La falta de control y la dejadez de la Administración permite que las entidades privadas que gestionan los centros de menores privilegien objetivos de rentabilidad.
Patricia Manrique (Redacción Cantabria)Miércoles 16 de marzo de 2011. Número 145 Número 146
“Me han quitado la tutela por razones laborales. Trabajo de nueve a seis, de lunes a domingo y sólo libro un día a la semana. Que la Comunidad de Madrid y el centro de Picón me hayan hecho eso, y a mi hijo, que ha intentado ahorcarse dos veces, es muy grave”, afirma Marisa Garros, madre de D. M.G., un chaval de 14 años que desde diciembre del pasado año se encuentra ‘huido’, para vivir de nuevo con su madre, del centro de protección terapeútico Picón. En este centro, gestionado por la Fundación O’Belen en Paracuellos del Jarama (Madrid) y que acumula numerosas denuncias, se suicidó, en 2008, Hamid A., un chico de 13 años.
A preguntas de DIAGONAL, la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (CAM), tutora legal de D., afirma, dos meses después de la ‘fuga’, no tener noticias de chavales huídos de Picón. “Están cobrando por mi hijo todavía, ese dinero me lo tenían que estar dando a mí”, señala Marisa. “He dicho a Servicios Sociales que no quiero dinero, pero que me pongan a alguien para que el niño no esté solo mientras trabajo”. Pese a que D. lleva tres meses sin estar en el centro, O’Belen sigue cobrando de la CAM 5.200 euros al mes por encargarse de él.
Dejación de la Administración
El negocio de los centros de menores sigue viento en popa pese al escándalo que levantaron, hace ahora dos años, las denuncias del Defensor del Pueblo y de Amnistía Internacional. La privatización no ha cesado y más del 90% de los centros terapéuticos, para menores diagnosticados como con ‘problemas de conducta’, continúa en manos privadas. Además las comunidades autónomas no sólo subrogan la atención de los menores en desamparo –los centros de tutela–, a entidades supuestamente sin ánimo de lucro, sino que “el seguimiento de los mecanismos de acogimiento familiar y todo tipo de informes también lo llevan a cabo empresas privadas”, afirma José Luis Calvo, portavoz de Prodeni, una asociación que lleva más de 20 años defendiendo los derechos de los niños.
“Todo lo que se cuece en la vida de los menores cae bajo la competencia de equipos educativos de centros privados que la Administración asume sin contraste ni supervisión”, sostiene Calvo. Hay “muchos casos que muestran que la decisión de separar a padres e hijos está en manos de empresas privadas” lo que es muy preocupante ya que “hay intereses muy directos, en cuanto que los menores tutelados son dinero, negocio”. Luis Prieto, profesor de bachillerato y ex educador de un centro de menores en la Fundación Resilis, en Catalunya, va más allá. “Se exageran los informes”, afirma, “si un chaval es un poco movidito, se le envía de un centro de tutela a un centro de educación intensiva” donde “cobran más por el chaval porque la ratio es más elevada y hay más elementos de seguridad”.
Considera que la falta de control por parte de la Administración genera escenarios preocupantes: “Es muy grave que una misma fundación pueda crearse sus propios clientes a partir de informes que muchas veces son dudosos”. Esto da lugar a lo que Santiago Agustín, psicólogo que trabajó en el centro terapéutico de la Jarosa de O’Belen al que denunció, denomina “clientes cautivos”. “Los chavales son atendidos a la fuerza por estas empresas, y como dichas empresas van a ganar el mismo dinero, les traten como les traten, el trato es malo”.
Calvo ha sido invitado a intervenir ante la Comisión especial del Senado sobre la Adopción, comisión que ha estudiado el sistema de protección de los cerca de 30.000 menores en desamparo tutelados por las distintas administraciones. En su informe emitido en noviembre de 2010, la Comisión insistía en que “la colaboración del sector privado en la gestión no puede obviar la dirección, el control y la responsabilidad de las administraciones públicas”.
Hay otro aspecto que pesamucho en cómo funcionan los centros de menores. En su informe de enero de 2009, el Defensor del Pueblo criticaba la incidencia de las malas condiciones laborales de los trabajadores en el trato dispensado a los chavales. Y señalaba el “alto índice de rotación”, “sueldos de 800 euros de media” y la “práctica inexistencia de formación continua”. Una situación que produce en estos trabajadores el denominado “síndrome de Burnout” según denuncia Amnistía Internacional (AI), en sus informes. Un desgaste profesional debido a “una demanda excesiva de energías, fuerzas y recursos” que también ha sido recogido en sus conclusiones por la Comisión del Senado.
Nuevo Futuro, una ONG con un abultado presupuesto y cuya presidencia honorífica ostenta Pilar de Borbón, ha sido llevada a juicio en Sevilla y Donostia por los despidos improcedentes de trabajadores que denunciaron turnos de 72 horas seguidas o la imposición de horas extraordinarias, muchas de ellas no reconocidas ni pagadas. En cuanto a O’Belen, basta ver las bajas voluntarias solicitadas en un año en sus centros para hacerse una idea de las condiciones laborales. El informe del Defensor recogía estos datos: la palma se la llevaba el centro de Picón con un total de 48 bajas. Para Prieto, el perfil que se busca en estos centros es el de personas “que sean capaces de imponerse, que tengan presencia física. Buscan un tonto útil o personas que se rindan a sus códigos pedagógicos: pegar, humillar, aislar”. “El que va con idea de educar allí no tiene nada que hacer”, sentencia.
O’Belen, la bestia negra
En el entramado de las entidades que gestionan centros de menores, destaca la Fundación O’Belen como bestia negra de trabajadores y chavales protegidos. Aunque el revuelo causado por la difusión de los abusos que recogían los informes de AI y del Defensor del Pueblo le ha costado el cierre de cuatro centros –uno en Cuenca y Canarias y dos en Madrid–, y perder la adjudicación de unos terrenos en Murcia para construir otro más, O’Belen abre centros como el de Argomilla de Cayón (Cantabria). Y amplia su actividad: la gestión de recursos de acogimiento familiar (lo que le permitiría rentabilizar los futuros cambios legislativos respecto al mismo) y su expansión internacional (en 2010, el gobierno golpista de Honduras se comprometió a firmar con O’Belén un convenio para un proyecto piloto para jóvenes). Además, existen rumores de que pudiera pretender dar el salto a la salud mental infanto-juvenil.
FUNDACIÓN O’BELEN RELACIONADA CON EL PARTIDO POPULAR Fundada por un grupo de políticos y empresarios, en su mayoría vinculados al PP, esta ‘entidad sin ánimo de lucro’ se financia en más de un 90% con dinero que le entregan las administraciones. Tras el escándalo que levantó el informes del Defensor del Pueblo, en enero de 2009, su presidente Emilio Pinto, un diplomado en magisterio que fue portavoz del PP de Sigüenza (Guadalajara), dejó el cargo.
La presidencia pasó a manos de Javier San Sebastián, hermano de la periodista Isabel San Sebastián. Según reza en su memoria de 2009, la fundación comenzaba “una nueva era”, en la que San Sebastián está acompañado en el nuevo patronato de otros ’nuevos fichajes’ cercanos al PP como Pedro Nuñez de Morgades, ex defensor del menor de la CAM y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, o Pilar Cernuda, periodista colaboradora en Telemadrid o el ABC entre otros medios conservadores. En la gerencia permanece Carlos Moreno, ex concejal en Sigüenza por el PP.
