MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de LLano, ha subrayado la necesidad de que se realice un catálogo de medidas sancionadoras y disciplinarias dirigidas a los niños internos en centros de menores con trastornos de conducta con el objetivo de evitar "situaciones arbitrarias que vulneren sus derechos fundamentales".
Durante su comparecencia en la Comisión de Adopción Nacional en el Senado, Cava de Llano ha señalado que este protocolo común tiene que realizarse con urgencia y ha descartado dejar en manos de los cuidadores y de los profesionales que trabajan en estos centros la decisión de determinadas medidas.
"Estas medidas deben estar perfectamente tipificadas", ha insistido la Defensora, ante las denuncias de organizaciones y de menores internos que han sido privados de libertad, sufrido castigos y contenciones "desproporcionadas" o también han sido medicados sin ningún tipo de prescripción médica.
Asimismo, ha señalado la necesidad de establecer más medios para prevenir situaciones conflictivas en los menores y ha advertido de que su internamiento debe ser "el último recurso" y, por tanto, tiene que ser "con carácter excepcional". "Hay que poner en marcha medidas de prevención y tener en cuenta el pleno respeto a los derechos de los menores", ha recordado.
En este sentido, Cava de Llano ha señalado que los menores deben contar con una atención jurídica gratuita, no del centro en el que está internado, sino de un abogado de oficio ajeno al mismo. "El menor tiene derecho a ser escuchado antes de que se determine su internamiento o cualquier otra medida", ha aseverado, para añadir que también tiene derecho a reclamar y recurrir las medidas que se adopten sobre su situación.
La Defensora ha aprovechado su comparecencia para denunciar la "enorme controversia" que existe a la hora de determinar si los menores padecen problemas de comportamiento o trastornos de naturaleza psiquiátrica. Así, ha celebrado el anuncio de la ministra de Sanidad Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de poner en marcha la especialidad médica de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que, a su juicio, "ayudará a diagnosticar mejor a estos niños".
EN UN AÑO, 45 BAJAS DE CUIDADORES DE UN CENTRO
"Llevamos muchos años esperando esta especialidad", ha recordado la Defensora, que también ha dicho que cree a la ministra de Sanidad y que espera que "cumpla con su palabra" y que este real decreto se apruebe antes de fin de año.
Para Cava de Llano, la especialización y formación de los profesionales que trabajan en los centros de menores es "fundamental" y ha alertado del elevado número de bajas laborales en estos centros, no sin reconocer que este trabajo es "durísimo".
Así, ha puesto como ejemplo que en el centro de menores con trastornos de conducta madrileño de Picón del Jarama hubo en un solo año 45 bajas laborales. "Se trata de un personal muy desmotivado y con una altísima rotación", ha lamentado, para añadir que "esto repercute negativamente en los internos".
Sobre la gestión de estas instalaciones, la Defensora ha advertido de que a la institución que preside no le corresponde decir si la mejor fórmula es la privada o la pública. Sin embargo, ha señalado que, aunque la gestión sea privada, las administraciones no deben olvidarse de que estos niños están bajo su tutela y que los centros deben ser controlados.
"No puede haber dejación de funciones", ha aseverado. Asimismo, ha dicho que los 3.810 euros que las organizaciones reciben de media por menor al mes es una cantidad suficiente para garantizar la atención adecuada a estos niños.
