Desde
hace años, numerosos colectivos sociales están denunciando la
vulneración sistemática de derechos en los centros de menores,
especialmente en los centros de reforma (cárceles para menores
infractores) y en los llamados centros terapéuticos (centros de la
red de protección donde son internados menores supuestamente
aquejados de un trastorno de conducta). En 2009, el Defensor del
Pueblo hizo público un durísimo informe sobre los centros
terapéuticos, en el que se recogían numerosas irregularidades:
privación de libertad con carácter
indefinido sin tutela judicial ni
asistencia letrada, abuso de
psicofármacos, utilización de celdas
de aislamiento, castigos vejatorios,
uso excesivo de la fuerza, registros con desnudo integral
injustificados…
El informe también refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y 3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen). Las investigaciones de Amnistía Internacional llegaron a conclusiones muy similares. Todo esto indica que el sistema no está orientado hacia el interés superior del menor, sino a establecer mecanismos de control social y a beneficiar a las empresas gestoras de este tipo de centros (la gran mayoría están privatizados).
El informe también refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y 3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen). Las investigaciones de Amnistía Internacional llegaron a conclusiones muy similares. Todo esto indica que el sistema no está orientado hacia el interés superior del menor, sino a establecer mecanismos de control social y a beneficiar a las empresas gestoras de este tipo de centros (la gran mayoría están privatizados).
En
el mencionado informe, los centros peor parados son gestionados por
la Fundación Internacional O´Belen. De hecho, tras la publicación
del informe, el fallecimiento de varios niños bajo su custodia y la
movilización social en su contra, su presidente (Emilio
Pinto) tuvo que dimitir y varios de sus
centros fueron clausurados.
Pero desde el entorno de O´Belen iniciaron una serie de actuaciones contra uno de los educadores que denunció ante el Defensor del Pueblo y públicamente lo que ocurría en sus centros. No sólo perdió su empleo (la empresa tuvo que admitir la improcedencia de su despido) y fue difamado, sino que además recibió un aluvión de demandas de conciliación (la mayoría de los denunciantes ni siquiera se presentaron) y una querella penal por injurias (archivada ante el reiterado incumplimiento de los requerimientos del juzgado por parte del querellante), por lo que ha tenido que personarse una veintena de veces en juzgados de Madrid y Guadalajara, con los trastornos laborales y personales que esto significa.
Y recientemente tuvo que declarar como imputado por un delito de calumnias en Plaza de Castilla, tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (presidente de O´Belen) y a la que se ha sumado la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, exigimos el archivo inmediato de esta causa y el cese de los ataques al compañero, que cumplió con su obligación como educador al denunciar las graves irregularidades ya comentadas. Así mismo, consideramos urgente reabrir el debate sobre los mecanismos de protección a la infancia. Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los menores en los distintos tipos de centro:
Pero desde el entorno de O´Belen iniciaron una serie de actuaciones contra uno de los educadores que denunció ante el Defensor del Pueblo y públicamente lo que ocurría en sus centros. No sólo perdió su empleo (la empresa tuvo que admitir la improcedencia de su despido) y fue difamado, sino que además recibió un aluvión de demandas de conciliación (la mayoría de los denunciantes ni siquiera se presentaron) y una querella penal por injurias (archivada ante el reiterado incumplimiento de los requerimientos del juzgado por parte del querellante), por lo que ha tenido que personarse una veintena de veces en juzgados de Madrid y Guadalajara, con los trastornos laborales y personales que esto significa.
Y recientemente tuvo que declarar como imputado por un delito de calumnias en Plaza de Castilla, tras la denuncia interpuesta por Javier San Sebastián (presidente de O´Belen) y a la que se ha sumado la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, exigimos el archivo inmediato de esta causa y el cese de los ataques al compañero, que cumplió con su obligación como educador al denunciar las graves irregularidades ya comentadas. Así mismo, consideramos urgente reabrir el debate sobre los mecanismos de protección a la infancia. Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los menores en los distintos tipos de centro:
·
Prohibición de las penas de aislamiento
y de cualquier castigo cruel o degradante.
·
Restricción del uso de la coerción y
la fuerza.
·
Facilitar el contacto del menor con la
comunidad, autorizándose la comunicación con
familiares,
amigos y representantes de organizaciones de reconocido prestigio.
·
Prohibición de la medicación forzosa,
respetándose el consentimiento informado.
NI
RECORTES NI PRIVATIZACIÓN
¡FUERA EMPRESAS DE LOS SERVICOS SOCIALES!
¡FUERA EMPRESAS DE LOS SERVICOS SOCIALES!
