Un total de 26 personas encerradas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) afirman haber sufrido violencia por parte de algunos policias en 2012, según recoge el informe ¿Cuál es el delito? elaborado por la plataforma CIE NO, que integra a una treintena de organizaciones sociales valencianas que han acompañado a los internos de Zapadores durante tres años. Entre ellas se encuentran Médicos del Mundo, Psicólogos sin Fronteras, SOS Racisme y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras organizaciones y asociaciones locales.
Insultos, vejaciones, castigos colectivos e incluso malos tratos físicos son algunas de las formas de violencia denunciadas. Ocho de los casos narrados en el informe han llegado al Juzgado de Valencia, asegurando que fueron víctimas de palizas en 2012. La abogada de la campaña, Ester Izquierdo, asegura que casi la totalidad de estas denuncias son sobreseídas porque se expulsa a los denunciantes "sin respetar su derecho a la tutela judicial efectiva e impidiendo que se investiguen los malos tratos".
Ocho internos denunciaron en el Juzgado de Valencia haber sido víctimas de palizasLos Centros de Internamiento de Extranjeros son instalaciones donde el Estado español encierra a personas a la espera de ser expulsadas por carecer de permiso de residencia aunque no hayan cometido ningún delito. La falta administrativa en la que incurren es equivalente al impago de una multa de tráfico pero se les impone una sanción desproporcionada: privación de libertad y de muchos otros derechos fundamentales. El colectivo denuncia, a través del informe, su existencia. "Resulta abominable para cualquiera tener un CIE en la ciudad" explica Ana Fornés, portavoz de esta organización que ha lanzado la campaña por el cierre de los CIE. Las deficiencias detectadas en el funcionamiento de las instalaciones de Zapadores coinciden con las irregularidades conocidas de otros centros del país.
"Nos vemos obligados a mezclar el agua en cubos de basura"
El ingreso supone la exposición a unos factores de degradación física y psico-emocional que se acompaña de la negación y vulneración de derechos fundamentales. "La situación acaba por socavar su integridad moral", expone Fornés. En Zapadores, según manifiestan en el informe, se les somete a unas precarias condiciones de internamiento, carecen del preceptivo de asistencia social y de cualquier tipo de actividad recreativa o cultural, lo que aumenta el estado de ansiedad en el que se encuentran los internos, al no comprender por qué están encerrados sin haber cometido delito. Además de la falta de información sobre la situación jurídica de los retenidos, dificultades para solicitar asilo o contactar con alguna ONG,existencia de dos celdas de aislamiento sin criterios reglamentados sobre su uso, visitas de familiares limitadas y sin posibilidad de contacto físico, insuficiencia de productos de higiene y vestuario, falta de regulación térmica en las duchas, imposibilidad de usar el baño por la noche (esto les obliga a hacer sus necesidades en la misma celda) y el sometimiento a la incertidumbre de no conocer su destino (no se les avisa de la fecha de expulsión por lo que se impide la despedida de seres queridos y la acogida en el lugar que llegan).
Según constata el documento de CIES NO, también se han presentado numerosas denuncias al Juzgado nº3 de Valencia relativas a la higiene personal y a la deficiente provisión de vestido de las personas internas en Zapadores."El agua de las duchas está fría, cuando está caliente sale tan caliente que tampoco nos podemos duchar. Nos vemos obligados a mezclar el agua en cubos de basura [...] Tengo sólo la ropa que llevo encima, hace frío, para lavarla tendría que quitármela, lavar a mano y esperar a que se secara en el patio. No tengo a nadie que pueda traerme nada", denunciaba un inmigrante marfileño en el mismo juzgado.
Violencia verbal y física
El documento [ver informe completo aquí] recoge la transcripción completa de una denuncia presentada en el Juzgado nº3 de Valencia que acusa a un policía de violencia verbal y física (foto de la derecha): "En aislamiento no hay ninguna cámara[...]un policía que nunca lleva número de indentificación[...] me reventó un oído de un porrazo, como consta en el historial médico. Otro día, en aislamiento, me desnudó dejándome en calzoncillos [...] escupió en mi comida y me dijo: "come mierda" [...] até una camiseta en la ventana para llamar la atención y se rompió, el policía dijo: "matemos a ese hijo de puta y decimos que se ahorcó'". Desde 'CIE NO', denuncian la arbitrariedad que produce la existencia de celdas de aislamiento que carecen de reglamentoas o protocolos de uso y favorecen a la impunidad policial.
No es la primera vez que personas menores de edad son recluidas en un CIE. En Zapadores, en abril de 2012, se dio un nuevo caso que denota la existencia de debilidades y errores en los procesos de identificación. "Las huellas... salieron mal" manifestó al juzgado repetidamente el menor.
Agresiones en la expulsión
El trabajo de campo de la campaña por el cierre de los CIE también ha registrado numerosos testimonios de maltrato en el momento de la expulsión, que a menudo elevan su gravedad si la víctima ha intentado, o incluso conseguido, resistirse a la ejecución de la deportación. El último caso registrado fue denunciado ante el Juzgado de Instrucción nº 17 de Valencia el 22 de junio de 2012. El ciudadano nigeriano Austin Johnson (en la foto), fue expulsado el 1 de junio y al llegar a su país tuvo que ser ingresado tres días en un hospital por "múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas, contusiones múltiples en el pecho, molestias generales en todo el cuerpo y dificultad de movimientos cervicales derivados de un dolor agudo".
Según su testimonio, fue víctima de un "trato brutal" por parte de los agentes de policía que le custodiaron durante su traslado. Austin no pudo conocer a su hija, que nació́ en Valencia ocho días después su salida. En virtud de la denuncia interpuesta por su cónyuge en España, hasta pocos días antes del cierre de este informe se instruía la investigación que se suponía iba a esclarecer las circunstancias de los hechos y de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron en la expulsión. Sin embargo, según el auto judicial de 7 de febrero de 2013, del Juzgado de Instrucción nº48 de Madrid, "cuando el ciudadano Austin Johnson se encaminaba a la escalerilla del avión escoltado por dos funcionarios policiales, logró soltarse y se tiró de cabeza contra la escalerilla de acceso al avión, golpeándose la frente" y "que estando en el suelo se volvió a autolesionar intencionadamente con la cabeza contra el suelo volviendo a golpearse la frente, negándose en todo momento a ser asistido por el médico [...], por lo que cabe inferir que la actuación policial fue adecuada en todo momento, siendo el origen de las lesiones la propia actitud de Austin". De este modo, el juzgado arguye el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Asesores de la Institución adscritos a la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura han visitado este centro, junto a los de Madrid, Barcelona y Algeciras en visitas multidisciplinares en las que el personal del Defensor del Pueblo fue acompañado de profesionales con acreditada experiencia en el campo sanitario. El 6 de Junio de 2012 lanzaron una recomendación a la Dirección General de Policía y al director del CIE instándoles a que subsanaran estas carencias. El Defensor del Pueblo ha recordado a este organismo "el deber legal que incumbe tanto al personal de seguridad como al sanitario y debe dar cumplimiento a las previsiones del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiriendo que todos los trabajadores denuncien los casos de malos tratos".
La plataforma CIE NO ha querido sistematizar el trabajo y los conocimientos aprendidos de suCampaña por el cierre de los CIE. Su portavoz, Ana Fornés, manifiesta la intención de la organización de difundir el informe por todas las instituciones y partidos políticos. Por el momento, sólo han recibido apoyo de Esquerra Unida.
