El reloj marcaba la una de la madrugada. Martxelo Otamendi, uno de los periodistas más reputados del País Vasco, estaba en pijama. De repente, un fuerte ruido le hizo saltar de la cama. “Abra, es la Guardia Civil”. Él abrió, y ellos, los guardias civiles, cerraron Egunkaria, el periódico en euskera que él dirigía. Pero no solo eso. También le apuntaron con un revólver a menos de un metro, lo esposaron, se lo llevaron a Madrid y lo torturaron. ¿Era Otamendi de ETA? No. ¿Formaba parte su diario de algún tipo de trama terrorista? Tampoco. Sólo hubo un problema: los tribunales tardarían varios años en reconocerlo.
Este 20 de febrero se cumplen 15 años de aquel
imborrable día de 2003, en el que Euskadi perdió un auténtico emblema de
la comunicación y la cultura vasca. “Por eso, porque éramos algo emblemático de este país, nos cerraron”, afirma Otamendi a Público. No en vano, Egunkaria
fue el primer diario editado íntegramente en euskera tras la muerte de
Franco. Antes hubo otro, que se llamó “Eguna” y que también tuvo un fin
traumático: dejó de salir en 1937, cuando los franquistas entraron a
Bilbao.
En cualquier caso, Egunkaria no fue el primer
periódico vasco cerrado en democracia. Algunos años antes, en 1998, el
gobierno del PP también actuó contra el diario Egin. Tanto en un caso
como en otro, la acusación fue la misma: una hipotética subordinación o pertenencia a un entramado terrorista.
Sin embargo, dicha teoría –enmarcada en el “Todo es ETA” que se aplicó
durante varios años desde Madrid contra colectivos, empresas y medios de
comunicación vascos- sería posteriormente descartada por los
tribunales: en mayo de 2009, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la
“ilicitud” de Egin, mientras que en abril de 2010 la Audiencia Nacional
absolvió a todos los imputados en la causa contra el periódico Egunkaria.
“La estrecha y errónea visión según la cual todo lo
que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que
estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración
de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”, puede leerse
en la dura resolución que emitieron entonces los magistrados. Párrafo a
párrafo, el fallo desmontó completamente las denuncias presentadas por
Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT),
que se habían personado como acusaciones populares. Como si esto fuera
poco, la Audiencia concluyó que el cierre del diario vasco “no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara”.
El autógrafo de Ayrton Senna
Nada de eso importó en febrero de 2003, cuando la
Guardia Civil se presentó en casa de Otamendi, le apuntó con una pistola
y se llevó hasta los recortes de Fórmula 1 que guardaba de su época
como comentarista de automovilismo en la televisión pública vasca. Entre
otros objetos sospechosos, los agentes incautaron libros de Bernardo
Atxaga o Pilar Urbano, además de un autógrafo que le había dedicado el
mítico piloto Ayrton Senna. Siete años después, cuando fue absuelto y le
devolvieron sus pertenencias, los responsables de la Benemérita
olvidaron reintegrarle aquel autógrafo. “En 2010, Isaac Rosa escribió
una columna en Público pidiendo que me lo devolvieran”, rememora el periodista.
De sus recuerdos también aflora el horror. “Cuando me detuvieron estuve cinco días incomunicado, de los cuales tres fui objeto de torturas”,
señala. Así se lo contó también al juez de la Audiencia Juan del Olmo,
con la fiscal delante. ¿Su reacción? “Ni pestañaron”, resume el ex
director de Egunkaria y ahora responsable de Berria.
Tampoco lo hizo el gobierno de Aznar, que en lugar de comprobar si las
declaraciones de los detenidos eran ciertas optó por querellarse contra
ellos, aduciendo –en palabras del entonces ministro de Interior, Ángel
Acebes- que al denunciar torturas habían cometido un presunto delito de
“colaboración con banda armada”. La responsable de presentar esa
denuncia –que no tuvo ningún recorrido- fue la entonces subsecretaria de
Interior y ahora ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Sin embargo, aquella jugada del gobierno de Aznar
tuvo el efecto contrario al esperado: en octubre de 2012, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabó condenando al Reino de España por no investigar las denuncias de torturas que había realizado Otamendi.
Advertencias y silencios
15 años después de aquel febrero, Otamendi cree que detrás del cierre de Egunkaria
“hubo dos objetivos”. Por un lado, el gobierno de Aznar “buscó
criminalizar al mundo del euskera”. “Pero también había un aviso a
navegantes en torno a la autodeterminación –continúa-. Con nuestro caso,
el gobierno de Aznar y el servicio de Inteligencia de la Guardia Civil
estaban diciendo ‘cuidado, a ver ustedes por dónde van a ir’”.
Del mismo modo, aquel operativo contó con un aliado
fundamental: los medios de comunicación, que mayoritariamente callaron
–o incluso justificaron- la clausura del periódico. “Habrá quien quiera
ser autocomplaciente, pero la realidad es que no respondimos con la
contundencia y el enfado que la situación merecía”, afirmó a Público la vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas, Amaia Goikoetxea. ¿El motivo? “En aquellos momentos –responde-, en la lucha contra ETA todo valía… y todo se confundía”.
A su criterio, hubo un factor que influyó de manera
decisiva: el “discurso dominante” que se amparaba en el “pensamiento
único generalizado del resto de los medios de comunicación”. “El cierre
de un medio es un drama y una vergüenza para un estado que se presente a
sí mismo como democrático”, remarca Goikoetxea, quien no duda en
calificar el operativo judicial y policial contra Egunkaria como un “ataque a la libertad de expresión y al derecho de información de la ciudadanía”.
“Nos siguieron coches camuflados”
Desde la redacción de Berria, Otamendi
también quiere rescatar la memoria de aquellas y aquellos que actuaron
de una forma radicalmente distinta. “Hubo gente en Euskal Herria, pero
también en diferentes lugares del Estado, que nos apoyó y denunció lo
que estaba ocurriendo”, subrayó. Puso el ejemplo de las charlas que se
organizaron en lugares como Elche, donde al acabar una conferencia “nos
siguieron dos coches camuflados”, o en la universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, cuyo rector, Manuel Lobo, prohibió en junio de 2003 una
conferencia del periodista vasco. “A pesar de todo eso, hubo gente que
se comprometió con nosotros”, recordó. Hoy, 15 años después, el ex
director de Egunkaria afronta otra jornada de trabajo. Su
objetivo sigue siendo el mismo que entonces: hacer posible un periódico
en euskera. Ni más, ni menos.
