo he visto un caso —relató— de una familia estupenda que le retiraron al niño porque no iba con asiduidad a la escuela». Por su parte, el letrado experto en menores, Gabriel Velamazán, reclamó a la Administración que apoye estos turnos frutos del convenio firmado y recordó que en Sevilla ha habido casos escandalosos como, por ejemplo, el de Carmen Fernández, que murió con doce sentencias ganadas que no se ejecutaron y, una vez fallecida, la Junta la indemnizó con 1.703.600 euros.
