Primero fueron bomberos alertando de que la pobreza energética cuesta vidas. Explicaban que en muchos incendios con víctimas por quemaduras o inhalación de humo, la causa es la necesidad de calentarse o cocinar con medios muy precarios. En la segunda entrega, son trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona quienes relatan su día a día enfrentándose a la cruda realidad de los desahucios, 43 al día en Cataluña y con presencia de menores en el 75% de los casos.
Profesionales que están en la calle o atendiendo en las oficinas explican que los desahucios se han disparado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Explican la angustia de las familias, aseguran que para los niños vivir un desahucio es una bomba” que tendrá secuelas y relatan su voluntad de “hacer prevención, no poner parches”.
Los testimonios señalan como, tras el convenio firmado entre el consistorio y los juzgados, muchas veces son la primera cara que las familias encuentran tras la puerta el día del alzamiento. Incluso antes que la comitiva judicial y la policía. “Somos el escudo que utiliza la Administración para legitimar el desahucio y recibimos toda la desesperanza y la angustia de la familia”, dice uno de los testimonios. “Y luego ya no puedes colaborar con esta familia porque no confía en ti”, apunta otro.
“No queremos ser marionetas al servicio de una legalidad injusta”, añade otra trabajadora social, una postura que llevó a los profesionales de los servicios sociales a rebelarse el pasado mes de enero y a advertir de que se planteaban dejar de asistir a los desahucios.
Como en el testimonio de los bomberos, el de los trabajadores de los servicios sociales también lo han lanzado las entidades que impulsan la ILP contra los desahucios y la pobreza energética: la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la pobreza energética. Los dos documentos, de algo más de cuatro minutos, pretenden ilustrar la realidad con la que topan empleados de los servicios públicos cuando entran en la intimidad de las víctimas de la pobreza. La ILP cuenta con el apoyo del Colegio de Trabajo Social.
En esta segunda entrega, la realización del autodenominado Comando Vídeo de la PAH, los trabajadores sociales dan cuenta de las situaciones de tensión y angustia que viven sus usuarios, y en especial los menores. “¿Por qué hay tantos niños diagnosticados de TDH en las zonas deprimidas de la ciudad? ¿O tantos niños y adolescentes en los servicios de salud mental de estos territorios?”, pregunta retóricamente una trabajadora social: “¿Alguien debería estudiarlo”, responde.
Los trabajadores que aparecen en el vídeo aseguran que se han convertido “en tramitadores de recursos”, cuando su trabajo debería ser la prevención. “Nuestra función no es correr en casos de emergencia, es prevenir la exclusión social”, aclara otro testimonio.
Tras explicar sus experiencias, los trabajadores muestran su apoyo a la ILP con el argumento de que podría garantizar que nadie sea desahuciado de su casa sin una alternativa. “Garantizar derechos sociales y dejar de hacer caridad es básico. Es entonces cuando podremos hacer trabajo social auténtico”, afirma el último testimonio.
