El
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha instado al Estado
español a que deje de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos
del Código Penal relacionados con el terrorismo, para reprimir los
derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación, y que defina
el delito de terrorismo de manera restrictiva, algo que suele
recomendar a dictaduras. Es el mismo
Estado en el que al ministro Soria, ex ministro por lavar dinero en
Panamá, se le recibe entre aplausos y emocionados abrazos por Cospedal,
secretaria general del partido del gobierno, quien destaca su “vocación
de servicio público y entrega en cuerpo y alma”.
Está ya muy
claro para qué era la Ley Mordaza, aunque ya en nuestra primera
movilización en contra lo supimos: “Sus objetivos son casi
exclusivamente dos: mantener a raya a los sectores potencialmente
peligrosos, es decir, a las clases trabajadoras, pero quienes se
empoderan como pueblo en particular, y defender a la clase dominante con
sus sobres, sus tarjetas black, sus Urdangarines e Infantas, sus
reformas laborales, sus rescates bancarios, sus gúrteles y casos ERE. En
definitiva, asegurarse su forma de vida a costa de los trabajadores y
trabajadoras.”
Todos y cada
uno de los partidos con posibilidad de formar gobierno, desde el PSOE
hasta Ciudadanos, desde Podemos hasta IU, prometieron en campaña
derogarla. Ha pasado tiempo más que suficiente para que lo hiciesen, así
que nuestra labor como pueblo es defender en la calle lo que en las
instituciones no parece posible: La Democracia y la Libertad de
Expresión.
Es un paso
más, pero desde hace años, antes del primer Rodea el Congreso y del 15M,
se persigue en el Reino de España a gente por sus ideas. Encarcelan
sindicalistas y activistas, detienen a quien defiende el derecho a la
vivienda, a la educación, a la sanidad universal, multan a quienes
ejercen su derecho legítimo a manifestarse…
Muchos compañeros y
compañeras duermen en una cárcel por protestar echando un cubo de
pintura en una piscina, por darle un tartazo a un político, por hacer
una obra de títeres o publicar un tuit; por ir a una manifestación.
Mientras, esos empresarios y políticos contra los que se manifestaban,
lavan su dinero, el dinero que ahora no hay para educación, vivienda o
sanidad, en Panamá o en otros paraísos fiscales. Por eso es justo
exigir, no sólo derogar la Ley Mordaza, sino también resarcir a sus
víctimas con una amnistía política y social. No se pueden llenar las
cárceles de personas cuyo delito es buscar el buen vivir de todos y
todas en vez del lucro de unos pocos.
