Desde 1986, el Ayuntamiento de Madrid ha atendido a las adicciones. Hasta ahora contaba con programas de prevención y siete Centros de Atención a Drogodependencias coordinados desde el Instituto de Adicciones. Los CAD de Arganzuela, Hortaleza, Latina, San Blas, Tetúan, Vallecas y Villaverde cuentan con equipos interdisciplinares compuestos por médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos de laboratorio, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, administrativos y personal de servicios. También siguen abiertos tres centros concertados con Cruz Roja y Cáritas. El hecho de que cada uno de estos centros atiendan a una zona de la ciudad facilita la accesibilidad y el ahorro económico para los usuarios. Hasta ahora.
En los últimos meses, en nombre de la crisis se han cerrado muchos centros de tratamiento, la narcosala, pisos, comunidades terapéuticas, el servicio de prevención, talleres, servicios de orientación para empleo, y se han suprimido las subvenciones a las asociaciones que trabajan en los barrios con prevención y con adictos...
Ahora, alegando duplicidades, que sólo se producen en la gestión y no en la atención al ciudadano, van a desmantelar los CAD, que son los nudos de la red de recursos que habíamos construido con mucho trabajo durante veinticinco años.
Estamos a la espera de que nos comuniquen el despido a los interinos (el 80% de los médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos de laboratorio...) según consta en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para 2013 y en su ley de acompañamiento.
El empeño y profesionalidad de los equipos ha permitido, además de tratar la adicción al alcohol y a las otras drogas, controlar la expansión de enfermedades infecto-contagiosas: SIDA, VIH, hepatitis, tuberculosis..., así como minimizar el impacto en la convivencia ciudadana (robos, consumo en la calle, tráfico de droga...). En la década de los ’80 el problema de la drogodependencia ocupaba los primeros puestos en el ranking de preocupaciones de los ciudadanos; hoy en día, ni siquiera aparece en ese listado.
Por otra parte un elevado porcentaje de los pacientes adictos tienen una patología psiquiátrica asociada que se trata en los CADs.
En esta época de crisis se deberían intensificar estos servicios para los más desfavorecidos, y sin embargo, también se recortan.
El cierre de estos CAD, supone UN PROBLEMA SOCIAL y de SALUD PUBLICA que nos afecta a todos, ya que sus consecuencias acabarán influyendo en toda la población: profesionales que pierden su trabajo, usuarios que pierden su derecho de acceso a un tratamiento público y de calidad, y ciudadanos que sufrirán los efectos de riesgos en la salud pública y pérdida de estabilidad social.
SOLICITAMOS QUE LA ADMINISTRACION GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y DE LOS EQUIPOS TERAPÉUTICOS QUE ATENDEMOS A ESTOS PACIENTES
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Intervención Social en Lucha
