Isabel Serra
Portavoz del CC de Podemos Madrid y diputada de la Asamblea de Madrid
Portavoz del CC de Podemos Madrid y diputada de la Asamblea de Madrid
Hoy, el día que se celebra el día internacional de la infancia, hay
varios adolescentes que están durmiendo entre cartones en el barrio de
Hortaleza a pesar de estar tutelados por la Comunidad de Madrid y por
tanto bajo su protección, supuestamente. Un hecho gravísimo que se da a
la vez y el mismo día en el que se repetirá cientos de miles de veces
las palabras “el interés superior del menor”.
Pero lo que pasa en Hortaleza no es nuevo. El desamparo y la
vulneración de los derechos de la infancia es algo demasiado común en
nuestra sociedad y más en los últimos años. Lo demuestra el dato de
Eurostat que se publican hoy, que dice que en nuestro país la pobreza
infantil no deja de crecer y se sitúa ya en un 34,4%. ¿Cómo es posible
que esta no sea la prioridad de cualquier gobierno o cualquier
institución? ¿Cómo es que no hay movimientos sociales por la defensa de
los derechos de la infancia?
No es únicamente porque datos como el de la pobreza infantil muestren
un problema más estructural que afecta al conjunto de la población y
que sólo es posible cambiarlo acabando con las políticas de austeridad y
llevando a cabo un cambio de modelo social y económico. No es eso.
Vivimos en una sociedad tremendamente discriminatoria hacia la infancia,
y la vulneración de sus derechos no se reduce a un factor económico o a
una consecuencia de la desigualdad social. Es una cuestión cultural que
se concreta en un colectivo específico. Los niños y las niñas, o
adolescentes, son siempre los y las más olvidadas, las invisibilizadas,
las que no tiene voz. Desde luego más si son pobres, si son mujeres, si
son inmigrantes, pero también por ser pequeños en edad. Y esta
invisibilización también la han sufrido siempre por los partidos y las
organizaciones “de izquierda” y por los movimientos sociales. Total, no
pueden votar, ni tampoco hay una educación que les haga vincularse al
espacio público y participar de él, organizarse. La sociedad no está, o
no quiere estar, preparada para ello.
Cuando se aprueba la Ley orgánica 5/2000 reguladora de la
responsabilidad penal de los menores hay todo un discurso preparado por
el Partido Popular que criminalizaba a los chicos y chicas adolescentes.
En esos años comenzó a hablarse de la violencia intrafamiliar de los
hijos e hijas hacia sus padres, para que calase cada día más en la
sociedad que si hay chavales conflictivos es responsabilidad suya,
propia, y muy a costa de sus familias.Si hay chavales que están todavía más olvidados y olvidadas,
esas son las que están dentro de centros. Desde ese año han sucedido
varios casos de muertes –algunas por suicidios y otras no- dentro de los
centros. Algunos son de reforma, es decir, para menores infractores, y
otros de protección, dentro de los cuales están los centros terapéuticos
para “menores con trastorno de conducta” donde todos los “habitantes”
reciben medicación como “solución” a sus problemas sociales. Recursos
muy cuestionados por organizaciones sociales como Amnistía Internacional
u organismos como el Defensor del Pueblo que concluyeron después de una
intensa investigación que se vulneraban sistemáticamente los derechos
de estos chicos y chicas. Recursos privatizados y gestionados por
empresas, en su mayoría, que provienen en algunos casos de fundaciones o
sectas reconvertidas para poder concursar por las ofertas de los
servicios públicos del gobierno del PP, y que ingresan nada menos que
entre 2000 y 4000 euros al mes por plaza a día de hoy. Sólo en la
Comunidad de Madrid estamos hablando de 85 centros y de en torno a 3000
chicos viviendo en ellos.
Pues bien, a pesar de los avances que impulsaron estas denuncias, que
han tenido su efecto incluso en la reforma de la Ley de Protección de
Infancia y adolescencia del año 2015, hoy un 42% de los y las menores
tuteladas están institucionalizados en grandes centros, algo que
contradice todas las recomendaciones de organismos internacionales. Y
mientras tanto las instituciones siguen criminalizando a estos chavales,
culpabilizándoles y responsabilizándoles de su situación. Dicen a día
de hoy desde el gobierno de Cifuentes que si estos chicos de Hortaleza
están en la calle es porque quieren. Que son conflictivos, que inhalan
disolventes, que tienen problemas mentales o que vienen de delinquir en
sus países. Todas estas calificaciones las he oído en las últimas
semanas. Y no es casualidad que en medio de la crisis de refugiados sea
además el discurso que diferencia entre dos tipos de menores, los
nacidos en España o quienes vienen del extranjero sin padre o madre que
les acompañe, que está sirviendo al gobierno para esquivar un problema
que es mucho más complicado. Por desgracia también es usual escuchar en
ámbitos más cercanos “algo habrán hecho para estar en esos centros” sin
recaer en algo tan básico como que sólo están ahí porque estaban, a
juicio de una autoridad judicial o la comisión de tutela de la Comunidad
de Madrid, en situación de desamparo.
Cuando he conocido a estos chicos y chicas, algunos de ellos
precisamente los que hoy duermen en el parque, no me ha dejado de
sorprender su fortaleza con la que se enfrentan sus propias vidas.
Algunas de ellas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres,
otras han tenido que sufrir su abandono o su suicidio, otros han visto
como el estado retiraba la tutela a sus padres porque son pobres a pesar
de que la ley sea clara en que no se puede retirar custodia o tutela
por una cuestión económica. Otros, como estos chicos extranjeros, llevan
años de viaje y han cruzado la frontera debajo de un camión, no tienen
familia pero traen una espada de Damocles que les han puesto sus
familias marroquíes para que tengan un futuro mejor de lo que les
esperaba allí y lleven dinero a casa.
Son casos muy diferentes y desde luego realmente complejos, pero si
hay un común denominador es que son de los que nunca se habla y que al
salir de ahí tampoco lo tienen fácil (sólo el 27% sale con la E.S.O. ). Y
a pesar de todos los intentos por menospreciarlos y considerarles más
objetos que sujetos de derechos demuestran lucidez a la hora de
enfrentarse a la brutalidad del mundo que les ha tocado vivir.
Estos días que por fin se habla de ellos necesitamos dar respuesta
desde las propuestas políticas. Tengo claro que es imposible el
desarrollo y el crecimiento de estas personas en macrocentros, sin
vínculo familiar ni persona de referencia, sin expectativas porque al
salir no tendrán permiso de trabajo o ni siquiera permiso de residencia,
en donde a pesar de estar supuestamente protegido/a, lo que puedes
hacer y lo que no lo ordena un vigilante de seguridad, a veces a base de
palizas. Yo le pregunto a cualquier político, empresario, o trabajador o
persona que defienda este sistema de protección para la infancia más
vulnerable si él o ella misma sería capaz de crecer en este ambiente y
ser feliz o incluso preferiría estar en la calle durmiendo entre
cartones.
