Una niña de 9 años lleva ingresada en un centro de menores de Vigo desde hace ocho meses a la espera de que la juez que instruye el caso, cuyo juicio se celebró el pasado 9 de diciembre, dicte sentencia sobre su custodia. Sara ingresó en julio de 2010 en el centro Mensajeros de la Paz como medida cautelar, en principio por 21 días, por un supuesto incumplimiento del régimen de visitas por parte de la familia materna, que se ampara en que la niña se negaba a ver a su padre.
Los progenitores llevan litigando desde 2004, cuando la madre presentó la primera de las cinco denuncias contabilizadas hasta 2007 contra su ex marido por supuestos abusos sexuales sobre la menor. El padre, por su parte, había denunciado a la madre, por la vía penal, por falsas acusaciones y por incumplimiento del régimen de visitas.
La madre de la menor y la directora de la Fundación Campus Stellae, Nuria Pereira, se reunieron recientemente con dos funcionarias de la Consellería de Bienestar tras enviar sendas cartas a la titular del departamento, Beatriz Mato, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Nuria Pereira explica a EFE que desde la administración les han trasladado que no pueden intervenir en el caso, ya que está en procedimiento judicial, y que se remiten a los informes que le traslada el centro de menores de Mensajeros de la Paz.
Pereira denuncia que a la niña se le está practicando un «borrado de memoria» y se la «intenta alejar de la madre», ya que «la censuran cuando la abraza» cuando la va a visitar una hora por semana «bajo la custodia» de las cuidadoras del centro. Además, sostiene que a la menor le han quitado una foto de su madre que guardaba en su cartera y un pañuelo que le había regalado con la colonia que utiliza.
Como medida cautelar, la familia materna y la Fundación Campus Stelae reclaman que a la niña la cambien de centro mientras la juez no se pronuncia sobre su custodia.
Antes de la celebración del juicio el pasado 9 de diciembre, reanudado dos años después de que fuera suspendido, la madre de Sara, Pilar Quinteiro, declaró que con el ingreso en un centro tutelado «querían castigar a la madre, pero a quien están castigando realmente es a la niña».
Recordó que en 2004, cuando Sara tenía tres años, empezaron a sospechar de abusos sexuales del padre por «comentarios y comportamientos raros» que hacía la niña, y que fue al año siguiente cuando detectaron lesiones en genitales y el ano que fueron recogidas en diversos informes médicos. Sin embargo, cuando los casos eran derivados a instancias judiciales siempre quedaban archivados, algo de lo que la madre responsabilizó a «una forense» del Juzgado de Primera Instancia de Vigo que podría, según dijo, haber «coaccionado» a sus compañeros para que hicieran la vista gorda.
Nuria Pereira, del Instituto Campus Stellae, habló entonces de una «cadena de errores procedimentales» de la que dio traslado al Valedor do Pobo y al Consejo General del Poder Judicial. Ni el padre ni su representación legal hicieron declaraciones y eludieron la presencia de los medios que acudieron a cubrir la información al Juzgado de Familia de Vigo.
