Desde hace años, numerosos colectivos sociales están denunciando la
vulneración sistemática de derechos en los centros de menores, especialmente en
los centros de reforma (cárceles para menores infractores) y en los llamados
centros terapéuticos (centros de la red de protección donde son internados
menores supuestamente aquejados de un trastorno de conducta). En 2009, el
Defensor del Pueblo hizo público un durísimo informe sobre los centros
terapéuticos, en el que se recogían numerosas irregularidades: privación de
libertad con carácter indefinido sin tutela judicial ni asistencia letrada,
abuso de psicofármacos, utilización de celdas de aislamiento (que en algunos
casos llega a definir como “mazmorras medievales”), castigos vejatorios, uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza, vulneración del derecho a la
intimidad, registros con desnudo integral injustificados…El informe también
refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los
trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la
continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del
Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y
3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores
era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen).
A su vez, el informe denuncia dejación de funciones por parte de las
distintas administraciones que ejercen un deficiente control sobre el
funcionamiento de los centros, así como las carencias en la intervención con
las familias de los menores y la escasa eficacia de los programas terapéuticos
(las altas en los centros se producen mayoritariamente por el traslado a otro
centro o por el cumplimiento de la mayoría de edad del interno, y no por la
superación de los objetivos programados). Las investigaciones de Amnistía
Internacional llegaron a conclusiones muy similares. Todo esto podría llevar a
pensar que el sistema no está realmente orientado hacia el interés superior del
menor, sino a establecer mecanismos de control social y a beneficiar a las
empresas gestoras de este tipo de centros (la gran mayoría están privatizados).
En el mencionado informe, los centros peor parados son gestionados por
la Fundación Internacional O´Belen. De hecho, tras la publicación del informe,
el fallecimiento de varios niños bajo su custodia y la movilización social en
su contra, su presidente tuvo que dimitir y varios de sus centros fueron
clausurados (los menores internos en sus centros de Castilla La Mancha pasaron
a ser atendidos en un nuevo centro de titularidad y gestión pública). Además,
el escándalo propició el impulso de modificaciones normativas, como la creación
de un nuevo protocolo de actuación para estos centros por parte de la Comisión
Interautonómica de Directores Generales de Infancia (aunque no es vinculante
para las partes). A su vez, se iniciaron los trabajos parlamentarios para
actualizar la legislación sobre protección a la infancia y para la modificación
complementaria del Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil (paralizados tras la llegada al gobierno
del PP).
Pero desde el entorno de O´Belen no se quedaron de brazos cruzados.
Por un lado, se dedicaron a criminalizar a los menores atendidos en sus centros
de protección para intentar desviar la atención de sus responsabilidades. Y por
otro, iniciaron una serie de actuaciones contra uno de los educadores que
denunció ante el Defensor del Pueblo y públicamente lo que ocurría en sus
centros. No sólo perdió su empleo (la empresa tuvo que admitir la improcedencia
de su despido) y fue difamado, sino que además recibió un aluvión de demandas
de conciliación (la mayoría de los denunciantes ni siquiera se presentaron) y
una querella penal por injurias (archivada ante el reiterado incumplimiento de
los requerimientos del juzgado por parte del querellante), por lo que ha tenido
que personarse una veintena de veces en juzgados de Madrid y Guadalajara, con
los trastornos laborales y personales que esto significa.
Y ahora, el próximo 19 de septiembre tiene que presentarse en Plaza de
Castilla para declarar como imputado por un delito de calumnias tras la
denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (presidente de O´Belen) y Paloma
Martín (ex gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y actual directora
general de ordenación e inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid). Ante esta situación,
exigimos el archivo inmediato de esta causa y el cese de los ataques al
compañero que cumplió con su obligación como educador al denunciar las
graves irregularidades ya comentadas.
Así mismo, consideramos urgente reabrir el debate sobre los mecanismos
de protección a la infancia. Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las
medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los menores en
todos los centros (tanto de protección como de reforma), basando su
funcionamiento interno en el cumplimiento de nuestra legislación vigente (Ley de
Autonomía del Paciente, 2002) y de la normativa internacional (Reglas de
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990).
Deben implantarse, como mínimo, las siguientes medidas:
· Prohibición de las penas de aislamiento y de cualquier
castigo cruel, inhumano o degradante (art. 67 Reglas de la ONU)
· Restricción del uso de la coerción y la fuerza
(art. 64 Reglas de la ONU)
· Facilitar el contacto del menor con la comunidad,
autorizándose la comunicación con familiares, amigos y representantes de
organizaciones de reconocido prestigio (art. 59 Reglas de la ONU)
· Prohibición de la medicación forzosa, respetándose
el consentimiento informado.
Conscientes de las nefastas consecuencias que
privatización y recortes tienen tanto para los usuarios como para los
trabajadores del sector, exigimos que el lucro empresarial salga de la ecuación
de los servicios sociales. Exigimos que los recursos destinados a garantizar
los derechos de la ciudadanía sean de titularidad y gestión pública.
CONCENTRACIÓN
JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE, 10:00 HS
FRENTE A LOS
JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA
·
EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
· NI RECORTES NI PRIVATIZACIÓN. POR UNOS SERVICIOS
SOCIALES PÚBLICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE CALIDAD
