Jueves, 9 de julio del 2015
La fiscalía investiga la actuación de la dirección del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Petít Príncep, en Santa Coloma de Gramenet, ante la denuncia de anomalías en la gestión, como maltratos y negligencias en el control médico, así como de una posible violación entre
menores de edad tutelados en sus instalaciones. La decisión del
ministerio público de incoar diligencias llegó la semana pasada, cinco
meses después de que la Dirección General de'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) decidiera apartar del cargo a la anterior directora, Elisa Trujillo,
y proponer una inhabilitación de cinco años. La fiscalía tiene seis
meses para culminar las pesquisas y decidir si formaliza la denuncia
contra Trujillo, que ha negado todas las acusaciones.
El origen de las indagaciones se remonta a octubre del año pasado, cuando un grupo de personas que conocen el funcionamiento del CRAE denunciaron la situación al Síndic de Greuges, que la trasladó a la DGAIA para que iniciase gestiones. «Exponían situaciones de maltrato psicológico, negligencias y posible apropiación indebida de fondos del centro», expone Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic.
La DGAIA, dependiente de la Conselleria de Benestar i Família, abrió expediente al centro tras constatar el trato discriminatorio hacia algunos menores, la aplicación arbitraria del reglamento y la comisión de otras irregularidades, que podrían extenderse a educadores del centro, y que se saldaron con la finalización del contrato de gestión del centro a la empresa de la que Trujillo era presidenta. La nueva concesión se adjudicó el mes pasado por un concurso tramitado con carácter urgente.
Otros dos expedientes se iniciaron contra la propia Trujillo y contra su hermana Ángela, responsable de la salud de los chavales, por maltrato psicológico, falta del seguimiento psicológico adecuado y administración farmacológica inadecuada. Una de las acusaciones se centra en la pasividad ante el caso de un menor con discapacidad y con VIH que tenía una conducta sexual distorsionada y acabó violando a otro menor del centro al no haberse adoptado medidas preventivas.
La exdirectora negó las acusaciones que se han vertido sobre ella y denunció a la DGAIA por «falta de transparencia» y por vulnerar su presunción de inocencia, según su abogada. Trujillo presentó un recurso ante la decisión de Benestar de expedientarla y apartarla de la gestión del centro. La letrada sostuvo que las acusaciones de su defendida «son falsas y podrían ser constitutivos de delito», al tiempo que reconoció la violación de un menor por parte de otro, pero descartó que estos hechos engrosen el expediente contra la directora del centro ni la responsable de salud. Además señaló como responsable a la Administración al no haber hecho caso a la directora cuando recomendó no mantener al autor de la agresión en ese CRAE.
El origen de las indagaciones se remonta a octubre del año pasado, cuando un grupo de personas que conocen el funcionamiento del CRAE denunciaron la situación al Síndic de Greuges, que la trasladó a la DGAIA para que iniciase gestiones. «Exponían situaciones de maltrato psicológico, negligencias y posible apropiación indebida de fondos del centro», expone Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic.
La DGAIA, dependiente de la Conselleria de Benestar i Família, abrió expediente al centro tras constatar el trato discriminatorio hacia algunos menores, la aplicación arbitraria del reglamento y la comisión de otras irregularidades, que podrían extenderse a educadores del centro, y que se saldaron con la finalización del contrato de gestión del centro a la empresa de la que Trujillo era presidenta. La nueva concesión se adjudicó el mes pasado por un concurso tramitado con carácter urgente.
Otros dos expedientes se iniciaron contra la propia Trujillo y contra su hermana Ángela, responsable de la salud de los chavales, por maltrato psicológico, falta del seguimiento psicológico adecuado y administración farmacológica inadecuada. Una de las acusaciones se centra en la pasividad ante el caso de un menor con discapacidad y con VIH que tenía una conducta sexual distorsionada y acabó violando a otro menor del centro al no haberse adoptado medidas preventivas.
DESPROPORCIÓN
Las denuncias coinciden en buena medida con la exposición de Luis, nombre ficticio con el que se identifica un educador social que trabajó cuatro años en el Petit Príncep. «Eran frecuentes las ofensas verbales y los comentarios racistas, así como desvelar en público datos íntimos de un menor, como que su madre era prostituta», explica. Una extrabajadora que no quiere revelar su nombre recuerda las «actuaciones desproporcionadas» tanto en contenciones como en el cumplimiento de castigos que los responsables solían infligir a los menores.
La exdirectora negó las acusaciones que se han vertido sobre ella y denunció a la DGAIA por «falta de transparencia» y por vulnerar su presunción de inocencia, según su abogada. Trujillo presentó un recurso ante la decisión de Benestar de expedientarla y apartarla de la gestión del centro. La letrada sostuvo que las acusaciones de su defendida «son falsas y podrían ser constitutivos de delito», al tiempo que reconoció la violación de un menor por parte de otro, pero descartó que estos hechos engrosen el expediente contra la directora del centro ni la responsable de salud. Además señaló como responsable a la Administración al no haber hecho caso a la directora cuando recomendó no mantener al autor de la agresión en ese CRAE.
