El Servicio Público de Empleo despedirá, entre julio y octubre, a 3.000 orientadores y promotores laborales de los programas para desempleados de larga duración.
Mientras el número de personas desempleadas en el Estado español aumenta, la plantilla de trabajadores de las Oficinas de Empleo se está viendo recortada. Alrededor de 1.500 orientadores y promotores se han ido a la calle el último mes, engrosando las filas de las oficinas en las que hasta ahora trabajaban. “No creo que volvamos a tener trabajo en mucho tiempo”, afirma Ana Leiva, una de las orientadoras que han perdido su trabajo en Madrid. Pero no son los únicos despidos en esta área.
En octubre, los 1.500 trabajadores de las Oficinas de Empleo de todo el Estado dedicados a la orientación laboral del Plan Prepara también perderán su empleo, según afirmó a DIAGONAL un grupo de trabajadores afectados por estos despidos masivos. Con ellos ya serán alrededor de 3.000 los trabajadores de Oficinas de Empleo que dejarán su puesto de trabajo en sólo tres meses, dejando muchas dudas sobre la posible prórroga del citado programa, que hasta ahora ha sumado alrededor de 400.000 beneficiarios con una prestación de poco menos de 400 euros al mes y apoyo formativo, y cuyo plazo se cumple el próximo 15 de agosto. “La atención a los demandantes de empleo se va a ver muy mermada en calidad y cantidad”, afirma Leiva, tras señalar que ya antes de estos despidos masivos había una gran sobrecarga de trabajo en estos centros.
En Madrid, la primera tanda de despidos ha afectado a entre ochenta y cien trabajadores, a pesar de que su contrato no expiraba hasta el próximo mes de diciembre. Ya antes, los trabajadores de las Oficinas de Empleo madrileñas observaban cambios sin explicación en la dirección de oficinas. “Es la política que se lleva en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid –explica Leiva–, no avisan previamente”.
Más allá de los despidos de trabajadores dedicados a prestar orientación laboral a los desempleados, los recortes en el área de política activa de empleo están tocando también a otros recursos como los talleres de empleo o los cursos formativos, lo que supondrá pérdidas adicionales de puestos de trabajo relacionados con el área de Empleo. Por lo pronto, según afirman trabajadores de las Oficinas de Empleo de Madrid, no ha salido nada presupuestado en este ámbito y advierten que estos cursos formativos “se van a acabar y, aunque vuelvan, nunca serán lo que han sido”.
Más peso de las ETT
“Hay una cierta intención de desmantelar el servicio de empleo público”, afirma Leiva, quien añade que el trabajo se va derivando hacia las agencias de colocación: empresas privadas que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2010 y su desarrollo con el Real Decreto 1796/2010, están autorizadas para cumplir roles de intermediación laboral con financiación procedente de los servicios públicos de empleo. Mientras los programas de política activa de empleo, destinados a la formación y orientación laboral de los desempleados, se están viendo desmantelados, los esfuerzos en política de empleo se están dirigiendo mayormente al control del fraude, con el refuerzo de la plantilla de inspectores de trabajo y eliminando el tope máximo de la sanción por fraude laboral o a la Seguridad Social, que hasta ahora era de 185.515 euros.
“Hay una cierta intención de desmantelar el servicio de empleo público”, afirma Leiva, quien añade que el trabajo se va derivando hacia las agencias de colocación: empresas privadas que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2010 y su desarrollo con el Real Decreto 1796/2010, están autorizadas para cumplir roles de intermediación laboral con financiación procedente de los servicios públicos de empleo. Mientras los programas de política activa de empleo, destinados a la formación y orientación laboral de los desempleados, se están viendo desmantelados, los esfuerzos en política de empleo se están dirigiendo mayormente al control del fraude, con el refuerzo de la plantilla de inspectores de trabajo y eliminando el tope máximo de la sanción por fraude laboral o a la Seguridad Social, que hasta ahora era de 185.515 euros.
“Estas actuaciones en cuanto a control del fraude son positivas, pero no pueden suponer la única vía”, comenta Ana Leiva. Los afectados por los despidos subrayan cómo “de repente se han cargado” un programa de orientación laboral en el que están trabajando más de seis años, eliminando el total de la plantilla de orientadores de forma drástica.
Desde la segunda quincena de junio, los orientadores laborales afectados por los despidos masivos se están empezando a organizar con la intención de hacer movilizaciones coordinadas a nivel estatal para antes de septiembre. Para ello ya han empezado a coordinarse con grupos de orientadores y promotores de otras comunidades también afectados por los despidos.
