Calvo, portavoz de una asociación que lleva más de 20 años defendiendo a los menores, fue uno de los expertos consultados por la Comisión del Senado sobre Adopción.
PATRICIA MANRIQUE (REDACCIÓN CANTABRIA)
DIAGONAL: ¿Cómo valoras la atención a los menores en desamparo? JOSE LUIS CALVO: La parte de protección se ha desarrollado muchísimo, lo que ha dado lugar al negocio de los centros de menores por todos conocido, pero ha quedado muy poco dotada de medios y muy mal parada la prevención. Para ésta se toman algunas medidas pero los recursos son muy escasos.Tendrían que ponerse a disposición de los municipios servicios de educadores de calle, figura que tuvo su vigencia hace años, sobre todo en Cataluña, y que ha desaparecido. Profesionales que trabajaran en coordinación con los servicios sociales y cuya misión es estar en el barrio, patear los colegios, los ámbitos donde se mueven los niños y mediar entre las familias y los distintos sistemas creando dispositivos de intervención para paliar y mejorar sus condiciones.Deberían existir más recursos para prevenir que para intervenir y así se reduciría la actuación de jueces y fiscales en el campo penal juvenil. Está estudiado que no se producirían más gastos sino, incluso, menos. Y aunque la inversión en tener unos mínimos servicios de prevención fuera enorme, al final en el cómputo global, el coste será menor, porque se reducirían los enormes gastos que generan fiscales, jueces, psicólogos, trabajadores sociales, vigilantes… La prevención es la gran ausente del sistema de protección en España. Los tímidos pasos que se han dado son claramente insuficientes y no pueden opacar la realidad de esta deficiencia.
D.: Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con la gestión privada de los centros de menores, ¿la ley que se está preparando no debería incorporar algún tipo de mecanismo para no repetir el error en el sistema de acogimiento familiar y de adopción?
J.L.C.: El 75% del servicio de protección de menores está en manos privadas, es un negocio muy lucrativo y está gestionado por entidades y fundaciones con ventajas que no tiene la empresa privada. Esa es la cabeza del problema. ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en estas fundaciones y cuánto les llega a los educadores y qué contratos precarios tienen? No cuadra. Tampoco cuadra la miseria que pasan los chavales. Estoy harto de cartas en las que me cuentan lo mal que comen, que mal visten… Hay un problema de corrupción y, sobre todo, de opacidad de todo este sistema.Cuando las fiscalías metan mano van a encontrar una mina, según los indicios que percibimos. El primer punto clave es cargarse la privatización del sistema de protección de menores y volver a lo público. El otro es cerrar los centros de menores y pisos de acogida. Hay que ir a la vía inglesa que consiste en entregar los menores directamente del Estado a una familia acogedora, con control de los servicios públicos y sin organizaciones intermediarias.
D.: ¿En la Comisión especial del Senado sobre la Adopción se abordó esta vuelta a lo público?
J.L.C.: A la Comisión no le interesó tocar el asunto de la privatización de los centros. Eso ni se cuestiona. Los grupos políticos son favorables, y de hecho así lo están manifestando en sus gobiernos respectivos, a que el sistema de protección de menores siga bajo la batuta de la privatización.
D.: ¿Qué mecanismos habría que poner en marcha para dar garantías a los y las menores?
J.L.C.: Debería haber un fiscal de Sala, específico para cuestiones de menores, como los hay anticorrupción. Y con la Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado que dirige Consuelo Madrigal no es suficiente, es un campo muy amplio. Hay cada vez más casos que muestran que no vigilan, no controlan, no escuchan a los niños. Hay una carencia en la Fiscalía General del Estado de conocimiento de todo lo que ocurre en el sistema de protección. Los menores carecen del amparo de la cercana presencia de los fiscales. A la par, tendría que llevarse a cabo una campaña informativa para que los menores tutelados tengan no sólo conocimiento de su derecho legal a poder dirigirse al fiscal del menor para presentar sus quejas, denuncias y reclamaciones, sino que sientan su presencia cercana cuando lo precisen. Porque ninguno de los menores tutelados en España es informado de su derecho a comunicarse con el fiscal del menor o con el Defensor del Pueblo aunque lo recogen las normativas de todas las comunidades autónomas. Nada más ser tutelados los niños tienen que conocer sus derechos. Pero yo no conozco a ningún menor al que hayan informado de esto. El Estado debería garantizar ese derecho.
Fuente: Diagonal
