El Ministerio de Interior está
encerrando en el CIE de Zapadores a embarazadas, mujeres lactantes y personas
que tienen menores a su cargo, afectando a su salud e incrementando la
vulnerabilidad de los niños y niñas que dependen de ellas. Estas personas, que
han sido detenidas y encerradas por carecer de permiso de residencia, no
cuentan con ningún tipo de atención especial acorde con su situación sino que
tienen que someterse a las deficientes condiciones de vida del CIE que
denuncian quienes tienen que sufrir esta reclusión. En los últimos meses hemos
conocido los casos de dos embarazadas, una mujer que estaba dando el pecho a su
bebé y dos personas con hijas de corta edad que dependen de ellas.
Hace aproximadamente un mes, una
pareja fue detenida y en Zapadores fueron separados en las celdas destinadas a
hombres y en las de mujeres. Ella estaba embarazada y de su cuidado se
encargaron principalmente las internas ya que la única atención sanitaria que
recibió fueron las visitas periódicas, en su horario laboral, al médico de la
empresa privada contratada por el ministerio para atender en el CIE, según han
explicado varias personas a integrantes de la Campaña por el Cierre de los
Centros de Internamiento para Extranjeros. Su compañero, desesperado por la
situación, se autolesionó cortándose en varias partes del cuerpo. Cuando lo
trajeron de vuelta del hospital, donde le dieron varios puntos, lo metieron en
una celda de aislamiento. Al día siguiente fueron expulsados los dos: él, con
las heridas aún recientes y ella, en pleno periodo gestacional. Ni siquiera se
molestaron en cumplir con la orden de noviembre de 2012 del juzgado de
instrucción nº 3 de Valencia -que ejerce el control jurisdiccional sobre el CIE
de Zapadores- que obliga a la dirección del CIE a avisar previamente a las
personas que van a ser deportadas. A principios de abril, una mujer paraguaya
embarazada de seis meses también fue recluida en el CIE y deportada
En las mismas fechas, una mujer
boliviana que lleva varios años residiendo en España fue detenida en plena
calle y se le separó de su hija de mes y medio, a quien estaba amamantando,
argumentando que no estaba en condiciones de cuidar de ella. La policía dio
parte del caso a la fiscalía de menores. Al ser encerrada en Zapadores, el bebé
quedó a cargo de su padre, pero tuvieron que contratar a una mujer para que la
cuidara y la llevara algunos días al CIE desde Gandia, donde vive la familia.
En el horario de visitas de familiares, dependiendo del criterio del policía de
turno, se permitía que el bebé pasara al lado de la mampara donde estaba la
madre para que ésta la pudiera tener entre sus brazos los 10 minutos que duraba
cada encuentro. El director del CIE se negó a que el bebé pudiera estar con la
madre durante las dos horas establecidas para visitas de familiares. Hay que
recordar que el juzgado de instrucción nº 3 ordenó en abril de 2011 que las
mamparas existentes en la sala de visitas “no supongan un obstáculo para el contacto
directo entre internos y visitantes”, pero la dirección del CIE se ha limitado
a eliminar una pequeña rejilla por donde las personas únicamente pueden darse
la mano. Finalmente, esta mujer, tras pasar 26 días encerrada y preocupada por
el estado de salud de su hija a la que no había podido amamantar desde que
ingresó en el CIE, fue puesta en libertad. Por su parte, la fiscalía de menores
la consideró capaz de hacerse cargo de la niña y ha vuelto a su hogar con su
familia, pero ya no puede dar pecho a su hija porque se le cortó la leche
mientras permanecía encerrada.
Además de estos casos, también hemos conocido la situación
de varias personas que han sido recluidas e incluso expulsadas a pesar de tener
hijos, nacidos en España, que estaban bajo su custodia. Hace varias semanas,
una mujer fue expulsada a su país de origen mientras su niña, de 6 años, se
quedaba en España; durante el tiempo que estuvo en Zapadores sólo pudo hablar
por teléfono con su hija gracias a que otras personas internas le prestaban
dinero para poder llamar. Desde el pasado 17 de abril permanece encerrado un
hombre marroquí, que tiene una niña de 14 meses y cuya compañera está
embarazada de cinco meses. Esta persona lleva casi cuatro años viviendo en
España sin poder obtener el permiso de residencia porque nunca le hacen
contrato en los trabajos que ha ejercido. Su compañera y su hija están
malviviendo del subsidio de desempleo que se acaba en dos meses. Si finalmente
le expulsan, ellas y el bebé que nacerá quedarán absolutamente desamparadas
pues no tienen familia en España. La mujer acude diariamente a Zapadores con su
bebé para visitar a su marido y tiene que presentar una instancia para que le
dejen pasar la pequeña al otro lado de la mampara para que pueda abrazarla;
ella sólo pude hablar con él a a través del cristal.
Estas situaciones son una clara vulneración de los convenios
internacionales de protección de la infancia y la familia, y, además, suponen
el incumplimiento de las propias disposiciones del Ministerio del Interior que
anunció que no se internarían en los CIE a inmigrantes que pudieran demostrar
su arraigo social en España: no hay mayor arraigo que el hecho de que todas
estas personas son o iban a ser madres o padres de niños y niñas españoles.
