Extraído de Público
No todo son despidos y empeoramiento de las condiciones del trabajador. 4.800 trabajadores de residencias de la tercera edad y centros de día de Gipuzkoa, en su inmensa mayoría mujeres, han conseguido un imposible hasta ahora: tumbar la reforma laboral. La presión de los sindicatos ELA y LAB junto a la unión de las trabajadoras, en huelga indefinida desde el 13 de mayo, ha conseguido que 34 de las 58 residencias de mayores de la provincia de Gipuzkoa (Euskadi) firmen convenios de empresa que mejoran sustancialmente las condiciones establecidas en la reforma, entre ellas la indemnización de 45 días por despido.
"Es un éxito sin precedentes. Es un ejemplo de que se puede dar la vuelta a la reforma laboral con sindicalismo de confrontación y organizado. Somos el primer sector a nivel estatal que tiene una ingeniería laboral que elimina totalmente la reforma", dice Iñigo Zubeldia, representante del sindicato vasco ELA.
El camino hasta este punto, cercano al éxito total, no ha sido fácil. El conflicto se inició el 19 de octubre de 2012 cuando se constituyó la mesa de negociación sectorial de centros de personas mayores de Gipuzkoa. Las posiciones no podían estar más enfrentadas. Los sindicatos, ELA y LAB, proponían un acuerdo que mejorase la reforma laboral. La patronal, por su parte, se negaba a negociar cualquier punto de mejora a sabiendas de que el tiempo corría en su favor. Si para el 7 de julio de 2013, fecha en la que caduca el actual convenio, no se había llegado a un acuerdo, pasaría a aplicarse el convenio estatal. En la práctica, esto supone 400 euros menos mensuales de salario para los trabajadores por 200 horas de trabajo anual más.
La reacción sindical fue rápida y el camino de lucha elegido, el de la confrontación directa, no les ha traído hasta el momento malos resultados. Entre las mejoras reconocidas en este convenio de empresa único se encuentra el mantenimiento de los 45 días de indemnización en caso de despido improcedente (no 33 como dicta la reforma), la prohibición de despedir trabajadores acogiéndose a días de baja por enfermedad común, el mantenimiento del 100% del salario en la primera baja por enfermedad común y la eliminación del 10% de flexibilidad laboral que permitía a las empresas comunicar variaciones en los horarios del mes con 48 horas de antelación.
"Este último punto era crucial para nosotros. Estamos hablando de un sector en el que el 98% de los trabajadores son mujeres que, en su mayoría, tienen hijos", destaca Zubeldia. Pero la mejora va más allá y recoge otras clausulas contra el trabajo precario. Por ejemplo, ninguna empresa podrá contratar a nuevo personal hasta que todas los empleados tengan una jornada completa. "De esta manera, se elimina la posibilidad de múltiples contratos por horas o jornada parcial que no dan ni para comer ni para cotizar a la seguridad social lo suficiente", añade Zubeldia.
La estrategia seguida por ELA y LAB pasa por presionar a las empresas individualmente para que firmen una a una ante la imposibilidad de firmar un nuevo convenio provincial favorable a los intereses del trabajador. "Si no podíamos alcanzar un acuerdo provincial debíamos buscar que la patronal firmara convenios de empresa individuales que recogieran nuestras demandas", dice Zubeldia.
La herramienta elegida para llevar a cabo su estrategia fue la más clásica de todas: la huelga. La primera, de tres días, a finales de febrero. El segundo aviso, de cinco días, durante la primera semana de mayo. El tercero y definitivo, una huelga indefinida que comenzó el 13 de mayo y que, advierten los sindicatos, continuará hasta que las 14 empresas que hasta ahora se han negado a firmar acepten las condiciones de las trabajadoras. Cuando una empresa firma el convenio, las trabajadoras vuelven automáticamente a trabajar.
Además, la presión también ha sido trasladada a la calle. Desde hace semanas, las trabajadoras mantienen una acampada en el bulevar de Donosti y en las plazas de otros municipios de la provincia de Euskadi como Zubaya o Rentería. Asimismo, cada viernes las trabajadoras de toda la provincia se desplazan hasta Donosti para participar en una manifestación que semanalmente reúne a alrededor de 1.000 trabajadoras.
Elena Arbina, de Donosti, es una de las miles de trabajadoras en lucha del sector. El centro en el que ella trabaja firmó el nuevo convenio de empresa el 26 abril, tras un primer paro de las trabajadoras de tres días, por lo que Elena regresó un día más tarde al trabajo. Sin embargo, esta mujer continúa acudiendo cada día a la acampada junto al resto de sus compañeras de oficio y manifestándose todos los viernes. Su lucha particular ya finalizó pero no la de todas las compañeras.
"Ahora más que nunca tenemos que luchar. Se trata de nuestro futuro y el de los nuestros. Mi empresa firmó. Yo ya estoy 100% reincorporada a mi trabajo pero sigo manifestándome por los derechos de mis compañeras. Por solidaridad", afirma esta mujer de 37 años.
La asociación de empresarios vascos Gipuzkoa (Adegi), dentro de la cual se encuadran algunas de las empresas que gestionan los centros de personas mayores y que se niegan a firmar el convenio de empresa propuesto por los sindicatos, ha argumentado, por su parte, que es imposible asumir las demandas laborales de los trabajadores porque de hacerlo supondría "la quiebra" para sus empresas. "Es una propuesta excesivamente abusiva", han señalado fuentes de la patronal a Público.
En este sentido, las empresas han solicitado al Gobierno vasco la mediación de un árbitro "neutral" que evalúe la situación y concluya si son justas o no las condiciones que exigen los trabajadores. "Nosotros somos un sector sin ánimo de lucro pero no nos podemos permitir perder dinero. Si firmamos la propuesta que quieren los sindicatos entraremos directamente en pérdidas y eso compromete nuestra viabilidad", aseguran estas fuentes.
La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu y de la que dependen los centros de atención a la tercera edad, ha ampliado los fondos destinados a las empresas que gestionan estos centros de 8,2 millones de euros a 9,2 millones estableciendo como condición que las empresas receptoras de estos fondos satisfagan las demandas de los trabajadores.
"No es cierto que el nuevo convenio comprometa la viabilidad de las empresas. La realidad es que la patronal lo que quiere es blindar su margen de beneficios en la explotación de servicios públicos y se está mostrando dispuesta a secuestrar el conflicto y a las trabajadoras para alcanzar sus fines. Nosotros, por nuestra parte, nos hemos propuesto reducir el margen de beneficios de las empresas que explotan servicios públicos y no precarizar, aún más, el trabajo de las cuidadoras", explica a Público Ander Rodríguez, diputado de política social por Gipuzkoa (Bildu) y responsable directo de la gestión política de los centros.
La patronal, por su parte, ha presentado una demanda ante la Justicia contra la Diputación por inmiscuirse en el conflicto. "Cuando nos dicen que no somos imparciales, tienen razón. La Diputación Foral de Gipuzkoa no puede ser indiferente a la precarización del empleo de un sector que depende directamente de nosotros. No podemos ser imparciales cuando lo que está en juego es la precarización del empleo de los trabajadores", sentencia Rodríguez.
