El sufrimiento de los menores infractores

Foto: Archivo El Espectador

Un pálido balance sobre la situación que enfrentan los adolescentes en el país, en especial quienes están implicados en violaciones de la ley, presentó la representante a la Cámara Ángela María Robledo quien fue contundente al criticar la inoperancia del sistema judicial, la falta de medidas para evitar que los jóvenes caigan en prácticas delictuales y la nula posibilidad de resocialización. Argumentos con los que concluyó que ha sido un fracaso la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

En una audiencia pública a la que fueron citados Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia; Tatiana Orozco De La Cruz, Directora de Planeación Nacional; Eduardo Montealegre, Fiscal General; Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda; Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Juventud y la Familia; Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo y Gabriel Vallejo, Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la congresista afirmó que es necesario que en el centro de la agenda pública deben estar los niños y adolescentes.

Sin ir muy lejos, Robledo afirmó que la situación jurídica de los jóvenes que infringen la ley es peor que la de parapolíticos o paramilitares y que las condiciones de reclusión y resocialización son aberrantes. “Alrededor de 160 mil jóvenes en conflicto con la ley padecen violación no sólo a los mandatos de la Ley de Infancia y Adolescencia, sino a sus derechos humanos fundamentales, debido a los problemas estructurales del SRPA”, aseguró Robledo.

No se trata de una denuncia aislada. Robledo citó casos que en lo que exigió responsabilidad de las autoridades. Por ejemplo, 80 jóvenes estuvieron cerca de tres meses en las escaleras del Centro de Servicios Jurídicos Especializados para Adolescentes (CESPA) en Bogotá, en donde permanecían durante el día y dormían en la noche con una cobija sucia. Tenían que turnarse para ir al baño y para ducharse. Algunos presentaban signos de gripa y fiebre.

En Soacha, 18 jóvenes estuvieron durante tres años encerrados bajo llave en dos celdas sin ventilación, ni luz, ni actividades físicas, y lo más preocupante, no tenían baño, que era reemplazado usando un balde como orinal. Otro caso, en el mismo municipio, muestra que 32 jóvenes permanecieron encarcelados en el Centro de Atención Especializado y hubo tres asesinados en dos años.

Un panorama que se da en todo el país. Según afirmó Robledo “los centros de Villavicencio e Ibagué se encuentran en pésimas condiciones; en Valle del Lili (Cali) el hacinamiento está en más del doble. Allí tres jóvenes murieron y tres quedaron lesionados en abril de 2013; el CESPA de Bucaramanga (Santader) fue objeto de una acción de tutela por violar los derechos fundamentales de los adolescentes; en Medellín, como en otras ciudades del país, los jóvenes pierden todo contacto con sus familias”.

Para la parlamentaria el Estado tiene la obligación de proteger, rehabilitar y resocializar a los jóvenes mediante un modelo pedagógico que debe asumir la garantía de todos sus derechos en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, para que el menor pueda rehacer su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad. Un panorama ideal que es contrario a lo que está sucediendo en Colombia. Por eso, Robledo le pidió a las instituciones que conformen una comisión para hacer veeduría sobre los jóvenes en poder del ICBF y para evitar que incurran en conductas delictuales.

Algunos datos sobre los jóvenes en Colombia:

• Uno de cada tres estudiantes de noveno grado deserta de la escuela. La mayoría son pobres (estrato 1 y 2) con calidad educativa muy baja (resultados de pruebas saber no aceptables). La deserción entre sexto y 11vo grado en colegios oficiales es de la mitad. Es decir, de dos estudiantes de colegios oficiales que entra a sexto se gradúa unos sólo. (DANE 2012). el 70% de los adolescentes de 16 años están en la educación media Y entre básica y media hay una deserción del 30%.La deserción empieza fuertemente en noveno, alrededor de los 14 años (MEN). Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2007 los niños mayores de 5 años y menores de 17 años que no asisten a la escuela lo hacen por los “altos costos educativos o falta de dinero” (25%), “no le gusta o no le interesa el estudio” (20%), otra razón (20%), “considera que no está en edad escolar”(14,5%), “necesita trabajar”(6,1%) (GEIH, 2007).

• En Colombia existen 1.6 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo.

• Menos de la mitad de los estudiantes que se gradúan entran a la universidad y el 60% de los estudiantes con resultados bajos en el ICFES no se gradúa.
• La
 brecha
 de
 la calidad educativa entre pobres y ricos es mayúscula:(medida
 por
 los
 resultados
 del
 ICFES). Entre
colegios
privados
y
no
privados
es
dramática:
es
del
286%,
es
decir,
la
calidad
de
los
estudiantes
 de
colegios
 privados
 es
 casi
 4
 (3,9)
 
 veces
 mayor
 que la
 de
estudiantes
 de
colegios
 que
 tienen financiación
 estatal según el educación superior Ángela Robledo.

• 15% de los homicidios en Colombia los sufren adolescentes y jóvenes menores de 19 años.

• La CEPAL asegura que en Colombia las posibilidades para que un joven muera asesinado es cinco veces mayor que el promedio para América Latina. Muchas de estas muertes están asociadas a las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.

• Hay una desigualdad entre la educación rural y urbana: Los adolescentes menores de 19 años de la zona urbana reciben un 30% más de años de educación que los adolescentes de la zona rural (los niños y adolescentes de la zona rural entre 5 y 19 años tienen un promedio de 3,9 años de educación, mientras que los niños y adolescentes de esta misma edad de la zona urbana tienen un promedio de 5,1 años de educación). Los jóvenes de la zona urbana tienen un 70% más de años de educación que los de la zona rural (Encuesta de Calidad de Vida, 2008).

El Espectador (Colombia)