Según asegura el principal sindicato de la función pública, la empresa Ombuds será la beneficiaria del primer paquete de privatizaciones que incluirá la vigilancia de las prisiones de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. Sin embargo, otras empresas también podrían beneficiarse de esta medida y fuentes del sector apuntan a que Segur Ibérica se haría con la vigilancia de la cárcel de Sevilla y la de León.
Labores de la Guardia Civil
El Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que la “seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas”. En la actualidad, es la Guardia Civil quien se encarga de estas labores y, en ocasiones, como en los accesos principales, conviven agentes de la Benemérita con funcionarios de prisiones.
El Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que la “seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas”. En la actualidad, es la Guardia Civil quien se encarga de estas labores y, en ocasiones, como en los accesos principales, conviven agentes de la Benemérita con funcionarios de prisiones.
Primeros contactos
El hecho de que aún no se haya cambiado esta ley podría explicar que desde Interior nieguen que se hayan adjudicado ya los contratos. Desde el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz aseguran que, de momento, sólo se han establecido contactos, pero reconocen que la privatización está en marcha y el plan se concretará en próximas fechas. ELPLURAL.COM ha intentado sin éxito recabar la opinión de un responsable de Instituciones Penitenciarias.
El hecho de que aún no se haya cambiado esta ley podría explicar que desde Interior nieguen que se hayan adjudicado ya los contratos. Desde el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz aseguran que, de momento, sólo se han establecido contactos, pero reconocen que la privatización está en marcha y el plan se concretará en próximas fechas. ELPLURAL.COM ha intentado sin éxito recabar la opinión de un responsable de Instituciones Penitenciarias.
Cursos de 10 horas
La prueba de ello está en el BOE del 10 de diciembre, donde se recoge la resolución de Interior que marca el temario de los cursos dirigidos a agentes privados para la vigilancia de centros de internamientos. En estos cursos, que tienen una duración de 10 horas presenciales, se enseña la normativa reguladora para la “vigilancia en centros penitenciarios, centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, centros de menores”, así como lecciones sobre “el control de accesos, control de cámaras y vigilancia perimetral de las instalaciones” y directrices para la “colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
La prueba de ello está en el BOE del 10 de diciembre, donde se recoge la resolución de Interior que marca el temario de los cursos dirigidos a agentes privados para la vigilancia de centros de internamientos. En estos cursos, que tienen una duración de 10 horas presenciales, se enseña la normativa reguladora para la “vigilancia en centros penitenciarios, centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, centros de menores”, así como lecciones sobre “el control de accesos, control de cámaras y vigilancia perimetral de las instalaciones” y directrices para la “colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“Seguridad privada más barata”
César Charro, experto en seguridad privada y socio fundador del Gabinete de Expertos en Seguridad, asegura que la medida es positiva para paliar el desempleo en el sector tras la reducción de escoltas a cargos públicos. Su organización ya está ofreciendo cursos basados en la normativa para formar a agentes de seguridad en la vigilancia de centros de internamiento e incluso ofrece un descuento del 25% para “vigilantes y escoltas en paro”. Charro asegura que “la seguridad privada es más barata” y que todos salen ganando con la medida.
César Charro, experto en seguridad privada y socio fundador del Gabinete de Expertos en Seguridad, asegura que la medida es positiva para paliar el desempleo en el sector tras la reducción de escoltas a cargos públicos. Su organización ya está ofreciendo cursos basados en la normativa para formar a agentes de seguridad en la vigilancia de centros de internamiento e incluso ofrece un descuento del 25% para “vigilantes y escoltas en paro”. Charro asegura que “la seguridad privada es más barata” y que todos salen ganando con la medida.
“Oscurantismo total”
No opina lo mismo Adolfo Fernández, portavoz del CSI-F para Instituciones Penitenciarias, que no entiende cómo va a ser más barato contratar a agentes privados para los puestos de Guardias Civiles, si a los agentes “no se les puede despedir”. Fernández cree que el grueso de la privatización “va a empezar en marzo” y denuncia el “oscurantismo total sobre el tema”.
No opina lo mismo Adolfo Fernández, portavoz del CSI-F para Instituciones Penitenciarias, que no entiende cómo va a ser más barato contratar a agentes privados para los puestos de Guardias Civiles, si a los agentes “no se les puede despedir”. Fernández cree que el grueso de la privatización “va a empezar en marzo” y denuncia el “oscurantismo total sobre el tema”.
Los contratos de Ombuds
Si las sospechas se confirman, quien más se beneficiará de la medida es la empresa Ombuds, que en los últimos meses ha recibido varios contratos públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa. Al igual que ocurriría con las cárceles, vigilantes privados se encargan ahora de realizar tareas que antes hacían soldados del Ejército. Así sucede en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, el Centro Militar de Farmacia, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial y en los Centros Militares de Farmacia de Córdoba y Burgos y en los Hospitales Generales de la Defensa de Zaragoza y San Fernando (Cádiz). Un lote por el que Ombuds cobrará tres millones de euros.
Si las sospechas se confirman, quien más se beneficiará de la medida es la empresa Ombuds, que en los últimos meses ha recibido varios contratos públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa. Al igual que ocurriría con las cárceles, vigilantes privados se encargan ahora de realizar tareas que antes hacían soldados del Ejército. Así sucede en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, el Centro Militar de Farmacia, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial y en los Centros Militares de Farmacia de Córdoba y Burgos y en los Hospitales Generales de la Defensa de Zaragoza y San Fernando (Cádiz). Un lote por el que Ombuds cobrará tres millones de euros.
