Un juzgado de Sevilla está
investigando la atención que presta la Junta de Andalucía a los menores de
padres separados en el Punto de Encuentro Familiar que la Asociación Humanos
con Recursos gestiona en la capital andaluza. La juez instructora está
indagando, entre otras presuntas irregularidades, si varios menores habrían
sufrido «vejaciones e insultos», como han denunciado cinco padres.
Los puntos de encuentro familiar
son lugares donde progenitores afectados por separaciones traumáticas,
condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de su ex pareja
retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y
recogen en cumplimiento del régimen de visitas.
El Juzgado de Instrucción 3 de
Sevilla, que dirige la magistrada Patricia Fernández, está investigando ya la
denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre contra
el punto que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla, según ha
confirmado EL MUNDO. La denuncia describe numerosas irregularidades, como los
«insultos y vejaciones» que habrían sufrido algunos menores en este centro y el
«trato denigrante» hacia los padres por parte de trabajadores de la entidad.
No es la única anomalía
denunciada. Los padres afirman que los informes que emiten sobre los encuentros
que se producen en el centro con los menores «no responden a la verdad» o no
relatan lo que «de verdad ocurre», lo que les está dejando en la más absoluta
«indefensión». Las periciales que emiten los puntos de encuentro suelen ser
claves para la decisión que toman los jueces sobre la custodia de los menores y
el régimen de visitas.
Los responsables del punto de
encuentro de la Junta «omiten intencionadamente» en sus informes periciales «datos
relevantes, como la enfermedad que padecen los menores y los trastornos que
sufren», y los «fuerzan» a ver al progenitor que no tiene la custodia «en
contra de su voluntad», según los denunciantes.
«Insultan y vejan a los menores y
a sus progenitores», recoge la denuncia, que asegura que algunas madres han
grabado con su móvil las conversaciones que acreditan este «trato denigrante»
que afirman haber sufrido en el punto de encuentro de la Junta. La grabación
«será aportada en el transcurso de la investigación judicial», anuncian.
Como dato revelador de la
presunta falta de profesionalidad de los encargados de hacer los informes en el
punto de encuentro, los padres denunciantes señalan que «son idénticos en todos
los casos, resaltando la figura del progenitor no custodio y ensalzando sus
virtudes».
Informes de corta y pega
«Cuando consideran oportuno, sin
causa que lo justifique, lanzan el informe con el que dan por finalizada su
actuación que también resulta idéntico: 'que la vinculación del menor con el
progenitor no custodio es adecuada', 'que ambas partes mantienen una actitud
responsable', y 'que se recomienda que las visitas se desarrollen en un
contexto naturalizado'», afirma la denuncia.
Para estos padres, la actuación
de los trabajadores del punto de encuentro de la Junta es «inadecuada» y está
produciendo «unos graves perjuicios» a sus hijos y a ellos mismos. «Está
descalificando y malogrando el servicio público que presta, cuyo fin último
debería ser el interés de los menores que tratan», afirman los padres, que
desconocen si la actuación de los trabajadores del punto de encuentro de la
Junta «se debe a ignorancia, a su falta de cualificación profesional o a otros
intereses, lo que sería más grave».
Los denunciantes afirman que los
hechos que han sufrido pueden ser constitutivos de siete delitos distintos:
contra la integridad moral, encubrimiento, omisión del deber de impedir
delitos, falsificación de documentos públicos y oficiales, tráfico de
influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
y descubrimiento y revelación de secretos.
Fuentes de la Consejería de
Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, indicaron que en agosto no había
llegado ninguna notificación del juzgado sobre la denuncia, pero ofrecieron la
«máxima colaboración» con la Justicia para aclarar cualquier extremo
relacionado con el funcionamiento del punto de encuentro.
La Consejería de Justicia e
Interior invierte cada año en torno al millón de euros en los diez puntos de
encuentro que están en funcionamiento en las ocho provincias andaluzas, en los
que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este
servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades y
asociaciones, que son las encargadas de gestionar estos centros.
«Siempre que ha habido una queja
se ha actuado» para «corregir» cualquier incidencia y para «garantizar el buen
funcionamiento del servicio del punto de encuentro», señala la Consejería. La
Administración define los puntos de encuentro como «un espacio neutral para
garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia
de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su
custodia».
