La impresión generalizada que sobre los centros de internamiento de menores tiene gran parte de la sociedad, conformada de manera interesada tanto por los medios de comunicación como por las autoridades políticas, dista mucho de la realidad. Se intenta vender la imagen de gran efectividad reinsertadora, que se logra a través de unos centros educativos donde prevalece el interés del menor. Se tiene la imagen de una especie de “campamentos”, más o menos severos, donde un equipo profesional atiende las necesidades educativas y formativas a todos los niveles de los menores, partiendo siempre desde la empatía y el respeto al menor.Nada más lejos de la realidad. Los centros de internamiento para menores infractores son cárceles, y funcionan como tales. De hecho, el régimen disciplinario que rige la vida de los centros es un calco casi literal del Reglamento Penitenciario ordinario, que rige la vida en las cárceles para adultos, incluso endurecido. En la práctica, los menores presos tienen menos derechos que los reos adultos.
En los centros de reforma, los malos tratos son algo generalizado, como denuncian desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura: “humillación permanente, sanciones arbitrarias y agresiones físicas puras y duras”. Recordemos que las penas de aislamiento, los registros con desnudo integral o la utilización de porras y grilletes es algo legalmente permitido, contraviniendo así la legislación internacional ya que Naciones Unidas prohíbe taxativamente las penas de aislamiento y el uso de armas en los centros de menores (Reglas de Beijing, resolución 40/23 de 29 de noviembre de 1985).
A una ley y unos reglamentos aberrantes, se suman las consecuencias de la privatización de los centros permitida por la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de 13 de enero de 2000 (el 70% de las cárceles de menores están en manos de entidades privadas que reciben entre 300 y 500 euros al día por menor). Por desgracia, lo mismo sucede con los centros de protección terapéuticos (tanto la privatización como los malos tratos), como han denunciado entre otros el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional.
No al endurecimiento de la Ley del Menor
Por otro lado, la caverna mediática y política berrea constantemente contra la supuesta indulgencia de la Ley del Menor, exigiendo su endurecimiento y rebajar la edad penal hasta los 12 años, para evitar la supuesta impunidad que gozan los delincuentes menores de edad (obviando que esta ley permite penas de hasta 10 años). Estas campañas lamentables las llevan a cabo utilizando el dolor y la conmoción de familias que viven casos puntuales, pero no por ello menos dolorosos, y haciendo generalizaciones que nada tienen que ver con lo que sucede realmente. Pero la realidad pone en evidencia la demagogia de la derecha: en su último informe, el Comité de derechos del niño de la ONU denuncia que en el Estado español hay demasiados niños privados de libertad y que no se respeta la legislación internacional en materia de menores. Además, según los datos de 2010 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, sólo el 0,1% de los menores presos han sido condenados por delitos graves.
En parte, todo lo que sucede se debe a la privatización de los centros. Como muestra un botón: hasta el año 2001, en toda la Comunidad de Madrid existían tres centros de reforma, todos públicos. Tras la entrada en vigor de la LORPM, y sin que se produjera un aumento de los índices de delincuencia juvenil, pasamos en seis años a tener 18 reformatorios, todos los nuevos privados, por supuesto. Entonces surgen dudas, ¿se trata de intentar atajar un problema social, o de fomentar un negocio a costa de los niños allí encerrados?
Por tanto, el primer paso para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del “interés superior del menor” es luchar contra la privatización (algo que lamentablemente la direcciones sindicales no están haciendo). Pero con esto no bastaría. En los centros de menores públicos también se maltrata. Por ejemplo, CCOO ha denunciado pública y judicialmente al centro Punta Blanca de Ceuta (de titularidad y gestión pública) por torturas. Es urgente cambiar de raíz los métodos de intervención, abandonando los mecanismos meramente punitivos, porque encerrando no se educa.
Justicia para Ramón Barrios
Ramón es el último chaval muerto bajo custodia. Un joven vecino de Villaverde que falleció el pasado verano en el centro Teresa de Calcuta, gestionado por la empresa Ginso. Ramón estaba cumpliendo una condena de 12 fines de semana de internamiento por hurto. Tras un conflicto con el personal del centro, el siguiente fin de semana murió tras ser “contenido física y mecánicamente”. La forense en un primer informe certificó como “incierta” la causa de la muerte, y la segunda autopsia solicitada por la familia al apreciar evidentes signos de violencia en el cuerpo de Ramón durante el velatorio, no ha podido realizarse porque la familia no pudo hacer frente a los gastos de mantener el cadáver en el tanatorio. Aun así, familiares y amigos de Ramón siguen luchando para que se haga justicia. Desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos plenamente con sus allegados y llamamos a participar en todas las acciones que se convoquen. ¡Basta ya de muertes y malos tratos en centros de menores!
En los centros de reforma, los malos tratos son algo generalizado, como denuncian desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura: “humillación permanente, sanciones arbitrarias y agresiones físicas puras y duras”. Recordemos que las penas de aislamiento, los registros con desnudo integral o la utilización de porras y grilletes es algo legalmente permitido, contraviniendo así la legislación internacional ya que Naciones Unidas prohíbe taxativamente las penas de aislamiento y el uso de armas en los centros de menores (Reglas de Beijing, resolución 40/23 de 29 de noviembre de 1985).
A una ley y unos reglamentos aberrantes, se suman las consecuencias de la privatización de los centros permitida por la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de 13 de enero de 2000 (el 70% de las cárceles de menores están en manos de entidades privadas que reciben entre 300 y 500 euros al día por menor). Por desgracia, lo mismo sucede con los centros de protección terapéuticos (tanto la privatización como los malos tratos), como han denunciado entre otros el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional.
No al endurecimiento de la Ley del Menor
Por otro lado, la caverna mediática y política berrea constantemente contra la supuesta indulgencia de la Ley del Menor, exigiendo su endurecimiento y rebajar la edad penal hasta los 12 años, para evitar la supuesta impunidad que gozan los delincuentes menores de edad (obviando que esta ley permite penas de hasta 10 años). Estas campañas lamentables las llevan a cabo utilizando el dolor y la conmoción de familias que viven casos puntuales, pero no por ello menos dolorosos, y haciendo generalizaciones que nada tienen que ver con lo que sucede realmente. Pero la realidad pone en evidencia la demagogia de la derecha: en su último informe, el Comité de derechos del niño de la ONU denuncia que en el Estado español hay demasiados niños privados de libertad y que no se respeta la legislación internacional en materia de menores. Además, según los datos de 2010 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, sólo el 0,1% de los menores presos han sido condenados por delitos graves.
En parte, todo lo que sucede se debe a la privatización de los centros. Como muestra un botón: hasta el año 2001, en toda la Comunidad de Madrid existían tres centros de reforma, todos públicos. Tras la entrada en vigor de la LORPM, y sin que se produjera un aumento de los índices de delincuencia juvenil, pasamos en seis años a tener 18 reformatorios, todos los nuevos privados, por supuesto. Entonces surgen dudas, ¿se trata de intentar atajar un problema social, o de fomentar un negocio a costa de los niños allí encerrados?
Por tanto, el primer paso para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del “interés superior del menor” es luchar contra la privatización (algo que lamentablemente la direcciones sindicales no están haciendo). Pero con esto no bastaría. En los centros de menores públicos también se maltrata. Por ejemplo, CCOO ha denunciado pública y judicialmente al centro Punta Blanca de Ceuta (de titularidad y gestión pública) por torturas. Es urgente cambiar de raíz los métodos de intervención, abandonando los mecanismos meramente punitivos, porque encerrando no se educa.
Justicia para Ramón Barrios
Ramón es el último chaval muerto bajo custodia. Un joven vecino de Villaverde que falleció el pasado verano en el centro Teresa de Calcuta, gestionado por la empresa Ginso. Ramón estaba cumpliendo una condena de 12 fines de semana de internamiento por hurto. Tras un conflicto con el personal del centro, el siguiente fin de semana murió tras ser “contenido física y mecánicamente”. La forense en un primer informe certificó como “incierta” la causa de la muerte, y la segunda autopsia solicitada por la familia al apreciar evidentes signos de violencia en el cuerpo de Ramón durante el velatorio, no ha podido realizarse porque la familia no pudo hacer frente a los gastos de mantener el cadáver en el tanatorio. Aun así, familiares y amigos de Ramón siguen luchando para que se haga justicia. Desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos plenamente con sus allegados y llamamos a participar en todas las acciones que se convoquen. ¡Basta ya de muertes y malos tratos en centros de menores!
